¿Debe tener la Argentina un canal de televisión estatal? Así planteado el interrogante, en la era del streaming la respuesta es clara: no. Si la pregunta fuera, ¿debe la Argentina tener una empresa estatal de producción de información y entretenimiento? Ahí la respuesta ya no es tan clara. Puede que sí, puede que no. Pero si antes de responder se advirtiera el hecho de que el Estado nacional ya tiene muchas piezas sueltas, un canal de TV, 49 emisoras de radio, una agencia de noticias, señales de TV por cable, varios fondos de financiamiento del cine y las artes, y bancos de contenidos y archivos desperdigados, ¿debería? Yo creo que sí.
En ese caso, habría mucho trabajo por delante. Para empezar, converger todas esas piezas sueltas en un solo engranaje; profesionalizar su gestión, hacerlas eficientes, federales y lograr que respondan a su verdadero dueño: la sociedad en su conjunto, amplia, diversa, plural, heterogénea. Traducido, esa maquinaria pública de contenidos debería hablarles a todos y no solamente al Frente de Todos (que, además, no tiene tiempo de escuchar porque está mirando TN y LN+).
Fusionar. Canal 7 y Radio Nacional tienen un mismo dueño, la empresa estatal Radio y TV Argentina (RTA), pero funcionan completamente desconectadas. RTA, junto con la agencia Télam y las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV, dependen de la misma secretaría, pero ni se hablan. Por supuesto, debajo de todo eso hay una montaña de funciones gerenciales y operativas replicadas y superpuestas (además de las superfluas). Y nunca está del todo claro cuántos empleados suman el canal, las radios, la agencia de noticias y las señales, pero desde hace años ese número no baja de 3500 empleados, la amplia mayoría de ellos concentrados en la ciudad de Buenos Aires.
Converger. Fusionar sin converger no tiene sentido porque no se trata de conformar un multimedio estatal noventoso sino una empresa capaz de producir contenidos informativos y de entretenimiento que sean atractivos para las audiencias, con aspiraciones de mainstream y no meros experimentos artísticos (ya hay otras fuentes de financiamiento públicas para la experimentación). ¿Por qué las instalaciones de las radios AM dispersas en el extenso territorio no se convierten –con los recursos ya disponibles– en corresponsalías de Canal 7, Encuentro o DeporTV? En buena medida porque los sindicatos lo impiden. Y porque ningún gobierno quiere pelearse con un sindicato que se victimizará y lo acusará de vaciamiento y censura.
Profesionalizar. No debe entenderse esto como suele hacerse por aquí, es decir, desde la defensa de convenios colectivos sese-setentistas –cuando no cincuentistas–, sino desde la incorporación de nuevas habilidades y procesos; con jerarquización de los perfiles, exigiendo experiencia, acreditando formación y prohibiendo el nepotismo. La regla debería invertirse: si hoy se privilegia la contratación de familiares, eso debería estar expresamente prohibido.
Federalizar. Hoy, los medios del Estado nacional son porteños y miran el país desde el microcentro. Cuando abren alguna ventana al llamado interior lo hacen desde la visión paternalista que caracteriza al Estado nacional en todas sus áreas. Aunque no sería la solución a esa falla genética, el traslado de la sede central de una eventual empresa fusionada de contenidos públicos a una ciudad del interior sí sería un hito simbólico fuerte. Un quiebre. Sería el mensaje de que, esta vez, la cosa va en serio. No como en los casi cien años anteriores.
¿Qué hace falta para poner en marcha algo así? Podría decirse que voluntad política. Pero la historia muestra que con voluntad política no alcanza. Ni el gobierno que desreguló casi todo, el de Carlos Menem, logró domar el potro de los medios públicos, que nunca terminan de ser públicos sino apenas órganos facciosos o juguetes de los amigos productores que todo político tiene a mano, siempre financiados con dinero de los contribuyentes. Tampoco pudieron hacer mucho los dos gobiernos y medio no peronistas de la democracia. Alguno lo intentó sin mucha fe, y otros ni siquiera eso.
Nuestra BBC
Para repasar esos antecedentes, vale la pena leer Pantalla partida, 70 años de política y televisión en Canal 7, la flamante historia del canal peronista escrita por la periodista Natalí Schejtman. Son 391 páginas en las que múltiples voces –incluida la de la propia autora– justifican por qué, teniendo tantos medios estatales, no hay ninguno que sea o haya sido alguna vez auténticamente público. Sí, uno que se parezca al menos un poco a la BBC, pero no a la de antes sino a la BBC de ahora. La que lanzó un servicio online de video on demand hace más de 15 años. La que dejó de llamar radio a las radios para hablar de sonidos. La que no contrata profesionales según categorías laborales mussolinianas sino productores todoterreno capaces de cubrir la noticia del siglo con un celular sin que ninguna union le diga que no puede. La que mira al mundo, trata de entenderlo y contarlo. La que no entiende a la cultura disociada del entretenimiento ni confunde información con propaganda. Y la que recibe auditorías externas sobre, entre otras cosas, su grado de pluralismo.
