#73 | Lágrimas de información pública

El Gobierno publicó el lunes un decreto para restringir las situaciones en las que está obligado a responder pedidos de información pública. Es sin dudas un retroceso, porque debilita el control público sobre el Estado, pero creo que no se está contando bien la historia reciente de la información pública en la Argentina y en parte por eso me sorprenden un poco algunas de las protestas airadas de estos días. Intentaré explicarme.

Los cambios más importantes del decreto son que elimina del concepto de información pública la vida privada de los funcionarios e introduce conceptos como “buena fe” o “daños y perjuicios” que le darán al Gobierno mucha discreción para negarse a responder cuando periodistas, ONG, dirigentes políticos o simples ciudadanos le pidan información concreta sobre algún tema. El decreto es una nueva reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que el Congreso aprobó con amplias mayorías en 2016 y dejó a Venezuela y Bolivia como los únicos países de la región sin una ley de este tipo (siguen sin tenerla).

La medida del lunes, inesperada, puso en guardia a las ONG de libertad de expresión y al gremio periodístico, que acusaron a Milei y sus funcionarios (con razón) de reducir la transparencia del Estado. “Eso no es liberal”, dijeron algunos, también con razón. El martes, 70 organizaciones, desde ADEPA (dueños de diarios) al CELS (el ex boliche de Horacio Verbitsky) publicaron un comunicado conjunto para protestar y pedir que lo deroguen.

Un primer tema es preguntarse por qué el Gobierno decidió publicar el decreto, porque no necesitaba hacerlo. Para los gobiernos que quieren esconder información, la salida más fácil es remolonear o no responder los pedidos: incumplir la ley en silencio. Es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández después del revuelo que se armó con las listas de visitas a Olivos durante la cuarentena, que pidió (y recibió) el periodista Gonzalo Vergareche. Cumplió al principio con los procedimientos que había dejado la gestión de Mauricio Macri, pero cuando vio que le podía jugar en contra dejó de hacerlo. Hubo alguna protesta posterior en casos concretos, pero nada escandaloso. Las quejas duraban uno o días y después se apagaban. No había comunicados de ADEPA ni del CELS. El Gobierno de Milei podría haber hecho lo mismo, pero eligió dejar los dedos marcados en un decreto y tener que soportar ahora los deditos levantados (¡con razón!) de gente que detesta.

Una explicación de estos días es que la razón detrás del decreto es la negativa de Milei a dar precisiones sobre la situación de sus perros. A favor de esta hipótesis juega que algunos pasajes del decreto son muy parecidos al dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, cuando le preguntaron si la vida de los perros del presidente era información pública o privada (dijo que era privada). También, esto es una opinión personal, el método elegido va de la mano con el talante despistado y elefante-en-un-bazar que tiene a veces este gobierno cuando debe afinar el lápiz: para matar un mosquito (las preguntas por los perros) le disparamos con un cañón (cambiando una política pública de casi una década).

Además, está el poco interés de Milei hasta ahora con las cuestiones institucionales, desde la nominación de Ariel para abajo. Algunos hablan de “desprecio” por las instituciones, pero eso supone una proactividad: veo más bien indiferencia y una cabeza muy formateada por lo económico. La excepción es Barra, por supuesto, quien sí tiene una doctrina robusta sobre el Estado y cuya síntesis brutal, desde los ’90 para acá, podría ser: “Todo el poder al Presidente”. O sea que sí: creo posible que el origen del decreto haya sido proteger la vidas privadas de Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.

La Anchorena peronista

Un agujero del debate de esta semana ha sido el rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un organismo creado en 2017 dentro de Jefatura de Gabinete para garantizar que se cumpla la ley y que los funcionarios respondan a los pedidos. La AAIP hasta ahora no ha dicho nada sobre el decreto y tampoco lo ha hecho su titular, Beatriz de Anchorena, una ex Instituto Patria que llegó al cargo cuando Manzur era jefe de Gabinete.

No es difícil explicar la continuidad en el cargo de De Anchorena (peronista con pedigrí terrateniente): la ley marca que es difícil desplazarla y ella parece estar, según fuentes de la agencia, volando bajo y haciendo todo lo posible por sobrevivir, sin hacer cumplir la ley ni meterse en problemas. Conserva las decenas de militantes kirchneristas que nombró cuando llegó al cargo, en 2022, y planea, al parecer, cumplir el mandato de cinco años previsto en la ley. ¿Debería decir algo la titular de la AAIP sobre estos cambios? Claro que sí. ¿Participó en el expediente del que surgió el decreto contra la información pública, lo que la pondría en un compromiso? No hay información pública (cuac), pero desde la agencia dicen que sí.

