
Hacete amigo de la jueza
Lo polémico no es que la Corte haya confirmado que Ana Figueroa debe jubilarse. Es lo que dice la Constitución. Lo polémico es que existan jueces partidarios.
Abogado (UBA). Master in Laws (University of Connecticut School of Law). Profesor adjunto regular de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho, UBA). Profesor de Derechos Fundamentales (Universidad de San Andrés).
Lo polémico no es que la Corte haya confirmado que Ana Figueroa debe jubilarse. Es lo que dice la Constitución. Lo polémico es que existan jueces partidarios.
Pese a los reclamos del Gobierno nacional y de los gobernadores peronistas, el reciente fallo de la Corte es una clara defensa del sistema federal.
Hace más de un año que la Corte Suprema está incompleta, pero el gobierno no hará nada para llenar la vacante. El kirchnerismo es incompatible con la idea de un juez votado también por la oposición.
En un país donde el peligro solía ser el excesivo poder de los presidentes, el nuevo experimento político del oficialismo propone la anomalía contraria: una Casa Rosada decorativa y protocolar.
Las maniobras del kirchnerismo para desvirtuar la conformación del Consejo de la Magistratura ordenada por la Corte no son pícaras ni brillantes: son tramposas e ilegales.
Es lícito, y muy necesario, que cada uno opine lo que quiera. Sobre Malvinas o sobre cualquier otro tema.
Está mal que el organismo dirigido por Victoria Donda dedique sus esfuerzos a repudiar opiniones de dirigentes opositores, como hizo ayer contra Soledad Acuña.
El fallo de la Corte del jueves, que declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura de 2006, es bienvenido. Pero no tiene justificación que la decisión le haya tomado 15 años.
En ‘Peronismo para la juventud’, Natalí Incaminato repite los lugares comunes del mito peronista con una pretendida pátina humorística y un lenguaje pseudo-joven.
La polémica sobre la designación del presidente de la Corte Suprema muestra que una parte del establishment sigue prefiriendo jueces rosqueros a jueces dedicados a su función jurisdiccional.
Es insólito el argumento presidencial de que, como no hubo contagios, entonces la fiesta de Fabiola queda fuera del Código Penal. En los delitos de peligro abstracto el resultado es irrelevante.
El Gobierno modificó la ley de vacunas por decreto aunque podía pasar rápido por el Congreso, quizás para quedarse con el “mérito”. La pandemia como excusa para violentar la institucionalidad.