En un abierto desafío a las más elementales reglas diplomáticas, embajadores kirchneristas parecen lanzados en las últimas semanas a intervenir activamente en los procesos políticos en países vecinos. Acaso sin saberlo, están emulando al protagonista de la mayor injerencia en un proceso electoral que tuvo lugar en la Argentina: el embajador estadounidense Spruille Braden, en 1945.
El lunes pasado, el embajador en Chile, Rafael Bielsa, se inmiscuyó en el proceso electoral en ese país al atacar a uno de los candidatos –el derechista José Antonio Kast– calificándolo de “antiargentino”, “pinochetista” y “xenófobo”. Y lo comparó con el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y con el expresidente norteamericano, Donald Trump. Habría que reconocerle a Bielsa la capacidad de síntesis. En una misma declaración se inmiscuyó en la política interna de Chile, Brasil y los Estados Unidos. En respuesta, Kast aseguró que en caso de ser elegido buscará tener “las mejores relaciones diplomáticas con la Argentina” y aseguró que ese vínculo se afianzará en base a “una relación de Estado, de respeto mutuo y colaboración”. Y criticó el comportamiento del embajador argentino responsabilizándolo de conducirse en forma inversa a la esperada para conseguir esos fines.
Pero las palabras de Bielsa no sólo irritaron al candidato de la derecha. También indignaron al de la izquierda.
Pero las palabras de Bielsa no sólo irritaron al candidato de la derecha. También indignaron al de la izquierda. Gabriel Boric indicó que “no corresponde que un embajador intervenga en la política interna de un país”, manifestando su desagrado por la intromisión del representante argentino. La capacidad de Bielsa para el error parece no tener límite. Logró el dudoso mérito de contar con la animosidad asegurada del futuro presidente de Chile, sea uno u otro el consagrado en el balotaje del 19 de diciembre.
Un mes antes, el mismo Bielsa había protagonizado otro episodio que puso en entredicho su accionar en Chile, cuando se erigió en una suerte de abogado defensor del detenido Facundo Jones Huala, líder del grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien cumple una condena en Chile.
En tanto, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, participó pocos días más tarde en una caravana organizada por Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso, como para no dejar dudas, en ese marco realizó un encendido discurso. La presencia del embajador argentino en la llamada Marcha por la Patria fue acompañada por la de su colega nicaragüense Elías Chévez, embajador de la dictadura Ortega-Murillo.
La actitud de Basteiro despertó críticas e indignación en la oposición boliviana. Legisladores de los bloques opositores al gobierno socialista anunciaron que pedirán la expulsión del embajador argentino. Consideran que, al apoyar al MAS, Basteiro incurrió en una evidente injerencia política. Y adelantaron que promoverán una declaración de “persona no grata” al representante argentino desde el Parlamento.
El aval del Gobierno
Otros episodios merecen señalarse. En un acto menos significativo, pero que puede ser englobado en la misma práctica de expresar públicamente imprudentes preferencias políticas en otros países, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, recibió calurosamente al expresidente brasileño Lula da Silva en la sede de su embajada en Madrid. Por supuesto, el líder del Partido dos Trabajadores (PT) es una figura de envergadura histórica, que merece ser recibido en una embajada de un país hermano. Pero en estos momentos Lula también asoma como contendiente del actual mandatario, Jair Bolsonaro, y la promoción de ese encuentro no puede ser leída sino como una nueva provocación a las actuales autoridades brasileñas.
Ninguna de estas actitudes sería tolerada de no mediar un aval a la actuación de estos embajadores. En efecto, el primer responsable de esta política exterior, basada en criterios partidarios e ideológicos, es el propio Presidente.
El primer responsable de la política exterior basada en función de criterios partidarios e ideológicos es el propio Presidente.
Tal vez la mayor demostración de este fenómeno ocurrió el 26 de junio del año pasado, cuando Alberto Fernández confundió su rol como Presidente de la Nación con su condición de militante político. Aquel día, durante una conferencia virtual organizada por la UBA, Fernández tuvo expresiones que condensan aquello que debería evitarse en la materia diplomática. El Presidente logró el curioso mérito de enemistarse, en un solo acto, con los gobiernos de los Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Chile. Y, olvidando su condición de Jefe de Estado de una nación soberana, se entregó a un ejercicio de elogios al expresidente Lula –calificándolo de “hombre inmenso para la América Latina”– y se lamentó de que no fuera presidente del Brasil en ese momento. Declaraciones impropias que solamente pudieron agredir a quien es el actual mandatario brasileño, con quien Fernández no se ha reunido en casi dos años desde su asunción. Logrando así el costoso récord de haber congelado a nivel presidencial la relación con nuestro principal socio en el mundo, pese a los buenos oficios del dinámico embajador Daniel Scioli.
Fernández no solamente destrató a Bolsonaro. Aquel día, nostálgico, añoró no contar con Néstor Kirchner, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Fernando Lugo, Evo Morales, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos o Rafael Correa y hasta confesó extrañar al fallecido Hugo Chávez, fundador de la dictadura que hoy perpetúa su sucesor Nicolás Maduro. A su vez, también el vínculo bilateral con Ecuador se vio dañado por la diplomacia de la administración Fernández-Fernández, cuando el Presidente calificó de desleal al entonces presidente Lenin Moreno durante un encuentro del llamado Grupo de Puebla en mayo.
Acaso sin proponérselo, Alberto Fernández y sus representantes parecen atrapados por una suerte de síndrome de Braden.
Acaso sin proponérselo, Alberto Fernández y sus representantes parecen atrapados por una suerte de síndrome de Braden, aquel arrogante y torpe embajador norteamericano que en 1945 intentó arruinar las chances electorales del entonces coronel Juan Domingo Perón en su ascenso al poder. Consiguiendo lo contrario, pero dañando seriamente las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos a través de una burda campaña de intromisión en un proceso electoral.
La cínica “no injerencia”
A su vez, la reiterada conducta del gobierno argentino de inmiscuirse en la política doméstica de prácticamente todos los países sudamericanos se ve acompañada por la cínica alusión al criterio de “no injerencia” esgrimido por las mismas autoridades a la hora de abstenerse de cuestionar las violaciones de derechos humanos en las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Política que ha llevado al representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, a convertirse en un virtual abogado defensor de esos regímenes en el organismo, a través del inaceptable criterio según el cual las violaciones de los derechos humanos sólo merecen ser condenadas si son practicadas por gobiernos de derecha pero no si surgen de tiranos de izquierda.
Los costos y limitaciones de una política exterior basada en primitivas razones ideológicas, como la desplegada por la diplomacia Fernández-Fernández, son cada vez más evidentes tras dos años de gobierno, habiendo deteriorado prácticamente todos los vínculos bilaterales con las capitales sudamericanas respecto de las que existían al finalizar la administración del presidente Macri.
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