La gran telco argentina

En una operación que venía gestándose con sigilo desde hacía varias semanas, Telecom Argentina anunció el martes pasado la compra de la filial local de Telefónica por 1.245 millones de dólares, que se pagaron con créditos por 1.170 millones otorgados por cuatro bancos internacionales: el chino ICBC, el Deutsche Bank y los españoles BBVA y Santander. Aunque el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tienen que analizar y aprobar la transacción, parece muy difícil que se revierta. Uno se endeudó y ya pagó –bastante más de lo que se especulaba en el mercado–, el otro cobró y se fue, algo que deseaba hacer desde 2019. Y el que tiene que controlar es parte del negocio, porque el Estado nacional, mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, mantiene un 11,4% de las acciones de Telecom, controlada por Cablevisión Holding, firma integrada por los mismos accionistas que el Grupo Clarín, liderado desde 1974 por Héctor Magnetto; y por Fintech Telecom, fondo del empresario mexicano David Martínez.

Tras el anuncio, en una reacción que pareció sobreactuada, y en el que advirtió sobre la formación de un “nuevo monopolio”, el Gobierno nacional sostuvo que la nueva empresa fusionada tendrá el 70% del mercado de servicios de telecomunicaciones. Pero ese hipotético único mercado no existe en sí mismo, sino segmentado en varios submercados en los que el impacto será diverso.

En conectividad a Internet fija, la nueva empresa  concentrará el 47% de los clientes, en competencia con Claro, Telecentro y cientos de pymes en todo el país. En televisión paga llegará al 40% y seguirá disputándose clientes con DirecTV y Telecentro, además de otros muchos proveedores desparramados que también están en proceso de concentración. En ese mercado, además, crece la competencia de un sustituto potente: las plataformas audiovisuales por suscripción (como Netflix) o gratuitas (como YouTube). Eso sin contar los nuevos hábitos de consumo en los que predominan redes como Instagram y TikTok.

En la telefonía fija, tecnología que está en retroceso, sumará el 79% de los abonados. La figura fácil aquí sería decir que volvió Entel, la olvidable Empresa Nacional de Telecomunicaciones estatal, privatizada en 1990 en dos partes: la región norte, que fue para Telecom (originalmente inversión francesa e italiana), y la región sur, que quedó para Telefónica (española de principio a fin). Como Terminator, la vieja Entel vuelve a juntarse, como ya había pasado con las baby bells estadounidenses (las compañías regionales en las que fue segmentada AT&T en 1984 y que aún hoy se menciona malintencionadamente como caso de éxito). Lo que verdaderamente impulsó la competencia y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos no fue la división artificial de AT&T, sino las políticas de desregulación y convergencia aplicadas desde mediados de los ’90 y que en la Argentina recién comenzaron a asomar, tímidamente, en 2016.

En definitiva, en todos esos mercados los usuarios no perderán opciones porque las redes de las empresas fusionadas prácticamente no se superponen. Es decir, los actuales clientes no pierden alternativas sino que, a lo sumo, verán cambiar de nombre a su actual prestador.

El panorama cambia bastante en el mercado de la conectividad móvil, donde la nueva Telecom-Telefónica tendrá el 61% de los clientes y un único competidor, Claro. En este capítulo el gobierno, que anticipó meses atrás una licitación de espectro, podría impulsar la creación de un tercer jugador entrante en el mercado. Pero para eso harán falta tiempo y no menos de 1.000 millones de dólares para el despliegue de una nueva red.

Operaciones habituales

Las fusiones y adquisiciones son operaciones habituales en las comunicaciones convergentes desde los años ’60 y ’70, con una fuerte aceleración hacia el cambio de siglo. De hecho, recientemente Claro tomó el control de su competidor VTR en Chile; y la móvil Oi fue comprada y dividida en tres por Claro, Telefónica y TIM en Brasil. La misma tendencia se observa mundialmente, en parte impulsada por los menores márgenes de rentabilidad de las telcos, lo que las lleva a aumentar su escala.

Según Enrique Carrier, uno de los consultores que más sabe de este rubro, el ingreso promedio por usuario (ARPU, en la jerga de la industria) de América Latina está entre 4 y 8 dólares, menos de una quinta parte de lo que sucede en Estados Unidos, donde llega a los 50 dólares. En la Argentina está en 5 dólares.

Telefónica puso en venta sus operaciones en América Latina en 2019, cuando decidió concentrar su negocio en cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Pero no tuvo mucho éxito en la búsqueda de compradores hasta hace poco más de un mes, cuando el gobierno socialista de Pedro Sánchez impuso un cambio drástico de mando en la casa matriz: reemplazó al ejecutivo al frente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, por un político con experiencia empresarial, Marc Murtra, quien venía de ser CEO de la tecnológica Indra.

