Incendios, pandemia, sequías, inundaciones, más incendios, guerra… En ésas y en tantas otras de las crisis que nos ha tocado vivir en tiempos recientes hubo encendidos debates que incluyen, cada vez en un espacio más destacado, los aspectos ambientales. Las posiciones que se oyen son, como en todo buen debate, las más variadas, pero la mayor parte de ellas comparten una cierta dificultad para integrar, de manera inteligente, la producción y el crecimiento económico con el cuidado de la salud pública y la conservación del medio ambiente. Ese objetivo, la articulación de términos que podrían parecer antagónicos, fue central en las primeras etapas del diseño de una agenda ambiental global, pero parecería que, al menos en la Argentina de hoy, se ha convertido en un recuerdo. Y, a veces, ni siquiera eso.
La construcción de una agenda ambiental —parcial y sesgada— por parte del kirchnerismo y de algunas agrupaciones de izquierda dieron pie a una serie de supuestas certezas que podrían resumirse en una suerte de identificación entre una agenda ambiental y una serie de actitudes anti empresariales. Al mismo tiempo, el crecimiento de una corriente neoconservadora que atrae a un número creciente de votantes y, en particular, de votantes jóvenes, ha comenzado a permear en el discurso del resto de los espacios políticos. Así, vemos como ganan fuerza, por ejemplo, posiciones que niegan el cambio climático y que se estructuran, en buena medida, en la decisión de confrontar con los movimientos ambientales y sus agendas.
Vemos cómo dos campamentos políticos aparentemente enfrentados coinciden en considerar que instrumentos tales como el Acuerdo de París constituyen un engaño.
Ambos extremos comparten la desconfianza en el valor de los acuerdos multilaterales orientados a establecer reglas comunes —y eventualmente globales— acerca del desarrollo, el comercio o la cooperación. De hecho, y aunque resulte paradójico, vemos cómo dos campamentos políticos aparentemente enfrentados coinciden en considerar que instrumentos tales como el Acuerdo de París constituyen un engaño, una amenaza o, peor aún, los pilares de una conspiración. De esta forma, una buena parte —posiblemente la más compleja, pero a la vez, la más promisoria— de las perspectivas ambientales que se discuten en el mundo no forman parte ni de los debates ni de los proyectos vinculados a la definición de una política ambiental a ser aplicada en la Argentina. Y es así como, mientras se repiten consignas y slogans que no tienen, ni siquiera, la gracia de la originalidad, nuestro país pierde recursos, ecosistemas y oportunidades de desarrollo económico en inserción global.
Este panorama impulsó a un grupo de referentes y profesionales del área ambiental a formular un programa de alerta orientado a llamar la atención de la dirigencia frente a los problemas climáticos y ambientales que nos tocan. Si un debate defectuoso cristaliza el desinterés en esos problemas, la crisis económica y social que atraviesa la Argentina será más difícil —posiblemente, mucho más difícil— de superar.
Un documento apegado a la realidad
Los firmantes del documento “Crisis ambiental: la agenda pendiente de Argentina”, provenimos de diferentes expresiones del ambientalismo, con visiones y experiencias sumamente diversas. Sin embargo, coincidimos en considerar que los dirigentes políticos, empresarios y gremiales prestan poca atención a la agenda de la sostenibilidad, a pesar de que esa agenda está llamada a ser determinante en el derrotero de las próximas décadas. O, puesto de otro modo, que la incorporación de las variables ambientales es esencial en la toma de decisiones que se adopten respecto del presente y del futuro.
Si queremos exportar más, tendremos que adaptarnos rápidamente a una nueva realidad: la dimensión ambiental es una de las tendencias insoslayables que determinarán los modelos del crecimiento económico y el comercio global de las próximas décadas. Y, para integrarnos en ellos, es esencial que podamos medir, monitorear y controlar con severidad aspectos tales como la tasa de deforestación, los niveles de sobrepesca y las consecuencias ambientales derivadas de la explotación de los recursos naturales. Y, junto con ello, que seamos capaces de ofrecer productos que exhiban garantías de sostenibilidad, trazabilidad y transparencia.
El documento procura señalar el impacto asociado a distintos sectores productivos y proponer algunas recomendaciones orientadas a lograr que el desarrollo del país sea verdaderamente sostenible.
