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Soy argentino, vivo desde hace varios años en El Salvador y voy a intentar describir lo que he vivido acá con la mayor objetividad posible. Todo lo que digo corre por mi cuenta y no representa a la institución internacional donde trabajo, que me impide usar mi nombre para hablar (bien o mal) de Nayib Bukele o de su gobierno, porque tenemos un mandato de independencia y autonomía política con respecto a los países donde operamos. Rogelio Frana, por lo tanto, no es mi nombre sino el seudónimo con el que he participado de una letanía de concursos literarios en los que me anoté para difundir mis novelas. Además de escritor, entonces, soy abogado, con un máster en Derechos Humanos y un doctorado incompleto en Derecho Constitucional Comparado, estos últimos cursados en una universidad que ya no existe porque la devoró el populismo europeo. Esto es todo lo que puedo decir sobre mí por ahora.
Cuando llegamos a El Salvador nuestros colegas internacionales nos recomendaron alojarnos en un hotel cercano a La Gran Vía, una especie de mall a cielo abierto en los suburbios occidentales de San Salvador. El hotel era caro, oscuro y desangelado, pero supuestamente más seguro que estar en otros barrios, incluso en San Benito, donde se ubican varias embajadas y organismos internacionales. Las maras, nos aseguraban, controlaban todo el país. Al cabo de dos semanas cambiamos de hotel y nos fuimos a otro en San Benito, donde, nos advirtieron, tampoco se podía caminar por la calle. Lo cierto es que sí se podía, en aquel momento y ahora, porque los barrios de la élite local nunca estuvieron verdaderamente bajo el poder de las maras. Con el tiempo fuimos comprendiendo que las élites de derecha y de izquierda habían ido tejiendo con las maras capas geológicas de acuerdos implícitos y explícitos, en un mosaico de alianzas con enormes claroscuros que garantizaron la seguridad de los sectores privilegiados.
Es cierto que nadie camina por la calle, salvo los extranjeros y los que pasean el perro, que frecuentemente son el mismo grupo. Mis vecinos sacan el auto para ir al supermercado de la esquina, o al banco que está enfrente, o para llevar los hijos a la escuela que está a 400 metros. Me dicen, cuando pregunto, que son los rezagos culturales de décadas de violencia y terror; pero desde que rige el Estado de Excepción, hace dos años, ese argumento se ha vuelto abstracto. Nadie camina, pero creo que porque subyace un menosprecio sobre los peatones. Los autos suelen estacionar sobre las veredas, y ni siquiera a los agentes de tránsito les parece un problema estacionar sobre las rampas para sillas de ruedas. Nadie camina, creo, porque la sociedad se mira en el espejo de Los Ángeles o Miami, ciudades pensadas casi exclusivamente para no bajarse del auto. No tener auto acá es subversivo. Éramos, pues, subversivos.
Casi todos los salvadoreños con los que hablo están a favor del gobierno de Bukele.
Yo no estaba en El Salvador el fin de semana en el que las maras masacraron alrededor de 80 personas y Bukele reaccionó convocando a la Asamblea Legislativa para imponer el Estado de Excepción, renovado con puntualidad teutona todos los meses desde entonces. En minutos acordaron los detalles técnicos y operativos, y lo pusieron en marcha junto con un aceitado operativo de propaganda. En poco tiempo estuvo construida una cárcel para alojar 40.000 personas. Si uno fuera malpensado sospecharía que todo estaba preparado de antemano.
En cualquier caso, casi todos los salvadoreños con los que hablo están a favor del gobierno de Bukele: si es por estas conversaciones, el 85% que sacó en las elecciones de hace tres semanas parece bastante real. Los que están en contra no encuentran a nadie como referencia, pero igual defienden, de una u otra manera, el Estado de Excepción. El precio es ínfimo, aducen, en relación con las vidas amputadas por las maras, la extorsión y la violencia brutal y omnipresente de las bandas que mantenían el control operativo sobre casi todo el territorio. Desde mi perspectiva de Derechos Humanos se trata de un compromiso inmoral con un alto componente de chantaje emocional, pero es sencillo entender por qué resulta tan atractivo para los salvadoreños.
