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En este mes y medio que llevo desempeñando el transitorio (y para mí muy honroso) rol de diputado de la Nación he podido verificar empíricamente la potencia de la llamada “búsqueda de rentas”, el proceso de intentar usar al gobierno para obtener beneficios económicos induciendo o evitando (como en este caso) reformas políticas.
El rent-seeking, como explica el economista estadounidense Randall Holcombe, es la captura del Estado por grupos de interés para crear rentas privilegiadas y usar políticas para establecer beneficios con la intención de compartirlos. La asignación de las transferencias se cambia por apoyo político. Esto provoca pérdidas sociales en la economía y reduce los ingresos generales. Subsidios, barreras regulatorias para mantener a los competidores fuera de la industria, impuestos y aranceles sobre competidores o concesiones directas de monopolios, son algunos de los ejemplos clásicos de búsqueda de rentas. Argentina está llena de pescadores de barril, cazadores de zoológico, usufructuarios de mercados cautivos por ley que obtienen ganancias a expensas de los consumidores o los contribuyentes.
Mientras el proceso de búsqueda de ganancias en el mercado es creador de valor social, la búsqueda de rentas es, por el contrario, ineficiente, genera despilfarro y mala asignación de recursos. Y el problema se agrava, como explica el economista y Premio Nobel James Buchanan, con la expansión del Estado, ya que éste ofrece más oportunidades para buscar rentas.
La gran calamidad de la búsqueda de rentas es que es muy difícil de combatir. En La lógica de la acción colectiva (1965), Mancur Olson ya explicó que cuando quienes se benefician son pocos y tienen mucho para ganar, y quienes se perjudican son muchos, pero pierden relativamente poco, los primeros tienen mucho incentivo a organizarse y hacer lobby, mientras que los segundos tienen poco incentivo a resistirlo. Por esto apuntaba Olson que la verdadera transferencia de recursos no se da entre clases sociales, como pregona la izquierda, sino desde grupos desorganizados y hacia grupos organizados.
Propongo hacer zoom ahora en tres escandalosos casos concretos, con sus beneficiados y perjudicados. Dos de ellos están siendo enfrentados, en principio, por la Ley BASES y resistidos por quienes gozan de los privilegios del statu quo. El tercero, lamentablemente, aún no parece estar en agenda.
Energía más cara para todos
A través de dos leyes de impulso kirchnerista se creó en 2006 un régimen de regulación y promoción para los biocombustibles y luego, en 2021, se estableció un marco regulatorio casi soviético en el que la burocracia (“la casta”) define discrecionalmente corte, cupos, precio y actualización. El que debería oficiar de árbitro define de antemano qué jugadores entran a la cancha y cómo va a salir el partido.
Asumiendo que las ventajas ambientales de los biocombustibles son reales, el problema doméstico a enfrentar es que se creó y delimitó el contorno de un suculento negocio para jugadores, en muchos casos sólo en apariencia PyMEs, que reclaman para sí el mercado por ser “pequeños”. Un sinsentido sólo posible a fuerza de ley y lobby para impedir que la competencia funcione.
La preocupación respecto a los biocombustibles debería pasar por dotar a un producto con ventajas naturales para ser líder mundial de condiciones competitivas para la provisión doméstica y la exportación. En vez de esto, nos encargamos de distorsionar y trabar la competencia para satisfacer apetitos particulares. Por cuestiones de escala, procesos y acceso a la materia prima, producir biocombustibles en pequeñas y medianas empresas resulta ineficiente. Sería algo así como querer producir automóviles o teléfonos celulares a través de PyMEs. No funciona. Ahora, esto no sería un problema en un mercado libre en el que el empresario ineficiente asume los costos de dicha ineficiencia con pérdidas y eventuales quebrantos, pero sí es un gran problema en un mercado regulado especialmente para beneficiar a los competidores ineficientes. ¿De dónde sale ese dinero? El costo de ineficiencia alguien lo tiene que pagar. En este caso, lo pagamos todos a través de un encarecimiento grande, artificial e innecesario de los combustibles, algo que en situaciones normales estaría mal pero que en emergencia económica y energética resulta directamente escandaloso.
El costo de ineficiencia en el mercado de biocombustibles lo pagamos todos a través de un encarecimiento grande, artificial e innecesario de los combustibles.
