Octubre de 2020: las brechas cambiarias tocaban el 150%, los tipos de cambio no oficiales se acercaban a $200 por dólar y las reservas líquidas del Banco Central entraban en terreno negativo. Asustado por la inminencia de una crisis terminal, el Gobierno concentró poder en el ministro Martín Guzmán, quien con varios anuncios y algunas medidas concretas –especialmente en el terreno cambiario– logró sacarnos del borde del precipicio.
En aquellos días de empoderamiento ministerial, un Guzmán entusiasmado llegó a esbozar el núcleo del programa económico que pretendía instrumentar en 2021. Habló del objetivo de cerrar pronto un acuerdo con el FMI –trascendió incluso que podía firmarse antes de que terminara 2020– y de reducir gradualmente el déficit fiscal y el financiamiento del Banco Central al Tesoro. En ese marco, anunció el fin de algunas transferencias excepcionales asociadas a la pandemia, presentó en el Congreso un proyecto fiscalista de movilidad de las jubilaciones y confirmó que se iban a descongelar las tarifas de los servicios públicos, para evitar que siguieran atrasándose frente a la inflación. En línea con el discurso del ministro, en el presupuesto 2021 discutido en esos días en el Congreso se aprobó un déficit primario de 4,5% del PIB, varios puntos por debajo del registro de 2020, y con subsidios energéticos en torno al 1,8% del PIB, consistentes con un incremento importante en las tarifas en gas y electricidad.
Esta calma financiera y cambiaria fue la bandera de largada para las hostilidades de sectores kirchneristas del Gobierno contra el programa de Guzmán.
Con un contexto internacional favorable gracias a la fuerte mejora de los precios de nuestros bienes exportables (soja y otros), el Banco Central empezó a comprar reservas en el mercado oficial, usando una parte de esas divisas para venderlas en los mercados del dólar bolsa (MEP) y contado con liqui (CCL) y mantener las brechas acotadas. El tipo de cambio paralelo bajó y el temor a un descontrol cambiario se disipó.
Paradójicamente, esta calma financiera y cambiaria fue la bandera de largada para las hostilidades de sectores kirchneristas del Gobierno contra el programa de Guzmán –tanto en la esfera de la discusión pública como en el terreno de los hechos–, un enfrentamiento que se profundizó con el paso del tiempo y estalló públicamente hace un par de semanas con el irresuelto caso Basualdo.
A fines de 2020, la fórmula de movilidad previsional presentada por Guzmán fue modificada en el Senado, centro de poder kirchnerista, con aumentos en la frecuencia de los ajustes, cambios en la fórmula y otras modificaciones, todas más costosas para las cuentas públicas. Los senadores oficialistas iniciaron además un ataque sistemático contra las negociaciones con el Fondo, denunciando el acuerdo firmado en 2018 y exigiendo para el futuro condiciones de plazo, tasas y montos hoy inexistentes en la normativa del organismo.
al fondo de las prioridades
En el marco de la frágil paz cambiaria, la perspectiva de un acuerdo con el Fondo se fue desplazando primero en el tiempo –se hablaba de mayo– y diluyendo después. Las conversaciones del equipo económico con el staff se espaciaron y las declaraciones de los funcionarios del Fondo, aunque siempre cuidadosas y elegantes, dejaron ver que el consenso para un acuerdo estaba lejos de ser alcanzado.
El enfrentamiento con Guzmán en el tema tarifas corrió por cuenta de los dos Federicos (Bernal y Basualdo), ambos alfiles del kirchnerismo ubicados inicialmente como interventores de los entes reguladores del gas y la electricidad. Con el cambio del secretario de Energía de mediados de 2020, Basualdo fue designado subsecretario de Energía Eléctrica en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, posición que mantiene hasta el cierre de esta nota.
En forma cada vez más notoria, los federicos cuestionaron públicamente la estrategia tarifaria de Guzmán, defendiendo el congelamiento o la implementación de aumentos de tarifas inferiores a un dígito, muy por debajo de los números de Economía.
“No es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea menor”, le dijo a principios de marzo Bernal a Jairo Straccia, quien lo entrevistó para el diario Perfil. Una abierta provocación a Guzmán. En abril, con la polémica en torno al porcentaje de aumento instalada en los medios, le tocó a Basualdo: “No tiene sentido que el gobierno siga discutiendo esto. Hay que aplicar las políticas en función de los principios sociales y económicos que representamos y más en un contexto de segunda ola y posibles restricciones tanto a la circulación como a la actividad económica. Ya está agotada esa discusión”, dijo el federico eléctrico al portal Econojournal. “No quiero hacer debate sino solamente dejar en claro cuál es la posición de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, porque en esto hay un claro alineamiento de los entes reguladores”, advirtió. Y agregó: “A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”, una frase que parecía aludir con pedantería al estado de ánimo de Guzmán.
“Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”, dijo Bernal, una frase que parecía aludir con pedantería al estado de ánimo de Guzmán.
