En marzo escribí en Seúl un artículo sobre los Entes Cooperadores, el opaco y sorprendente esquema de financiamiento paralelo de gastos públicos que comenzó a funcionar hace décadas en el Ministerio de Justicia para luego extenderse a otras áreas del Estado. También conté mis fallidos intentos como funcionario para transparentarlo, y sumar esos recursos y gastos al Presupuesto Nacional que se vota cada año en el Congreso.
La Oficina Anticorrupción (OA), que funciona en la órbita de Justicia, mereció un párrafo especial en la nota. Ante indicios de que la OA era también beneficiaria del sistema, me preguntaba: ¿Será posible que la agencia estatal encargada de velar por la ética, la integridad y la transparencia pública financie una parte importante de sus gastos con recursos desconocidos, aportados por una entidad tan insólita como la Asociación de Concesionarios de Autos (ACARA)?
La información presupuestaria más reciente de la OA me resultaba llamativamente austera: $84,9 millones gastados en 2020 y un total de $90 millones para todo 2021, apenas $7,5 millones por mes. Del total de gastos aprobados para 2021, el 76% son gastos salariales correspondientes a 54 empleados, de los cuales 51 pertenecen a la estructura de planta permanente, a los que se suman el titular de la Oficina y dos directores. ¿Eran estos fondos “en blanco” los únicos recursos y gastos de la OA, o había algo más?
¿Eran estos fondos “en blanco” los únicos recursos y gastos de la OA, o había algo más?
La publicación de la nota en *Seúl* hizo que mucha gente me contactara y me aportara nueva información, en particular sobre la OA y los recursos de ACARA, que vienen en buena parte de lo que los dueños de vehículos pagan en los registros de la propiedad automotor. Durante algunas semanas puse especial atención a las actividades públicas de la OA –seminarios de integridad, políticas de transparencia, lucha contra la corrupción– y más de una vez pregunté por las redes sociales (sin éxito) acerca del rol de ACARA en el financiamiento paralelo de sus actividades.
Ante la falta de respuesta a mis requerimientos informales, decidí avanzar con una herramienta más formal y efectiva: el pedido de información pública, amparado en la ley 27.275 de 2016. De forma relativamente sencilla, desde la página web de la OA y utilizando la plataforma de Trámites a Distancia, solicité información que algunas semanas después fue respondida con un email a mi casilla de correo electrónico.
La respuesta del ministerio
La respuesta del Ministerio de Justicia confirmó el funcionamiento en la Oficina Anticorrupción del sistema paralelo pagado por ACARA, con un tamaño importante si se lo compara con los recursos aprobados en el presupuesto oficial del organismo. De acuerdo a la información recibida, en 2020 la OA contó con 39 empleados contratados por ACARA, que se sumaron a los 51 de su planta permanente oficial.
Los gastos paralelos financiados por ACARA totalizaron $48,2 millones, de los cuales $47,5 millones corresponden a salarios, adicionales, contribuciones e incentivos salariales, y el resto a viáticos y otros gastos corrientes. Es decir, en 2020, ACARA le proporcionó a la OA un 57% más de fondos respecto a su ejecución presupuestaria, fondos que fueron destinados mayormente a sobresueldos para el personal, y a financiar el costo de un grupo adicional de 39 personas que trabajan en la OA pero no forman parte de la planta del organismo ni son empleados públicos.
Más allá de estos datos, la respuesta de la OA me generó nuevos interrogantes: ¿También el titular de la OA y sus directores cobran sobresueldos con fondos de ACARA? ¿Hay otros Entes Cooperadores que financien gastos adicionales en la OA? Y la pregunta más importante: si ACARA financia gastos equivalentes al 57% del presupuesto blanco de la OA, ¿a cuanto asciende el monto total de gastos pagados por ACARA y los demás Entes Cooperadores en todo el Estado Nacional? ¿Cuántos empleados trabajan para el Estado bajo este esquema irregular?
¿Con qué legitimidad los empleados de la OA capacitan y controlan al resto del Estado en temas de integridad y transparencia cuando una parte sustancial de sus ingresos surge de un sistema oculto?
Debería resultar inaceptable que exista en la administración pública un sistema paralelo de gastos como éste, al margen del presupuesto aprobado en el Congreso, por fuera de la cuenta única del Tesoro y sin supervisión de los organismos de control. Pero mucho más grave aún es que dicho sistema funcione en la órbita de la Oficina Anticorrupción, el organismo encargado de velar por la transparencia y la integridad en el sector público. ¿Con qué legitimidad los empleados de la OA capacitan, supervisan y controlan al resto del Estado en temas de integridad y transparencia, cuando una parte sustancial de sus ingresos surge de un sistema oculto contrario a todas las buenas prácticas en la administración financiera pública?
En pocos días será presentado al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto para el 2022. Será una nueva oportunidad para sacar a la luz al sistema de los Entes Cooperadores y revisarlo integralmente. Esperemos que al menos la Oficina Anticorrupción abandone este esquema de financiamiento paralelo, y pueda mostrarle a la sociedad que sus empleados, gastos y recursos son solamente aquellos que el Congreso le aprueba en el Presupuesto Nacional.
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