La separación de ciudadanos en categorías, una idea peligrosa y desacreditada en Occidente desde hace algunos siglos, se hizo realidad en Argentina en los comienzos de la pandemia con el beneplácito de la enorme mayoría de la población y el apoyo de la totalidad de la clase política. No se vio mal en ese entonces que se restringieran derechos de circulación y trabajo entre “esenciales” y “no esenciales”, una terminología que a Orwell le habría resultado demasiado brutal. Los malos resultados de estas medidas fueron incuestionables: tanto unos como otros sufrieron las consecuencias económicas, psicológicas y sanitarias del encierro y las restricciones sin impedir que la cantidad de muertos estuviera a la par o por arriba de países con menores restricciones. Vale la pena recordar que la aplicación de esas medidas dio pie a abusos estatales de todo tipo que incluyeron violencia y hasta pérdida de vidas.
Con el pase sanitario, la distinción de ciudadanos y la conculcación de derechos de una parte de ellos vuelve a estar en el centro de la escena. Es sabido que este tipo de medidas llegan para quedarse y ampliarse, como le sucedió a “las dos semanas para achatar la curva”. Así que es central que se diga hoy que esta medida es inútil, innecesaria e impracticable, con lo cual los costos de su aplicación exceden en varios órdenes a sus eventuales beneficios.
Cuando revisamos esas cifras, nos damos cuenta de que no hay ningún problema de falta de vacunación en la Argentina.
En primer lugar, hay que preguntarse cuál es el objetivo de hacerle la vida más complicada a aquellas personas que no tienen un esquema de vacunación completo. Si el objetivo es que más gente se dé la segunda dosis de la vacuna, es menester evaluar de cuántas personas estamos hablando y a qué grupo de edad pertenecen. Los “expertos” utilizan un truco matemático bastante artero para hacer sentir que el porcentaje de vacunación no es lo suficientemente alto. Lo que hacen es calcularlo sobre la totalidad de la población, incluyendo en el denominador a grupos etarios para los cuales ni siquiera hay una vacuna disponible (¡0 a 3 años!) ni discusión sobre la necesidad de hacerlo. Lo más correcto es hacerlo sobre sectores etarios relevantes respecto del covid. Cuando revisamos esas cifras, nos damos cuenta de que no hay ningún problema de falta de vacunación en la Argentina. Si tomamos los grupos de riesgo por edad (65 años y más) vemos que está vacunada con doble dosis en su totalidad. Si tomamos población adulta, de 18 años y más, encontramos que en nuestro país está vacunado el 83% de la vacunación, un logro realmente impresionante para una vacuna que en teoría ni siquiera es obligatoria. Más impactante aún, si corremos la edad mínima y calculamos el porcentaje de personas de 12 años y más que tienen la doble vacunación llegamos al 80%.
Es tan impactante este dato –y tan poco comentado—que es necesario remarcarlo: 8 de cada 10 argentinos de 12 años y más tienen la doble vacunación. No sé si hay alguna actividad obligatoria en la Argentina que alcance un porcentaje de aceptación tan elevado.
Es tan impactante este dato –y tan poco comentado—que es necesario remarcarlo: 8 de cada 10 argentinos de 12 años y más tienen la doble vacunación.
Cuando se calcula el porcentaje sobre el total de la población (es decir, incluyendo también a los niños desde los de 11 años hasta los bebés recién nacidos) Argentina se acerca al 70% (68,6%). Evidentemente, para que el porcentaje sobre la población total se mueva significativamente la vacunación debería estar enfocada en los niños. Resulta, en cambio, que los “castigos” del pase sanitario son para actividades de adultos: viajes de egresados o jubilados, reuniones masivas, boliches cerrados, etc.
Por su parte, la vacunación infantil presenta cuestionamientos que no se resuelven con el pase sanitario: se trata de convencer a los padres de aplicarles a sus hijos una vacuna cuyo tiempo de experimentación es exiguo para una enfermedad que no los amenaza más que cualquier infección respiratoria común. Es una ecuación más compleja que no se resuelve con impedirle la entrada a un adulto a un estadio de fútbol.
En síntesis, el pase sanitario es perfectamente inútil: viene a resolver un problema que no existe y enfoca las medidas en los sectores de población que no van a cambiar los números.
Argentina está en un estado epidemiológico muy lejos de ser preocupante.
Además de inútil, es innecesaria. Con el 70% de la población con doble vacunación y con un nivel de inmunidad natural altísimo, Argentina está en un estado epidemiológico muy lejos de ser preocupante. Como consecuencia de ese proceso inmunizador llevado a cabo por contagios y vacunas, la suba de casos es lenta y está lejísimos de los picos alcanzados a mediados de año. Ese aumento lento y progresivo, además, y como consecuencia de lo mismo, está desacoplado de un aumento en la cantidad de hospitalizados y fallecidos por covid. La curva de fallecidos baja ininterrumpidamente desde hace seis meses y está desde hace dos meses en una meseta en valores mínimos, que no se modifican. La ocupación de las camas de terapia intensiva está también en valores mínimos desde hace más de un año y medio. No hay ninguna necesidad sanitaria, ninguna urgencia real en tiempo presente. Como desde hace medio año, las amenazas son futuras y van cambiando de nombre de acuerdo con la variante de cada momento, pero la realidad es que el covid como causa de hospitalización y muerte en la Argentina ocupa en este momento un lugar muy bajo.
Además de inútil e innecesaria, la medida es impracticable. Como sabe cualquier persona que haya asistido a un partido de fútbol más o menos concurrido, los controles son más que dudosos: hasta mostrar la entrada en forma física parece haber dejado de ser un requisito indispensable. Y estamos hablando de un pedacito de papel que se mira y se rompe en un segundo: imaginemos lo que puede ser la verificación de una app para decenas y decenas de miles de personas en un tiempo y espacio acotado. Recordemos que la app no está habilitada y se la anuncia en funcionamiento para el comienzo de la aplicación de la medida.
Además de inútil, innecesaria e impracticable, la medida del pase sanitario tiene un costo institucional enorme: el aumento del control del Estado sobre los ciudadanos, la separación de la población en distintas categorías, la entronización de medidas basadas en criterios dudosos, pero con certificación tecnocrática. Nadie de los gobiernos nacional y provinciales y muy poca gente de la oposición hicieron la cuenta de costos y beneficios de esta medida. Es el mismo error que cometieron en marzo de 2020 y probablemente obtendrán resultados similares.
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