En 1854 un grupo de jóvenes enfermeras lideradas por Florence Nightingale llegó a la península de Crimea, teatro de una guerra cruel donde morían más soldados en los hospitales que en el frente de batalla. Nightingale, quien sería considerada la precursora de la enfermería profesional, supo que la alta mortalidad no estaba relacionada con las heridas sino con las pésimas condiciones en las que los soldados eran alojados y atendidos. La falta de higiene y el hacinamiento provocaban brotes de fiebre tifoidea, disentería, tifus y cólera entre los combatientes traídos desde la línea de batalla. Con las medidas que pudo implementar para revertir este estado de cosas, Nightingale logró incrementar la sobrevida de la gran mayoría de los soldados. Fue a partir de aquella dura experiencia que pudo definir muchas de las más significativas prácticas para la evaluación y el tratamiento de los brotes epidémicos de muchas severas enfermedades infectocontagiosas de su época.
Cinco años después publicó A Contribution to the Sanitary History of the British Army During the Late War with Russia. Allí hay un diagnóstico particular al que le deberíamos prestar cierta atención. La razón de ello es el vínculo que podemos establecer entre su descripción y algunas respuestas que se implementan actualmente frente al COVID-19. Nightingale escribe: “Las tres cosas que casi destruyen el ejército en Crimea han sido la ignorancia, la incapacidad y las normas inútiles”. Dejemos de lado las dos primeras razones, no porque carezcan de valor sino porque están más extendidas en las clases educadas de lo que suponemos y por ello es imposible tratarlas con brevedad aquí. Tomemos la última sentencia, porque es relevante a lo que queremos discutir: que la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19 y la instrumentación de un pasaporte social son medidas inútiles que traerán más perjuicios que beneficios.
Obligar a vacunarse
Ante todo, hemos de aclarar que la divisoria entre pro-vacunas y anti-vacunas, tal como se plantea en muchos medios, es una clasificación falaz. Se la sostiene como una forma sencilla de dirimir una cuestión compleja. Los llamados anti-vacunas, en su mayoría, no lo son. Se oponen sólo a la aplicación obligatoria de inoculantes contra el COVID-19 porque entienden que son vacunas aprobadas para uso de emergencia y que aún faltan estudios, entre otros, de bioseguridad. En lo personal, asumo que, bajo los argumentos y los datos relevados, las vacunas actuales son efectivas en la prevención de las formas graves de COVID-19 y que a su vez parecen tener una seguridad aceptable. Por ello me he vacunado. Debo decir también que por desidia del Gobierno argentino, y tal como le ocurre a millones de ciudadanos, aún no he podido completar el esquema correspondiente, lo cual conlleva una inevitable falta por parte de los funcionarios responsables, en principio –y sólo en principio– de carácter ético, con respecto a los daños posibles en nuestra salud por este acto.
Hecha la salvedad anterior, regresamos al tema que nos ocupa. Tratemos primero la obligatoriedad de la vacunación contra graves enfermedades infectocontagiosas como la difteria, el sarampión, la polio, etc., en los menores de edad. La justificación de esta imposición por parte del Estado se encuentra en el amplio trabajo hecho sobre cada una de las vacunas en relación a su efectividad y a su seguridad, sumado al reconocimiento de la imposibilidad que tienen los menores para evaluar de manera razonable todas estas cuestiones. De estas consideraciones quedan excluidas las vacunas contra el COVID-19 por su aprobación de emergencia.
Respecto a quienes son mayores de edad, no es dable aplicar tal obligatoriedad. Hacerlo supone otorgarle al Estado la potestad de ser dueños de la corporeidad de los ciudadanos.
Respecto a quienes son legalmente mayores de edad, no es dable aplicar tal obligatoriedad, sea la vacuna que fuese. Hacerlo supone otorgarle al Estado la potestad de ser dueños de la corporeidad de los ciudadanos anulando de esta forma su condición de individuos autónomos; hecho no sólo preocupante en lo referente a la libertad sino también en relación a la responsabilidad que les cabe a esos mismos ciudadanos frente a la ley.
A partir de estos considerandos, hemos de profundizar la razón por la que no debe ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19 ni su forma de implementarla a través de “pases” o “pasaportes de vacunados”. También hemos de mostrar lo riesgoso que es argumentar a favor de la vacunación obligatoria en base a los beneficios poblacionales. Como es importante evitar interpretaciones maliciosas, aclaramos que sostener campañas de información y publicidad para estimular la inmunización es una forma legítima de promover la vacunación, tal como se hace con la gripe o la neumonía bacteriana, porque no vulnera derecho alguno ni presupone el riesgo de actos autoritarios.
Algo de historia
En la Argentina, y más en particular en la provincia de Buenos Aires, la instrumentación de un pasaporte (que de hecho es la certificación de la vacunación) para poder acceder a ciertas actividades sociales está inspirada, por mucho que se declame por la “soberanía sanitaria”, en las decisiones tomadas por el gobierno de Francia. Por supuesto, no es la primera medida que se adopta por imitación. Es pertinente, entonces, que analicemos algunos sucesos y protestas ocurridos en el país galo.
