Hay que demostrar nuestras equivocaciones lo más rápido posible;
es la única manera de avanzar.
–Richard Feynman
Las discusiones políticas en Argentina parecen ser cíclicas y eternas y nunca se resuelven en acciones que nos mejoran la vida. Más importante que hacer cosas es discutir dogmas y eslóganes para demostrar una verdad última, única y, seguramente, inexistente. Eso me hace pensar que si los argentinos fuéramos médicos, seríamos muy buenos para diagnosticar y muy malos para curar.
Entre estas discusiones que se visten de seda pero son la misma mona, ha resurgido con la propuesta del candidato a presidente Javier Milei de cerrar el CONICET, si la ciencia debe ser financiada por el Estado o por el sector privado, si es gasto o inversión o si debe ser “útil” (sin aclarar para qué o para quién). Por supuesto, como todo punto de vista político, los planteos no están exentos de ideología, y en mi caso esa ideología es el liberalismo. Pero no deja de ser fascinante que supuestos progresistas de izquierda que se maravillan con países de economía y sistema científico dirigistas (es decir, en los que los gobiernos ejercen una fuerte influencia en las decisiones de qué temas investigar) clamen por la absoluta libertad de investigación, mientras que conservadores autoproclamados liberales que aborrecen a esos mismos países dirigistas propongan un sistema científico muy similar al cubano o al chavista. Todo con el infaltable toque nac & pop del peronismo, citando cada vez que puede a Bernardo Houssay, un liberal de pura cepa a quien el peronismo echó de la Universidad de Buenos Aires en 1951 y al que repudiaba hasta hace poco por haber participado de la Revolución Libertadora que fundó el CONICET, del que fue su primer director entre 1958 y 1971. (Sólo falta que el Presidente de la nación lo llame Juan Domingo Houssay.)
Es fascinante que progresistas de izquierda que se maravillan con países de economía y sistema científico dirigistas clamen por la absoluta libertad de investigación.
En este caos de dogmas, eslóganes e irracionalidades transcurren las discusiones de estos días, usando en muchos casos la táctica dudosa de tomar el título de temas de investigación para demostrar la inutilidad de esos proyectos, colocando así principalmente a las ciencias sociales en la picota pública. Algo que sucede, creo, es que los títulos de los proyectos de las ciencias duras usan términos técnicos incomprensibles y quizás por eso en apariencia importantes. En las ciencias sociales uno cree entender el sentido de las palabras y por eso supone que tiene la capacidad técnica de juzgarlos. Por supuesto que en ciencias duras, blandas, básicas o tecnológicas hay proyectos buenos, regulares y malos. Lo que no suele haber en su evaluación son prioridades claras, como ya he expresado aquí anteriormente. A estas críticas se contrapone la soberbia de muchos científicos que, subidos a un banquito de pretendido prestigio y ego infinito, dicen que los temas son muy profundos y técnicamente complejos como para que los entiendan los demás mortales. Así vamos por el mundo.
Ciencia y fondos públicos
¿Sirve la investigación científica para el desarrollo económico? Sin dudas. Cualquier cosa de la que nos beneficiamos hoy, hasta la más trivial, se basan en descubrimientos científicos básicos de la biología o la física , como los antibióticos que aumentaron el promedio de vida de los humanos o los celulares y los GPS que nos permiten comunicarnos. Creo que nadie pone en duda que la industria farmacéutica o la de telecomunicaciones generan enormes cantidades de dinero. Con este ejemplo, podríamos decir que la ciencia no necesitara apoyo del Estado, podría ser privada. No es descabellado pensarlo. El sentido común nos diría que sí. Pero no es verdad. En primer lugar, porque la mayoría de las industrias que usan conocimiento científico y técnico no lo crearon, sino que lo desarrollaron con utilidad comercial en base a conocimientos creados antes, sin prever o esperar ninguna utilidad.