El documento procura señalar el impacto asociado a distintos sectores productivos y proponer algunas recomendaciones orientadas a lograr que el desarrollo del país sea verdaderamente sostenible. Los recursos son finitos y su administración debe ser eficiente y responsable, y eso sólo podrá lograrse con el diseño de políticas sectoriales específicas que abarquen cada uno de los aspectos de los procesos productivos, desde la generación de energía hasta el manejo y la disposición de los residuos.
El potencial de generación de energías limpias de la Argentina es enorme, pero es muy difícil que la transición energética prospere si el desarrollo de las fuentes alternativas (solar, eólica, bioenergética, etc.) debe competir con los subsidios que recibe la producción de combustibles fósiles. La promoción de inversiones en el sector de los hidrocarburos debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos de mitigación del efecto invernadero a los que se comprometió nuestro país. Solo así podremos iniciar la transición energética; uno de los vectores esenciales que nos permitirá integrarnos en la economía del futuro.
Nuestro déficit en materia de bosques y humedales es inmenso. Se trata de ecosistemas valiosos y frágiles que requieren para su cuidado un plan de acción complejo y concertado. Sin embargo, lo que en verdad ocurre es que cada uno de los posibles responsables de su manejo se ocupa de “pasar la pelota” y evadir, en todo lo que pueda, su cuota de responsabilidad. Las autoridades provinciales continúan otorgando permisos de desmonte, en violación de lo que establece la Ley de Bosques y, mientras tanto, el Congreso de la Nación sigue dilatando la sanción de una Ley de Humedales llamada a regular aspectos esenciales de uno de los tipos de ambiente más ampliamente distribuidos en el país.
Parecería que en la Argentina todavía persiste la vieja y errada noción de que las normas ambientales constituyen un freno al desarrollo.
Parecería que en la Argentina todavía persiste la vieja y errada noción de que las normas ambientales constituyen un freno al desarrollo. Lejos de eso, la ausencia de regulaciones precisas atenta contra la seguridad jurídica que requieren las inversiones de cierto calibre. Su ausencia, en cambio, solo puede resultar eficaz para concitar acciones destructivas y búsqueda de beneficios de muy corto plazo. Los proyectos de largo aliento requieren no sólo un sistema de reglas claras, sino también uno que las proteja de litigios y de competidores desleales e irresponsables. Basta con una mirada a lo que ocurre en el resto del mundo para verificar que, lejos de constituir una barrera, las regulaciones ambientales son algo así como la marca de agua de los modelos de crecimiento más dinámicos.
Como parte de la agenda pendiente, el documento señala el cerrojo de la actividad minera. El alto grado de conflictividad que acompaña a la mayor parte de los proyectos de explotación minera es producto de la incapacidad para acordar planes de ordenamiento y mecanismos de supervisión y control. Las causas de desconfianza son muchas, y podrían citarse, sólo como ejemplo: la falta de transparencia y la sospecha de acuerdos hechos por debajo de la mesa; los actos de violencia contra activistas y organizaciones que se oponen a la actividad; los derrames de sustancia contaminantes y los efectos sobre los glaciares u otros ambientes frágiles. Pero es poco lo que se logra si las únicas alternativas a esa desconfianza son la oposición total, la prohibición y la parálisis.
Salvando las diferencias de escala e inserción, algo parecido podría decirse acerca de la industria agroalimentaria, que está forzosamente llamada a aumentar la calidad y reducir el impacto de sus procesos productivos. Y, ya en un plano quizás más amplio, es esencial que la política climática deje de ser meramente declarativa y se transforme en uno de los ejes rectores sobre las cuales se defina el desarrollo de los distintos componentes de la economía. El documento destaca la necesidad imperiosa de generar un plan de adaptación a la crisis climática a través del cual cada provincia, cada municipio y cada jurisdicción se preparen para proteger sus recursos y, sobre todo, a sus habitantes.
Nos toca enfrentar cuatro crisis, o si se quiere, una única gran crisis con cuatro dimensiones: la pandémica o post pandémica, la económica y social, la geopolítica y la ambiental. Si no las consideramos en conjunto, es muy difícil que encontremos una salida. Ojalá estemos a la altura del desafío.
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