Otros ingredientes profundizan las características de negociado hecho a expensas de los consumidores, fatalmente inadvertidos e indefensos. Por ejemplo, que varios de los empresarios PyME del rubro no lo sean en realidad (algunos jugadores importantes poseen varias plantas oportunamente divididas en distintas razones sociales para simular “situación PyME”); que el negocio del biocombustible local genere una fuerte demanda a mantener retenciones (los derechos de exportación de la materia prima hacen más jugoso el negocio); que se prohíba la importación en el muy remoto caso —dada nuestra eficiencia global— de que fuese más barato; que la pretendida “defensa del trabajo” se base en apenas un puñado de empleos en todo el país que no justifican el voluminoso negocio artificial; o que la “protección” originalmente nacida hasta 2021 se extendió hasta 2030 y seguramente en dicho año se demandará que se vuelva a extender porque nadie jamás abandona una protección legal voluntariamente.
En su redacción original, la Ley BASES venía virtuosamente a eliminar este quiosco económico y legal. Pero la fuerza de la acción colectiva de pocos que ganan mucho a costa de muchos que pierden poco viene obrando su magia y la presión está intentando hacer retroceder en chancletas al Gobierno, obligándolo a aceptar que se mantengan las restricciones a la competencia. Es de esperar que en el dictamen final del oficialismo se mantenga el espíritu liberal original, que respeta al mercado y a la verdadera acción empresarial, manteniendo así la coherencia entre el discurso y los hechos.
Impuestos solo para la competencia
En un país tan dado a los impuestos resulta llamativo que una empresa tabacalera venga hace rato gambeteando impuestos —que exige paguen sus competidores— por casi 2.000 millones de dólares y sin que a nadie se le mueva un pelo. Si la mayoría de la gente desconoce el caso es porque esta tabacalera así lo desea.
Miremos dentro del asunto. Hace poco más de un lustro, un conjunto de tabacaleras –otra vez, con ropaje prestado de PyMEs– logró medidas cautelares para evitar pagar el impuesto interno mínimo que pagan los cigarrillos (se trata de un impuesto fijo actualizado por inflación) y solamente pagan el componente variable. El argumento bajo el cual pidieron semejante diferencia fue que las multinacionales malvadas eran mejores compitiendo y entonces perjudicaban a las pretendidas PyMEs buenas.
A través de cautelares y de una curiosa ceguera de la AFIP, que se resiste a cobrarle impuestos que sí cobra a sus competidoras (sean nacionales o multinacionales), esta empresa, que nada tiene de pequeña, viene pudiendo ofrecer sus productos sin el piso de precio exigido por ley. Traducido: todas las marcas están obligadas a vender más caro que las privilegiada. Esto le permitió a la empresa pasar de una porción de mercado del 3% al 39% en la última década. Correr libre mientras se obliga a los demás a correr con mancuernas tiene ventajas evidentes.
Dejar que una tabacalera no pague los impuestos que sí se les exigen a la competencia es una afrenta al mercado y una estafa a los contribuyentes.
Pero si algo muestra lo burdo de este negocio a fuerza de ley (y de falta de enforcement legal) es lo siguiente: la firma empujó para que se declare inconstitucional el Impuesto Mínimo y logró sentencia favorable en la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Pero en la actualidad, la Ley BASES vino correctamente a eliminar por completo el Impuesto Mínimo. Sin embargo…¡ahora la tabacalera está a favor del impuesto! Extraordinario.
Como la eliminación del Impuesto Mínimo y la igualación de las reglas para todos destruye la injusta ventaja comparativa, la tabacalera está haciendo una presión muy fuerte para transformarla en un “precio mínimo” o “precio sanitario” en el dictamen de la ley, de modo que les permita seguir por el sendero de la cautelarización y continuar pescando en un barril. Es decir, lo que quiere la tabacalera K (como la llaman algunos) es que todos paguen el Impuesto Mínimo excepto ella, y así seguir ganando share con vistas a expulsar competidores y convertirse en líder del mercado (hoy es el segundo jugador del sector) mientras se autopercibe como una pequeña y frágil “PyME nacional”.
La Ley BASES está muy bien orientada a igualar la competencia en un rubro que tiene todo para funcionar sin distorsiones. Sería inadmisible recapitular y aceptar un precio de piso para que algunos sigan haciendo negocios a costa de no competir. En tiempos de carestía y necesario ajuste como los actuales, dejar que una empresa no pague los impuestos que le exige al resto no sólo es una afrenta contra el mercado sino una estafa a los contribuyentes.