Veamos un ejemplo. Uno de los asuntos más novedosos de la última década es la edición genética, una técnica que permite modificar el ADN de cualquier organismo a voluntad. Durante mucho tiempo se usaba un método laborioso, caro, difícil de ejecutar. En 2012 se desarrolló una técnica mucho más simple llamada CRISPR, que puso la edición génética al alcance de todos. Esa técnica la desarrollaron en colaboración la francesa Emmanuelle Charpentier (en ese momento estudiaba inmunidad en bacterias en la Universidad de Umeå, en Suecia) y la norteamericana Jennifer Doudna (estudiaba bioquímica de ARN y proteínas en la Universidad de Berkeley), y la aplicó rápidamente el chino Feng Zhang del Instituto Broad del MIT y Harvard.
Este descubrimiento fue el resultado de al menos 25 años de investigaciones previas enteramente financiadas con fondos públicos.
A partir de esto, Berkeley y el MIT comenzaron una despiadada batalla legal por la patente, la mas grande que se recuerde en la industria biotecnológica, ya que se estimaba en un valor de miles de millones de dólares por aplicaciones y productos, y decenas de millones de dólares para los centros de investigación por las licencias (esta disputa merece un artículo entero, pero no vamos a entrar en detalles). Esa batalla legal terminó en marzo del año pasado con la victoria del MIT, porque se rechazó la exclusividad de aplicación a Berkeley.
Pero este descubrimiento no fue una invención instantánea o casual, sino el resultado de al menos 25 años de investigaciones previas en distintos laboratorios. Estas investigaciones, incluso la del desarrollo de la técnica de edición genética, estaban basadas en la curiosidad por saber cómo funciona el sistema inmune de las bacterias, y estuvo enteramente financiada con fondos públicos. Esos fueron los ladrillos con los que se construyó la gran disputa por la patente.
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Curiosamente, a comienzos de siglo, la empresa de alimentos danesa Danisco investigó el mismo tema y el biólogo francés Phillippe Horvath, del departamento de investigación y desarrollo de la compañía, aplicó la técnica CRISPR sin saber cómo funcionaba para resolver un problema de producción: a algunas bacterias que se usaban para producir yogur las mataba un virus y se perdía la producción. Horvath descubrió que eso estaba relacionado con la inmunidad de las bacterias a los virus y las secuencias CRISPR de las bacterias, por lo que patentó un método para poder identificar las bacterias resistentes a ser usadas en la producción de yogur. De edición genética, nada, porque a Danisco no le interesó saber cómo funcionaba el sistema. Esa era una pregunta básica, pero fuera del problema puntual. Sin dudas, cumplió muy bien con su objetivo primario como empresa productora de lácteos, pero perdió la oportunidad de ser un jugador importante, quizás el más importante, en el boom biotecnológico posterior.
¿Es criticable eso? No, para nada. Las empresas no tienen la función de crear conocimiento básico, sino riqueza. Pero es claro que sin el conocimiento básico, ese que surge de la curiosidad, es imposible progresar. Las empresas tienen como objetivo maximizar beneficios y eso implica que la mayoría evita invertir en temas de riesgo o que no son de su interés directo, no pueden permitirse esos “lujos”. Por eso la inversión de riesgo que implica avanzar sobre lo desconocido habitualmente cae en el sector público, pero las empresas aprovechan ese producto.
La ciencia del Estado
En 2016, a raíz del boom de la edición génica surgieron varios artículos en medios que no son precisamente contrarios a la economía abierta, como el Financial Times. En el artículo “El secreto de un sector biotecnológico de nivel mundial”, resalta que cuando las primeras empresas de biotecnología se crearon en Estados Unidos, tenían ventajas que ni siquiera Europa podía igualar: universidades de alta calidad con investigación biomédica financiada de manera masiva por el Gobierno federal, un sistema eficiente de transferencia de tecnología del laboratorio al negocio, un mercado de capitales de riesgo que ya había hecho dinero con la electrónica y que podía aplicar su experiencia en el sector biotecnológico, un mercado bursátil tentador para compañías jóvenes con perspectiva de crecimiento y un gran mercado interno libre, sin controles de precios, que ofrecía buenas recompensas a los que desarrollaban productos innovadores. El método de edición genética CRISPR fue uno de ellos.
