ZIPERARTE
Domingo

La conspiración del silencio

En las universidades públicas no hay adoctrinamiento pero sí intolerancia, autocensura y cada vez menos democracia real. Hace falta recuperar el espíritu reformista perdido.

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Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres,
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos
y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas las formas
de tiranizar
y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara.
Manifiesto Liminar del movimiento estudiantil reformista, 1918

Hace poco miré mi recibo de sueldo de la universidad y leí que decía, muy administrativamente: “CARGO: TIT1 – CBE (15993) 30 (0) / 11-ANTIGÜEDAD Años: 38”. Treinta y ocho años oficiales, desde ayudante alumno interino hasta profesor titular ordinario. Todas las escalas intermedias, de ad honorem a rentado, de interino a ordinario o visitante. En ese tiempo he visto de todo, si bien no significa que haya entendido lo que vi, porque, convengamos, no es prueba de competencia el ejercicio mecánico y rutinario de la cátedra (como indica el reglamento de concursos de la Universidad Nacional de La Plata). Como sea, bien o mal, viví con pocos hiatos desde el fin de la dictadura hasta hoy en la universidad, estudiando y dando clases sin ser ajeno a la política universitaria. Es así que en estos días me he preguntado: ¿se adoctrina en la universidad? Creo que no, porque adoctrinar implica un ejercicio intelectual. Sí creo que se reprimen, con mayor o menor sutileza, las opiniones por fuera del pensamiento dominante, la corrección política o los intereses del momento.

Como en muchos debates actuales, el debate sobre el “adoctrinamiento” se basa en premisas dudosas y genera una discusión falsa que desvía la atención del problema central de las universidades: su razón de ser y su financiamiento. Hace ruido el presidente de la nación cuando afirma que se adoctrina en las universidades públicas. Está bien que exprese su pensamiento, pero está mal que lo imponga, desde su posición de poder, como dogma. En supuesta contraposición, hace ruido el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires cuando, también desde una posición de poder, le da la razón al presidente al afirmar que estudiar en la UBA y votar al presidente es incompatible.

Como académico, me permito conjeturar que son personas que no saben qué es ni qué significa la universidad. Los dichos del presidente, a quien parece que no le interesa ningún otro tema que no sea la economía, pueden estar motivados por el desconocimiento o (no podemos excluirlo) la intención de generar ruido para ocultar su falta de políticas sobre el tema. Los del economista devenido vicerrector de la universidad más grande del país, por un error conceptual grave o, lo más plausible, una expresión cínica de abierto corporativismo, típico de la rosca universitaria a la que no deberíamos acostumbrarnos.

Mito y realidad

A lo largo de mi carrera he conocido docentes que, más que impartir sus materias, se dedicaron al panfleto partidario dogmático. Y a otros que permiten interrumpir sus clases para hacer propaganda política. O que realizan “clases públicas de protesta”, pasando lista de presentes después, no antes, para forzar a todos los estudiantes a asistir, aun a los que están en desacuerdo con su posición. O que califican a los estudiantes en función de la adhesión a sus ideas o postulados (y no me refiero sólo a cuestiones ideológicas). Pero son casos individuales, que deben ser confrontados por los propios estudiantes, algo infrecuente hoy en día.

Por otro lado, hay ejemplos institucionales, algunos vergonzosos, de militancia partidaria, que no son adoctrinamiento, sino casos grotescos y burdos de uniformidad de ideas, que no merecen explicación ni defensa. Consideremos el caso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, que se convirtió en el paradigma del sectarismo partidario, el pensamiento obtuso y la persecución ideológica. Esto, lamentablemente, nunca ha sido confrontado por las autoridades, que sí han sido estrictas para confrontar con otras facultades, como la de Medicina (sobre la cual no haré un juicio de valor), demostrando una doble vara.

Hay, además, universidades con abierta filiación política, especialmente las más recientes. A menudo, su creación ha estado más ligada a necesidades político-partidarias que a imperativos académicos, lo que ha permitido que el poder político municipal y el manejo de fondos públicos ejerzan una gran influencia sobre ellas.

Como expresé en una nota anterior, las universidades son un mundo muy diverso, y si su única defensa es la defensa corporativa del presupuesto sin preguntarnos para qué, cualquier argumento presentado puede ser visto con sospecha de tener intereses. El simple hecho de reconocer, nuevamente el vicerrector de la UBA, que los gastos de funcionamiento representan el 10% del presupuesto universitario y que el 90% son salarios (sin contar la inmoralidad de que sean tantos los docentes ad honorem), nos lleva a considerar que, por más que multipliquemos el presupuesto, seguirá siendo insuficiente y los problemas, los mismos.

