Protestas generalizadas frenaron el intento del Gobierno de darle la gestión colectiva de los derechos de autor a una organización poco conocida pero con mucho poder de lobby. Menos mal: hubiera sido un desastre.
No, pero quizás habría que cerrarlo un tiempo, vender sus edificios y pensar desde cero un instituto despolitizado, sin burocracia, enfocado en la creatividad y adaptado a una sociedad democrática.
Lo polémico no es que la Corte haya confirmado que Ana Figueroa debe jubilarse. Es lo que dice la Constitución. Lo polémico es que existan jueces partidarios.
