Fuego Amigo

La chispa y el pasto seco

Más que la necesidad de una Ley de Humedales, incendios como los de Corrientes revelan que el Estado debe estar mejor preparado para enfrentar situaciones inevitables.

En medio de los fuegos y las cenizas, los detalles pueden parecer irrelevantes, pero tal vez llegue el momento en que ayuden a comprender las causas y analizar las derivaciones de los incendios que están ocurriendo en Corrientes. Y tal vez —pero solo tal vez— hasta puedan contribuir a que, cuando haya una nueva sequía, los próximos incendios no tengan la escala de los actuales.

Los esteros del Iberá —y, más genéricamente, los humedales que ocupan buena parte de la provincia de Corrientes— ocupan una amplia depresión que tiene como límites las alturas que bordean los ríos Paraná y Uruguay. Es un área que se extiende a lo largo de varios cientos de kilómetros, con una pendiente mínima de dirección noreste a sudoeste y sobre la cual el agua corre muy lentamente. El paisaje original está constituido, esencialmente, por malezales y pastizales y pequeños manchones de bosque, todo ello atravesado y recorrido por una trama de cuerpos y cursos de agua. En el curso del tiempo, ese paisaje se vio modificado, primero por la incorporación del ganado vacuno, y después, por las arroceras y las implantaciones forestales de pinos y eucaliptos.

En años normales, el área recibe, además del agua de los ríos, entre 1.200 y 1.800 milímetros de lluvia. La mayor parte —otra vez, en años normales— se evapora, y el resto permanece en los esteros, bañados y madrejones durante períodos variables, dando cuenta de los cambios de nivel, y con ellos, las modificaciones en la distribución y superficie de los cuerpos de agua. El sistema, en su conjunto, se encuentra en una suerte de equilibrio dinámico; esto es, un sistema en el que se producen oscilaciones regulares (estacionales) e irregulares (determinadas por las diferencias entre año y año) pero que, visto en plazos medianamente extendidos, se mantiene relativamente libre de cambios. O, para ser más precisos, que, frente a los cambios, exhibe una tendencia a volver al estado anterior.

Y que, aun si dicho hoy suena insensible, es posible que eso sea lo que ocurra también esta vez. El problema es que, según se ha visto en tantas ocasiones, los tiempos de los sistemas naturales son unos, y los de los elementos que los componen —y, entre ellos y de manera especial, los de los seres humanos y las actividades que desarrollan—, otros. Así, bastaron dos o tres años de sequía y una primavera con temperaturas más elevadas que lo habitual para que el fuego, que siempre estuvo presente pero que normalmente tiene efectos estrictamente locales, se convierta en un drama que ha hecho trizas el trabajo, las ilusiones y la vida de un gran número de personas.

Culpables por soluciones

Mientras tanto, podemos leer, ver y oír cada vez más declaraciones orientadas a señalar a los culpables. Los incendios, según algunos, son el resultado de la quema de pastizales, la tala de árboles nativos o, casi por el contrario, la siembra de pinos y eucaliptos. Y, aunque todavía en voz baja, ya se empieza a agregar a esa lista a los propietarios de tierra extranjeros, a los “que vienen por el agua” y a los responsables del cambio climático.

Para otros, en cambio, la escala de los incendios está alimentada por una política de conservación demasiado estricta, que ha dado pie a la acumulación de una gran cantidad de materia vegetal seca y a la desaparición de los canales y los cortafuegos asociados a las actividades agropecuarias y madereras. Y eso es solo el principio; porque antes de que pudiéramos comprender a quiénes les debemos atribuir el inicio de los incendios, se empezaron a oír las acusaciones a quienes hacen que se haya vuelto tan difícil apagarlos.

Si nos dejamos llevar por los antecedentes, es probable que en las próximas semanas aparezcan nuevos sospechosos; hasta que sean tantos que ya no importe. Porque, con tantos culpables, será difícil saber cómo evitar que se repita una catástrofe que, para entonces, ya habrá dejado de ser noticia. Pero hoy, a pesar de la vehemencia de los acusadores y de sus acusados, los fuegos siguen ahí, y así como están las cosas, es posible que la medida más efectiva para combatirlos no provenga de algún organismo oficial sino del cielo, bajo la forma de agua de lluvia.

La Argentina es el octavo país más extenso de la tierra, y no debería sorprendernos que, en medio de una sequía prolongada, los incendios se multipliquen.