Defender a todas o criticar a todas es ocultar los verdaderos problemas y no distinguir las buenas de las mediocres, las bien administradas de las mal administradas.

Igualmente, no es el caso de todas las universidades. Aun en esa diversidad, suelen tener comportamientos corporativos donde criticar a una es criticar a todas. El Consejo Interuniversitario Nacional es un ejemplo interesante: hacia adentro —lo he vivido— las universidades se arrancan jirones de presupuesto unas a otras como jauría famélica, pero hacia afuera muestran una unidad monolítica en defensa de más presupuesto sin distinciones ideológicas. Pedir dinero une y repartirlo divide. ¿Para qué? Es difícil saberlo, nada novedoso en el país de las corporaciones. Esa defensa corporativa tiende a establecer la idea de que “la universidad” es un todo de instituciones puras y santas para unos, o corruptas e ideologizadas para otros. Defender a todas o criticar a todas indiscriminadamente es ocultar los verdaderos problemas y no distinguir las buenas de las mediocres, y las bien administradas de las mal administradas, algo imposible sin auditorías independientes, justas y estrictas que justifiquen el destino de los dineros públicos.

Esas discusiones rústicas (tomo este término de una idea expresada por Fabio Quetglas) me llevan otra vez al problema del presunto adoctrinamiento. Más allá de los mitos creados en las redes sociales, el pluralismo y el funcionamiento democrático están garantizados en la mayoría de las universidades. Pero que estén garantizados no significa que se ejerzan libremente. En mi opinión, el problema es haber perdido el concepto de universalidad de la universidad, que debe ser el ámbito donde se opine libremente, donde podemos tener hipótesis diferentes para entender un problema, donde podemos debatir la ciencia, la enseñanza, la sociedad toda sin tutelas.

La universidad es un ámbito para estar de acuerdo o en desacuerdo, con un debate abierto donde distintas posiciones se expresen con libertad, aun las que no nos gustan, porque ese debate es lo que nos educa para sostener nuestro punto de vista y nos obliga a escuchar a los otros. En un ámbito en que nadie acepta estar equivocado aunque se lo demuestren y se tiende a descartar o, peor aún, censurar las ideas de los otros a priori, no hay universidad posible (por supuesto, no estoy planteando discutir si la tierra es plana o esférica, sino saber por qué la tierra es esférica para refutar a los que plantean el absurdo contrario).

Sectarismo y censura

Expresarse libremente en la universidad no es tan sencillo. Existe —conozco internamente muchas universidades— un ambiente hostil donde se plantea la dicotomía amigo-enemigo: es enemigo del pueblo, de la universidad y de la ciencia quien opine diferente al orden establecido en estos últimos años por el peronismo kirchnerista. Y ese canon no fue estrictamente ideológico: tenía premio en metálico, porque, al final, siempre fue una cuestión de dinero, o mejor dicho, de libre manejo de una caja a veces arbitraria, oculta detrás de palabras tan nobles como autonomía y autarquía.

Como muestra, tomemos un par de ejemplos. Hace dos años un grupo significativo de estudiantes y docentes (entre los que estaba el entonces ministro de Justicia bonaerense Julio Alak) solicitaron el juicio académico al diputado Martin Tetaz, miembro de la universidad, por una opinión. El solo hecho de pedir juicio académico por opinar es una muestra de este ambiente hostil hacia el que piense diferente. Otro ejemplo instructivo es la cancelación de la conferencia del ex juez y ex ministro de Justicia brasileño Sergio Moro por presiones políticas de parte del claustro docente de la Facultad de Derecho de la UBA, entre los que se encontraba el entonces presidente Alberto Fernández, docente interino de la facultad. El hecho de que un ministro o un presidente se sumen a pedidos de esa naturaleza nos muestra hasta qué punto se ha desvirtuado el debate público y se abusa del poder para censurar.

No creo que haya adoctrinamiento ni inhibición de opinar, pero debemos saber que no será bienvenido o será censurado quien se exprese por fuera de ciertos cánones. Si yo sostuviera que hay que arancelar los estudios universitarios o que debe haber un examen de ingreso, sería repudiado como antipueblo, antiderechos. Pero si opinara lo contrario, soy bienvenido, soy progresista, popular y empático. Si yo no quisiera participar de la marcha de las universidades del 23 de abril bajo el lema “Defendamos la universidad pública” sería catalogado como alguien que no defiende la universidad pública. Se penaliza la discordancia con la excusa del progresismo y la democracia.

