Javier Otaegui es programador de videojuegos y uno de los miles que crean software desde Argentina. Su último juego fue nominado en la misma terna que Microsoft a un premio equivalente al Oscar entregado por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, que le envió una estatuilla desde Las Vegas. ¿Qué hicimos en Argentina? No cantamos “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” ni el presidente tuiteó una felicitación: nadie se enteró y Javier hoy no tiene la estatuilla en su casa. La Aduana se la retuvo por una burocracia de meses que agotó su paciencia cuando le exigieron la documentación del artista del premio.
Pero Javier no está frustrado por eso. Está frustrado porque tiene que vender el doble que toda su competencia en el mundo. Y, principalmente, porque todos los profesionales y emprendedores que conoce en la Argentina están viviendo en la clandestinidad, abriendo empresas en otros países o mudándose. No sólo se mudan ellos: también la logística, facturación, propiedad intelectual y hasta ofrecen mudanza a sus empleados argentinos. No son libertarios extremistas que no quieren pagar impuestos; son personas destacadas que quieren vivir una vida normal en base a lo que saben a hacer, y en todo el mundo los reciben con los brazos abiertos.
Quien exporte conocimiento hoy debe vender el doble para poder cubrir costos y competir con las empresas del resto del planeta.
Todos sabemos que Argentina tiene mucho talento. El libro Argentina, tierra de unicornios, de Juan Bernaus y Diego Marconetti, cuenta la historia de nueve empresas, de entre muchas otras, que superaron la valuación de 1.000 millones de dólares. El truco es que los emprendedores son argentinos, pero las empresas en general no; todo el negocio se radicó afuera, y aquellas que empezaron en Argentina luego se expandieron y están haciendo más y mejor negocio en otros países.
Por culpa del cepo, quien exporta conocimiento hoy debe vender el doble para cubrir costos y competir con las empresas del resto del planeta. Y no sólo hablo de empresas grandes: todo trabajador que sea contratado desde el exterior debe pagar un impuesto de alrededor del 45% de sus ingresos brutos. Es un impuesto no definido en ninguna ley, pero que se aplica por conceptos aduaneros a los bits, que obligan a pesificar ingresos al dólar oficial. Eso es antes de pagar los impuestos reales, que también son muchos y están mal diseñados.
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Todo esto hace inviable a la actividad en el país (al menos legalmente) y pone en peligro el futuro de la industria. Aunque ya no estoy seguro de que sea un tema del futuro: es el presente, y estamos dentro del meme del perro en la habitación en llamas: “Todo está bien”.
Cuando el debate en el mundo es sobre la inteligencia artificial y los alcances e impactos de ChatGPT, en los foros de tecnología de Argentina se discute cuál es el nuevo método para sortear las restricciones y exportar servicios cobrando el sueldo afuera sin que nos descubran, o los pasos para que un profesional o emprendedor pueda radicarse en Lituania, Uruguay, España o Australia.
Desinteligencia artificial
En Argentina somos expertos en desinteligencias. Hay una categoría de emprendedores en el mundo que genera ideas para ver cómo resolver problemas inventados en Argentina. Bastaron tres meses viviendo en Argentina durante 2008 para que el emprendedor Jan Koum dijera: “¿Cómo son sus códigos de área? ¡Es tan complicado! No supe cómo hacer para que me llamen por culpa de estos códigos de área con prefijos raros. Estaba frustrado”. De esa desinteligencia argentina nació WhatsApp.
PayPal ni conocía a las criptomonedas, hasta que su CEO empezó a interesarse en el bitcoin cuando vio que Argentina lideraba los rankings de uso del criptoactivo y no entendía por qué y qué había detrás de eso; era otra desinteligencia argentina, los cepos de distintos colores.
Los programadores participan en redes sociales de manera anónima, no actualizan su perfil en Linkedin, no usan tarjeta, compran criptoactivos y van vendiendo en cuevas.