Un negocio ensamblado en Argentina
Así como en los casos anteriores el Gobierno actual se movió muy bien buscando eliminar negociados, en el caso del mentado “Régimen de Promoción de Tierra del Fuego” el oficialismo aún no parece mostrar voluntad de cambio a pesar de que un consenso generalizado sostiene que en el sur se cuece un negociado inadmisible.
El caso de Tierra del Fuego muestra lo que se me ocurre llamar “la regla del eterno verdor”, es decir: lo que se protege para que madure, para no perder la protección, jamás madura. Casi medio siglo de cuidados pediátricos mantienen a la industria fueguina en un nivel de desarrollo indistinguible de la nada misma. Bajísimo valor agregado y nulo aporte de divisas.
Como explica acá la economista (hoy diputada nacional) Daiana Fernández Molero, el régimen de Tierra del Fuego acumula tres graves errores: no tiene fecha de vencimiento, no es estratégico y no resiste un análisis costo-beneficio.
El caso de Tierra del Fuego muestra la “la regla del eterno verdor”: lo que se protege para que madure, para no perder la protección, jamás madura.
¿Quién paga la protección en este caso? Los consumidores argentinos de tecnología (celulares, televisores y aires acondicionados), que vemos artificialmente encarecidos estos productos a causa de un peaje innecesario que derrama algo para la provincia y mucho para los dueños de un negocio que no tiene lógica alguna de mercado.
Vuelvo a insistir con el contexto. En esta actualidad en la que cada peso cuenta y se les pide a los argentinos que hagan un necesario ajuste, dejar de cobrar 1.000 millones de dólares para favorecer un negociado eterno e ineficiente debería escandalizarnos.
Habría sido oportuno que el oficialismo propusiera en la Ley BASES desensamblar este monumental e innecesario privilegio que sólo perjudica a consumidores y contribuyentes. Resta un poco de fuerza al ímpetu de motoserrar lo innecesario el dejar semejante disparate vivo. Será acaso tarea del Congreso proponerlo. Lo que está claro es que eliminar este negocio también resulta un asunto de clara necesidad y suma urgencia.
Más Alberdi
El Nobel de Economía Gunnar Myrdal solía decir que en los países subdesarrollados el sector privado es estatista porque pide protecciones y subsidios al Estado, mientras que el sector público es privatista porque lo anima el espíritu del lucro individual: los roles se invierten. Los privados están ocupados en operar en la esfera pública y la esfera pública opera bajo el influjo de la búsqueda de lucro privado. Por su parte, el sociólogo Stanislav Andreski llamaba cleptocracia a “la explotación sistemática de las oportunidades de enriquecimiento personal que ofrece el Estado, moderada por el amiguismo y exacerbada por el gangsterismo”.
Ambas descripciones nos sientan perfectamente. Los tres casos analizados de modo alguno agotan las locuras legales de nuestra patria corporativa. Argentina es una intrincada pesadilla de regulaciones sobre regulaciones que sólo puede solucionarse con el método que Alejandro Magno usó para desatar el nudo gordiano. El combo DNU + Ley BASES va en ese sentido. Es deseable que el impulso reformista no ceda ante el poder de los buscadores de rentas. Un funcionario público siempre es una persona ordinaria frente a tentaciones extraordinarias. En este sentido, no se puede más que esperar que todos trabajemos por el verdadero bien común, que no es decidir ganadores y perdedores en transacciones económicas, sino materializar reglas de justicia generales e imparciales.
El nombre de la Ley BASES remite al gran Juan Bautista Alberdi, ideólogo de nuestra Constitución liberal. Alberdi sostenía que “la ley no podrá tener a ese respecto más poder que el que le ha trazado la Constitución”. Y seguía: “Su intervención en la organización del trabajo no puede ir más allá del deber de garantizar los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y seguridad, a favor de los provechos del trabajo. He aquí la organización legítima y posible de parte del Estado; cualquiera otra es quimérica o tiránica”. Honremos su legado desarmando negociados y permitiendo que florezca competencia allí donde sólo hay mercados cautivos y rentas injustas. No sólo se lo debemos a Alberdi, nos lo debemos a nosotros mismos.
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