La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, lamentó en una entrevista que muchos estudiantes hayan abandonado la escuela por la pandemia. Y agregó que “hoy es muy tarde para salir a buscarlos”, porque “seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”. Parece claro que no quiso decir que todos los niños que dejaron la escuela tuvieron ese destino, sino que lo señaló como una posibilidad. Su intención fue ponderar la importancia de la escuela, sobre todo para los sectores más vulnerables. No hace falta ser un experto en educación para comprender que es mejor que los chicos estén en las aulas que en las calles, especialmente en situaciones de marginalidad.
Sin embargo, las usinas kirchneristas aprovecharon esas manifestaciones para denunciar que Acuña estigmatizaba a los niños pobres. La apelación al estigma es un clásico del kirchnerismo. En 2015, cuando era ministro de Economía, Axel Kicillof, ante una pregunta sobre cuántos pobres había en nuestro país, respondió: “Cuántos pobres hay es una pregunta bastante complicada. Últimamente no tengo el número de pobres, me parece que es una medida un poco estigmatizante”. De igual modo, los gremios docentes enrolados en ese cuadrante ideológico suelen decir que las pruebas educativas, como las PISA, son estigmatizantes.
Las usinas kirchneristas aprovecharon para denunciar que Acuña estigmatizaba a los niños pobres. La apelación al estigma es un clásico del kirchnerismo.
Pero será muy difícil combatir la pobreza o la falta de educación si no sabemos dónde estamos parados. ¿Cómo evaluar la eficacia de una política pública sin medir sus resultados? En todo caso, para los pobres no es estigmatizante figurar en una estadística como pobres, sino serlo. Pero esta última es una dimensión de la realidad, no de las palabras; es un hecho, no un símbolo. Por lo tanto, es algo ajeno a los dominios de los gobiernos kirchneristas y sus satélites intelectuales. No importa que Acuña haya exhibido una verdad muy triste; su pecado es haberla nombrado.
Pocas horas después de esas declaraciones intervino, con una celeridad que el Gobierno no logra aplicar en ninguna política sustantiva, el previsible Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que emitió un comunicado de repudio a la ministra Acuña:
Implica un grave daño institucional que la ministra Soledad Acuña se haya dirigido de manera discriminatoria a la población receptora de sus políticas. Más aún tratándose de menores de edad de grupos históricamente vulnerabilizados, que durante los últimos años tuvieron que sufrir además los efectos de una pandemia (…) El impacto de la pandemia desató una situación inédita en lo social, lo educativo y lo sanitario, dejando cifras dramáticas particularmente para los, las y les niñes en nuestro país; deficiencias elementales en condiciones básicas en un momento en que se encuentran en proceso de crecimiento (…) Las declaraciones de la ministra porteña demuestran, en cambio, sus prejuicios ideológicos elitistas y un desprecio a la cosa pública en general, sesgo personal que ha manifestado en otras oportunidades y que es compartido por parte de su entorno político.
Todo está mal en esa declaración. Si alguien que no conoce lo que sucedió en la Argentina en los últimos dos años la lee, piensa que el Gobierno porteño impidió que hubiera clases pese a los esfuerzos del Gobierno nacional, al que el INADI representa. Pero es al revés. Aquel debió interponer una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para que se admitiera la validez de las clases presenciales. Por otra parte, el texto transcripto es puramente político. Aunque lo que dice es groseramente falso, uno podría entenderlo como una chicana de un diputado kirchnerista. Lo grave es que emana de un organismo que debería ser técnico. El sesgo que se atribuye a Acuña “es compartido por parte de su entorno político”. ¿De dónde surge esto? ¿Cuáles son las actuaciones que se labraron y en las que consta esa aseveración? ¿Se le corrió, además, traslado a la funcionaria imputada de tales calamidades para que ejerza alguna mínima defensa?
Es un modus operandi del INADI kirchnerista. En primer lugar, asume una función de censor que ni la Constitución ni las leyes le otorgan.
No es un caso aislado. Es un modus operandi del INADI kirchnerista. En primer lugar, asume una función de censor que ni la Constitución ni las leyes le otorgan. La libertad de expresión que garantiza nuestro ordenamiento jurídico es amplísima y comprende, por cierto, el uso de las palabras que cada uno prefiera. Quienes juzgan las opiniones no son los jueces ni mucho menos los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino los demás ciudadanos, que las aprueban o rechazan, sin que esa valoración tenga ningún efecto jurídico. Sólo en casos muy excepcionales, cuando, por ejemplo, se imputa falsamente un delito a una persona, esta tiene a su disposición acciones civiles y penales (muy restringidas ahora) contra el ofensor. En cuanto a las opiniones, son libres. La peculiar manera de expresarlas, cuando es evidente el propósito injurioso, podría originar alguna responsabilidad. Pero, en todo caso, son las personas afectadas las que tienen el derecho de acudir a la justicia.
A esta observación general debe añadirse que la pretensión de censura del INADI, siempre cuestionable, es sumamente selectiva. El discriminador es el otro, entendiendo por tal a cualquiera que se oponga al kirchnerismo. Si se trata de la propia tropa, los dictámenes del organismo son muy benévolos. Habría que denunciar al INADI ante el INADI.
A propósito, los opositores suelen cometer un serio error cuando ellos mismos formulan denuncias de ese tipo ante el organismo intervenido por Victoria Donda. Creen que hacen una picardía, que incomodan a los funcionarios del INADI, pero no advierten que de esa forma legitiman un instrumento de persecución política. Ni Donda (por cuya conducta ilegal en el caso de su empleada doméstica debió haber sido removida del cargo) ni el INADI tienen la misión paternalista de custodiar las opiniones.
Nadie niega que el Estado debe actuar contra la discriminación ilegal o arbitraria. De hecho, ha asumido compromisos internacionales en la materia. Pero si el INADI, en lugar de cumplir la función para el que fue creado en 1995, se dedica a ser un brazo ejecutor de la persecución política de los gobiernos de turno, sería mejor cerrarlo.
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