Tribuna

Un atentado al futuro

El debate sobre el cierre de escuelas revela la improvisación del Gobierno Nacional y su incapacidad para ver más allá de la falsa antinomia entre educación y salud.

El año pasado pedimos insistentemente que se atendiera la catástrofe educativa y se declarara la emergencia en todo el país para que la educación fuera considerada una actividad esencial. Durante meses buscamos que el Congreso discutiera la crítica realidad de un sistema que hablaba de “continuidad pedagógica” mientras miles de niños y niñas se caían silenciosamente del sistema.

Fue el relevamiento del propio Ministerio de Educación el que le puso un número a esta tragedia: para mitad de año eran más de un millón los/as estudiantes que habían abandonado la escuela.  ¿Cuántos quedaron fuera para fin de año? Aún no sabemos con certeza, pero se calcula más de un millón y medio.

¿Quién habló por ellos? ¿Quién sindicalizó y agremió el reclamo por la pérdida de sus sueños? ¿Quién protestó con indignación por ese Estado que corría el cuerpo a una de sus funciones esenciales: garantizar el derecho a la educación?

Los chicos y las chicas no la estaban pasando bien, pero nadie era capaz de detectarlo.

Mientras el Presidente decía por cadena nacional “que los chicos me sigan mandando dibujitos por Twitter” o “las clases no son una prioridad”, los padres y madres empezaron a organizarse frente a una crisis que ya no reconocía límites entre pública y privada, entre niveles socioeconómicos, capital cultural o condiciones de acompañamiento de las familias. Las voces de especialistas mostraron cómo la educación empezaba a desmoronarse de punta a punta. Los retrasos en los procesos de aprendizaje, los vínculos de socialización, el impacto en la alimentación, el deterioro en la salud mental de adolescentes, son algunas de las consecuencias visibles del cierre de escuelas. Sumemos la evidencia que aportó la caída en las denuncias de abuso y violencia intrafamiliar: los chicos y las chicas no la estaban pasando bien, pero nadie era capaz de detectarlo.

Fueron estas voces las que lograron cambiar el clima de opinión imperante y hacer comprender que no había salud sin educación.

Así empezamos 2021, con un consenso social mucho más amplio sobre la importancia de la apertura de escuelas y con la convicción de que volver a las aulas era más urgente que nunca.

“Cuidar Escuelas”, el dispositivo creado para relevar la evolución de los contagios en las escuelas, demostró con evidencia incontrastable que lo que decían los informes internacionales hace meses también era válido para la Argentina. Apenas un 0,16% de estudiantes con asistencia presencial había resultado ser  positivo de COVID y un 1,03% del personal docente y no docente. Los datos mostraron que la escuela era un ámbito seguro y necesario, incluso para la detección temprana de casos, y también un espacio válido para reforzar hábitos de cuidado. La escuela estaba haciendo su tarea.

un discurso sin datos

Sin embargo, de modo inesperado aunque fiel al estilo de improvisación que marca la gestión del Gobierno, el Presidente anunció el jueves pasado el cierre de escuelas en todo el AMBA. Un discurso sin datos, sin justificación que permitiera argumentar a favor de la racionalidad de la medida. Apenas horas antes su propio ministro defendía, contra propios y ajenos, la importancia de cuidar la presencialidad al máximo posible.

El Presidente dijo en sus declaraciones iniciales que “el problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende”. Sin embargo, casi como un ejemplo perfecto de falacia argumentativa, anunció el cierre de las escuelas.

La evidencia recolectada por las propias instituciones educativas rompe cualquier conjetura construida con posterioridad.  Que “los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos”, que “las madres se agolpan frente a las puertas”, “que se incrementa mucho la circulación”. No había evidencia que pudiera soportar el vínculo entre esos dichos y el aumento de los contagios. Los propios datos de las escuelas contenidos en los informes del Gobierno lo desacreditan.

