Después de la Segunda Guerra Mundial no es fácil encontrar países que durante una década hayan mostrado contracciones relevantes de su PBI per cápita. A nivel internacional estas experiencias suelen estar relacionadas con guerras civiles, climas políticos de extrema inestabilidad o desastres naturales. Argentina, sin embargo, cuenta con dos de estos momentos: 2011-2021 y 1980-1990. A diferencia de la experiencia previa, en esta última década perdida estamos solos. La lista de países con peor performance que la nuestra es acotada y en ella no figura ningún latinoamericano. Esta vez no fue el contexto internacional ni la restricción externa, logramos ser un outlier en la historia internacional reciente a fuerza de pésima política económica. Parecería, por enésima vez, que ya tocamos fondo y que las condiciones materiales de vida no pueden empeorar más, pero lamentablemente creo que incluso si cambiáramos el rumbo y dejáramos atrás el set de políticas que nos trajo hasta acá todavía hay una recesión esperándonos.
Entre los economistas hay cierto consenso acerca de las características que una economía debe tener para crecer de forma sostenida. Equilibrio fiscal estructural (o un déficit que estabilice los indicadores de solvencia relevantes), tasas de interés positivas que desalienten la demanda de dólares y posibiliten la existencia de un mercado financiero en moneda local, mercado cambiario unificado y libre, precios relativos que logren dar señales de inversión y consumo y una inserción comercial y financiera al mundo son todos elementos que, con matices, conforman este consenso. Una economía que cuente con todas estas características no tiene el camino al desarrollo asegurado ni mucho menos, pero podemos decir que tiene un interesante telón de fondo sobre el cual estructurar políticas que la acerquen a ese objetivo. Hoy Argentina no puede tachar ningún elemento de esta lista y, de querer hacerlo, deberá pagar costos tanto económicos como políticos.
1. Equilibrar las cuentas públicas no es necesariamente recesivo, pero nuestro desequilibrio esconde un problema de precios relativos cuya solución probablemente lo sea. Aumentar tarifas en la magnitud que se requiere para minimizar el costo fiscal de los subsidios implicaría reducir la capacidad de consumo de los hogares, en especial de aquellos con menores recursos, que son los que dedican un porcentaje más alto al pago de servicios públicos. Según la última encuesta de Gasto de los Hogares, del INDEC, una familia ABC1 destina 3% de su gasto total al pago de electricidad y gas, mientras que a una D2E le cuesta el 8%. El problema puede encararse de forma gradual (2016-2019) o inmediata (Rodrigazo), pero ambas opciones presentan dificultades económicas y políticas en el corto y mediano plazo.
2. Desarmar el cepo implica depreciar la moneda en una magnitud que depende de la situación en la que se haga (escenario político, credibilidad, política monetaria y fiscal, competitividad externa, contexto internacional). Un gobierno razonable no necesita un dólar a $180 para alcanzar el equilibrio externo, pero difícilmente sobreviva a uno en $100. Nuevamente, los precios relativos juegan un rol. Un salto en el tipo de cambio, incluso en un contexto en el que algunos bienes durables reflejan el tipo de cambio paralelo, traería aparejado una aceleración inflacionaria que reduciría los ingresos reales de las familias. En este sentido, la experiencia argentina es vasta y el resultado concluyente. Desarmar restricciones al acceso al mercado cambiario redujo el PBI, en promedio, 2% y aceleró la inflación significativamente en la inmensa mayoría de los episodios analizados. No es casual que ningún gobierno que haya impuesto un cepo lo haya desmantelado.
3. Tener una tasa de interés real positiva tiene beneficios en el largo plazo (desarrollo de un mercado financiero razonable), en el mediano (contención de la inflación) y en el corto (desalienta la demanda de dólares), pero podría ser costosa en un contexto en el que las empresas, grandes y chicas, necesitan financiamiento para sobrevivir. La cantidad de empresas en el país es baja y se ha reducido en los últimos años, tendencia que puede continuar e incluso acelerarse sin el subsidio en forma de tasa de interés negativa que emana del Estado.
Abrirnos al mundo es una necesidad. Argentina es, controlando por el tamaño de su mercado, la economía más cerrada del mundo.
4. Abrirnos al mundo es una necesidad. Argentina es, controlando por el tamaño de su mercado, la economía más cerrada del mundo. Hay un consenso amplio, que no va más allá de lo retórico, respecto a la importancia de exportar, pero en la práctica solo ofrecemos al mundo lo que nos sobra localmente. Exportar solo es posible si las empresas locales que pueden producir con estándares internacionales cuentan con insumos cuyo precio y calidad es similar al que usan sus competidores. Para exportar hay que importar y hay que hacerlo sin barreras que eleven el precio de los insumos. Al mismo tiempo, una empresa argentina debe competir con su par internacional pagando más impuestos y chocando con más barreras burocráticas. Cambiar esta situación requiere de un replanteo de nuestro entramado productivo, el cual probablemente sea el punto más difícil de alcanzar de la lista ya que para muchas empresas y trabajadores tendrá costos muy altos.