La Argentina es el octavo país más extenso de la tierra, y no debería sorprendernos que, en medio de una sequía prolongada, los incendios se multipliquen. En el curso del último año, el fuego afectó grandes superficies en distintos sectores de la provincia de Córdoba, en la Comarca Andina, en las inmediaciones de la Península Valdés, en el Delta del Paraná. Seguramente, cada uno de esos focos de incendios tuvo causas y características específicas, pero hay hechos que se repiten: las vidas destrozadas y los bienes destruidos; los animales, tanto silvestres como domésticos, muertos o condenados a morir en un corto plazo; las acciones, a veces desesperadas y siempre heroicas de los brigadistas y de los pobladores; las muestras conmovedoras de solidaridad.

También se repiten, tristemente, las palabras y los hechos que sugieren que el Estado no está preparado para enfrentarlos. Porque, aunque es cierto que cada incendio puede ser el resultado de un proceso natural o de una acción humana impredecibles, también lo es que, si se juntan la chispa y el pasto seco, el fuego se va a producir. Puede ser en un sitio o en otro y un día antes o un día después, y hasta podría ocurrir que, por pura buena suerte, se apague. Pero lo que no puede ser es que, cuando se vuelva necesario actuar, nos demos cuenta, una vez más, de que los recursos no están disponibles; sea porque no se previeron, porque están lejos, porque no funcionan o, lo peor de todo, porque, ante el riesgo de fracasar, alguien elija esconderse y dejar que se ocupe otro. Y que, en lugar de esos recursos, se ofrezcan culpables.

Las leyes no hacen magia

En los últimos días, hubo distintos grupos que reclamaron la sanción urgente de una ley de humedales como si la elaboración de un inventario nacional de zonas inundables, la elaboración de un plan de manejo aplicable a ellas y, por supuesto, la creación de una autoridad de aplicación y un fondo nacional de humedales que esa autoridad administre fueran a traer la solución del problema. En el curso de los últimos diez o doce años, hubo distintos proyectos de ley orientados a mejorar el estado de los humedales de la Argentina que, por distintos motivos, perdieron estado parlamentario. Dada la escala y la importancia económica, social y ambiental que tienen esas áreas, eso es algo que debería remediarse.

Sin embargo, resulta difícil aceptar que ese remedio —y, más importante que el remedio, la discusión que lo preceda— deba producirse ahora. Es cierto que si existiera —en el marco de la Ley de Humedales o en cualquier otro— un programa orientado a integrar aspectos ambientales, productivos, agropecuarios y territoriales, podría pensarse en diseñar y proponer cambios en las formas de uso de las áreas rurales y silvestres. Pero aun así habría que asumir que ni ese programa ni ningún otro puede prever todos los escenarios y que, por más esfuerzo y por más atención que uno ponga en lo que sea que haga, los accidentes existen.

Cuando los incendios se apaguen lo primero que habría que preguntarse es qué se hizo —y qué no se hizo— durante los dos larguísimos años en los que faltó lluvia y sobró fuego.

Entonces, sea como parte de ese programa imaginario o, más humildemente, como un mecanismo que nos ayude a lidiar con el sistema en que vivimos, es indispensable prever qué es lo que debe hacerse cuando las cosas salen mal. Porque, a la hora de enfrentar al fuego, de poco sirve discutir cómo se manejaron los pastizales; qué especies arbóreas se eligieron para los programas de forestación; cuánta agua se destinó a las plantaciones de arroz y cuál fue el grado de intangibilidad que se asignó a las distintas áreas protegidas. Hubo muchas oportunidades en las que hubiera sido adecuado analizar esos y tantos otros temas de política ambiental, y seguramente habrá muchas más. Pero hoy lo que cuenta son los incendios, y cuando los incendios se apaguen lo primero que habría que preguntarse es qué se hizo —y qué no se hizo— durante los dos larguísimos años en los que faltó lluvia y sobró fuego.

Los incendios siguen en curso, y cualquier final que se pretenda darle a la historia será forzosamente provisorio. Hace algunos días se sugirió que los incendios pudieron haberse originado en la falla del motor de un tractor. Aun si no tenemos motivos para dudar de los estudios que llevaron a esa conclusión, no se puede dejar de pensar que, si bastó la falla de un motor para desatar el infierno, en algo nos equivocamos. O, todavía más inquietante, que el infierno estaba más cerca de lo que creíamos.

 

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Alejandro Winograd

Biólogo, editor y escritor. Consultor en proyectos de conservación y desarrollo en áreas naturales de Tierra del Fuego. Director de la Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo (EUDEBA–Museo del Fin del Mundo). Autor de varios libros acerca de la Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas.

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