Ambas empresas son dominadas por la sociedad estatal SEPI, de poco feliz recuerdo en su paso como controlante de Aerolíneas Argentinas hasta 2001, cuando la vendió por un dólar al grupo Marsans. El proyecto del gobierno español sería fusionar Telefónica e Indra para generar una tech-co (mezcla de telco y tech) capaz de defender el negocio convergente, hoy en manos de grandes plataformas tecnológicas, principalmente estadounidenses (como Apple, Google, Meta, Amazon y Microsoft), pero con las equivalentes chinas al acecho (Huawei, Baidu, WeChat, Alibaba y Tencent).

Cuando se anunció la compraventa, la administración Milei reaccionó efímera pero vehementemente.

Cuando se anunció la compraventa, la administración Milei reaccionó efímera pero vehementemente. Un comunicado de la denominada Oficina del Presidente (OPRA), reposteado luego por el propio mandatario, anunció que se daría intervención a la CNDC y el Enacom, sugiriendo que el Grupo Clarín podría volverse monopólico en servicios de telecomunicaciones “gracias a décadas de beneficios estatales”, frase que luego repitió. (Párrafo aparte: OPRA es un invento interesante. Hay una voz propia del presidente, que se expresa de manera directa en entrevistas, discursos y redes; hay un vocero que lleva la voz del presidente en conferencias de prensa; y también hay una voz de su oficina.)

Algunos se entusiasmaron con la reedición de “la guerra contra los medios”, que Marcos Peña, entonces jefe de Gabinete, declaró finalizada cuando se derogó parcialmente la ley de medios en 2015, al asumir el presidente Mauricio Macri. En la militancia oficialista hubo mucha pirotecnia, la vuelta breve del “Clarín Miente” y la lucha contra “los monopolios” –así en plural, sin que eso dé vergüenza–, pero sólo duró un par de tuits. Apenas dio tiempo para volver a leer a referentes del “partido de la ley de medios”, ese grupo de académicos y militantes kirchneristas que tanto atraso generó en el desarrollo de las comunicaciones.

La postura inicial del gobierno alimentó la conversación en redes sociales sobre la concepción libertaria de la idea de monopolio, explicada muchas veces en público por el propio presidente Milei: los monopolios son positivos si surgen del funcionamiento del mercado libre y benefician al consumidor en calidad y precio, y por eso regularlos mataría la innovación y el crecimiento. Después de aquellas primeras reacciones y la conversación que la siguió, la agenda se concentró rápidamente en otros temas –nuevos jueces supremos, violencia delictiva, etc.– y no volvió a las telecomunicaciones. Todo pasó muy rápido.

Hacia la gran telco

En definitiva, los procedimientos están más o menos claros, y con o sin comunicado, la operación de Telecom y Telefónica tenía que pasar por el Enacom y la CNDC, entre otros entes, porque así lo mandan las normas. Es lo que ocurrió con otras grandes fusiones y adquisiciones anteriores, como las de Movicom y Unifón (2004), Cablevisión y Multicanal (2007) y Cablevisión y Telecom (2017), que describió en profundidad Roberto H. Iglesias en el libro Cuatro fusiones, la competencia en comunicaciones (Convercom, 2021). En esa línea, pocos se acuerdan de que Telefónica controló indirectamente Telecom entre 2007 y 2010 cuando en Europa fue el accionista controlante de Telco, el holding dueño de Telecom Italia, a su vez propietaria de Telecom Argentina en aquel momento.

El Gobierno –o una parte de él– tiene ahora una buena excusa para sostener el Enacom en un contexto de cierres, fusiones y transformaciones de entes reguladores y de derogación masiva de normas arcaicas. El Enacom no se cierra, como dirían en ATE o UPCN. Seguirá siendo la ventanilla que da patente de telco, es decir la licencia para operar servicios de telecomunicaciones, y una mesa amable de diálogo público-privada cuando haga falta. Un buen conocedor de ese tema es Diego Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, funcionario al que reporta la intervención del Enacom, que integró el directorio de Telecom como representante de la ANSeS durante el gobierno de Macri.

Cada vez más lejos de su fortaleza editorial (es decir, aquello de que ningún presidente resiste tres tapas de Clarín), Telecom se consolida como un “campeón nacional” de las telecomunicaciones, como la propia Telefónica en España o Claro en México. Es decir, una empresa de gran escala en su mercado de origen que es capaz de trascender sus fronteras para expandirse regionalmente (ya mantiene y podría ampliar sus negocios en Uruguay y Paraguay). Hasta ahora, la macroeconomía nacional no acompañó ese despliegue, pero quién dice que eso no pueda cambiar en breve. Y que en los próximos años, el gran diario argentino mute definitivamente hacia una gran telco argentina.