El libro de Schejtman, que estudió gobernanza de medios en la London School of Economics (LSE) y conoce de cerca el caso de la BBC, recorre la historia de Canal 7 –y las de su contexto mediático– desde su fundación hasta el gobierno de Cambiemos. En la primera mitad es un interesante libro de historia, bien documentado, lleno de detalles y anécdotas que describen las personalidades que fueron dando forma a ese universo. En la segunda mitad, que narra los tiempos más recientes, la obra se basa sobre todo en entrevistas no siempre claramente identificadas y sin que siempre se verifiquen los dichos (que en muchas páginas quedan limitados a especulaciones “de un lado y del otro”).
El libro no tiene grandes omisiones pero sí inquietantes justificaciones, sobre todo en la descripción benévola de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
No tiene grandes omisiones pero sí inquietantes justificaciones, sobre todo en la descripción benévola de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. (Para ese período es imprescindible el monumental trabajo publicado en 2014 por Roberto H. Iglesias, El medio es el relato. Propaganda, manipulación y restricciones para todos, reseña crítica de la política de comunicación kirchnerista 2003-2013). En Pantalla partida, título con reminiscencias coreacentristas, se ven claramente las influencias académicas de la autora, sobre todo en el rescate que hace de los postulados de la ley de medios de 2009 –ameritaría otro texto, largo y aburrido, para recordar por qué aquella ley fue una escandalosa pérdida de tiempo– y la insistencia, sin fuentes en este caso, en la presunta concentración actual del sistema de medios (sobre lo que hay en el libro, por supuesto, un solo responsable: el grupo Clarín). El libro se cierra con un test de “cinco preguntas incómodas”, que son las que estoy tratando de responder aquí y en cuyas respuestas mayormente difiero de la autora.
La televisión estatal argentina surgió populista y a sus 70 años, ya casi jubilada por el público, sigue siéndolo incorregiblemente. Nació a medio camino entre lo privado y lo estatal, y sigue igual (plataforma estatal para negocios –o negociados– privados). Hija del patrimonialismo que la engendró, asumida como propia por diferentes gobiernos –en dictadura pero también en democracia–, y en los hechos gerenciada por una aristocracia gremial vitalicia que custodia privilegios y acomoda parientes, es ignorada por los verdaderos dueños: los contribuyentes, que pagan los 8.000 millones de pesos que cuesta hoy. Sólo la TV y Radio Nacional, porque la agencia de noticias Télam y las señales de cable temáticas suman varios millardos más.
Las leyes por sí solas no resuelven nada. Incluso pueden empeorar las cosas, como se observa cada vez con mayor frecuencia en la Argentina y como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales de 2009.
¿Hace falta una nueva ley para una empresa de contenidos como esta? Las cuestiones de Estado deben resolverse institucionalmente, en el Congreso, y si es con consensos que construyan en el largo plazo, mejor. Pero las leyes por sí solas no resuelven nada. Incluso pueden empeorar las cosas, como se observa cada vez con mayor frecuencia en la Argentina y como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales de 2009, que Schejtman añora en su historia de la autodenominada TV Pública. Una ley de contenidos informativos y culturales nacionales, que derogue lo existente en la materia, ate todos los cabos sueltos en una única empresa pública y ponga al frente a un management profesional (formado, experimentado y por concurso), designado por una mayoría especial del Congreso, podría llegar a tener el suficiente poder como para doblegar a los Batatas que se jactan desde hace décadas de frenar cualquier innovación mientras ponen a hijos inexpertos a cubrir cumbres presidenciales en vivo y en directo.
Si hay modelos exitosos a imitar y puede haber voluntad política, ¿qué más falta para contar con algo más parecido a una BBC que a la propaganda del siglo XX devaluada en 678? Hace falta que los dueños de esa hipotética empresa federal de contenidos se interesen y que dejen de ignorar las capas de burocracia mediática que el país viene acumulando desde hace un siglo.
En pocas palabras, que los públicos se apropien finalmente de lo público. Y eso parece ser lo más difícil. Si no imposible.
Pantalla partida
Natalí Schejtman
Planeta, 2021.
391 páginas. $2090.
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