Drácula no puede exponerse a la luz, porque lo destruye. Con el proteccionismo ocurre lo mismo: si echáramos luz sobre sus verdaderos costos y beneficios, no sobreviviría tal y como lo conocemos. Los millones de usuarios argentinos de celulares, ¿saben que dejan entre tres y seis salarios mínimos para comprar un teléfono solo para beneficiar a un puñado de empresarios y unos pocos miles de trabajadores del régimen industrial de Tierra del Fuego? ¿Entienden que pagaron por su celular un 50% más que un chileno o un colombiano solo para beneficiar a unos pocos privilegiados ? La información y la transparencia son al proteccionismo lo que la luz es a Drácula: cuanto más informada está la sociedad acerca de los costos y beneficios de políticas que protegen a determinados sectores, menor será el nivel de protección que reciban.
El problema es que transparentar los costos de la protección no es fácil. Para un político, dejar en evidencia a sectores influyentes que, de mínima, van a salir a criticarlos en los medios, es poco estratégico. En 2017, cuando se quitó el arancel a la importación de computadoras, el precio de las notebooks bajó un 35% en dólares. Empezó a haber más variedad y modelos más nuevos y baratos. Los millones de consumidores beneficiados no sacaron solicitadas agradeciendo en los diarios.
En cambio, los empresarios que temían que se replicara en sus sectores el modelo de las notebooks se pusieron en campaña, ayudados por centros de estudios kirchneristas, inventando falsas avalanchas de importaciones. Si sos funcionario y querés apoyo empresarial para tu carrera política, mejor dejá todo como está, parece ser la lección. Tampoco está en el interés de periodistas u ONGs de políticas públicas difundirlo. Es entendible: el financiamiento escasea y los protegidos suelen ser generosos. El resultado: el director ejecutivo de Pro Tejer, lobby textil del país, es el actual Secretario de Industria y Comercio Exterior de la Nación, pero ahora nadie habla de gobierno de CEOs.
A finales de 2019, tarde, publicamos un documento detallando el nivel de asistencia por actividad económica. Es bastante técnico, pero a grosso modo lo que hace es medir el impacto neto de todas las intervenciones de política fiscal y comercial sobre las distintas actividades económicas. Si sumamos subsidios, exenciones impositivas y aranceles, ¿en cuánto se termina beneficiando (o perjudicando) esa actividad? De ese análisis surge que las más beneficiadas son radio, TV y comunicaciones (aparatos electrónicos), automotriz, textiles, cuero, calzado y confecciones. (Las menos beneficiadas son alimentos y bebidas, petróleo-gas-carbón y agro-ganadería.) En Australia, por ejemplo, algo así se publica periódicamente y sirve para informar y elevar la calidad del debate público y mejorar la toma de decisiones.
Fuente: Tasa de Asistencia Efectiva. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tasa_de_asistencia_efectiva.pdf
Que los aparatos electrónicos estén al frente del ranking de asistencia afectiva está directamente relacionado con el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego –nuestra Transilvania–, creado en 1972 con el objetivo de atraer empresas y gente a una zona poco poblada. Antes de seguir aclaro: no está mal que el Estado promueva el desarrollo productivo. El problema es el cómo. El informe del BID “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?” es una buena síntesis de lo que funciona y lo que no a la hora de plantear estrategias de transformación económica. Pero me interesa poner el foco en el régimen de Tierra del Fuego porque sintetiza tres graves errores de la política industrial: no tiene fecha de vencimiento, no es estratégico y no cuenta con (ni resistiría) un análisis costo-beneficio.