Un compromiso espantoso
En el siglo XX, América Latina confrontó el terrorismo de matriz cubana o china con el terrorismo de Estado de matriz West Point, resultando en genocidios que agraviaron la dignidad humana y el sentido jurídico de los pueblos. Si acá se hubiera aplicado esa vía, conocida y con operadores más que dispuestos en todo el continente, el resultado habría sido un insoportable baño de sangre, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, y un costo social impagable por varias generaciones. Si no se hubiera hecho nada, seguirían muriendo decenas de personas todas las semanas, en muchos casos simplemente porque se equivocaron de calle o porque no llegaron a pagarle la cuota al palabrero de las maras Barrio 18 Sureños o la Salvatrucha. Lo que se hizo fue arrestar a unas 70.000 personas sin ninguna garantía procesal y tenerlas a disposición del Estado por el tiempo que alguien juzgara necesario. De ellas, se liberaron unas 7.000, tras constatarse que no tenían vínculos con las pandillas, y murieron unas 350 por diversas enfermedades no tratadas o por embolia pulmonar: así, en crudo, 350 personas constitucionalmente inocentes muertas en una cárcel es un número altísimo. Puestas en contexto, termina siendo un porcentaje relativamente bajos considerando que las cárceles son, en todos lados, uno de los hábitats con mayor probabilidad de muerte violenta. Desde una perspectiva constitucional, está absolutamente mal someter a 70.000 personas a una privación de la libertad sin juicio previo. Desde la perspectiva histórica, me parece un precio relativamente menor por proteger las vidas que no se han perdido a manos de las maras en estos dos años. Es un compromiso espantoso, que sólo funcionará mientras la excepción no se vuelva la regla, es decir, mientras no termine de abolirse el Estado de Derecho.
Porque en El Salvador no rige el Estado de Derecho. Apenas pudieron, los legisladores oficialistas expulsaron al Fiscal General y a los jueces de la Corte Constitucional violando el proceso establecido y designaron en esos lugares a otras personas, también violando el debido proceso. Estos funcionarios de facto han convalidado todas las medidas de Bukele, incluso las que la Constitución Nacional prohíbe, como la reelección. También han convalidado una reforma electoral que consagra a El Salvador como una autocracia de partido único: un paso elemental de todas las autocracias, y una advertencia para Argentina.
También han convalidado una reforma electoral que consagra a El Salvador como una autocracia de partido único
Todo esto les importa poco a los salvadoreños de a pie. El entrenador del perro, la señora que nos ayuda con la limpieza, el personal de nuestro edificio, los choferes de Uber (no tenemos auto, ¿recuerdan?), es decir, los salvadoreños que no viven en nuestra burbuja de privilegios de la comunidad internacional, todos nos manifiestan que ahora viven sin miedo, trabajan mejor, visitan familiares que antes no podían, disponen de algunos pesitos (dolaritos) que antes tenían que pagar a las maras, pueden caminar también a la noche. Son libres. O más libres que antes, por lo menos. Sustancialmente más libres. No están dispuestos a renunciar a esa libertad en nombre de valores que les han sido abstractos durante toda su vida.
Estado presente
¿Es esto relativismo cultural? No. El relativismo cultural es la excusa de los autoritarios y sus sicofantes para entregarse al abuso de poder en nombre de algún relato absoluto. La condición humana es una sola y debe honrarse siempre y en todo lugar. Reconocer que los valores universales de los derechos humanos resultan abstractos para millones de latinoamericanos no significa que deban tener para ellos menos valor o que sean un opcional por el que hay que pagar aparte. Significa reconocer nuestro fracaso colectivo en convertirlos en experiencias concretas de todos los días. Significa, también, construir con lo que hay, y lo que hay es mucho trabajo por sostener otros derechos humanos que se cumplen demasiado poco, otros desafíos institucionales de los que dependen la vida, la salud, la educación y el futuro de miles de salvadoreños, y de latinoamericanos en general. Y ésta es la parte que no van a querer oír los seguidores argentinos de Bukele: aparte del Estado de Excepción el gobierno sostiene e implementa muchas agendas con foco en la salud, la alimentación, la educación y las capacidades de los salvadoreños de a pie, incluso de las víctimas del propio Estado de Excepción. Existe acá, y esto quizás no lo sepan los fans argentinos de Bukele, una visión del Estado como un promotor del desarrollo económico, social y humano, en un país donde se habían privatizado hasta las calles.
