“Estoy feliz de visitar a mi amigo Gildo, él no sabe todo lo que lo valoro, lo que lo respeto y lo quiero. Porque es quejoso, porque es demandante de afecto y en su demanda de afecto viene siempre un pedido para Formosa pero estoy muy feliz de estar acá con Gildo”. La frase del presidente Alberto Fernández en su última visita a Formosa, en mayo del año pasado, nos da algunas claves para rebatir el lugar común que viene a la mente como respuesta a la pregunta del título.
Insfrán quiere que lo quieran, es demandante de afecto. Necesita la bendición simbólica de quien sea que gobierne la Argentina. La legitimación política externa a su provincia es tan vital como su infalibilidad electoral. No es solo una devolución de gentilezas, implica la renovación permanente de un pacto tácito que mantiene con todos los presidentes que han pasado desde que accedió al poder.
Gildo retribuye. A cambio de estos homenajes periódicos, está siempre donde debe estar y hace lo que hay que hacer. Con un modestísimo 1,5 % del padrón electoral en su espalda, es uno de los principales proveedores y articuladores de una de las sustancias míticas más codiciadas por la política nacional: la gobernabilidad.
la bendición de los jacobinos
La reciente evaluación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para quien la inexistencia de centros clandestinos de detención equivale a un aprobado en la materia, es solo un episodio más que demuestra que la queja de Gildo requiere de una respuesta inmediata de quienes, en última instancia, son beneficiarios de sus aportes políticos. Cierto es que el aval explícito de un representante del jacobinismo kirchnerista como Pietragalla tiene un sabor particular para quien acumula infinidad de denuncias por violaciones a los derechos constitucionales básicos. Pero los homenajes a Insfrán incluyen mucho más que estas ofrendas simbólicas.
Durante los gobiernos no peronistas, la fragilidad de su provincia redundó en una fenomenal herramienta de presión política: el control del reloj de un estallido social en permanente estado de latencia.
En Formosa, de cada índice brota una necesidad. En los conglomerados urbanos que releva el INDEC, el 42% de la población es pobre y el 8,8% es indigente; ambos porcentajes crecieron en el último semestre. La tasa de mortalidad infantil, según los últimos datos (de 2018), es la segunda más alta del país (11,3 muertes por cada mil nacidos vivos). El censo 2010 da cuenta de que el 47% de su población habita viviendas deficitarias y el 4,1% es analfabeta.
Además, un porcentaje mínimo de sus ingresos dependen de la recaudación propia y más del 60% de los trabajadores registrados son estatales. La dependencia de los recursos nacionales es absoluta: durante 2020 fue una de las cinco provincias más beneficiadas en transferencias presupuestarias per capita.
Esta situación, extendida en el tiempo, lejos está de traducirse en un debilitamiento político del gobernador. Insfrán es presidente del Congreso Nacional del PJ y decano de los gobernadores peronistas. José Mayans, senador desde 2001 y uno de sus principales socios políticos, preside el bloque oficialista en el Senado de la Nación, uno de los territorios institucionales donde se hace fuerte. Fue el primer mandatario provincial que apoyó la candidatura de Néstor Kirchner. Antes, fue renovador contra Carlos Menem, menemista contra Eduardo Duhalde, aliado de Adolfo Rodríguez Saá y finalmente duhaldista. Un legítimo servidor de las circunstancias.
alas políticas
Durante los gobiernos no peronistas, la fragilidad de su provincia redundó en una fenomenal herramienta de presión política: el control del reloj de un estallido social en permanente estado de latencia. En paralelo, Insfrán siempre revistó entre los “gobernadores dialoguistas”. Su peso específico en el justicialismo lo convirtió en el interlocutor preferido de las sucesivas “alas políticas” a cambio de impunidad.
Esto le permitió sobrevivir a las circunstancias más desfavorables y moldear las instituciones a su medida. Gildo es parte del ejecutivo provincial desde 1987, cuando fue elegido vicegbernador de Vicente Joga, a quien sucedió en el cargo en 1995. En 1999, las hostilidades con su predecesor mostraron la cara más ruda del caudillo formoseño. Insfrán solicitó que se interprete la Constitución Provincial con el objetivo de permitirle un nuevo mandato, contra las aspiraciones de Joga. La guerra civil justicialista incluyó la detención, sin previo juicio político, de un juez no adicto del Tribunal Superior de Justicia y el cierre a lo Fujimori de la legislatura provincial luego de una trifulca.
La liquidación del adversario interno transformó la hegemonía política que ostentaba el Partido Justicialista en Formosa desde 1973 en una hegemonía personal. En 2003 modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida. Un problema menos.
El sistema electoral también fue adaptado a la nueva etapa. Ante la unidad de una oposición que incluía a la UCR, sectores del peronismo y la candidatura progresista del cura Francisco Nazar, modificó la tradicional ley de lemas imponiendo la obligatoriedad de la candidatura única solo en el tramo de gobernador. La enorme ventaja que le brinda al oficialismo la posibilidad de crear infinitos lemas (muchas veces uno por barrio o por club social) adheridos a la boleta del gobernador sin límites para ser reelecto convirtió la hegemonía en irreversibilidad electoral.
Formosa nos muestra que abandonar el terreno de la defensa de los DDHH a un sector parasitario, cuyo único rol es otorgar salvoconductos a sus jefes políticos, es un error gravísimo.
Esta descripción pretende contestar a la pregunta inicial. Insfrán no es un remanente de un estilo político perimido ni un aliado indeseable de un proyecto diferente, es un elemento central del esquema de gobierno de la versión dominante del justicialismo. La gestión de la pandemia solo fue el emergente de un modelo patrimonialista de control social que se reproduce en un escenario de pobreza estructural. Insfrán es el representante principal de un modelo que excede, con distintos grados de desarrollo, las fronteras formoseñas.
Formosa nos muestra que abandonar el terreno de la defensa de los DDHH a un sector parasitario, cuyo único rol es otorgar salvoconductos a sus jefes políticos, es un error gravísimo. Y nos debe hacer dudar de los contadores electorales cuando restan importancia estratégica a los distritos periféricos. Mucho más nos debe hacer dudar de quienes hacen gala de pragmatismo cuando consideran a estos modelos como inmodificables, condenando al atraso a miles de argentinos. Sin desmontar el sistema que otorga a los Insfrán un poder definitorio en las instituciones, será muy difícil remover los obstáculos del desarrollo argentino.
Así como está, Formosa no es un error. Es parte del diseño. Formosa sirve.
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