Una semana,
mil hazañas después

El lunes pasado desperté con la certeza de que no era la única que quería que todo se paralizara. Afuera, silencio, hasta que empezaron las llamadas: “No puedo salir de mi casa, no hay un alma en la calle”, “cambiemos la reunión para otro día, no es bueno estar en la calle hoy”, “he escuchado rumores por mi casa, no me gusta agarrar calle así”.

La noche anterior no había sido precisamente silenciosa. Millones de venezolanos habían gritado de rabia desde sus casas al escuchar los resultados del primer boletín del Consejo Nacional Electoral: Nicolás Maduro sería nuevamente, según el gobierno, presidente de Venezuela para el período 2025-2031, con el 51,2% de los votos. Mientras unos gritaban, otros escuchaban los cacerolazos, y otros se sentaban a ver los fuegos artificiales que adornaban el cielo desde las instituciones del gobierno, pero que representaban la celebración de pocos ciudadanos de Venezuela. 

El lunes, después de aquella mañana silenciosa, la gente de los sectores populares empezaron a caminar, alegando fraude y quitando los pósters y las vallas de la campaña presidencial de Maduro, donde el candidato se mostraba con una sonrisa desmedida en la cara y una mirada lejana, casi remota. A pesar de que los votos todavía no se habían totalizado, el día se convirtió en un desfile de protestas populares desde todos los estados de Venezuela, y las redes sociales se abocaron a compartir videos de las estatuas de Hugo Chávez siendo tumbadas por manifestantes, la represión de los colectivos en los centros de distintas ciudades y la fuerza de los manifestantes que, mientras caminaban, añadían a más participantes a las protestas. 

Según el gobierno de Maduro, ese día hubo más de 700 detenciones en la calle, y desde entonces, la organización Foro Penal, que ofrece defensa privada a presos políticos, ha recalcado que en los centros de detención no se les permite a los detenidos que protestaban contra el fraude elegir defensa privada o de ONGs ni que sus familias puedan visitarlos. 

En los centros de detención no se les permite a los detenidos que protestaban contra el fraude elegir defensa privada o de ONG ni que sus familias puedan visitarlos.

Vente, el partido político de Maria Corina Machado, también ha sido foco de persecución desde el día de las elecciones presidenciales, después de tres semanas de campaña presidencial en las que el partido denunció que 135 personas vinculadas a la gira nacional habían sido apresadas. Esta vez, los dirigentes opositores compartieron por redes sociales imágenes que no se veían desde las protestas y la crisis presidencial de 2019: camionetas de oficiales armados no identificados secuestrando a actores políticos de la oposición. Los defensores de derechos humanos tampoco se han quedado atrás, y a día de hoy ya van cuatro detenidos que probablemente sean procesados de la misma forma que los manifestantes: como terroristas y traidores a la patria. 

Antorchas en la oscuridad

Como en todo túnel, sin embargo, hay antorchas que iluminan entre tanta oscuridad. El mismo lunes, Maria Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron que tenían la evidencia del fraude electoral en sus manos gracias a la recolección de las actas impresas de cada mesa y centro de votación. Hoy día, la página web, que es pública para cualquier ciudadano venezolano, cuenta con más del 84% de las actas, y no solo se han convertido en una movida histórica para demostrar el rechazo generalizado contra el gobierno de Maduro, sino que la estrategia dio pie a una nueva aproximación civil a los procesos electorales en el país. 

Para recolectar las actas, el equipo de Maria Corina Machado y la Gran Alianza Venezuela coordinaron a 600.000 voluntarios a lo largo del territorio nacional, quienes fueron formados en derechos electorales, patrones de irregularidades electorales y sus roles como observadores de mesa. El resultado fue prácticamente un milagro de la organización ciudadana: “No confiábamos en la transparencia del CNE, así que nosotros mismos nos organizamos para darnos la transparencia que queremos y que es nuestro derecho”, afirma el coordinador de los comanditos en Caracas, quien prefiere mantener su identidad secreta. 

Mientras tanto, la comunidad internacional presiona: Cristina Kirchner, quien antes ha dicho que Venezuela no es un estado de derecho, hizo ayer un llamado para que Maduro muestre las actas; los gobiernos de Chile, México, Colombia y Brasil reclamaron las actas y piden observadores imparciales. El Centro Carter redactó un comunicado, lapidario y panorámico, de las caleidoscópicas razones por las cuales el gobierno de Venezuela no había, de ninguna manera, garantizado un proceso democrático. Estados Unidos rechaza categóricamente los resultados, y aboga por un muestreo público de las actas, como estipula la ley venezolana.