Tres problemas de Tierra del Fuego
Un primer problema es que la ley que dio origen al régimen no tenía fecha de caducidad. La literatura sobre estos temas es clara: en el diseño de estos regímenes deben aplicarse cláusulas de vencimiento o beneficios decrecientes y, en caso de querer darle continuidad a la política, debería someterse a evaluaciones de costo-efectividad. A comienzos de los ’90, hubo un intento por ir hacia un esquema de reducción gradual de algunas exenciones. No prosperó. A partir de 2003, los beneficios del régimen se ampliaron, permitiendo incorporar nuevos proyectos hasta 2005, y extendiendo la vigencia del régimen hasta 2023. Como no alcanzaba, en 2009 se redobló la apuesta: una nueva ley subió los impuestos internos y duplicó el IVA a los productos electrónicos importados, mientras que redujo a la mitad los impuestos internos a los bienes electrónicos producidos en Tierra del Fuego para su venta en el territorio nacional. La reforma tributaria de 2017 bajaba gradualmente la alícuota del impuesto interno de los productos importados hasta eliminarla en 2024, con el objetivo de reducir los precios de venta y beneficiar a los consumidores. El año pasado dieron marcha atrás. Lo curioso es que mientras altos funcionarios del actual gobierno andan con pecheras controlando precios en las góndolas de supermercados, ellos mismos suben el precio de los celulares que los chicos necesitan para conectarse al Zoom de la escuela.
El segundo problema es que esta política de promoción industrial no es estratégica. Es entendible que una actividad que recién comienza pueda necesitar resguardo y un empujoncito extra para desarrollarse, pero éste es un hijo de 50 años que todavía vive con los padres y que sale cada vez más caro. Claro que el régimen tiene que renovarse indefinidamente. ¡¿Cómo podría subsistir una fábrica de celulares en el fin del mundo?! Guillermo Moreno, sin querer, mostró un camino posible cuando les exigió a los importadores exportar para importar. Obviamente no podían exportar celulares o televisores, porque sus únicos compradores posibles (con sus precios) son los argentinos cautivos. En cambio, el mundo demanda nuestros langostinos. Así surgió Newsan Foods, la división alimentaria de Newsan, una de las principales fabricantes de Tierra del Fuego, ¡y le fue bárbaro! Seguro también habría demanda de turismo agroecológico, para ir a comer delicias del mar, y de aventura, allí, donde se acaba el mundo. Pero los que llegan a Tierra del Fuego se encuentran a operarios ensamblando celulares porque medio siglo atrás a un gobierno militar se le ocurrió que una zona franca era una buena manera de poblar el lugar.
Podríamos darle 300.000 pesos por mes a cada uno de esos 20.000 trabajadores a condición de que el resto de los argentinos podamos comprar celulares y microondas a precios internacionales.
El tercer problema es la falta de un análisis costo-beneficio. Hagamos un cálculo rápido. El gasto tributario del régimen de Tierra del Fuego (es decir, los impuestos que el Estado deja de cobrar por las exenciones existentes) se estima para este año en 78.000 millones de pesos, según un informe del Ministerio de Hacienda de 2019. El empleo privado registrado de todo el sector industria y comercio en la provincia, redondeando generosamente para arriba, es de 20.000 personas. Por lo tanto, si es por cuidar el empleo del sector, podríamos darle más de 300.000 pesos por mes a cada uno de esos 20.000 trabajadores a condición de que el resto de los argentinos podamos comprar productos de electrónica, desde celulares a microondas, a precios internacionales. Este es un análisis rápido y preliminar, pero permite llamar la atención sobre algo que debería ser obvio. Si vamos a pedirles a todos los argentinos que paguen productos más caros, y si el Estado va a dejar de recaudar 0,25% del PBI para sostener el régimen de Tierra del Fuego, tenemos que poder justificarlo. ¿Quiénes se benefician? ¿Cuánto? ¿Quiénes y cuánto se perjudican? ¿Podríamos sostener, e incluso sumar, nuevos empleos con otras políticas?
Hoy la pandemia puso en pausa muchas cosas: la educación de nuestros hijos, la fuente de ingresos de muchos trabajadores, proyectos, etc. Pero hay agendas que no se detienen. En febrero el ministro de Producción, Matías Kulfas, viajó a Tierra del Fuego a visitar las fábricas. Aunque los beneficios vencen en 2023, las empresas ya están buscando definiciones. ¿Cómo se renovará el régimen? Kulfas sostuvo que el desarrollo de la industria de Tierra del Fuego es fundamental para Argentina. Los argentinos, al igual que los empresarios, también queremos definiciones. En el futuro que están pensando para el país, ¿estamos incluidos los consumidores? Es hora de hacerle a la política la misma pregunta con la cual los empresarios poderosos y protegidos recorren los despachos oficiales: ¿la nuestra está? De una vez y por todas prendamos la luz.
