La Argentina asiste a un extraño experimento político. La peculiaridad comenzó en 2019, cuando, mediante un tuit, Cristina Kirchner ungió a Alberto Fernández como precandidato a presidente de la Nación y se reservó a sí misma el segundo lugar en la fórmula. A los pocos minutos, ya alguna cuenta de Twitter formulaba el pronóstico: “Alberto Fernández de Kirchner”.
Rápidamente se recordó también la experiencia de 1973, cuando la publicidad de la fórmula del FREJULI, Cámpora-Solano Lima, no dejaba demasiado espacio para las conjeturas: “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. El gobierno de facto iniciado en junio de 1966, la Revolución Argentina —presidido en su última etapa por el general Alejandro Lanusse— había decidido convocar a elecciones libres y terminar con la larga proscripción del peronismo, pero tomó un par de precauciones para intentar que éste no ganara. La principal fue una reforma constitucional aprobada por la Junta Militar, que sólo modificó algunos aspectos de la parte orgánica. El ejercicio del poder constituyente por parte de tres personas no elegidas por el voto popular fue morigerado, si cabe, por el hecho de que las enmiendas eran transitorias y caducarían, como a la postre ocurrió, si no eran ratificadas por el gobierno constitucional subsiguiente. La clave del Estatuto de 1972, como se lo conoció, fue la introducción de la elección presidencial por el voto directo de los ciudadanos y con el sistema de doble vuelta. El peronismo ganaría probablemente la primera, pensaban Lanusse y sus colaboradores, pero podría ser derrotado en el balotage.
Esto, desde luego, no sucedió. Cámpora obtuvo unas décimas menos del 50%, pero la distancia con el segundo, Ricardo Balbín, era tan grande que éste decidió concederle la victoria sin segunda vuelta. El otro recaudo sí tuvo éxito, aunque efímero. Se estableció que los candidatos a presidente debían residir en la Argentina antes de cierta fecha de 1972. La norma, planteada como general, en verdad tenía nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El fundador del Partido Justicialista vivía desde hacía muchos años en Madrid. Podría haber regresado, pero no aceptó el desafío (“si no viene es porque no le da el cuero”, lo había toreado Lanusse) y quedó entonces inhabilitado. De ahí que el peronismo debía designar a otro candidato. Conforme a su tradición, esto no surgiría del voto de los afiliados ni de tumultuosas convenciones, sino del dedo único y omnisciente del Primer Trabajador.
Conforme a su tradición, el candidato no surgiría del voto de los afiliados ni de tumultuosas convenciones, sino del dedo, único y omnisciente, del Primer Trabajador.
El designado fue Héctor J. Cámpora, un dirigente peronista de origen conservador que había presidido la Cámara de Diputados y fungía como “delegado” de Perón en la Argentina. Una figura mediocre, gris, cuyo único mérito era la obsecuencia. La fórmula fue completada por otro conservador, Vicente Solano Lima, que al peronizarse formó el Partido Conservador Popular. La presidencia de Cámpora fue breve: 49 días. Su gobierno tuvo una preponderancia de sectores de la izquierda peronista (en conjunción con algunas personas menos progresistas, como José López Rega) que habían sido alentados por Perón antes de su regreso, pero que luego empezaron a fastidiarlo. El expediente fue veloz. En lugar de esmerilarlo, bloquearle sus iniciativas de gobierno o escribir largas epístolas, el jefe simplemente lo echó. Cámpora y Solano Lima no opusieron resistencia y renunciaron.
Cristina Kirchner no es Perón. Tampoco las circunstancias son similares. Es cierto que ella conserva el liderazgo político de una fracción no desdeñable del electorado y que Alberto Fernández nunca ha sido otra cosa que un operador al servicio de cambiantes jefes. Pero esa relación nunca fue la de Perón y Cámpora. Como resultado, hasta el momento Fernández no ha sido removido, pero sí se ha ido deshilachando luego del curioso momento de gloria que le depararon la pandemia y las filminas, cuando posaba de profesor todoterreno. Esta situación sumió al Gobierno en una parálisis inédita, que se mantuvo demasiado tiempo, sobre todo a la luz de una crisis económica muy severa.