Durante algunas manifestaciones hubo quienes utilizaron una estrella amarilla con la leyenda “no vacunado” en clara alusión a la política de discriminación nazi que culminó en la Shoá. La censura no se hizo esperar bajo el supuesto de que tal comparación no era en modo alguno legítima. Soy crítico con el ejercicio y el abuso que implica asimilar cada medida represiva que se toma en algún lugar del planeta con aquellas implementadas por el nazismo. Sin embargo, los hechos actuales tienen una vinculación formal con acontecimientos legales y represivos que se gestaron en sociedades democráticas y que, al final de cuentas, terminaron por darle al nazismo una base sobre la cual estructurar sus leyes.
A finales del siglo XIX, Alfred Russel Wallace, coautor de la teoría de la evolución por selección natural, publicó en su libro El siglo maravilloso un capítulo titulado “Vacunación, un engaño, su ejecución penal un crimen”. Allí afirmaba que:
Las sucesivas actas de vacunación fueron aprobadas por medio de alegatos que eran totalmente falsos y en promesas que fueron incumplidas. Se erigen solitarias en la legislación moderna como una burda interferencia contra la libertad individual y la inviolabilidad del cuerpo mientras que, como un intento por engañar a la naturaleza ultrajada y para evitar una enfermedad infecciosa sin la eliminación de las condiciones que le permiten propagarse, la práctica de la vacunación se opone a toda la enseñanza sanitaria de la ciencia y es una de esas terribles equivocaciones que conllevan trascendentales consecuencias sobre el mal, que es peor que el mayor de los crímenes.
Sin duda, la vacunación se ha consolidado como uno de los más notables logros de la medicina contemporánea. Basten como ejemplos la erradicación de la viruela (antivariólica) y el control de la poliomielitis (Salk y Sabin). Es improbable que estos logros hubiesen sucedido con sólo modificar las condiciones ambientales y sociales. Pero la desacertada argumentación de Wallace sobre el valor preventivo de las vacunas no habilita a desestimar la otra y lúcida advertencia que la acompaña y que se relaciona con el abusivo poder que las leyes de vacunación le podrían otorgar al Estado.
Recordemos que tiempo después, en 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio carácter federal a la ley de esterilización eugenésica (aplicación de las leyes de la herencia para el perfeccionamiento de la especie humana) en el dictamen del juicio de Buck contra Bell. La sentencia, leída por el juez Oliver Wendell Holmes Jr., justificaba, bajo el amparo de la ley de vacunación, la esterilización involuntaria de Carrie Buck tal como se observa en el siguiente párrafo:
Es mejor para todo el mundo que en vez de ajusticiar por sus crímenes a los descendientes degenerados, o dejarles morir de hambre por su imbecilidad, la sociedad pueda evitar que quienes son manifiestamente incapaces, prolonguen su clase. El principio que sustenta la vacunación obligatoria es tan amplio que puede cubrir el corte de las trompas de Falopio. (…) Tres generaciones de imbéciles son suficientes.
Por cierto, el “crimen” que había cometido Carrie Buck era ser madre soltera como producto de una violación.
Medidas inútiles
Si el deseo es promover la vacunación contra el COVID-19, deberían abandonarse peligrosas ideas represivas. Lo primero que el Gobierno debería hacer es reconocer el cambalache de vacunas y estrategias que promovió como forma de acción. Una anécdota personal revela este hecho. La gran pregunta en la fila del vacunatorio era con qué nos iban a vacunar. Cual si fuese el plato del día promocionado en un restaurante, la respuesta no se hizo esperar: “Hoy hay Sputnik”.
Lo segundo es asumir la responsabilidad por la impericia de haber inmunizado de manera incompleta apostando a un pésimo acuerdo cuyo único respaldo era la ilusión del Gobierno nacional por lograr una gesta única promocionada como la mayor campaña de vacunación de la historia. Se deben dejar de hacer ejercicios mentales acerca de si se va a aplicar una dosis o la mezcla de vacunas. En este último caso, de suceder porque ya no hay otra opción posible frente a la grave estafa sanitaria de la segunda dosis de la Sputnik V, el Gobierno debe ser honesto y reconocer que las pruebas que haga sólo habrán de medir la eficacia en la producción de la respuesta inmune, pero nada podrán decir sobre la seguridad de tal estrategia, por mucho que supongamos que, en teoría y con buenos argumentos, no hay problema alguno.
En la Argentina, a diferencia de lo que pudo ocurrir en Europa, fue el propio Gobierno quien, con su impericia, introdujo las dudas.
Puede ser difícil, pero la honestidad que hasta ahora ha faltado puede favorecer la vacunación que, de hecho, la mayoría de la población acepta. En la Argentina, a diferencia de lo que pudo ocurrir en Europa, fue el propio Gobierno quien, con su impericia, introdujo las dudas. La imposición de una pasaporte social de vacunación generará un régimen político de diagnóstico médico que habrá de clasificar y discriminar para terminar por excluir. Un régimen donde mozos y empleados, para que el pasaporte tenga valor, deberán actuar como policías sanitarios o, con más precisión, como parapolicías de la salud. La certificación de la vacunación no resolverá nada, sólo agregará nuevos conflictos a los ya existentes.
No es posible simular la brillante campaña de vacunación que se promocionó con torpes acciones burocráticas. No es dable maquillar el fracaso con medidas inútiles, con máscaras que impiden ver el verdadero rostro de la realidad, porque el ocultamiento sólo puede ahondar los padecimientos. La propaganda sobre lo falso casi siempre funciona, pero también tiene asegurado el certificado de caducidad.
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