Hace pocos días, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires llamó a licitación para la construcción de las primeras Casas de la Provincia. Estos edificios, de los que se supone habrá 135 –uno por municipio–, están destinados a centralizar todos los trámites provinciales en un solo lugar, facilitando su ejecución y acercando el Estado a la gente.
Idealmente, suena como una mejora en la vida de las personas del interior que tienen que viajar a la capital provincial para hacer trámites, o para evitar que otros deban trasladarse de una delegación a otra para poder terminar esos trámites en tiempo y forma. Sin embargo, la lectura arquitectónica de estos lugares deja entrever falencias graves que permiten pensar que estos edificios no fueron pensados del todo para el objetivo noble que anuncian, sino más bien todo lo contrario.
La lectura arquitectónica de estos lugares deja entrever falencias graves que permiten pensar que estos edificios no fueron pensados para el objetivo noble que anuncian.
En los planos de los prototipos aceptados por el Gobierno provincial, uno puede ver a simple vista el concepto de estas sedes burocráticas: una planta libre en el centro destinada a escritorios, rodeada por oficinas y cuartos de servicio cerrados. El perímetro es de ventanas distribuidas de forma aleatoria que iluminan los cuartos de servicio pero no tienen conexión con las áreas de trabajo y atención al público.
El prototipo está pensado como un edificio exento; esto significa que todo su perímetro será de circulación libre y no tendrá vinculación a otra edificación o medianera. Esto es una gran oportunidad, ya que permite una vinculación del edificio con la ciudad a través de un parque público mixto, o una conexión con los servicios de transporte público. Sin embargo, no existe ninguna propuesta de entorno urbano ni de vinculación con la ciudad; esta relación se da únicamente a través de una puerta de vidrio.
Más allá de la distribución de los usos, que no se le ocurriría a ningún arquitecto con un mínimo de formación y experiencia, el diseño de estos prototipos es dañino y forzado. Se propone una planta libre –con todas las oportunidades que esto conlleva– y, sin embargo, no sólo las circulaciones son vagas y repletas de obstáculos, sino que los propios lugares de trabajo de los futuros empleados son limitados e insalubres. La disposición de todas las particiones hacen que el empleado promedio que deba trabajar en ese lugar no vea más que un muro de hormigón durante las ocho horas de su jornada, sin atisbo alguno de la luz del sol o del aire exterior.
Por otro lado, los futuros contribuyentes que deban acercarse a pagar por quinta vez una tasa de valores desorbitantes, no solo deberán hacerlo con todo el mal humor que eso conlleva; además, deberán someterse a estas condiciones antiarquitectónicas, características de la estética de la burocracia argentina y que a los profesionales de la disciplina nos cuesta tanto poder modificar y mejorar. En conclusión, es curioso que se intente acercar el Estado a la gente sin proponer un vínculo de calidad entre ambos.
Flojo de papeles
Se me dirá que quién soy yo para criticar la obra de uno o varios profesionales. Resulta que no sabemos quiénes fueron los autores de estas atrocidades. Normalmente, todos los edificios públicos se realizan a través de un concurso destinado a profesionales del distrito o del país. Esto no se hizo. Tampoco se consultó a las universidades ni a la Sociedad Central de Arquitectos. ¿Qué tipo de profesionales diseñaron, elaboraron y aprobaron tanto la documentación como los pliegos? No lo sabemos.
Que el Gobierno provincial defienda con tanta vehemencia este proyecto no hace más que confirmar que su visión de un Estado presente es tradicional y analógica.
En lugar de construir costosos prototipos de edificios para nada funcionales, se podrían buscar formas menos costosas, más pragmáticas y más eficientes que mejoren la burocracia del Estado provincial de manera significativa. Los trámites podrían ser digitalizados, en línea con el plan llevado a cabo por la administración anterior. Que el Gobierno provincial defienda con tanta vehemencia este proyecto no hace más que confirmar que su visión de un Estado presente es tradicional y analógica. La era digital es capitalista y neoliberal, por lo que no caben dudas de que hay que volver al papel, naturalmente. Si tenemos esto en cuenta, no llama tanto la atención que el Pliego de Especificaciones Técnicas generales que forma parte de la documentación licitatoria de este proyecto sea el escaneo en baja resolución de un documento elaborado en el año 1986.
Si el Estado debe estar presente, tiene que estarlo de manera inteligente y no caprichosa. No basta con meter un edificio en la ciudad para solucionar un conjunto enorme de problemas estructurales inherentes a un gobierno provincial que, por décadas, ha sido deficiente y defectuoso. La presencia del Estado central, omnipotente y monumental, una idea nacida en el siglo pasado y que todavía resuena en los oídos filosoviéticos del Gobernador, es obsoleta tanto en nuestros tiempos como en nuestra sociedad.
El Gobernador expresó el lunes que no se explicaba “cómo (esta idea) no se le ocurrió a alguien antes”. Bueno, no necesariamente porque alguien tiene una idea nueva, ésta es automáticamente brillante. Recordemos que este proyecto conlleva un gasto de 12.000 millones de pesos sólo para la construcción de los edificios, además de un adicional de 46.000 millones para trasladar las delegaciones de cada uno de los servicios que albergarán. ¿Vale la pena invertir todo este dinero en edificios que no funcionan, en este contexto de crisis económica, bajo el pretexto de una hipotética mejora en la eficiencia burocrática?
Como conclusión, es importante remarcar que la arquitectura ofrece posibilidades infinitas de mejorar los vínculos entre las personas, más allá de su rol gubernamental. Al despreciar la arquitectura, estas posibilidades se vuelven obstáculos. Debemos reflexionar acerca de qué significa acercar el Estado a la gente. ¿Agilizar la vida de los contribuyentes y permitir una mayor transparencia de cada uno de los trámites que realizan? ¿O imponerse en cada municipio y facilitar la entrada de dinero para poder sostenerse? Al momento de pensar esto, tanto desde lo ideal como desde lo concreto, no hubo participación de la gente. No hubo concurso público ni participación de la oposición, sólo la ejecución de la voluntad de un gobierno empecinado en tener la razón y en recaudar sin importar las circunstancias.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