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En semejante contexto, la decisión de Cristina Kirchner (¿la decisión del peronismo?) fue dejarlo a Fernández como el presidente formal y transferirle el gobierno, en los hechos, a Sergio Massa. O eso, por lo menos, es lo que puede inferirse de los gestos de estas primeras horas. Ya era extraño un gobierno en el que la vicepresidente tenía más poder que el presidente (un régimen vicepresidencial, como lo bautizó Daniel Sabsay). Ahora, la llegada de un tercer actor torna todavía más complejo el panorama. Pareciera que el nuevo ministro de Economía es quien ejerce el Poder Ejecutivo, con la anuencia inicial de la vicepresidente. El presidente, mientras tanto, completa su devaluación dando un ostensible paso al costado. En una nota del jueves pasado en La Nación, Jaime Rosemberg señala que “desde el consejo de asesores del Presidente, ahora conducido por el joven chubutense Julián Leunda y que volvió a reunirse a principios de esta semana, sugieren que un ‘Alberto más cercano’ y alejado del barro de la disputa económica y política es el ‘ideal’ al que aspirarían para esta etapa”. Un Alberto más cercano (de la gente, supongamos) sería un Alberto más lejano del gobierno. Otros colaboradores, según Rosemberg, dicen que “en la intimidad se mostró ‘afectado’ por el cambio de roles, y que ahora se concentraría en la política exterior continuando, por ejemplo, con su estrategia de equilibrio entre Estados Unidos y los países considerados ‘no democráticos’ del continente”. Esto evidencia su lejanía, pero de la realidad.
Massa pide a través de sus voceros, aunque públicamente lo desmienta, que los periodistas se refieran a él como “superministro”. Los asesores de Fernández admiten en off que el presidente se retiró del gobierno. Si esto es así, un ministro gobierna y el presidente ejerce funciones protocolares y representa al Estado en el exterior. Algo no muy distinto de lo que hacen los presidentes en los sistemas parlamentaristas. El problema es que el nuestro no lo es. La reforma de 1994 no fue tan lejos. Uno de sus objetivos fue “atenuar” el presidencialismo, no suprimirlo.
Un único antecedente
Hubo por cierto en nuestra historia presidentes débiles y ministros fuertes, pero no es fácil encontrar una situación similar a ésta. Tal vez la que más se le parezca haya ocurrido en 1893. En octubre del año anterior había asumido la presidencia Luis Sáenz Peña, un dirigente y jurista respetado, pero no un líder político. Su candidatura fue fruto de un acuerdo de circunstancias entre Roca y Mitre para bloquear el ascenso de la Unión Cívica Radical y otra candidatura que ponía en peligro esos entendimientos: la del hijo de Sáenz Peña, Roque, quien sería presidente más adelante. Esa debilidad de origen se manifestó en los constantes cambios de gabinete. Había además permanentes insurrecciones en las provincias y se esperaba un nuevo levantamiento de los radicales. Para conjurar ese peligro, Sáenz Peña le ofreció integrar el gabinete a un radical de gran prestigio, íntimo amigo de Alem, Aristóbulo del Valle. Éste no solo solicitó para sí el Ministerio de Guerra y Marina, sino que reorganizó el gabinete con figuras de su confianza. Pasó a ser lo que los voceros de Massa llamarían un superministro.
Sáenz Peña, sin renunciar al cargo, salió de la escena. Gobernaba Del Valle, quien permitió nuevos levantamientos radicales en algunas provincias, dirigidos por Hipólito Yrigoyen. Finalmente, Roca y Pellegrini reaccionaron y lograron que el presidente le pidiera la renuncia a Del Valle. El experimento duró 36 días. Un nuevo “superministro”, Manuel Quintana, terminó con las insurrecciones. Sáenz Peña miraba el panorama desde lejos, aunque no consta que ningún ordenanza les dijera a los diarios que el presidente se dedicaría a resolver los conflictos internacionales de esa época. Los ministros, por su parte, no recibían instrucciones de él, que finalmente renunció en 1895, sino de Roca. Sáenz Peña al gobierno…
Del Valle actuó como una suerte de primer ministro, pero no surgido de una mayoría del Poder Legislativo, como hubiera resultado en un régimen parlamentario.
Del Valle actuó como una suerte de primer ministro, pero no surgido de una mayoría del Poder Legislativo, como hubiera resultado en un régimen parlamentario. Como toda analogía, ésta ilumina las similitudes y prescinde de las diferencias. Aristóbulo del Valle era una figura de enorme prestigio intelectual y moral, uno de los más destacados profesores de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires en el siglo XIX, de claras ideas democráticas y republicanas. Sergio Massa, por su parte, es… Sergio Massa.
Queda por ver cuánto poder efectivo tiene el nuevo ministro. Pareciera que no tanto como él quiere aparentar. No ha podido nombrar todavía a quien los medios denominan con el título inexistente de “viceministro”, el economista Gabriel Rubinstein, cuyos tuits contra el kirchnerismo fueron menos tolerados en el Instituto Patria que los de Fernández y Massa. De todas formas, no se necesita que sea un superministro para saber que tenemos un sub-presidente. Los constituyentes de 1994 dirían que no aspiraban a tanto: ahora tal vez se propondrían atenuar el hipopresidencialismo.
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