El salto en la inflación observado en 2021 aceleró la caída real de las tarifas de energía. Con los datos de abril difundidos esta semana, en el Gran Buenos Aires la inflación general al consumidor acumula un incremento del 108% en los últimos dos años, mientras que el ítem “electricidad gas y otros combustibles” solo creció un 8%, lo que significa una caída real del 48% en las tarifas en solo dos años.
Este no es el primer episodio en el que asistimos a una caída pronunciada en el valor real de las tarifas de servicios públicos. Por la experiencia reciente, los argentinos conocemos el impacto negativo en términos de deterioro de la calidad del servicio (cortes), caída de la inversión, insuficiencia en la oferta y aumento de los subsidios fiscales. La Universidad de La Plata publicó la semana pasada un libro elaborado por Walter Cont, Fernando Navajas, Alberto Porto y Francisco Pizzi, Precios y Tarifas y Política Económica, continuidad de artículos clásicos de Porto y Núñez Miñana sobre el tema, que construye y analiza series de tarifas públicas homogéneas en valores constantes para el período 1945-2019. En esta perspectiva histórica, sobresalen dos etapas de caída fuerte del valor real de las tarifas, que los autores identifican como los “Grandes Retrasos”: 1945-1952 y 2003-2015. El primer “Gran Retraso” corresponde al primer peronismo, y el segundo al peronismo kirchnerista. En la presentación del libro se analizó la situación actual y surgió un interrogante compartido por todos: ¿estamos frente a un tercer “Gran Retraso”, instrumentado nuevamente por un gobierno peronista?
el lado de los buenos
Dentro de la coalición oficial, la aceleración inflacionaria debilitó la posición de Guzmán para ajustar las tarifas. Para un gobierno que no asume la responsabilidad de la inflación y la traslada indistintamente a las empresas, los supermercados, los precios internacionales y otros factores externos, autorizar ajustes significativos de tarifas de servicios públicos lo ubicaría en el espacio de los malos, los insensibles. Por el contrario, mantener las tarifas retrasadas permite mantenerse del lado de los buenos, los que dicen proteger a los sectores más humildes de la población, con independencia de los efectos reales de la medida en términos de subsidios, déficit, inflación, salario y distribución del ingreso.
Algo de esto quiso decir Guzmán en su primera aparición pública tras la crisis Basualdo, cuando caracterizó como “pro-ricos” a los subsidios energéticos. Los indicadores de condiciones de vida de los hogares del segundo semestre del 2020 publicados por el INDEC sustentan las declaraciones de Guzmán. El 34% de los hogares argentinos y el 39% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados no tiene acceso a la red de gas natural. En encuestas anteriores del INDEC se detecta que estos porcentajes son mayores en los hogares más pobres de la población, llegando al 50%. A todos esos hogares no conectados a la red, que las tarifas de gas natural queden congeladas no les reporta ningún beneficio, simplemente porque no pueden consumirlo. Pero dada la estructura impositiva argentina, los habitantes de esos hogares pagan impuestos como todos los demás (el IVA, por ejemplo), y de esa forma participan del financiamiento de un subsidio del que no reciben nada, y que es mayormente apropiado por los hogares mas ricos, todos conectados a la red de gas y con los consumos medios más elevados. Un trabajo del CEFIDAR del 2011, de Gaggero y Rossignolo, estimó que del total de gastos presupuestarios en Energía, el 20% más pobre de la población recibe apenas el 6,2%, mientras que el 20% más rico se apropia del 42,7% de esas transferencias estatales.
El 20% más pobre de la población recibe apenas el 6,2% de los subsidios, mientras que el 20% más rico se apropia del 42,7%.
El caso Basualdo se inició con el anuncio de la fallida salida del subsecretario de Energía Eléctrica, que rápidamente se convirtió en los rumores de la probable salida del ministro. Guzmán resistió, se mantuvo en su puesto y viajó a Europa para buscar alternativas al problema de los inminentes vencimientos de deuda con el Club de París y con el Fondo. Entretanto, pese a sus fracasos, en los primeros meses del año logró mejorar notoriamente las cuentas fiscales y reducir las transferencias del Banco Central al Tesoro.
En materia de tarifas, sin embargo, Guzmán parece estar perdiendo la pulseada. Más allá de lo que suceda con las tarifas reguladas de los segmentos de transporte y distribución (Edenor y Edesur), en donde los federicos parecen haberse impuesto con congelamientos o aumentos de un dígito, la verdadera pelea –por su impacto en las facturas y en los subsidios– pasa por los precios mayoristas de la electricidad y el gas. En el caso de la electricidad, la Resolución 408, firmada por el secretario de Energía mientras Guzmán estaba en Europa declaró oportuno “que las tarifas de los servicios públicos se mantengan a idéntico valor que el vigente al 1º de abril de 2021”, y mantuvo sin cambios a los precios mayoristas hasta el 31 de octubre, el período invernal en el que la estacionalidad eleva los costos del sistema eléctrico. Con este congelamiento podemos esperar un quebranto mayor en el segmento de la generación eléctrica, que requerirá transferencias adicionales del Tesoro a Cammesa, el organismo que administra el despacho eléctrico.
