Ni lulistas ni muskistas: descentralistas

La plataforma X está bloqueada en Brasil desde la semana pasada. Según la propia empresa, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó el bloqueo de varias cuentas que, según él, estaban relacionadas con el ataque al Congreso de enero de 2023, llevado a cabo por seguidores de Jair Bolsonaro tras la victoria de Lula en las elecciones. X, antes conocida com Twitter, afirma que De Moraes amenazó con arrestar a su representante en Brasil si no cumplía con la orden, lo que llevó a la empresa a retirar su representación del país. Como la ley brasileña exige la presencia de un representante local para operar, la Justicia ordenó restringir el acceso de los más de 20 millones de usuarios brasileños de la plataforma.

Este conflicto entre X y el gobierno brasileño es otro capítulo en la larga y compleja relación entre las plataformas digitales y los Estados. Las plataformas, entendidas como servicios que procesan datos y permiten la comunicación entre usuarios, suelen estar en el centro de estas tensiones. La mayoría de las más usadas son de origen estadounidense, un país con una cultura específica respecto a la relación entre el Estado y estas compañías. En Estados Unidos, la Ley de Telecomunicaciones de 1996 exime a las plataformas de responsabilidad sobre la mayor parte del contenido generado por sus usuarios, mientras que la Primera Enmienda protege ampliamente la libertad de expresión, generando un entorno con pocas restricciones legales. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, los gobiernos tienen más control sobre las plataformas. En Europa, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) regula cómo los gobiernos pueden solicitar la eliminación de contenido ilegal, como los discursos de odio, que suelen estar prohibidos. En América Latina, la regulación es menos clara. En Argentina, por ejemplo, la responsabilidad de las plataformas se maneja a través de un pastiche de fallos judiciales.

Si las plataformas cedieran siempre ante la presión gubernamental, sería prácticamente imposible para los ciudadanos expresar disidencia en Internet.

Estas tensiones pueden verse como una extensión de la política tradicional, una lucha de poder entre gobiernos y empresas, como argumenta el investigador británico Robert Gorwa en The Politics of Platform Regulation: How Governments Shape Online Content Moderation, publicado recientemente. Los defensores de X abogan por la autonomía empresarial frente al Estado, sosteniendo que la plataforma está siendo intimidada por el gobierno brasileño, señalando que la falta de transparencia en las solicitudes de bloqueo es una amenaza a los principios democráticos. Desde esta perspectiva, las plataformas se presentan como defensoras contra la censura estatal injustificada. Esto es creíble: si las plataformas cedieran siempre ante la presión gubernamental, sería prácticamente imposible para los ciudadanos expresar disidencia en Internet. Por ejemplo, la Primavera Árabe, de 2011, podría no haber sucedido. Sin embargo, esta postura coloca a las empresas en una posición incómoda, ya que deben equilibrar la defensa de la libertad de expresión, la resistencia a la censura gubernamental y el mantenimiento de su presencia global; tampoco es gratis, como ha ocurrido con X en Brasil, donde perdió un mercado clave con decenas de millones de usuarios.

Por otro lado, los defensores de la justicia brasileña argumentan que el Estado debe tener supremacía sobre las plataformas. Cuando X retiró a su representante del país, sabía que operaba fuera de la ley. Las leyes de Brasil establecen restricciones específicas a la libertad de expresión, y las empresas que operan en su territorio deben cumplir con estos requisitos. Este argumento suele tener un trasfondo de justicia social o anticolonialismo. Lula, en referencia a Elon Musk, comentó: “¿Quién se cree que es? Este no es un país con complejo de vagabundo”. Esta postura gana fuerza al considerar que Musk no sólo es el hombre más rico del mundo, sino también un activista político con una agenda clara: ha apoyado a Trump, se opone a Lula y Maduro, y es un firme defensor de Milei. Aunque se justifique con la protección del derecho irrestricto a la libertad de expresión, es poco creíble que esté actuando solamente en pos de sus usuarios. Si los pedidos fuesen de Trump hacia cuentas de demócratas de izquierda, ¿actuaría Musk con la misma firmeza?

