Tengo un mandato

Tengo la sensación de que, por fuera de una minoría intensa, las elecciones ocupan un lugar distinto del reflejado por los medios. Un poco porque se ha transformado en una buena rutina y no creemos que esté en riesgo el mecanismo, otro poco porque una porción de los ciudadanos no considera que sus destinos cambien con el resultado electoral, y también están aquellos que señalan hartazgo frente a ofertas políticas que creen vacías.

Siento satisfacción al ver que hemos naturalizado los mecanismos institucionales de evaluación política y angustia al advertir que las campañas contribuyen poco a alimentar una conversación más rica.

Hay que reconocer que el oficialismo no pierde oportunidad de dejarnos en claro hacia dónde va. Ya se trate de una política exterior vergonzante, de una política social ineficaz, un plan económico inexistente fundado en la dilación de las obligaciones, una política laboral orientada a sostener acuerdos con el sindicalismo (pero sin debatir los mecanismos que promuevan el empleo), sin norte en materia de inversión pública, desmontando todas las iniciativas modernizantes del gobierno de Juntos por el Cambio (las low cost y las SAS son dos ejemplos), ofendiendo a ciudadanos y ciudadanas con sus internas y lugares comunes en materia de seguridad, etc. El oficialismo, camuflado bajo una imagen que condensa posiciones supuestamente progres y conductas pseudo proteccionistas, más cercanas a la infantilización de la sociedad que a un gestión responsable de recursos, pretende, sin resultados, enfrentar un desafío mayúsculo y universal: la pandemia.

Por todo eso, la oposición debe sostener su unidad más allá del plano electoral. Nos corresponde formular programas conjuntos (como lo están haciendo las fundaciones Alem, Arendt, Pensar y Encuentro), conformar equipos de trabajo y generar una visión atractiva y consistente para dotarnos de una sólida base social y legislativa en la que se apoye un programa de reformas como el que se necesita.

Esa visión debe expresarse claramente, para que la sociedad pueda elegir. No hay lugar para las medias palabras. La moderación de las formas y de las propuestas debe ir de la mano de la claridad. Necesitamos no solo ganar una elección, sino conformar un contrato electoral transparente.

Esa transparencia requiere definiciones, profundidad, sentido. La ambigüedad en Argentina dio todo lo que podía dar, erosionó el sistema político, mareó a los electores y banalizó el debate.

Como precandidato, me gustaría exponer las propuestas y los compromisos que asumiré si, efectivamente, me toca representar al pueblo de la Nación durante otro mandato.

1. Defensa de la Constitución. No hay modo de mejorar nuestra convivencia si una mayoría circunstancial pretende alterar la Carta Magna, el fundamento de nuestros derechos y responsabilidades. Defender la Constitución no es una frase hecha, como se repite habitualmente: es defender el rol del Congreso y la independencia de los jueces, pero por sobre todo es defender la idea de pluralidad. Nuestro país no es de una mayoría ni de una minoría, es verdaderamente de todos en el marco de la ley.

2. La Argentina post pandémica deberá cargar con múltiples dolores, pero se abre una oportunidad de re-equilibrio territorial de la mano del teletrabajo y la bioeconomía. La agenda es inmensa, pero se empieza por defender la rentabilidad de esas actividades y legislar en favor de su calificación ambiental. En la medida que limitemos la rentabilidad o sostengamos una visión predatoria, seguiremos alimentando las áreas metropolitanas. El acceso a la sociedad del conocimiento está claro para Argentina, hay que estimular los vectores que funcionan y entender que la reconfiguración territorial global es un desafío que puede transformarse en oportunidad. Corresponde alinear la inversión en infraestructura, la formación de RR.HH. y un régimen fiscal sencillo y estable. El potencial que tenemos es importante, el sistema institucional debe mostrar sensibilidad y criterio respecto de esta agenda de futuro.

3. El país necesita un cambio urgente en su visión del trabajo, que tome en cuenta la volatilidad tecnológica, que no se desatienda de las dificultades de la micro-empresarialidad, que favorezca e incentive la formación de capital humano y la retención de talento. Sin capacidades personales y organizacionales, toda lucha contra la pobreza estará perdida. Nuestro marco normativo debe apuntar allí sin dudas.

4. Instalar una sólida cultura presupuestaria y desincentivar la inercia del gasto público sin evaluar los resultados de esas políticas. Necesitamos, como todas las sociedades, generar bienes públicos de calidad, pero no de cualquier modo, ni usando el presupuesto público para garantizar acuerdos corporativos. Tenemos un presupuesto plagado de garantías de gasto que dificultan gestionar adecuadamente las prioridades. Necesitamos salir de la falsa dicotomía entre gasto ineficaz y Estado desertor.

5. Recuperar un status de orden democrático y promover una relación madura entre jurisdicciones para enfrentar el delito. La seguridad es un derecho cívico elemental.

6. Promover el hábitat digno impulsando la generación de suelo urbano, modelos de movilidad sostenible, conformación de redes de ciudades, nuevas centralidades urbanas, nuevos modelos constructivos, etc. La vivienda es un “paquete de derechos” en sí misma, ¿cómo concretar el derecho a la salud o el derecho de reunión o de intimidad, sin una vivienda adecuada?

Sin una visión que conjugue lo social, lo económico, lo territorial, lo tecnológico y lo ambiental, no hay posibilidad de formular un plan y, para tener un plan, primero hay que saber dónde se quiere ir. Argentina debe recuperar su sueño de movilidad social y para lograrlo debe ir al cumplimiento de la ley, al conocimiento, al trabajo, a una empresarialidad comprometida con el mundo de hoy, al abandono de la magia y los resultados frágiles.

Debemos comprometernos a abandonar los cantos de sirena de la excepcionalidad argentina y construir un modelo de desarrollo con sentido responsable.

Nuestra agenda necesita otras relaciones internacionales, otros instrumentos públicos, otra mirada del trabajo, una defensa rigurosa del orden y la tranquilidad pública, un modelo territorial sostenible y compatible con las expectativas federales de nuestra población, entre tantas otras reformas.

El partido al que pertenezco, la Unión Cívica Radical, ha colocado un mandato claro a sus militantes desde hace 130 años: defender la Constitución, contribuir a la austeridad en la administración pública y luchar contra las injusticias sociales. Ese mandato sigue vigente y ese es nuestro programa.