La opacidad es uno de los rasgos predominantes del gobierno nacional. Y una opacidad, digamos, paradójicamente radiante, a la vista de todos. Ahí está como ejemplo el Ministerio de Salud, el más atareado durante este primer tercio de mandato y cuyo máximo responsable debió renunciar tras revelarse la oscura aplicación del programa de vacunación contra el covid-19. Se trató de un hecho extremo pero alineado con numerosos antecedentes: el manejo discrecional de los datos relativos al avance de la enfermedad, el ocultismo a la hora de contratar laboratorios y de negociar la compra de vacunas, etc. Como sintetizó Hernán Iglesias Illa: el gobierno no podía ni puede actuar de otra manera. Algo similar, igual de opaco e igual de previsible, sucedió en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la salida de la ministra Marcela Losardo.
Los medios de comunicación especulan con que la renuncia-eyección de Losardo obedeció a un conflicto interno: Losardo habría estado en desacuerdo con el ala vicepresidencial del oficialismo y su política de disciplinar al Poder Judicial, política orientada, en último término, a erradicar su condición de contrapeso constitucional. En este marco, el discurso de Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la semana pasada, seguido del frenesí de Cristina Kirchner en su comparecencia judicial, habrían sellado la suerte de la ministra. La hipótesis de los columnistas parece verosímil y hasta puede tener el aval de fuentes directas. No obstante, hay aspectos que permanecen en la oscuridad, que no explican por qué se llegó a la situación actual.
La incoherencia más notoria tiene que ver con el rol del Ministerio de Justicia en el plan llevado adelante por el kirchnerismo. ¿Acaso la conducta de Losardo constituye un obstáculo insalvable para tomar por asalto el Poder Judicial? ¿O, dejando a un lado lo personal, es necesario el concurso institucional del Ministerio de Justicia a fin de satisfacer tales ambiciones? Para responder, vayamos a la raíz, la Ley de Ministerios, cuyo artículo 22 regula las funciones de la cartera en disputa.
la manzana rodeada
Algunas de las atribuciones del Ministerio de Justicia son de carácter técnico y ejercidas por oficinas especializadas con cuerpos normativos propios: Inspección General de Justicia, la Escribanía General de Gobierno, el Registro de Mediadores, el Registro Nacional de Reincidencia y el Registro Nacional de Armas. Otras competencias enumeradas por el artículo 22 fueron asignadas a organismos descentralizados bajo el supuesto control del ministerio. Un caso es el del inciso 19° relativo a las políticas de “no discriminación de grupos o personas”, en la órbita del INADI. Otro es el del inciso 9°: el Ministerio entiende “en la organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del Estado Nacional en juicio a través de la Procuración del Tesoro”. La Procuración, comandada por Carlos Zannini, aprovecha al máximo su autarquía legal y es muy dudoso que coordine tarea alguna con el Ministerio de Justicia. De hecho, la ley establece que el Procurador tiene jerarquía equivalente a un ministro y reporta directamente al Presidente de la Nación, algo también difícil de creer. Y no olvidemos que el Ministerio interviene en “los programas de lucha contra la corrupción del Sector Público Nacional” y actúa “como parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional”. Pero el organismo con competencia en esa materia, la Oficina Anticorrupción, depuso el año pasado los deberes que le impuso su decreto de creación. Resumiendo, ninguno de dichos entes públicos, ni los técnicos ni los descentralizados, obstruye el plan de operaciones kirchnerista. Al contrario.
Ninguno de dichos entes públicos, ni los técnicos ni los descentralizados, obstruye el plan de operaciones kirchnerista. Al contrario.
Entonces solo queda como posible explicación la función primordial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A tal efecto, el ministro entiende y asiste al Presidente en las relaciones con las distintas instancias de los jueces nacionales y federales, con el Ministerio Público Fiscal, con la Defensoría del Pueblo (aunque sin mucho trabajo en esa área, vacante desde hace una década) y con el Consejo de la Magistratura. Aquí las aristas se multiplican, se multiplican los personajes e ingresamos en el terreno de las conjeturas.
