En Argentina la educación estuvo ausente de las prioridades del gobierno durante la cuarentena. En los primeros meses las escuelas se cerraron de manera generalizada en todo el país, aun en rincones alejados a los que el virus llegó en agosto o incluso no llegó. La idea de escuela cerrada es literal. En la mayoría de las provincias, a cuyo cargo está la educación, no existieron guardias en los edificios escolares para el mantenimiento, ni para constituirse en núcleos de seguimiento de los cada vez más chicos que se iban desvinculando de los débiles medios educativos propuestos.
La presencia del Estado, que para muchas localidades se representaba exclusivamente en la escuela, desapareció por más de ocho meses. Se planteó la educación remota como recurso principal de la continuidad educativa en un país en el que la información oficial ya mostraba en 2019 que un 30% de la población no tenía conectividad. Algo comprensible al comienzo, cuando se creía que la cuarentena podía durar 15 o 30 días, fue cada vez más insostenible cuando los meses pasaban y no se veían acciones que mostraran disposición para detener la ampliación de la brecha social educativa.
Las familias en mejores condiciones no solo tenían conexión y dispositivos, sino que contaban con escuelas que adquirieron rápidamente plataformas Moodle 3.5 y contrataron Meet, Skype Empresarial, Blackboard o Zoom para mantener clases virtuales sincrónicas. En el otro extremo, con suerte y con datos, una madre tenía que bajar de su WhatsApp la actividad semanal que la escuela enviaba, ver dónde fotocopiarla, lograr que se entendiera y se hiciera, y finalmente ver cómo reenviarla.
Si es que existió una política educativa nacional de la pandemia, ésta dejó mucho que desear. Un área se encargó de asegurar recursos de apoyo: cuadernillos para todo el país que pocas provincias usaron, un programa en la TV Pública que pocos vieron, un portal educativo al que algunos podían acceder. El ministerio de Educación llevó al Consejo Federal, ámbito que reúne a ministros de educación provinciales, una propuesta de evaluar sin calificaciones las trayectorias educativas y considerar a los ciclos lectivos 2020 y 2021 como una única unidad pedagógica, iniciativa que se aprobó sin mayor discusión. Se constituyó un consejo de treinta personas del ámbito educativo y científico, con presencia gremial mayoritaria, encargado de dar recomendaciones para un eventual regreso a la presencialidad, del que se conoce apenas la propuesta de un semáforo de apertura muy restrictivo. En octubre se aprobó ese semáforo impracticable, cuando ya la evidencia comenzaba a mostrar que las escuelas no eran centros de propagación del virus si se tomaban recaudos. Recién en noviembre el ministerio comenzó a construir una base de datos de los estudiantes que se desvincularon y diseñó un plan denominado “Acompañar” cuyo objetivo fue revincular a los chicos desde propuestas más sociales que educativas, tanto en el contenido como en los actores a cargo.
La presencia del Estado, que para muchas localidades se representaba exclusivamente en la escuela, desapareció por más de ocho meses.
Para ese entonces, los chicos con Zoom ya le habían aflojado a la educación remota. Muchos teléfonos de los chicos de WhatsApp ya no mostraban la doble tilde celeste. Familias con posibilidades y necesidades de hacerlo se organizaron en jardines rodantes a los que algunos llamaron jardines “blue” –como el mercado del dólar– para retomar la socialización de sus hijos o posibilitar el regreso al trabajo de los padres.
Tarde, sin plan y reticente a las recomendaciones y reclamos que surgían. Esta fue, en los hechos, la política educativa de la cuarentena, al menos hasta finales de noviembre.
La batalla simbólica
Con el regreso del receso invernal comenzaron a oírse varias voces recomendando o exigiendo la vuelta a clases presenciales, desde think tanks de partidos, centros de estudios y redes cada vez más amplias de padres y de docentes. Varias razones lo explican: la realidad insostenible en las casas para acompañar a los chicos durante tanto tiempo; la evidencia científica demostrando la baja circulación viral originada en las escuelas; una parte del mundo con tres meses de ventaja que mostraba aperturas de cuarentenas y de escuelas en casos en los que se habían suspendido las clases presenciales. El reclamo social no consistía en una simple apertura generalizada y de un día para el otro. Se advertía que era crucial aprovechar los meses restantes del año 2020 no solo para experimentar cómo sería un regreso planificado, sino también para acondicionar o reconstruir los edificios abandonados.
Como era de esperar, la discusión pública enardecida que a fines de julio tuvo origen con la apertura de algunas actividades en la ciudad de Buenos Aires, recrudeció a fin de año en el plano educativo. Ya no era “economía o salud” sino “educación o salud”. Las dirigencias gremiales fueron las primeras en plantear un debate poco considerado para otros sectores esenciales, al condicionar el comienzo de las clases presenciales a la disponibilidad de la vacuna y a las condiciones edilicias. Intelectuales de la educación caricaturizaron a los padres como embanderados en un caprichoso “quiero flan”, cuando todo era mucho más complejo.
Las redes y los medios afines al gobierno se preocuparon por levantar aquel estudio aislado que mostrara la catástrofe de abrir las escuelas en un pueblo de un país lejano, o se entusiasmaron reportando el momento en que Alemania –la nación de “la escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre”– tuvo que suspender las clases presenciales dos semanas después de las fiestas, por el pico de la segunda ola. La acusación condenatoria y la difusión del terror, similar a la de los runners en la ciudad de Buenos Aires, penetró en la ya complicada vida de muchas familias y docentes, provocando preocupación sobre todo allí donde había en juego personas de grupos de riesgo. Las idas y vueltas en el discurso oficial colaboraron con la confusión y la discusión infundada.