Un pacto incómodo

A pesar de lo que parece un enfrentamiento entre gobiernos y plataformas, a menudo esta dinámica beneficia a ambas partes. En el centro de este tira y afloja estamos los usuarios. Las plataformas quieren atraparnos en sus servicios, hacer que las usemos cada vez más y que abandonemos a sus competidores. Cuanto más las usamos, más datos les damos para que perfeccionen su publicidad personalizada e impulsen sus modelos de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los gobiernos encuentran una oportunidad para ejercer control y vigilancia. Cuando necesitan información sobre sus ciudadanos o quieren censurar ciertas opiniones, saben a dónde presionar para conseguirlo. Así, la relación entre gobiernos y plataformas puede leerse como un pacto de caballeros.

El conflicto entre X y Brasil puede interpretarse como un acuerdo que se rompió. Durante mucho tiempo, X desempeñó un papel central en la esfera pública digital de Brasil, similar al que juega en Argentina y otros países. La empresa se benefició de su posición privilegiada, accediendo a los datos de millones de usuarios y capitalizando la atención de uno de los mercados más codiciados por los anunciantes globales. Mientras tanto, Musk se proclamó como el árbitro supremo de lo que podía o no expresarse en X, con el poder casi discrecional de bloquear mensajes.

Mientras tanto, Elon Musk se proclamó como el árbitro supremo de lo que podía o no expresarse en X, con el poder casi discrecional de bloquear mensajes.

El Estado brasileño, por su parte, contó con X como una fuente potencial de información. Cuando ese flujo de datos dejó de ser viable, la relación se rompió, y la plataforma fue bloqueada. En este constante tira y afloja, los usuarios somos siempre los perjudicados. No es deseable que una empresa tenga el poder absoluto sobre nuestra capacidad de expresión, ni que los gobiernos puedan fácilmente amenazar a estas plataformas con excluirlas de mercados clave.

Hacia la descentralización

Aunque la situación parece desoladora, hay salida a este enfrentamiento de poder. Mejorar nuestros sistemas políticos para evitar la censura arbitraria es importante, pero no resolverá el problema de fondo: seguiríamos dependiendo de plataformas controladas por unos pocos individuos que pueden tomar decisiones unilaterales sobre nuestra libertad de expresión, mientras acumulan nuestros datos y concentran un poder desmedido sobre la esfera pública. La verdadera solución es descentralizar nuestras redes. Esto implica no depender de unos pocos actores que estén sujetos a la presión de los gobiernos o a sus propias agendas políticas.

Una tecnología prometedora en este sentido es ActivityPub, un protocolo abierto de redes sociales interoperables que funciona como una red federada de servidores de redes. Los usuarios pueden “afiliarse” a un servidor, pero seguir a personas en otros servidores. Si se adoptara un protocolo abierto de manera masiva, sería mucho más difícil para los gobiernos ejercer una presión opaca. Ya no bastaría con presionar a una sola plataforma, como X, sino a cientos de servidores. Además, los usuarios no dependerían del criterio de Elon Musk, sino de las políticas del servidor que hayan elegido.

La verdadera solución es descentralizar nuestras redes. Esto implica no depender de unos pocos actores que estén sujetos a la presión de los gobiernos o a sus propias agendas.

Es cierto que el protocolo tiene sus falencias. Según un reporte del Stanford Internet Observatory, es difícil controlar la proliferación de contenido ilegal, pero a medida que más empresas lo adopten, surgirán soluciones. Redes sociales como Tumblr, Flipboard y Threads (de Meta) ya se comprometieron a adoptar el protocolo, lo que demuestra que no sólo es una tecnología para evitar la censura, sino también una herramienta para prevenir monopolios y fomentar la competencia en un mercado más justo.

En lugar de tomar partido en este constante conflicto entre plataformas y Estados, es crucial fomentar tecnologías más democráticas y marcos regulatorios que promuevan la descentralización de la esfera pública digital. Leyes como la Ley de Servicios Digitales en Europa ya están impulsando la interoperabilidad y desconcentración del poder de las plataformas. En Argentina, necesitamos un enfoque similar: normativas que promuevan la competencia y la descentralización del mercado de plataformas, y un cambio cultural que nos lleve a adoptar tecnologías más robustas frente a los intereses de unos pocos.