La política económica del Gobierno desde diciembre pasado ha mostrado un giro radical con la de la gestión anterior. El diagnóstico general de la economía, que valoriza la necesidad de corregir de forma rápida los desequilibrios fundamentales a pesar del impacto negativo en el corto plazo, ha sido acertado y valorable. Los logros obtenidos en los primeros meses son muy importantes. La inestabilidad y los riesgos en los que estaba inmersa la economía argentina a fines del año pasado requerían acciones rápidas y contundentes para evitar una crisis explosiva. Sin embargo, de la misma manera en que se destaca este buen comienzo, es momento de señalar los puntos débiles que surgen en el largo camino de la implementación del programa.
En el plano fiscal, como ya se ha repetido hasta el cansancio, el principal factor que colaboró con el equilibrio presupuestario fue la licuación de jubilaciones y pensiones. Sin pensar en la sostenibilidad política de este ajuste, el Gobierno eligió maximizar el ahorro en el corto plazo a riesgo de perderlo en el mediano. A principios de marzo, parte de la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para modificar por ley la fórmula de movilidad previsional. Era una oportunidad inmejorable para el oficialismo: la propia oposición le estaba ofreciendo un cambio de fórmula por ley que resultaba en un ahorro fiscal muy importante, aunque no tanto como el que el Gobierno tenía en mente, ya que en los primeros meses la fórmula propuesta recuperaba el poder adquisitivo perdido en enero.
Pues bien, en lugar de resignar unas pocas décimas de ajuste fiscal y dar por cerrado el tema, el Gobierno decidió avanzar unilateralmente vía DNU con su propia fórmula. Así, dejó la puerta abierta para que el debate continúe en Diputados y hoy mismo haya cinco proyectos de modificación de la fórmula. La probabilidad de que alguno de esos proyectos —que implican mayor gasto y una reversión de buena parte del ajuste inicial en comparación con la propuesta de la oposición de marzo— se convierta en ley es alta. Desconocer las vías institucionales y priorizar el ahorro de corto plazo por el ahorro sostenible puede salir muy mal.
Desconocer las vías institucionales y priorizar el ahorro de corto plazo por el ahorro sostenible puede salir muy mal.
Vinculado a este punto aparece la suspensión del proceso de corrección tarifaria y baja de subsidios económicos. Según las propias declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, como se sienten tan cómodos con la evolución fiscal hasta el momento, pueden tomar la decisión de demorar la eliminación de subsidios. Es decir, “como ajustamos tanto en jubilaciones, obra pública y otras partidas, podemos seguir desajustados con los subsidios a las tarifas un tiempo más”. Esto confirma que la calibración del ajuste fiscal no fue la correcta. Si el programa original para lograr el equilibrio fiscal contemplaba una trayectoria rápida de eliminación de subsidios económicos y ahora se demora, es una revelación de que el ajuste en el resto de las partidas fue mayor al necesario.
Desde el punto de vista de la eficiencia económica, pocas cosas pueden ser más cuestionables que la lentitud en la eliminación de los subsidios a las tarifas que resultan en señales de precios al mercado que incentivan el sobreconsumo y el desperdicio de un bien caro como la energía. Nunca antes los usuarios N2 y N3 (de ingresos medios y bajos) estuvieron tan subsidiados como ahora. A fin de cuentas, habría sido preferible ahorrar un poco menos en jubilaciones y más en subsidios, haciendo que los consumidores se enfrentaran al verdadero precio de la energía y que, con su ingreso disponible, tomasen las decisiones de consumo más adecuadas. En lugar de eso, se licuó el ingreso disponible de un segmento de la población y, como se lo hizo más de la cuenta, ahora podemos regalarle la energía unos meses más para compensar.
Nunca antes los usuarios N2 y N3 (de ingresos medios y bajos) estuvieron tan subsidiados como ahora.
El último error en materia de manejo de las finanzas públicas es un “pecado original” del presidente cometido antes de llegar al Gobierno: haberse plegado el año pasado al populismo tributario de Sergio Massa, votando la eliminación del impuesto a las Ganancias, inhabilitó al presidente para actuar de forma rápida en los primeros días de gobierno enviando un proyecto de restitución del impuesto al Congreso. Si, por el contrario, su posición hubiera sido como la de los diputados de Juntos por el Cambio, que decidieron pagar el costo político de oponerse a la eliminación del mejor impuesto que tiene el sistema tributario, entonces podría haber revertido la situación rápidamente. Incluso debería haber sido una ley independiente del paquete fiscal y de la Ley Bases con el objetivo de dejar sin efectos las medidas de campaña de Massa.
En este escenario, toda la pérdida de recaudación que ha acumulado el Gobierno desde que asumió hasta hoy por el impuesto a las Ganancias no hubiera ocurrido y, por lo tanto, la suba de alícuotas de impuestos distorsivos, como el 17,5% del impuesto PAIS, no hubiera sido necesaria o lo hubiera sido en menor proporción. Dicha medida no permite el correcto realineamiento de precios relativos, encarece todo el sistema productivo e intensifica el sesgo antiexportador del sistema tributario.