El Presidente dijo también que no había consensuado las medidas con nadie y que eran “las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto”, creyéndose una vez más por encima de la Constitución. Así, en un sólo acto, vulneró el derecho a la educación y violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras argumentaba en favor del federalismo y el poder de los gobernadores de tomar decisiones. Esa mirada selectiva, que recorta argumentos y los agrupa sin apego a la verdad, que hace de su relato una épica narcisista que ignora lo hechos y que habla de una omnipotencia del cuidado, lo único que en verdad hace es reflejar la pura y dura incapacidad para gobernar escondida detrás de la arbitrariedad de las medidas.

Esa mirada selectiva lo único que en verdad hace es reflejar la pura y dura incapacidad para gobernar escondida detrás de la arbitrariedad de las medidas.

Para completar el cuadro, dijo en otra de sus declaraciones “que hoy prima el criterio epidemiológico, no el educativo”, reeditando esa falaz antinomia entre salud y educación e ignorando la evidencia abrumadora que señala que no pueden desmembrarse los derechos humanos fundamentales: no hay una sin la otra.

Nuestro futuro como país se mide, además del trazo grueso, por la suma de pequeños logros. El emblema de m’hijo el dotor, el ideal de la movilidad social ascendente, fue un ejemplo pujante de eso. Una hoja de ruta planificada, donde alguna vez logramos ponernos de acuerdo, elegimos el rumbo y tiramos todos para el mismo lado. Supongamos que eso ocurre, cuando la rueda empiece a andar la dimensión educativa (o mejor dicho su ausencia), será un ancla tan arraigada en las profundidades del suelo que será difícil de levantar. No hay futuro, con una generación condenada a la pobreza y sin la expectativa de una educación que rompa fronteras. Eso es una emergencia y es de las mayores urgencias que tenemos.

Con más de la mitad de los niños y niñas en contextos de pobreza, con la ruptura del entramado social, con la ausencia de un capital cultural que permita sostener ante la emergencia el aprendizaje de los chicos, con la ineficacia a la hora de implementar programas para garantizar la virtualidad, cerrar las escuelas es un acto de una enorme irresponsabilidad con el presente y, sin dudarlo, un atentado al futuro.

la dimensión constitucional

En el medio de eso, un gobierno que se niega a explicar sus medidas, a mostrar el camino, a anticipar la jugada -quizás por que no la tiene-, a pedirle a sus ministros que expliquen y respondan ante el Congreso y, por si fuera poco, pretende abrir debates asincrónicos como la discusión sobre la reforma de la ley de educación superior, cuando las universidades debieran estar pensando cómo romper el círculo de elitización creciente por decantación previa que las está atravesando.

Por último, la dimensión constitucional de la discusión es tan preocupante como lo anterior. Nuestra carta magna sabiamente establece que la única limitación atendible a los derechos reconocidos puede ser ejercida por vía reglamentaria, pero siempre superando el test de razonabilidad. Esto es que la medida que se toma debe poder fundarse en datos empíricos, para explicar la relación lógica y fundada entre el medio y el fin y con proporcionalidad. No hacerlo denota la arbitrariedad de la decisión que se está tomando y por tanto, viola el principio de razonabilidad, elemento condicionante a la hora de pretender restringir algún derecho. Es, por otro lado, una facultad del Congreso hacerlo. Lo contrario viola el principio de legalidad y convierte a la acción en una doble afrenta que ataca a la Constitución y lesiona uno de los derechos más importantes: el derecho a la educación.

Defender la vigencia de la Constitución y el derecho a enseñar y a aprender es un imperativo ético para todas las personas que creen que la educación encierra un poder irradiador, como una suerte de derecho habilitante, que es condición necesaria para ejercer y disfrutar de todos los demás. Si la educación, como decía Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo, no podemos darnos el lujo de convertirla en un privilegio que refuerce las desigualdades estructurales. No hay mayor poder transformador que el de la educación, por eso, nuestro futuro, está en el presente de la educación.

 

 

 

 

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Brenda Austin

Abogada. Diputada Nacional (UCR-Córdoba). Docente de Derecho Constitucional y Administrativo (UNC). Secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba (2014). Ex presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (2005).

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