5. Precios relativos. El último de los objetivos que planteamos es poco tangible pero vital para una economía funcional. Los precios relativos, el valor de un bien respecto a otro, es la unidad básica de información del sistema económico. Guía nuestras decisiones de consumo e inversión y, en una economía razonable, es producto de la interacción de millones de demandantes y cientos de miles de oferentes. Es el motor de la asignación eficiente de recursos y, por lo tanto, del desarrollo económico. En Argentina su funcionamiento está limitado a las decisiones arbitrarias del gobierno. El precio de los bienes de consumo masivo depende de controles y programas, el de la carne de la posibilidad o no de exportar, el de los servicios públicos de decisiones políticas, el de los bienes transables de un tipo de cambio y de una política comercial que se decide también arbitrariamente. Lo mismo pasa con alquileres, colegios con subsidios, telecomunicaciones, salud, etc. No solo el set de precios relativos es disfuncional, sino que la expectativa respecto a su evolución está cargada de incertidumbre, lo cual imposibilita tomar decisiones que ya de por sí son complejas en un contexto de mayor previsibilidad. En Argentina los precios relativos no reflejan gustos, capacidades productivas, expectativas, etc.: sólo reflejan decisiones arbitrarias del gobierno y una economía no puede asignar recursos de forma ni remotamente eficiente de esa manera. ¿Desarmar esta prisión de precios relativos sería contractivo en el corto plazo? Posiblemente. Aumentar el precio de todo lo que hoy está artificialmente contenido tendría un correlato en la capacidad de consumo de los hogares, reduciendo el PBI en el proceso.
Cada acción requerida para convertir a Argentina en una economía funcional es recesiva en el corto plazo. Pero las mieles de estos procesos posiblemente tarden en llegar.
Sumemos un ingrediente más. Cada acción requerida para convertir a Argentina en una economía funcional es recesiva en el corto plazo, pero las mieles de estos procesos posiblemente tarden en llegar. Ya no hay ni va a haber expectativas claramente optimistas respecto al futuro argentino. No solo todos los partidos tienen pasivos políticos que arrastrar, sino que nadie cree que los cambios sean duraderos. El esquema de incentivos que los hacedores de política económica estructuren tardará en surtir efecto si los agentes creen que este no se sostendrá en el tiempo. ¿Voy a contratar gente si cambian las leyes que rigen el mercado laboral? ¿Voy a exportar si el tipo de cambio es competitivo, la presión fiscal baja y el precio de los insumos cambia? Los agentes responderán a los nuevos incentivos solo si creen que estos seguirán ahí durante el tiempo de repago de sus inversiones. Luego de incontables decepciones y de giros y contragiros ya nadie “paga por ver”. Es razonable esperar que los agentes sean cautelosos y no tomen decisiones rápidas, lo cual obliga a los hacedores de política económica a tener que demostrar que las políticas que se implementen esta vez llegaron para quedarse. Pero si la respuesta por parte de los agentes es tibia, ¿serán sostenibles esas políticas?
Pagar costos inmediatos para liberar fuerzas de mercado con impacto para muchos difuso y lejano luce políticamente complejo en un país en el que la pobreza creció 15 puntos porcentuales en los últimos tres años y la capacidad de compra de los hogares cayó 27% en ese mismo período. Las necesidades son enormes y todos sienten que ya cedieron demasiado, nadie está dispuesto a perder hoy en pos de ganar mañana. Serle sincero a la población y pedirle “un esfuerzo más” difícilmente sea una estrategia exitosa. No serlo y prometer un sendero de crecimiento una vez que se cambie el rumbo probablemente tampoco lo sea. La estrategia comunicacional será clave a la hora de pensar en la sostenibilidad política de un proceso de estas características.
Abrirse al mundo y virar 180º la política fiscal y monetaria puede ser el fin para una cantidad significativa de empresas y puestos de trabajo.
¿Y entonces? Si la política económica se decide desde la política hay incentivos a procrastinar y es esperable que, con vaivenes, la situación sea cada vez más compleja. Pero si es la lógica económica la que toma el control, la secuencia ideal en la que el cambio de rumbo debe hacerse no es obvia. Cambiar todos los precios relativos artificialmente contenidos y levantar las restricciones de forma unificada puede tensar de forma peligrosa una nominalidad que escaló continuamente durante las últimas dos décadas. Abrirse al mundo y virar 180º la política fiscal y monetaria puede ser el fin para una cantidad significativa de empresas y puestos de trabajo, muchas de ellas con capacidad de insertarse al mundo de forma competitiva si el Estado no le da en subsidios explícitos e implícitos menos de lo que le quita en ineficiencia y presión impositiva.
Nada será sencillo, pero mientras más tiempo pase, más caeremos y más nos costará asumir costos. Tomar medidas recesivas con 40% de pobreza es difícil, pero con 45% lo será aún más. Al mismo tiempo, el impacto negativo de cada medida y el tiempo de espera de cada resultado positivo dependerán de la capacidad del gobierno de generar consensos, guiar expectativas y convencer a los agentes de que esta vez el nuevo rumbo no se abortará ante cualquier eventualidad política. La tarea es compleja y el Estado argentino no ha dado señales de estar a la altura. Si llegamos a esta situación fue porque cada vez que pudimos salir del pozo decidimos que la mejor estrategia era seguir cavando.
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