Y lo peor de todo es que hoy los profesionales más buscados en el mundo suelen vivir en Argentina en la clandestinidad por decisiones del Gobierno: participan en redes sociales de manera anónima, no actualizan su perfil en LinkedIn y no usan tarjeta de crédito ni de débito, todo cash, cobran su sueldo con distintos métodos en el exterior, compran criptoactivos y van vendiendo en cuevas que incluso van a su domicilio en el día de pago. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, aceptó hace unos días que hay jóvenes que “están afuera, en los márgenes, recibiendo sus pagos a través de PayPal, de una motito, porque le depositan en una cuenta en Uruguay”. Las propias consultoras que te contratan te recomiendan la motito y es a veces hasta parte de los beneficios por trabajar con ellos.
Parecemos vivir en un futuro distópico donde el conocimiento está penado por la ley. Quienes se animaron a dar el salto y ofrecer sus servicios al exterior pueden cobrar entre 2.000 y 10.000 dólares blue. Para evitar más fuga, hay empresas (chicas y grandes) pagándoles parte o todo el sueldo en blanco a empleados argentinos en especie. Es decir, en dólares depositados en una cuenta en Estados Unidos, en muchos casos a riesgo de tener problemas legales en el futuro. Es un acto de supervivencia.
Casi todas las razones de por qué estamos así en el sector son políticas y tienen como base de debate hoy a la Secretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía. Desde que es ministro, Massa anunció que iba a “armar” 70.000 nuevos programadores, que iban a aumentar las exportaciones, que con el monotributo tech se resolvería el cobro ilegal, que íbamos a fabricar chips en Argentina, que el dólar tech ayudaría a mejorar los sueldos, que las notebooks de fabricación nacional costarían 30% menos que las importadas y que estaríamos revolucionando el sector. Incluso anunció la creación de ANDeS –la Administración Nacional de Desarrollo de Software–, una empresa estatal que no queda muy claro qué funciones tendría y que las PyMEs argentinas ven con terror.
Nadie sabe nada
Pareciera que no sabemos nada, y cuando eso sucede en Argentina, chamuyamos. Y el Gobierno lidera ese proceso.
Desconocemos cuánta gente trabaja en el sector y cuánto cobran. Hay distintos datos sueltos de distintas fuentes. Ninguno coincide ni de cerca, y mientras algunos te dicen que un programador promedio cobra 5.000 dólares, otros dicen 140.000 pesos. Algunos dicen que hay 150.000 trabajadores, otros 400.000, otros 500.000 y los medios repiten hace años que se necesitan 5.000 o 20.000 más, según la presión atmosférica del día en que se publica el dato. Chamuyo.
Desconocemos qué significa fabricar un chip. Massa anunció hace unos días una fábrica como parte de la justificación para subir el impuesto a las notebooks importadas. La realidad es que la fábrica es una microPyME que sólo tiene un proyecto de investigación y desarrollo que, en el mejor de los casos, tendría un prototipo de chip en dos años y sería algo simple y grande como para manejar un reloj o una alarma. Chamuyo.
Desconocemos las modalidades de trabajo y no legislamos para ellas. Te contrata en forma full time una empresa del exterior y para ellos sos un contractor, figura que no existe para la ley laboral argentina, así que acá sos un monotributista (con suerte) o un responsable inscripto (con mala suerte) que exporta, aplicando conceptos y procesos del código aduanero. Y la Ley de Teletrabajo votada para la pospandemia es un desastre y desaprovechó la oportunidad. Chamuyo.
Para los trabajadores del sector en blanco en Argentina, ya hay un sindicato que muchos desconocen y que tiene personería gremial; es la Asociación Gremial de Computación, que no tiene convenio colectivo y al que casi todos en el sector miran con indiferencia, sorpresa y hasta miedo. El presidente les prometió hace menos de un año que “antes de que deje de ser presidente ustedes van a estar sentados resolviendo la paritaria de los trabajadores de computación”. Chamuyo.