Sin dudas, invertir en ciencia y tecnología es un excelente negocio, sea del privado para desarrollar un producto o del Estado para generar conocimiento que sirva como infraestructura al privado para que lo utilice del mismo modo que utiliza un camino o un puerto para exportar su producción. Cuando el Estado usa parte de su presupuesto en ciencia y tecnología, invierte en una infraestructura invisible que puede aprovecharse para generar riqueza. Generalmente, cuanto mayor es el riesgo, mayores son los beneficios potenciales.
Invertir en ciencia y tecnología es un excelente negocio, sea del privado o del Estado para generar conocimiento que sirva como infraestructura al privado.
Pero, ¿es posible invertir en ciencia para realizar buenos negocios en Argentina? Si consideramos la descripción del Financial Times de una economía libre con sólidos mercados bursátiles y de capitales, la respuesta es no. Si sumamos la situación actual de insólitas restricciones a las importaciones, el no se transforma en absolutamente no. Pero la imposibilidad de hacer negocios en Argentina vale para la biotecnología, la nanotecnología o cualquier otra empresa que pensemos, sea o no de conocimiento intensivo: Argentina es hoy un ambiente extremadamente hostil para el desarrollo de los negocios. Si a eso le sumamos que el sistema educativo nos enseña desde pequeños que hacer dinero es malo, tenemos la combinación perfecta para que no se generen riquezas, y menos aún a partir de desarrollos tecnológicos.
Por supuesto que hay ejemplos de éxito de comercialización de conocimiento básico que se transfiere. El trigo HB4, desarrollado por Raquel Chan en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) y adoptado por Bioceres, es quizás el mejor ejemplo. Pero son excepciones, y esa excepcionalidad las hace visibles. Y no casualmente este desarrollo se aplica al sector agropecuario, que ha basado el gigantesco aumento de su productividad de las últimas décadas en desarrollos científicos y técnicos, mayoritariamente generados en universidades y centros de investigación estatales de Argentina y el extranjero. No por casualidad el sector vive pidiendo una economía racional con libertad de mercado y es visto como el enemigo por la progresía oficialista.
La ciencia es liberal
En vista de todo esto, y aun asumiendo que fuese bueno dejar a la ciencia enteramente en manos sector privado argentino, me animo a decir que de ser así no tendremos ni buenos negocios ni buena ciencia, porque no hay manera de hacer negocios y generar riqueza o conocimiento en la extravagante economía que este Gobierno insólito nos deja. Por supuesto que debemos aspirar a tener un país normal y una economía racional, pero no será de la noche a la mañana, llevará tiempo y sacrificios dada la devastadora destrucción del sistema productivo del país. En ese tiempo de racionalización corremos el riesgo de perder el capital humano de alto valor científico y tecnológico con el que contamos en los organismos de ciencia y en las universidades. Y perderlo será más costoso económicamente que sostenerlo mientras se ordena el país y se produce el cambio de paradigma aunando un sistema económico racional, una educación moderna y una cultura del trabajo para la creación de riqueza.
Pero hay también razones políticas. El liberalismo ha sido el gran impulsor de la ciencia y la educación en la Argentina, desde el Estado. Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, creó la Academia Nacional de Ciencias en 1869 y el Observatorio Astronómico de Córdoba en 1871 y, cuando era ministro de Instrucción Pública de la provincia de Buenos Aires, era asesorado por el naturalista prusiano Carlos Burmeister, nombrado en 1861 director del Museo Público de Buenos Aires (hoy el Museo Argentino de Ciencias Naturales). (A su muerte, en 1892, el presidente Carlos Pellegrini, su ministro de Educación y su ministro de Relaciones Exteriores llevaron el ataúd.)
El liberalismo ha sido el gran impulsor de la ciencia y la educación en la Argentina, desde el Estado.
