El Congreso argentino está a punto de discutir una reforma al Impuesto a las Ganancias de los empleados formales, impulsada por el presidente de la Cámara baja, que eleva el piso salarial a partir del cual se paga el impuesto. El argumento oficial es que la reforma pondrá plata en el bolsillo de la clase media y ayudará a reactivar la economía.
Ese argumento, sin embargo, olvida que los cambios propuestos generarán otros efectos negativos, más graves que sus hipotéticos beneficios. La reforma baja impuestos buenos, compensa subiendo impuestos malos y solo beneficiará a una parte del 10% más rico de la población. Además, avanza en la dirección contraria a lo que debería hacer un sistema de impuestos ordenado y progresivo, repitiendo errores históricos de la política argentina. Y, por último, llega en un momento muy delicado de la economía y de las finanzas públicas, cuando cada esfuerzo debería estar en cuidar la frágil situación en la que estamos.
Hoy un empleado soltero empieza a pagar el impuesto a partir de un sueldo neto de unos 75.000 pesos (si está casado y tiene hijos, este umbral aumenta). El bloque peronista, que ya se aseguró el apoyo de varios bloques opositores, incluido el de Juntos por el Cambio, propone eximir del pago del impuesto a todos aquellos empleados y jubilados que tengan salarios de bolsillo de unos 125.000 pesos (o 150.000 pesos brutos). Esto reducirá los ingresos del Estado en alrededor de 40.000 millones de pesos por año, según los cálculos oficiales. ¿Cómo recuperaría el Estado estos ingresos? Según el proyecto, con un mayor aporte del impuesto a las Ganancias de las empresas, las mismas empresas que necesitamos que vuelvan a abrir, invertir y dar empleo después de un año muy difícil.
La reforma baja impuestos buenos, compensa subiendo impuestos malos y solo beneficiará a una parte del 10% más rico de la población.
Argentina en un país cuyo Estado históricamente gasta más de lo que recauda y, en consecuencia, sufre recurrentes crisis de inflación o endeudamiento. Además, es una economía en la que desde hace años se invierte muy poco. Y en la que la pobreza afecta hace décadas a alrededor de un tercio de la población, con una marcada desigualdad entre los que más y los que menos tienen. Esto último se refleja en una sociedad partida, en la que para algunos la formalidad laboral es inalcanzable. En 2020, por la pandemia y la cuarentena, el gasto público creció, la recaudación bajó y la presión sobre el fisco aumentó, tal es así que por estos días el riesgo de default vuelve a ser un tema de discusión. Además, vemos empresas que cierran y empresas que se van, retroalimentando así la caída del empleo.
Es en este delicado momento de nuestra economía en el que oficialismo propone reducir la carga impositiva sobre empleados formales con salarios muy por encima del promedio. En un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de La Plata hace algunos años con Diego Fernández Felices y Jorge Puig, encontramos que una medida similar a la propuesta concentraba sus beneficios en el 10% más rico de la población. Porque ahí es donde están, mayormente, los empleados formales que pagan el Impuesto a las Ganancias.
Tres pilares
Cabe preguntarse, entonces, qué impuestos deberíamos cobrar. Existe un consenso más o menos amplio, en la Argentina y en el mundo, de que los tres pilares de la recaudación deben ser: a) un impuesto generalizado al consumo (IVA); b) un impuesto a la renta personal (acá equivocadamente llamado a las “ganancias” de las personas físicas, dando lugar a inútiles debates semánticos sobre si el salario es ganancia o no), que sea la base de la redistribución del sistema impositivo; c) un impuesto a la renta corporativa que no espante al capital. En los países de la OCDE, estos tres componentes reúnen más del 70% del total recaudado por los Estados.
En Argentina, en cambio, la foto de 2019 muestra que estos tres pilares representan poco más del 50% de los impuestos que cobra el Estado en sus tres niveles de gobierno. Esto no quiere decir que haya que subirlo, porque los impuestos en Argentina ya son demasiado altos, especialmente los que no forman parte del trío mencionado. Sin perjuicio de lo anterior, nadie podría impedir que un país aumente cuantiosamente sus impuestos y disfrute del socialismo, si es lo que democráticamente su sociedad elige. El único límite es que uno no puede gastar lo que no tiene. Esta identidad contable (que no responde a capitalismos ni socialismos) parece olvidada por estos pagos. Nos lamentamos por la deuda mientras desconocemos que la raíz del problema es el desbalance entre ingresos y gastos.
Nos lamentamos por la deuda mientras desconocemos que la raíz del problema es el desbalance entre ingresos y gastos.
El día en que nos amiguemos con la contabilidad podremos avanzar a bajar impuestos de manera sensata. Solo debemos recordar que, si elegimos gasto para todos, los impuestos también deben ser para todos. Y el impuesto a las Ganancias no es la excepción: por el contrario, cualquier comparación internacional sugiere que, a los niveles de gasto público observados en Argentina, el impuesto a la renta personal debería alcanzar a más personas para que el sistema sea financiable. Así, la prioridad debería ser reducir aquellos impuestos que repelen la inversión y el desarrollo, como el impuesto “al cheque”, los Ingresos Brutos (cuya baja fue acordada en el Consenso Fiscal de 2017, pero que la Ley de Emergencia Económica de diciembre de 2019, pre pandemia, dejó en el olvido), a la renta de las empresas (cuya reducción también se encuentra suspendida) o los derechos de exportación, entre otros.
Si gobernar es administrar prioridades, el desorden de prioridades se vuelve sintomático. No caben dudas de que la oportunidad y la conveniencia política determinan la agenda. El “canto de sirenas” de congraciarse con un sector no sería grave si nuestro Ulises de turno fuese atado al mástil mientras los demás se tapan los oídos. Pero en el caso argentino, Ulises anda suelto y los marineros con sus orejas al aire libre. Por estos días se supo que la oposición acompañaría la medida. Más aun, trascendió que un sector de Juntos por el Cambio fantasea con eliminar el Impuesto a las Ganancias para la totalidad de los asalariados (esto incluiría al CEO mejor pago del país). Sea por buscar exponer al oficialismo a reconocer la inviabilidad de su propuesta, o sea por convencimiento (y desconocimiento) genuino, nos encontramos en medio de un debate disparatado.
Es difícil aceptar que no haya ninguna figura relevante del espectro político que se manifieste abiertamente en contra de una medida que va a contramano de lo que necesita Argentina para salir de su propia trampa. La historia se repite: el corto plazo, la búsqueda de apoyos sectoriales y una competencia feroz de propuestas mágicas van por delante del bienestar colectivo. Normalizarlo es acostumbrarnos al populismo y su eterno fracaso.
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