Aun así, El Salvador sigue siendo un país dual: una economía (dolarizada hace 20 años) para quienes ganan bien y otra para la mayoría de la población. Para nosotros, los malls y supermercados con las mejores marcas norteamericanas y europeas; para el resto, los mercados callejeros sin controles bromatológicos ni aduaneros. Para nosotros, alquileres de entre 2.000 y 3.000 dólares por un departamento o una casa razonablemente cerca de la oficina; para el resto, alquileres de 200 o 500 dólares a dos horas de distancia con un tráfico colapsado y agobiante. Acaso eso explique por qué los salvadoreños no caminan: están agotados.
Vivir bien es carísimo. Si uno no tiene auto, no tiene forma de llegar a las playas que están a unos 40 kilómetros sin gastar mucho dinero. El transporte público es espantoso e incompleto, entonces hay que alquilar un auto por el fin de semana por unos 400 dólares o pagar 80 dólares por un Uber. Muchas playas no tienen acceso público, entonces hay que pagar el day-pass en algún resort o restaurant, otros 25-40 dólares por persona, de los cuales una parte suele ser consumible. Comparo esto con una vida pasada, en algún lugar de Italia a pocos kilómetros del mar: un día de playa insumía tomar un bus en la esquina y bajarse unos diez minutos más tarde, cruzar una placita y meterse en el Adriático: tres euros de ida y vuelta, con un mercadito para comprar algo para comer, y restaurantes a precio razonable. Un día de playa era perfectamente posible con diez euros por persona.
Los hoteles siempre están llenos: los salvadoreños suelen gastar las remesas que mandan sus parientes desde Estados Unidos en vacaciones familiares.
Los hoteles, buenos y malos, también son caros. Una habitación básica en San Benito puede costar 60 dólares la noche; la misma habitación en la playa, unos 150 dólares. Por eso casi no hay turismo extranjero: por la misma plata uno puede terminar en un muy buen hotel en el caribe hondureño, mexicano o colombiano, incluyendo los vuelos. Aun así, los hoteles siempre están llenos: los salvadoreños suelen gastar las remesas que mandan sus parientes desde Estados Unidos (casi el 25% del PBI) en vacaciones familiares, antes que en inversiones productivas.
Todavía hay cosas para hacer que cuestan poco. El Teatro Nacional fue restaurado recientemente y tiene obras relativamente buenas a un costo bajo, o incluso gratis. El Parque Cuscatlán, antes impenetrable, se ha vuelto un lugar de reunión de niños, jóvenes y ancianos. Hay cierta presencia de artistas internacionales y están renaciendo eventos como un festival de jazz que se había interrumpido durante la pandemia. Pero sigue costando encontrar una comunidad cultural en la que uno pueda encontrar, justamente, comunidad. No hay tertulias, al menos hasta donde pude indagar entre los actores de la cultura local a quienes he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer. Es un país de contrastes y desigualdades, ultrarreligioso, poco tolerante al disenso, agobiado por una economía que no arranca ni creo que lo haga.
Después del caudillo
La historia nos muestra que detrás de los caudillos iluminados queda una devastación institucional que devora, más temprano que tarde, los avances conquistados. La historia nos muestra también que el único progreso económico y socialmente sostenible se encuentra en el marco de instituciones sólidas y respetadas por todos los actores del juego. Toda la experiencia latinoamericana es evidencia de ello.
Hoy en El Salvador hay un avance concreto, tangible, en materia de seguridad y libertades. Podrá convertirse en el cimiento de un desarrollo sostenible si se articula en el marco del Estado de Derecho (hoy ausente), de respeto a la letra y el espíritu de la Constitución (consuetudinariamente vulnerada), de la interacción sana y constructiva en el marco de las instituciones regionales y globales que lo sostienen (si se la rescata de los trolls de Estado y la demonización de los opositores). O podrá convertirse en otro espejismo, que se evaporará más temprano que tarde bajo la apelación al excepcionalismo salvadoreño, al relativismo cultural, al cesarismo de un gobierno con inequívocas tendencias autoritarias.
Es un espejo en el que difícilmente la Argentina pueda mirarse, ya que las diferencias entre los problemas de seguridad de ambos países son enormes. Pero también lo son los condicionamientos sociales, la existencia en Argentina de una oposición mayormente adulta, la existencia de instituciones que no han sido cooptadas por una autocracia de partido único. Nada de lo que digo, sin embargo, es una necesidad histórica: es, apenas, la mera intuición de un abogado que escribe novelas.
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