El Estado, por fuera de las universidades, ofrece cursos rápidos y le miente a la población con promesas de que en tres meses vas a conseguir un sueldo de 300.000 pesos.
Desconocemos cómo se enseña programación. El Estado, por fuera de las universidades, ofrece cursos rápidos y le miente a la población con promesas de que en tres meses vas a conseguir un sueldo de 300.000 pesos. Tenemos a miles de argentinos participando de cursos mal organizados, a veces sin profesores, detrás del pensamiento mágico de algún funcionario egresado de Sociales que termina frustrando y expulsando gente del sector. No sólo hablo de programas conocidos y grandes como Argentina Programa o Codo a Codo sino también de proyectos más chicos donde el Gobierno frustra gente todos los días sin sentido. El SUTERH, el sindicato de encargados, sin ninguna competencia en el área, dice que enseña a programar con dinero del Ministerio de Trabajo. La Jefatura de Gabinete certifica programadores web con un título orientado a mujeres y disidencias que consiste literalmente en 15 minutos clickeando en “Siguiente” para obtener tu certificación de programadora web. Chamuyo.
El Monotributo Tecnológico es un proyecto de ley promovido por Massa que no quiere nadie. Las empresas están pidiendo al Senado que no lo apruebe porque tienen miedo de que 15.000 personas dejen sus trabajos y se vayan al exterior bajo un paraguas legal, y que no puedan contratar más gente nueva. Los trabajadores dicen que es una trampa porque establece que el dinero cobrado irá a una cuenta bancaria especial, marcada por el Banco Central, y que eso podría involucrar restricciones futuras. Ven muy difícil salirse del sistema que ya fueron aceitando en estos años, aun siendo clandestino. ¿Estamos ya muy tarde?
De aprobarse la ley, habrá situaciones profundamente injustas que incentivarán a exportar menos: si una persona cobrara 2.500 dólares por mes, recibiría 2.500 dólares. Si cobrara 2.501 dólares por mes, recibiría 1.375. Perdería 45% en un instante y todavía le quedaría pagar el impuesto a las ganancias.
Además, el principal problema es cambiario, no impositivo. Sin minimizar la gran carga impositiva para el rubro comparada con otros países, ¿por qué se quiere modificar el Monotributo –una ley tributaria– y no se busca modificar la Ley de Régimen Penal Cambiario?
Menos meta verso y más futuro
Esta semana asumió Juan Manuel Cheppi como secretario de la Economía del Conocimiento. No tiene ni mucho tiempo ni la mejor coyuntura, pero, ¿podrá ayudar en algo a poner freno a esta locura? No importa si otras industrias o sectores se van a quejar si se hace tal o cual cosa. Es tecnología, es conocimiento, es horizontal a toda la población y a todos los sectores. En el conocimiento no podemos seguir tapando el sol con la mano y sólo aprovecharse el día en que tenemos que ver cómo conseguir dólares para mañana. La oposición, el oficialismo y todo el sector tiene que estar de acuerdo en unos puntos claros que no se pueden tocar más.
Adquirir y usar el conocimiento para generar valor no puede ser una actividad clandestina.
Otaegui, el programador de videojuegos, tendría que haber recibido su estatuilla y un reconocimiento. Los trabajadores tendrían que recibir el dinero que le pagan en su cuenta bancaria sin trámites ni pesificaciones forzosas. Todos deberían estar orgullos de lo que hacen y no vivir en la clandestinidad, ni esperar a la motito ni pagar todo cash. Las empresas deberían poder competir en igualdad de condiciones con el mundo y no tener que vender el doble. Las notebooks deberían estar exentas de todo impuesto. Tendríamos que madurar y ser conscientes de qué chips podemos fabricar y no creer que mañana seremos Taiwán. Los jóvenes deberían aprender en serio, con docentes capacitados, en el tiempo que necesitan, sin falsas promesas de funcionarios que quieren votos.
Hay que terminar con la quema en la hoguera del conocimiento que es, a fin de cuentas, la quema del futuro del país.
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