Hoy estamos contentos en Seúl porque lanzamos finalmente la segunda temporada de Seúl Radio con una entrevista a Pablo Gerchunoff, que ya se puede ver en YouTube o escuchar en Spotify. Nos costó un poco arrancar porque decidimos comprar los equipos (cámaras, micrófonos, luces) y armar nuestro propio estudio, que quedó muy lindo. Hasta el año pasado alquilábamos todo y nos pareció que si íbamos a hacer esto con cierta frecuencia valía la pena comprar. Eso hicimos, nos llevó más tiempo del previsto armarlo bien, pero acá estamos. Sin vuelta atrás.
Hoy quería escribir sobre la monumental biografía de Deng Xiaoping que estoy leyendo (voy por la página 500, me faltan 400), porque está llena de historias increíbles, pero cambié de opinión y voy a escribir sobre un tema en apariencia menos glamoroso pero que debería entrar en foco en los próximos meses. Porque terminada la novela de Lijo, García-Mansilla y la Corte Suprema, que se llevó la marca judicial desde la llegada de Milei, es probable que algunos empiecen a mirar más de cerca el hecho insólito de que este Gobierno todavía no nombró (ni pidió nombrar) a ningún juez federal/nacional en su año y pico de gobierno. Cero.
Los números indican que están vacantes más del 30% de los mil cargos judiciales federales/nacionales. En las fiscalías la situación es peor: el 44% están siendo manejadas por fiscales prestados. Hay provincias donde ningún Tribunal Oral Federal (TOF) está completo. Cuatro de los 12 juzgados de primera distancia de Comodoro Py están vacíos (Ariel Lijo maneja el suyo y dos más). En la Cámara de Casación de Penal, el máximo órgano penal del país, hay tres sillas vacías de un total de 12.
Algunos de los problemas que genera esta situación son evidentes, como la lentitud, porque hay jueces y fiscales que deben hacerse cargo del doble o el triple de trabajo. Otros son menos evidentes: jueces designados temporariamente (subrogantes) que tratan de hacer buena letra en sus fallos para que el Poder Ejecutivo les dé el puesto permanente o jueces permanentes que tienen a un pariente o un secretario en una terna demorada y también buscan no hacer olas hasta que salga la designación. Los jueces temporarios, casi por definición, son menos independientes que los jueces designados por el Senado.
La culpa de esta situación la tiene en parte el Consejo de la Magistratura, que hace los concursos y eleva una lista de tres candidatos al Poder Ejecutivo, que a su vez elige uno y lo manda para su aprobación al Senado. Los concursos para reemplazar desde 2020 en Comodoro Py a Claudio Bonadio (murió) y Rodolfo Canicoba Corral (renunció para zafar de juicio político), por ejemplo, todavía no están terminados. El Consejo de la Magistratura, ahora presidido por la Corte Suprema, dice que en 2024 laburó bien y le mandó casi 100 ternas al Gobierno. Pero de las 305 vacantes que hay hoy, 121 todavía están en el Consejo de la Magistratura.
Las otras 184 vacantes para jueces ya las tiene el Poder Ejecutivo, cuyo único trabajo es elegir a su favorito de cada terna y mandar su pliego al Senado. Hay Gobiernos que hacen esto más rápido y otros que lo hacen más despacio, pero todos hasta ahora más o menos mandaban. El de Milei todavía no envió ningún pliego (salvo los de Lijo y García-Mansilla para la Corte), a pesar de el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo varias veces que era una de sus prioridades y que el propio presidente Milei admitió en su discurso de apertura de sesiones: “Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% [sic] de su capacidad. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos”. Y prometió: “Tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal”. En noviembre del año pasado, el vocero Adorni anunció que el Gobierno iba a enviar 150 pliegos al Senado. Hasta ahora no lo ha hecho.
¿Por qué no lo ha hecho? Las hipótesis son muchas. La más mencionada entre los que saben del tema es que estos 184 pliegos fueron parte el año pasado de la negociación con el kirchnerismo y los gobernadores para aceptar a Lijo y García-Mansilla. Los que, además de saber, son paranoicos, dicen es sospechoso el bajo activismo judicial de las ONG kirchneristas, que hace una década metieron amparo tras amparo para frenar el ajuste macrista (tarifas, pensiones, etc.) y este año y pico, con ajuste similar o peor, casi no lo han intentado. El juez Alejo Ramos Padilla hijo, por ejemplo, recién metió una cautelar contra García-Mansilla en la Corte después del rechazo del Senado: la nada misma. El otro lado de esta inactividad, dicen los desconfiados, es la falta de designaciones judiciales que pudieran empiojar el futuro de Cristina Kirchner.
En cualquier caso, no me gusta explicar los fenómenos de esta manera porque implica sacarle los ojos a la pelota, y la pelota es que nos estamos quedando sin jueces, porque las designaciones siguen en cero y el goteo de renuncias y jubilaciones se mantiene. Sólo una vez habíamos llegado a este 30% de vacantes, en 2015, después del segundo mandato de Cristina, que se apoyó en los subrogantes porque creía que le daba más poder sobre la Justicia. Era cierto, pero la derrota de Scioli contra Macri dejó un montón de vacantes que el gobierno de Cambiemos, el más activo para nombrar jueces de los últimos 15 años, aprovechó de la mano del bloque peronista de Pichetto, en ese momento separado del de Cristina. Cuando desde 2018 los peronistas se volvieron a unir, ya se le hizo más difícil a Macri y a su famosa “mesa judicial” seguir mandando pliegos exitosos.
Soy escéptico de que la Corte Suprema vuelva a tener cinco miembros mientras Cristina controle (aprox) 30 senadores, suficientes para bloquear cualquier pliego. Los candidatos que le gustan a ella no le gustan a nadie más y los que le gustan a los demás a ella le parecen horribles. Pero para nombrar jueces federales los requisitos son menos estrictos: la mitad más uno de los senadores presentes. Si el Gobierno recupera en algún momento las ganas de anotarse victorias en el Congreso, podría conseguir con relativa facilidad los socios para ocupar las vacantes en la justicia federal.
Milei le pide al Senado que no “politice los pliegos”, pero para politizarlos primero hay que tenerlos: mandelos, presidente. Sé que este año es electoral y que la tradición argentina manda no mover un músculo parlamentario relevante hasta después de octubre, pero esperar otro año sería demasiado, se crearían demasiadas distorsiones en el sistema judicial, sobre todo a medida que se prepara para adoptar el sistema procesal acusatorio, el cambio más importante en décadas. No seamos el país de los jueces menguantes.
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