A eso podemos sumar la obligatoriedad de la corrección política, que es la antítesis del reformismo revolucionario que dio origen a las universidades modernas de América Latina. La corrección política, que no es lo mismo que la ética política, necesita calificadores que evalúen qué es correcto y qué no lo es y esos calificadores, cuando son los mismos docentes o estudiantes con los que convivimos, se transforman en comisarios políticos. Pero la universidad, como siempre sostuve, no es una isla sino una muestra representativa del país. Uno de sus grandes problemas es la falta de libertad para expresarse sin ser descalificado (o ser forzado a tomar partido dentro de una visión binaria, como muy bien lo expresa Jorge Fernández Díaz en una columna reciente: “Una lucha encarnizada entre populismos de distinto sesgo, con un centrismo de variado pelaje que debe ser simbólicamente ametrallado para que elija trinchera y se cuadre de inmediato”).

El cercenamiento del debate abierto y de la libre expresión también tiene consecuencias políticas, que se manifiestan en las elecciones de las autoridades universitarias. Cada vez más disminuyen las opciones en busca de candidatos únicos, producto de un falso consenso que no suele surgir de la indudable calidad académica y política del candidato sino de, muchas veces, la compra de voluntades con cargos de gestión. Nada diferente a lo que describían los reformistas de 1918 sobre la universidad monástica: “El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo”.

La academia es responsable

Añoro los tiempos en que había varios candidatos a rectores, mejores o peores; en que las asambleas tenían ásperas discusiones sobre qué queríamos. Hoy vemos una degradación democrática en nombre de la democracia. Hoy, candidatos que se definen como liberales, conservadores o libertarios, serían lapidados por minorías intensas e ideologizadas y pocos o nadie los seguiría, por miedo a quedar pegados. Quizás me equivoque, pero no imagino hoy a un candidato a rector humanista y cristiano como Hilario Fernández Long, que fue rector de la UBA. Eso colabora, sin adoctrinar, a la creación de un aparente pensamiento único. Y es, en gran parte, debemos reconocerlo, responsabilidad nuestra como académicos, como parte de la comunidad universitaria.

Nosotros somos los que censuramos por acción u omisión, o nos autocensuramos por miedo a perder algo, sea un cargo docente de la cátedra o que no nos arreglen un concurso de profesor o director de instituto. Entonces, si asumimos que también somos responsables, no nos quejemos: defendamos el derecho a la libre opinión. Seamos disidentes. Seamos hoy lo que los reformistas fueron en 1918. Hoy es necesario que discutamos abierta y libremente qué queremos para la universidad, que no callemos por conveniencia o cobardía, porque eso da origen a la democracia del silencio y los falsos consensos. Como expresa el Manifiesto Liminar de los reformistas: “Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia”. Es nuestra responsabilidad como académicos plantear la disidencia, porque, como también expresa el manifiesto, “el chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla”.

No nos quejemos: defendamos el derecho a la libre opinión. Seamos disidentes. Seamos hoy lo que los reformistas fueron en 1918.

Quizás, y puede parecer demasiado ambicioso, necesitemos una profunda reforma del sistema universitario. Una reforma cuyo debate esté por encima de la discusión elemental y tosca entre los que creen que la universidad es un gasto a achicar y los que sienten en riesgo un negocio del que se aprovechan.

Todo lo que describí representa una opinión personal sobre problemas que no son obra de “la universidad” sino de nosotros mismos, los académicos, porque las instituciones están formadas por individuos. Sin embargo, luego de lo dicho, debo reconsiderar mi opinión y confesar que he adoctrinado. Desde siempre he intentado inculcar en mis estudiantes la idea de libertad de pensamiento (además de enseñarles los tecnicismos que imponen los rígidos programas de estudio). Intento mostrarles que, como seres libres, no tienen que atarse a dogmas, que todo es discutible, muy especialmente la palabra del profesor, porque el profesor enseña, no imparte órdenes, y porque lo que se enseña hoy, quizás mañana sea obsoleto. Que la autoridad del docente se construye creando conocimiento, enseñando y dejando espacio para la libertad. Que no deben tener miedo a dudar porque, como decía Bertrand Russell, los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas.

Les pido que cada uno piense libremente y exprese sin miedo cualquier hipótesis, aunque la crean disparatada, porque con argumentos racionales y evaluando las hipótesis alternativas podrán acercarse más a la verdad. Que equivocarse no es malo, y que un buen examen —y el más difícil tanto para el docente como para el estudiante—, tal como plantea Deodoro Roca, es el que evalúa la capacidad de pensar y hacer preguntas, no la de memorizar o responder lo que el estudiante cree que el profesor quiere que diga.

He adoctrinado en no adoctrinar, y no me arrepiento.

 

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Rolando Rivera

Biólogo. Doctor en Bioquímica. Profesor en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA). Investigador del CONICET. Hincha de Huracan.

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