Las dirigencias gremiales fueron las primeras en plantear un debate poco considerado para otros sectores esenciales, al condicionar el comienzo de las clases presenciales a la disponibilidad de la vacuna.
Enero de 2021 comenzó de esa misma manera y nadie hubiera imaginado que terminaría con un hecho que provocó un giro en el discurso oficial. Sucedió que el ex presidente Macri creó una ONG con su nombre dedicada a la educación y tuiteó sobre la necesidad imperiosa de reanudar las clases presenciales. A los dos días, el presidente Fernández planteó a la educación como la prioridad de 2021, comprometiéndose con la presencialidad, con los debidos cuidados. Unas semanas después, Juntos por el Cambio organizó en más de 120 lugares del país clases públicas encabezando un reclamo social que se había transformado en político. Lo que nadie hubiera esperado fue el anuncio del ministro de la Nación Trotta y la ministra de la Ciudad Acuña, con fondo escenográfico amarillo, de que volvían las clases presenciales en la Ciudad. La batalla simbólica había tomado un nuevo rumbo. La “derecha” se había apropiado de la bandera de la educación, se quejaban los supuestos defensores de la causa nacional y popular.
Cuando las viejas categorías no describen nada
Ciertos sectores que se autoperciben progresistas o comprometidos con perspectivas de izquierda son los que hoy justifican diez meses de educación a la deriva, con un Estado desdibujado y en permanente contradicción. Esos grupos, quizá sin proponérselo, son los que hoy militan una educación basada en el uso de plataformas educativas de corporaciones trasnacionales antes que la recuperación del cara a cara entre maestros y alumnos. El compromiso de estos sectores con el discurso oficial los lleva a defender soluciones que ellos mismos tacharían de neoliberales y les impide admitir las consecuencias sociales de una mayor desigualdad ocasionada por la inequitativa distribución de los recursos.
La educación en cuarentena siguió la regla de la supervivencia del más fuerte. La convivencia caótica del home office de los padres con la conexión sincrónica diaria de los hijos, en algunas familias, contrastó con las que no tuvieron más opción que dejar a sus hijos solos o con cuidados esporádicos, porque debían mantener el trabajo informal que les asegurara un ingreso diario mínimo. Otras, aun cuando no dejaron de sostener la cuota del jardín –cerrado por cuarentena– tuvieron que recurrir junto con otras familias a una experiencia educativa “blue” que les permitiera continuar con su trabajo.
El costo de este home schooling improvisado fue altísimo y merecería ser estudiado como una versión criolla de aquel movimiento que en los Estados Unidos de los años 70 llevó a muchas familias a organizarse para enseñar comunitariamente a sus hijos en los valores por ellos compartidos –sobre todo en los sectores religiosos conservadores– como salida a la crisis de la educación pública norteamericana en el ocaso del Estado benefactor. En la Argentina del 2020, quienes se lamentan de haber regalado la bandera de la educación a la derecha terminaron avalando por omisión estas realidades. Típicas escenas del neoliberalismo.
Ciertos sectores que se autoperciben progresistas o comprometidos con perspectivas de izquierda son los que hoy justifican diez meses de educación a la deriva, con un Estado desdibujado y en permanente contradicción.
Por su parte, los partidos de Juntos por el Cambio, la coalición a la que esos mismos sectores se desgañitan señalando como “la derecha”, aplicaron las reglas de la política e hicieron propia la voz de las familias que vieron que nada iba a cambiar a semanas del comienzo de las clases. Más aún cuando el anuncio de vacunar a 10 millones de personas entre enero y febrero se terminó de revelar como una mera expresión de deseos.
Paradójicamente, la supuesta derecha comenzó a exigir más presencia del Estado para garantizar la inclusión. A través de sus representantes en el Congreso pidió, sin apoyo oficial, declarar la emergencia educativa para asignar recursos específicos a infraestructura y conectividad en las escuelas. La ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición a nivel nacional, fue la jurisdicción que tomó más claramente la decisión de comenzar la presencialidad en jardín, primaria y secundaria. Incluso, de haberse animado a alquilar o pedir prestados espacios en ámbitos públicos o privados –como lo hace hoy Montevideo en conjunto con la Nación, la universidad y clubes–, podría haber asegurado el 100% de presencialidad desde el día uno. Pero claro, en Argentina esa decisión hubiese sido denunciada como parte de una política de privatización de la educación en la Ciudad.
En la disputa simbólica el fundamento no es lo importante. Lo vemos bien claro con la cuestión educativa durante la cuarentena. La experiencia comparada, los estudios basados en evidencia científica y los argumentos de más de 280 caracteres no tienen lugar en esta conversación pública estéril, agrietada y triste. Hay una premisa generalizada ya hace tiempo en la sociedad: la escuela es un ámbito clave de igualdad social solo si hay un Estado presente.
La educación es una bandera de todos y algunos la subestimaron. Quienes hacen cálculos electorales, comenzaron a entenderlo. Quienes militan lo insostenible, puede ser que empiecen a pensar en las consecuencias de su discurso y, concretamente, en cuál es el Estado que están defendiendo para la educación argentina.