La AAIP es un órgano nuevito en la estructura del Estado, que siempre supo que debía ganarse el respeto del resto de los organismos públicos por acumulación, a través de varios mandatos consecutivos de insistir y controlar y evangelizar sobre los beneficios de la transparencia. Arrancó ese proceso con Eduardo Bertoni, su primer titular, un especialista muy respetado nombrado por Marcos Peña, que renunció inesperadamente en 2021 por razones personales. Durante su gestión se armaron y se pusieron en marcha todos los procedimientos previstos en la ley. Aunque con poco presupuesto, todos los involucrados coinciden en que trabajó con libertad, sobre todo en el gobierno de Macri pero también cuando Santiago Cafiero fue jefe de Gabinete.

Después la AAIP estuvo sin liderazgo más de un año, hasta la llegada de Anchorena, que llegó con una óptica distinta. Cuando le preguntan, ella dice que la agencia no es un organismo “de control, sino rector”. Es decir, que da directrices, marca el camino, pero no les hincha las pelotas a los funcionarios que se niegan a responder los pedidos de información. Con Manzur y Agustín Rossi logró triplicar la planta de empleados (muchos siguen ahí), politizó el clima de trabajo y logró ocupar tres pisos del edificio de Diagonal Sur donde están sus oficinas (antes tenía uno). En lugar de ayudar a los solicitantes de información, ayuda a los organismos públicos a cerrar reclamos sin apenas divulgar nada comprometedor. Debería ser al revés.

El cambio cultural es con todos

O sea que el proceso acumulativo de institucionalización de la información pública está detenido y no de ahora, desde hace al menos un par de años. Sin quejas, sin simposios sobre el rumbo de la información pública en la Argentina. Por lo tanto, el decreto publicado el lunes es posible en parte porque la ley ya había sido bastardeada y neutralizada en la práctica.

Milei, De Anchorena y Barra pueden hacer esto porque el cambio cultural que propone la ley no se ha producido. La transparencia del Estado es un nuevo paradigma, que sólo parcialmente se puede imponer por la fuerza. Hay que lograr que sea costoso políticamente para los funcionarios negarse a responder. (En otros países de América Latina también hay castigos monetarios, pero nuestra ley no prevé eso.) Y para que sea costoso necesita del activismo constante de la sociedad civil, de los periodistas y los dirigentes políticos, no sólo en los momentos malos (como esta semana), sino también en los buenos, valorando lo que se tiene y empujando para que haya más.

Veo a muchos ahora lamentando un paraíso perdido. Pero cuando teníamos ese supuesto paraíso casi nadie lo destacaba: nadie decía “tenemos una muy buena ley de acceso a la información, esto es muy importante, tenemos que seguir trabajando para que se cumpla lo más posible”. Apenas ha habido cobertura, por ejemplo, sobre la gestión de Beatriz de Anchorena. Cuando me tocó comunicar los logros del gobierno de Macri, incluíamos siempre el nuevo paradigma de información pública (nueva ley, nueva agencia, nuevas prácticas), pero siempre tenía bajísimo rating. Cuando se hicieron balances sobre el desempeño institucional del gobierno de Cambiemos (el económico ya lo conocemos), rara vez se mencionaba. Entiendo que no sea un tema prioritario para el gran público, que tiene otras urgencias. Pero para los especialistas y los que hoy se suben a las denuncias, debió haberlo sido.

No era un paraíso lo que teníamos, sino los primeros pasos de un largo camino. En los últimos años se dejó de avanzar. Esta semana dimos, como democracia, uno o dos pasos para atrás. Quizás uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En Argentina pasa mucho.

Me despido con esto: además de la AAIP, mi otro organismo público reciente favorito es la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), apartidaria y profesional, creada por ley en 2017. De a poquito se va ganando su lugar en el debate público y en el proceso parlamentario. Hace un gran trabajo, pero nadie la conoce ni la defiende. Algún día publicará algo que no le gustará a alguien, sus funciones serán recortadas o eliminadas por decreto y se publicarán comunicados enardecidos en protesta. Y después no pasará nada.

Hasta el jueves que viene.