Precios relativos y desinflación
La otra gran tarea que tenía el Gobierno antes de poder entrar de forma sostenible en una senda de reducción de la tasa de inflación era el realineamiento de precios relativos. Que incluía tanto el incremento fuerte de precios atrasados durante los últimos años como el abaratamiento de aquellos que por distintos motivos habían evolucionado bien por encima del promedio. El impuesto PAIS, como se señaló, atentan contra esto último. Las idas y vueltas con las cuotas de las prepagas, y la suspensión del aumento de tarifas de energía, gas y transporte atenta contra lo primero. No es posible bajar la inflación de forma permanente con una estructura de precios relativos distorsionada, porque los precios atrasados necesitarán acomodarse en algún momento, acelerando nuevamente la tasa de inflación. El gobierno parecía tener esto en claro hasta el mes de abril, cuando arrancaron las dudas y las señales contradictorias. Cuando se publique el IPC de mayo, va a revelarse que una gran cantidad de precios atrasados, que venían adelantándose, volvieron a atrasarse.
El deseo de ver una desaceleración más rápida de la inflación mensual parece haber tentado al Gobierno a maquillar la desinflación volviendo a atrasar precios. Nuevamente, mostrar resultados rápidos en lugar de sostenibles.
El principal logro del equipo económico ha sido alejar a la economía de un riesgo inflacionario mayor. Y, si bien el ritmo de desaceleración desde el pico de 25,5% de diciembre quizás haya sido más rápido que el que los analistas esperábamos, no es menos cierto que eso fue resultado de haber abandonado en el trayecto el aumento de precios regulados que se había prometido en el arranque de la gestión. Si el transporte urbano del AMBA iba a aumentar cada dos meses con indexación a la inflación pasada y, a la primera oportunidad de aplicación, se pospone la decisión, entonces claro que la inflación va a bajar más rápido que lo esperado.
Que el ritmo de desaceleración de precios haya sido rápido hasta el momento no garantiza la consistencia de la trayectoria de desinflación con la trayectoria cambiaria.
Sin embargo, que el ritmo de desaceleración de precios haya sido rápido hasta el momento no garantiza la consistencia de la trayectoria de desinflación con la trayectoria cambiaria. Es decir, aun con una inflación que se desaceleró más rápido que lo esperado, sigue siendo relevante la pregunta acerca de la consistencia del crawling peg al 2% mensual. Más aún si se lo analiza a la luz de experiencias históricas de desinflación con uso del ancla cambiaria. A partir del momento en que se decidió utilizar al dólar como ancla nominal en el Plan Austral, la tasa de inflación mensual pasó del 30,5% a 6,2%, 3,2%, 2% y 1,9% (fue bueno mientras duró…). Para el caso de la Convertibilidad, esos números fueron 27%, 11%, 5,5%, 2,8% y 3,1%. Para el caso actual son 25,5%, 20,6%, 13,2%, 11% y 8,8%. Es decir, que la inflación acumulada desde el mes siguiente al shock cambiario fue menor al 14% para el Austral, menor al 25% para la Convertibilidad y del 65% ahora.
El correlato de estas dinámicas es el famoso atraso cambiario: el principal tema de discusión entre el Gobierno y los analistas económicos. Por momentos, parecería que el primero está confundiendo dos fases del programa en una sola: la del acomodamiento de los precios relativos y la de la desinflación. Ambas no pueden ir juntas, y si se quiere avanzar a la segunda sin haber terminado la primera, la ansiedad puede ir en contra de la sostenibilidad si el tipo de cambio real queda en un nivel que no le permite al BCRA seguir acumulando reservas una vez pasada la cosecha gruesa.
Expectativas y debilidad de origen
Finalmente, es relevante señalar que la debilidad de origen del Gobierno, por su baja representación política en el Congreso de la Nación y en los gobiernos provinciales, hace más desafiante el proceso de correcciones y más importante aún la consistencia del programa económico y la minimización de fallas en el diseño y la implementación.
El rol que las expectativas de los agentes privados tienen en el desarrollo del proceso económico ha sido incorporado en el análisis hace ya varias décadas. Un mismo anuncio de política económica puede tener efectos diferentes según cuáles sean las expectativas del sector privado. Cuanto mayores sean las dudas sobre la capacidad de implementación o la sostenibilidad de las medidas del Gobierno, mayor impacto recesivo en el corto plazo tendrán las correcciones fiscales, cambiarias y de precios relativos. Atento a esto y a su condición de origen, mayor debería ser la preocupación por la consistencia del programa. En palabras sencillas, con menor apoyo político, menor es la capacidad de revisión y corrección a medida que pasa la luna de miel de los primeros meses de gestión.
La pertinencia del enfoque general, las intenciones de corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos y los importantísimos logros registrados hasta el momento no son razones para que los analistas evitemos señalar los errores. De lo contrario, se corre el riesgo de tirar por la borda todo el esfuerzo y el costo que se ha pagado hasta el momento en una estabilización fallida.
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