Para recolectar las actas, el equipo de Maria Corina Machado y la Gran Alianza Venezuela coordinaron a 600.000 voluntarios a lo largo del territorio nacional

La última vez que Venezuela tuvo acceso público a las actas electorales fue en las elecciones parlamentarias de 2015, el último triunfo de la oposición después del referéndum constitucional de 2007. En ambas elecciones, el gobierno de Maduro encontró la forma de sobrepasar los resultados, y establecer procesos paralelos e inconstitucionales que no incluían a la oposición. Sin embargo, esta vez no es tan fácil ocultar un 70% de rechazo al régimen de Maduro, especialmente gracias a la evidencia que se ha logrado recabar de forma ciudadana. 

Deportes, entretenimiento y cultura

La persecución a medios también se ha mostrado rampante durante la semana, y no llama la atención debido al respeto que le ha tenido este gobierno a los periodistas y a los medios, sino por la informalidad y extensión de sus amenazas. Cuatrocientos medios de comunicación, entre medios impresos, radio, canales de televisión y plataformas digitales en Venezuela, han sido cerrados por el gobierno en los últimos 20 años, según Espacio Público, una ONG que promueve y defiende la libertad de expresión en el país.

Desde el día de las elecciones Conatel, el medio regulador de los entes comunicacionales en Venezuela, empezó a contactar a productores radiales y coordinadoras de programación de medios para informarles que no estaba permitida ningún tipo de programación política, y que el único contenido permitido sería de deportes, entretenimiento y cultura. Esta regulación no responde a una ley previamente aprobada, o a una cláusula de regulación en momentos de crisis política y social: es un mensaje de Whatsapp, en el que además se incluyen amenazas a los medios que no acaten las instrucciones. Noticias Calabozo Radio, noticiero que conduce desde Calabozo, ciudad del estado Guárico, fue clausurado el mismo día de las elecciones. La amenaza de Conatel fue cerrar toda la emisora ​​de radio si no cortaban sus programas. Ni siquiera pudieron despedirse de su audiencia. En total, ha habido nueve detenciones de periodistas, según el sindicato de periodistas, y 15 deportaciones. 

En este contexto, las compras nerviosas han sido la diligencia fundamental del día a día de los venezolanos. En ciudades con paisaje silencioso y santamarías abajo, los pocos locales abiertos son para los servicios esenciales, y las compras han dejado los estantes vacíos, por primera vez desde 2019, cuando se solventó, medianamente, la escasez severa de medicina y alimentos. “Hacer compras nerviosas y revisar listas de detenidos es mi nueva cotidianidad”, me dice una amiga médica desde Mérida. “Es extraño, que un día estés preguntándote qué va a pasar con las elecciones, y al siguiente sepas que lo que va a pasar es que nos van a callar”. 

“Hacer compras nerviosas y revisar listas de detenidos es mi nueva cotidianidad”, me dice una amiga médica desde Mérida.

Mientras tanto, las concentraciones, asambleas populares y protestas han seguido a lo largo del país, con menos énfasis, menos violencia y menos miedo, mientras las amenazas y las detenciones sistemáticas del gobierno de Maduro continúan en escalada. Cuándo haya dudas sobre cómo va a reaccionar el gobierno de Maduro ante algo, especialmente frente a las voces disidentes, que no haya duda: siempre habrá una escalada de persecución, criminalización, uso excesivo de la fuerza y amenazas delirantes, que rayan a veces con lo surreal. 

Hace dos días Maduro anunció en cadena nacional que creará dos nuevas cárceles de máxima seguridad para los detenidos en las protestas tras las elecciones: “no habrá perdón ni contemplación”. Según Maduro, las cárceles buscan convertirse en granjas productivas: “Como hacían en aquella época, los sacaban a hacer carreteras, hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carreteras”, defendió el mandatario. Maduro se refiere a las cárceles en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, conocido como un gran constructor nacional y un sangriento líder político que llevó a su población a la desesperación. 

Desde hace 20 años se habla del fin de la democracia en Venezuela. Sin embargo, es posible que, a pesar de dos décadas de autoritarismo, violación de las instituciones del Estado, violencia, censura y persecución; y después de once años con una emergencia humanitaria que deviene de las mismas políticas públicas que ha inmplementado Maduro, Venezuela nunca haya visto dictadura como ésta. 

Por ahora se siente como el principio del fin de Maduro, algo que hace dos años quizás hubiera sido impensable. Hay un entendimiento generalizado de que sí, existe evidencia del fraude electoral. La épica detrás de las recopilación de las actas ha sido un reflejo de la esperanza que ha despertado en los pueblos, las ciudades, miles de comunidades.