Por un lado, quien ejerce ese papel de intermediario, de puente con el Poder Judicial, parece ser el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Si esa información es correcta, y la organización espejo de la nomenklatura que caracteriza al kirchnerismo la valida, solo puede haber dos razones para postergar a la ministra de un rol que no desempeñaba en la práctica: 1) la avidez de los funcionarios intermedios por ocupar las vacantes generadas o 2) la pretensión de la contraparte del vínculo, los jueces, de que la cabeza del Ministerio asuma ese rol, buscando desautorizar al secretario. Sea uno u otro caso, o ambos, el criterio adoptado por Losardo en la política judicial del gobierno parece irrelevante ante la lucha para concentrar el poder interno.
Un organigrama paralelo
La opacidad se intensifica si miramos el asunto desde una óptica distinta, alejada de las teóricas querellas jerárquicas del Ministerio. Afuera del organigrama, existe uno paralelo. El kirchnerismo desplegó una clásica estrategia totalitaria para pulverizar o colonizar aquellos organismos o entidades públicas o privadas que no controla por completo. Esta estrategia consiste en crear instancias dentro y fuera de la administración (comisiones, comités, asociaciones, etc.), con funciones duplicadas, superpuestas y contradictorias que socavan la competencia y el poder del organismo institucional. El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial –conocido por su alias de guerra: “Comisión Beraldi”– es un ejemplo claro.
Las tareas encomendadas por decreto a ese consejo paraestatal coinciden con las que el artículo 22 de la Ley de Ministerios atribuye al Ministerio de Justicia, el cual, como humillación final, fue obligado a sufragar los gastos y a nombrar un secretario para cooperar con el Consejo Consultivo. Lo mismo puede decirse del ámbito de actuación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Justicia, recién salida de fábrica. Su formación no se ajusta a las potestades constituciones del Congreso y colisiona con las atribuciones del Consejo de la Magistratura, donde, además, hay representantes del Poder Legislativo.
Más grave es el proyecto de un Tribunal Federal de Garantías para desviar o restringir la jurisdicción de la Corte Suprema, como represalia por un puñado de pronunciamientos adversos a los intereses del oficialismo y sus componentes. Sin ingresar en analogías del pasado local (ya explicadas aquí por Osvaldo Pérez Sammartino) e internacional poco favorables al oficialismo, la realidad es que el artículo 75 inciso 20° de la Constitución Nacional solo habilita el establecimiento de “tribunales inferiores a la Corte Suprema”, descartando los Tribunales Superiores del Pueblo o de Garantías o Políticos. El panorama se completa con el manantial de donde brotan estas ideas, el Instituto Patria, oblea mística del kirchnerismo, y el megáfono de integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asesores del Senado que actúan como satélites dogmáticos contra el Poder Judicial. El estado mayor conjunto en pleno.
Regresemos al punto de partida: el gobierno kirchnerista ha unificado los radares para combatir a los jueces, un viaje en el tiempo a 2013. Aquella vez el Ministerio fue el estandarte de la “democratización de la justicia” y el ministro Julio Alak, su mariscal de campo, lo que explica en parte su fracaso. Esta vez cambió el eufemismo pero la intención es la misma, excepto que el Ministerio de Justicia ha quedado al margen, mientras comisiones de facto absorben sus tareas y funcionarios subalternos se mueven en la clandestinidad.
La titular del Ministerio de Justicia no estorbó pero tampoco se comprometió absolutamente. Para el kirchnerismo es insuficiente compartir la responsabilidad: se precisa la unanimidad, la sumisión total al dogma.
El Ministerio de Justicia es prescindible en la consolidación del plan del Gobierno, no así el Congreso, que deberá sancionar las leyes de reforma, y el Consejo de la Magistratura, que deberá entablar los procesos soviéticos para “sanear” el Poder Judicial.
Con todo, pese a que no era necesario, el ala dura del Gobierno forzó el conflicto que culmina con la salida de Losardo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La incongruencia responde, con seguridad, a diversos motivos concurrentes, algunos especulados aquí, otros de índole que desconocemos debido al amplio espectro de participantes. Quizás la dirimente haya sido la razón más elemental: la titular del Ministerio de Justicia no estorbó pero tampoco se comprometió absolutamente. Para el kirchnerismo es insuficiente compartir la responsabilidad por los actos de gobierno, aun con hipotéticos reparos de opinión: se precisa la unanimidad de las autoridades públicas, la sumisión total al dogma. La ministra jamás ofició de dique o freno del kirchnerismo. Solo ofició de empapelado, una apariencia de matiz para los ilusos. Bueno, arrancaron el empapelado. La opacidad cada vez más radiante.