En el caso del gas natural, combustible principal de nuestra matriz energética, Economía organizó en marzo una audiencia pública para definir el porcentaje de del costo a trasladarse a la tarifa. Unos días antes de la audiencia, la Secretaría de Energía publicó un detallado informe con conclusiones precisas: para que los subsidios al gas natural no superaran lo previsto en el Presupuesto 2021, objetivo varias veces anunciado por Guzmán, el precio mayorista del gas debía aumentar un 63%, porcentaje que llevado a la tarifa final implicaría aumentos de entre el 26% y el 35% al consumidor.
La audiencia pública se llevó a cabo el 15 de marzo. Dos meses después, sin novedades sobre sus resultados, los precios del gas natural al consumidor siguen congelados y cubren menos del 40% del costo de abastecimiento. El Tesoro pone la diferencia respecto al precio garantizado a los productores en el Plan Gas (alrededor de 3,50 dólares el millón de BTU) y al precio de importación. En ambos casos, la continua depreciación del peso frente al dólar aumenta la cuenta de subsidios.
fuego amigo
El conflicto entre Guzmán y el kichnerismo por las tarifas energéticas, de todas maneras, es un síntoma de una disputa mayor, que alcanza a toda la política económica. Aun con Guzmán de viaje, buscando apoyos con el Presidente para las negociaciones con los acreedores, las hostilidades de sus enemigos internos recrudecieron.
Con el liderazgo de Oscar Parrilli, la mayoría oficialista en el Senado aprobó una declaración para solicitar al ministerio de Economía que los derechos especiales de giro a recibirse por la ampliación de capital del FMI –ese regalo milagroso que engrosará las reservas del BCRA– no se usen para pagar servicios de la deuda y se destinen a financiar políticas paliativas de los efectos de la pandemia. Una propuesta que parece esconder una decisión kirchnerista de no pagar los vencimientos con los multilaterales. Aunque los senadores intentaron disimular las peleas internas, resultó difícil de explicar por qué el poderoso bloque oficialista le “manda mensajes” públicos a su propio ministro mediante declaraciones oficiales del Senado. “Me imagino que en la bancada oficialista deben tener el WhatsApp del ministro de Economía”, ironizó el senador Martín Lousteau.
El fuego amigo se disparó también desde la cámara de Diputados, apuntando justamente a las tarifas de energía. Un grupo de diputados encabezados por el mismísimo Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para bajar entre un 30% y un 50% la tarifa de gas de cerca de tres millones de usuarios de distintas regiones caracterizadas como “frías”, asimilándolas en su esquema tarifario a la situación de la Patagonia, que desde hace años paga valores diferenciales mas bajos que los vigentes en el resto del país. Si bien en teoría el sistema debería financiarse con un cargo tarifario que pagan todos los consumidores de gas, si un proyecto como este se aprobara parece difícil imaginar un escenario en el que el Tesoro no tenga que sumar fondos para esta generalización del esquema de subsidios patagónicos.
El PJ bonaerense también dijo lo suyo: difundió un documento titulado “La Argentina de los tarifazos quedó atrás”.
El PJ bonaerense también dijo lo suyo: difundió un documento titulado “La Argentina de los tarifazos quedó atrás”. Y adelante, habría que agregar. Siempre es más fácil entrar a un congelamiento de tarifas que salir de él. ¿Pero alguien puede creer que estos precios relativos de la energía distorsionados podrán mantenerse indefinidamente? La historia nos muestra un patrón esperable: cuanto más profunda es la erosión real de los precios y tarifas, mayor tiene que ser el ajuste posterior para normalizar el sistema.
El ajuste fiscal de Guzmán en los primeros meses del 2021 es también blanco de las críticas del oficialismo y sus satélites. Lo advirtió Horacio Verbitsky en su columna dominical de hace dos semanas: “Preocupa en el gobierno la obsesión fiscal del ministro, que le ha valido el elogio de Daniel Artana, de FIEL, por su apego a la ortodoxia”. En un gobierno nacional y popular, nada peor que decirle ortodoxo a un ministro de Economía.
En Europa, Guzmán se reunió con sus pares de los principales países europeos, con funcionarios del Fondo y del Banco Mundial, y con John Kerry, Kristalina Georgieva y su mentor. Joseph Stiglitz, entre otros, con quienes compartió el seminario “Soñando con un mejor reinicio”, organizado por el Vaticano. Más allá de los resultados, seguramente esos encuentros de alto nivel, lejos de la batalla doméstica, le permitieron oxigenarse, recuperar el entusiasmo y volver a creer en su programa económico.
Cuando aterrizó en Buenos Aires, sin embargo, los federicos todavía estaban allí.
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