Fuego Amigo

El dedo contra los disidentes

El informe 'La reacción conservadora' no es periodismo y es finalmente trivial, pero está alimentado por la idea de que las opiniones ajenas son ilegítimas y deben ser denunciadas.

La “investigación” publicada ayer en ElDiarioAR, donde se expone a miembros de la “reacción conservadora” y sus interacciones personales e institucionales tiene dos características: por un lado, resulta ofensivo que se utilicen las herramientas y plataformas del periodismo para un informe que parece más relacionado con los “partes de inteligencia”, para usar un refinado doble juego de palabras pensado por Jorge Asís en su libro homónimo; por el otro, la irrelevancia de los datos allí recogidos. No hace falta a esta altura sumarse al repudio generalizado que generó la publicación, pero quizás valga la pena detenerse en una idea que subyace a ese trabajo.

Una lectura rápida de la lista de los “denunciados” muestra que el factor más homogéneo de su amontonamiento era la postura opuesta a la interrupción voluntaria del embarazo. Se cumplían dos condiciones: eran en su mayoría “celestes” pero además no eran kirchneristas.

El debate legislativo sobre el aborto en Argentina tuvo intensidad, pero también argumentos. Se resolvió de manera civilizada, con exposición de todas las posiciones, testimonios de expertos y votaciones limpias. No hay mucho más para decir al respecto. La discusión pública, en cambio, se enrareció, a medida que los sectores más radicalizados de uno y otro lado fueron extremando sus posiciones. Cada grupo se declaró representante de la “vida”, poniendo explícitamente al otro del lado de la “muerte”. Desde ya que ambos grupos tenían cierta razón: había en las acciones defendidas por cada lado una defensa de la vida y un costo en muertes. Las diferencias tenían que ver con definiciones y premisas tomadas a priori: cuándo comienza la vida, cuándo empieza a existir una persona sujeta de derechos, cuáles son los costos de una y otra decisión. El debate es infinito porque no tiene solución. No hay forma de consensuar esas definiciones y premisas, ya que éstas no están escritas en el cielo ni están determinadas por la ciencia. Cada cual acepta alguna y trata de vivir acorde. Las sociedades, por su parte, tienen que tomar una decisión institucional y atenerse a los acuerdos alcanzados, aunque estos contradigan algunas de las creencias más profundas de parte de sus miembros.

Las personas que presentaron este informe, ¿adscriben a la idea de una sociedad abierta, en donde una opinión diferente sobre cualquier tema no puede ser simple motivo para su señalamiento?

Sin embargo, ninguno de los dos sectores aceptó esta incertidumbre central y actuó como si su posición fuera evidente y sin matices. Como el valor que se estaba protegiendo era la vida –del feto, de la madre—cada bando pensó en su rival en términos de criminalidad. Así, unos y otros se trataron de asesinos. El sector verde, por su parte, acuñó para sus rivales la expresión “antiderechos”. Arrogarse la exclusividad en la defensa de la vida y el monopolio de los derechos no parece ser la manera más adecuada para resolver los inevitables conflictos que se presentan en una sociedad abierta.

Este último punto nos lleva a una pregunta fundamental. Las personas que presentaron este informe, ¿adscriben a la idea de una sociedad abierta, en donde una opinión diferente sobre cualquier tema no puede ser simple motivo para su señalamiento? El intento de identificación de la disidencia con la criminalidad no comienza con las posiciones sobre el aborto. Desde la guerra de las Malvinas hasta el tratamiento de la pandemia se ha intentado que en algunos temas la sociedad se exprese homogéneamente, sin desacuerdos. La idea de que alguien que piensa por fuera de ciertos parámetros debe ser señalado y aislado es una característica de los regímenes autoritarios. En nuestra región sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El trabajo sobre la “reacción conservadora” lleva este razonamiento a sus consecuencias lógicas. Si los que se oponen al aborto son criminales, si ser “conservador” no es un derecho legítimo, exponer a sus integrantes, a las relaciones entre ellos, a las instituciones que lo cobijan, no sería sólo una posibilidad de la práctica periodística, sino casi un deber. El sólo enunciado de esa idea demuestra su absurdo y el peligro que implica. ¿Qué importancia podría tener la información de que X interactúa en Twitter con Y y pertenece a la institución Z si todas estas relaciones son públicas y dentro de la ley? El señalamiento de disidentes sólo porque sí, porque lo son, es un paso en dirección a la discriminación y a la represión. Cuando además se lo disfraza de periodismo, el peligro es aún mayor.

 

 

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Gustavo Noriega

Licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA. Participa de programas de televisión y radio de interés general y escribe regularmente en el diario La Nación.

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