No cabe duda de que el liberalismo fue y debe seguir siendo el mejor amigo de la ciencia, porque es ella la que permite la mayor libertad de acción y pensamiento. Al respecto, hay un libro que ha tenido una notable influencia en mis ideas, escrito en 1854, pocos años antes de El origen de las especies de Charles Darwin. Se trata de Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, de Juan Bautista Alberdi. Transcribo un párrafo:
Todo gobierno argentino que sepa emplear el Tesoro público conforme al pensamiento de la Constitución y al interés del país, comprenderá siempre en el presupuesto de gastos nacionales una suma destinada al pago de los trabajos de exploración territorial. Pocos gastos serán más fructíferos que ése para la renta y la prosperidad de la Nación. La industria sacará ventajas infinitas de un estudio que dé a conocer todas las fuerzas y aptitudes productoras del suelo argentino, por investigaciones sabias en los tres reinos mineral, animal y vegetal; y sólo en vista de un cuadro estadístico de las tierras públicas y privadas, que contiene el suelo nacional, y de una buena clasificación de ellas según sus aptitudes para los diversos ramos de gobierno hacer servir la tierra a su destino oficial, es decir, como base de impuestos, como garantía de la deuda y del crédito público, como fuente integrante del Tesoro nacional…
Alberdi fue el más importante pensador político del siglo XIX, el padre de nuestra Constitución y el defensor de las libertades en todo sentido. En este contexto, la exploración es el equivalente a la ampliación de las fronteras del conocimiento, la ciencia, algo que estaba dentro de las tendencias de la época. Alberdi habla claramente de financiar la ampliación del conocimiento con el Tesoro público. Hasta me arriesgo a sobreinterpretarlo y decir que Alberdi propone estudios de biodiversidad y que, convengamos, estudiar bichitos y plantitas no es a primera vista un conocimiento que genere riqueza. De hecho, cuando Darwin se fue a dar la vuelta al mundo, sus investigaciones no tenían otro fin que el de conocer más. Un siglo después, en 1960, en una reunión del Consejos Regionales del CONICET, Houssay dijo: “Sin un rápido desarrollo científico y técnico no seremos capaces de organizar industrias ni la explotación de nuestras riquezas naturales. Viviremos pobres en medio de riquezas potenciales”.
Desde siempre he hecho énfasis en que es imposible tener ciencia sin financiamiento, que el financiamiento del riesgo debe correr, en el sentido alberdiano, a cuenta del Estado para establecer las bases de una infraestructura de conocimiento que los privados aprovechen para hacer negocios, ganar dinero y producir riquezas. La posibilidad de ganar dinero, a su vez, alentaría a los privados para que inviertan en investigacion y desarrollo, sea en sus propios laboratorios o en conjunto con universidades o centros de investigación. Pero este circulo virtuoso esta roto y parece que las tareas que llevan adelante los científicos no sirve.
Para más vergüenza, los organismos de ciencia, que siempre tuvieron una buena consideración por parte de la sociedad, se han colonizado como estructuras partidarias del kirchnerismo. El CONICET es quizás el caso más patético: su directorio está más preocupado por realizar proclamas políticas partidarias que por resolver los problemas reales, que son muchos, de sus pobres investigadores, que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Esa colonización partidista de las instituciones inexorablemente destruye la confianza de los ciudadanos y los lleva a pensar que son órganos partidarios llenos de parásitos. Y en realidad están dirigidos por parásitos e integrados por víctimas.
El caso del CONICET quizás sólo tenga una salida: la intervención por un tiempo determinado, el saneamiento de la administración, la profesionalización completa de la burocracia, la transparencia de los actos y la reforma de sus estatutos para hacerlo más flexible y menos pesado a los investigadores, que pasan más tiempo resolviendo trámites que haciendo ciencia. Seguramente otros entes del Gobierno necesiten un tratamiento similar. Pero es una decisión política que, como insisto desde hace mucho, requiere la interacción de científicos que tengan nociones de política y políticos que tengan nociones de ciencia. Cambiar esta situación, que ocurre en cada rincón del Estado, requerirá decisiones drásticas. Pero no es matando al paciente como se cura una enfermedad.
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