En cuanto estuvo confirmado, a finales de 2019, el regreso del kirchnerismo al gobierno, el universo del análisis político y económico se dividió en dos. Por un lado, quienes creyeron en la supuesta moderación de Cristina Fernández, que se bajaba a la vicepresidencia y elegía a un peronista porteño para terminar el ordenamiento económico iniciado por Mauricio Macri, escondido tras un discurso nacional y popular y con el aval de sectores que a Macri nunca hubieran apoyado. Por el otro, quienes esperábamos un rápido regreso a las típicas políticas populistas que, con mayor o menor disimulo, caracterizaron al período 2003-2015. “No se puede hacer populismo sin plata” era la frase que unificaba a ambos grupos. Los primeros, confiando en que la restricción presupuestaria iba a disciplinar al gobierno y, los segundos, proyectando un crítico desenlace del cuarto gobierno kirchnerista ante el desconocimiento de dicha restricción.
Y acá estamos parados hoy, viendo el inicio de una crisis causada por dos años y medio de populismo económico, que, hasta el momento, el gobierno no termina de dimensionar, a la luz de la falta de respuestas para cambiar el escenario.
En las últimas semanas, los tenedores de deuda en pesos indexados comenzaron a dudar sobre su sostenibilidad y retorno y, por lo tanto, a desprenderse de sus tenencias, lo que generó una fuerte caída en el precio de los bonos. Ante este escenario, lejos de intentar convencer al mercado sobre la trayectoria del endeudamiento y salir a anunciar medidas que muestren su compromiso con la convergencia fiscal, el equipo económico decidió que el BCRA debía actuar como garante de la liquidez en el mercado y comprar los bonos repudiados por sus tenedores, al precio de generar una espectacular expansión monetaria. Esa hiperliquidez se dirigió a los múltiples mercados cambiarios para dolarizarse y los tipos de cambio saltaron.
El ministro de Economía que dedicó sus 935 días en ejercicio a argumentar que el endeudamiento en moneda local no era un problema, terminó en una crisis de deuda en pesos.
Paradójicamente, el ministro de Economía que dedicó sus 935 días en ejercicio a argumentar que, a diferencia del endeudamiento en dólares, el endeudamiento en moneda local no era un problema, terminó renunciando en el medio de una crisis de deuda en pesos que, al intentar ser contenida con emisión monetaria, generó un salto de los tipos de cambio libres y de la tasa de inflación que conoceremos en las próximas semanas.
Esto es lo que pasó, pero tanto o más grave es lo que está por venir. El gobierno tiene un diagnóstico (o varios) completamente equivocado sobre las causas de la crisis y, en consecuencia, durante la primera semana con nueva ministra la política económica no va para ningún lado. O sí, va en dirección a agravar los problemas, con declaraciones que lo único que hacen es alarmar más al mercado y sin ninguna medida concreta que tienda a restablecer la confianza sobre el programa financiero en crisis.
Con el Fondo no alcanza
En el medio de todo esto, la vicepresidenta insiste en desmarcarse del Gobierno preparando el terreno para despegarse en caso de que la crisis se agrave. El argumento será que todo esto es consecuencia de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero la realidad es que el propio acuerdo firmado está lejos de ser lo que la economía argentina necesita para estabilizarse, en gran medida por culpa de la interferencia del ala más dura del gobierno.
Lo cierto es que los objetivos del último acuerdo con el FMI son muy poco ambiciosos. Si se los cumplía se podía llegar, en el mejor de los casos, a detener el crecimiento de los desequilibrios. Pero nunca a solucionarlos. Sobre ese escenario, la política económica durante el primer semestre del año siguió en modo electoral, con un crecimiento del gasto público de casi 90% interanual en mayo y una proyección de déficit primario que se distanciaría de la acordada con el organismo al menos en 1 punto del PBI. Para tomar dimensión, durante los primeros cinco meses del año el gasto público real fue equivalente al de 2020, cuando se pusieron en marcha los programas de asistencia económica y social en medio de la cuarentena más larga y rigurosa del mundo.
Es decir que, si el cumplimiento del acuerdo con el FMI, dado su diseño, no era una garantía de estabilidad para la economía argentina, su incumplimiento indefectiblemente desembocará en una crisis mayor, que comenzó a quedar expuesta en las últimas semanas.
Es casi imposible pensar en un giro drástico por parte del gobierno.
Es casi imposible pensar en un giro drástico por parte del Gobierno que busque hacer las correcciones fiscales, monetarias y cambiarias que la macroeconomía necesita. En primer lugar, porque realmente gran parte del oficialismo cree que esas políticas no son necesarias. Y en segundo lugar porque a pocos meses de entrar en terreno electoral los incentivos están desalineados. Comenzar un programa de ajuste a esta altura implica pagar todos los costos y no llegar a cosechar los beneficios, lo cual es un acto irracional para un político que por definición quiere mantenerse en el poder.
Dada esta hipótesis, solo se puede esperar que los desequilibrios se incrementen. Este escenario no debería ser indiferente para Juntos por el Cambio. En caso de volver al gobierno deberá hacerse cargo de la economía más inestable desde la hiperinflación. Enfrentar una coyuntura de ese tipo de manera exitosa requerirá de un gran poder político y de equipos de gobierno cohesionados y con claridad en el diagnóstico, las medidas y su secuencia. Hasta el momento se identifica un diagnostico claro a nivel técnico que no logra penetrar en la dirigencia política. Queda un año y medio.
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