Pasados unos días tras la asunción formal de Sergio Massa como ministro de Economía, y dejando de lado los actos, los festejos con cientos de invitados y los comentarios filtrados a la prensa, ya hay un par de cosas que van quedando claras. Revisemos en detalle cuáles son porque creo que por ahí va lo importante.
Lo primero que hay que decir es que lo anunciado en la noche del miércoles pasado no es un plan de estabilización. No sé si alguien lo seguía esperando, yo por lo pronto hace rato que ya no. Pero aun en el caso de que quedara alguien ilusionado con algo de ese tenor, ya queda en claro que no lo es. Desde luego que esto se trata de la enésima oportunidad desperdiciada, así que prometo que en los próximos párrafos trataré de explicarlo.
¿Por qué no estamos frente a un plan de estabilización? Porque en el contexto actual un plan de ese tipo implicaría dar un diagnóstico claro y anuncios de medidas concretas y fuertes, todas ellas articuladas y coordinadas entre sí, de modo de abordar los problemas planteados de forma integral, asegurando consistencia. Un conjunto de medidas de este tipo debería atacar simultáneamente el meollo del frente fiscal, el monetario-cambiario, la inserción externa y las reformas estructurales, entre otras cuestiones. Un verdadero plan no debería limitarse a presentar sólo sus objetivos y sus pilares conceptuales, sino que debería explicitar sus medidas concretas, con su impacto y su sendero de implementación debidamente detallado y cuantificado, con explicaciones lo suficientemente simples y claras como para convencer a los agentes económicos de que el esfuerzo de política económica es lo suficientemente significativo como para torcer las dinámicas actuales. Sólo de ese modo podríamos tener, con una probabilidad de ocurrencia aceptable, un camino hacia un horizonte de estabilidad macroeconómica que ancle las expectativas ahora desancladas.
Están los pilares, los conceptos y las medidas, pero no alcanzan para conformar por sí solos un plan de estabilización.
No es éste el caso. Están los pilares, los conceptos y las medidas, pero no alcanzan para conformar por sí mismos un plan de estabilización. En este sentido hay una continuidad con lo que venían haciendo Martín Guzmán y Silvina Batakis. Como ya dije en otras oportunidades, creo que esta falencia es —más que una cuestión de a quién le fue tocando la posta del ministerio— el resultado de una coalición de gobierno que nunca se pudo poner de acuerdo en cosas muy básicas.
También es cierto que un plan de ese tipo no es un mensaje fácil de dar, porque implica asignar quiénes deberían hacerse cargo de los costos del ajuste. Si eso no se explicita claramente, tampoco queda claro el plan. Ergo, no hay otra. El anuncio de un plan de estabilización no es una fiestita de cumpleaños, es siempre un momento adusto, de poco entusiasmo. Obsérvese que, si dejáramos de lado el contenido y volviéramos a prestar atención a los modos y los signos de cómo se hizo, a nadie podría darle la impresión de estar frente a un plan de estabilización con novedades necesariamente duras.
Llegados a este punto, algún optimista podría decir que, si bien es cierto que no tenemos un plan de estabilización, al menos sí hay medidas anunciadas para todos los frentes, excepto el de reformas estructurales. Eso es cierto, pero en tal caso toca analizar las medidas en cuestión. Empecemos.
El déficit fiscal
Se anunció que se sostiene la meta de 2,5% de déficit primario para el Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) acordada con el Fondo Monetario Internacional. Que el anuncio sea mantener algo que ya estaba vigente nos dice mucho sobre el anuncio: para empezar, que esta meta era de muy difícil cumplimiento con la política de ajuste que venía de los anteriores ministros. En particular, durante el primer semestre el SPNNF corrió un déficit primario de 1,06% del PIB siguiendo la metodología del acuerdo con el FMI, que contabiliza hasta 0,3% de rentas contables por reaperturas de licitaciones de títulos CER. Ergo, el rojo primario real anduvo en casi 1,4%. El guarismo comparable del mismo período del año pasado fue un superávit de 0,8%.
Como se sabe, el frente fiscal suele concentrar el grueso del déficit durante el segundo semestre, en particular en el último cuarto. Con lo cual, si uno se guía por un año promedio, podría concluir que el déficit según la metodología del FMI está viajando a la zona de 3,5%-4% PIB (el real se situaría en la zona de 3,8%-4,3% frente al 3,5-3,8% comparable del año pasado). De hecho, el gasto primario promedió durante el primer semestre un alza interanual de 75% nominal (+11% deflactado por IPC), una cifra que está muy por encima de la correspondiente a los ingresos totales —inflados por rentas contables— durante el mismo período: 65% nominal interanual (5% real). Con lo cual, para llegar al 2,5% prometido, aun con rentas contables, hay que generar un ajuste fiscal adicional importante, de en torno a un punto del PIB, más aún si hay que compensar otras medidas que también se anunciaron como bonos a los jubilados y pensionados.
En este sentido, las medidas informadas resultan una vuelta de tuerca a la segmentación de tarifas de energía para aquellos que solicitaron y lograron mantener todo o parte del subsidio. Los que ya lo perdieron o no lo solicitaron ya estaban en los cálculos, pero con eso evidentemente no alcanzaba. Se estima que los que quedaron en dicha situación son el 20% de los usuarios residenciales, aunque hay muchos de ellos que ya no tenían subsidios o tenían uno menor por la categoría de usuario. Recordemos que los subsidios energéticos están en el centro de la escena fiscal, pues durante el primer semestre crecieron a un ritmo interanual de 104% nominal (30% real), representando 0,94% del PIB frente al 0,75% del mismo periodo del año pasado. El año pasado terminaron en 2,3% del PIB; este año se perfilan, sin cambios adicionales, para llegar al 3%.
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La novedad en esta materia es que a aquellos usuarios que mantuvieron todo o parte del subsidio éste sólo se le aplicará a una parte del consumo. Esto corresponde estimativamente al 80% del padrón de usuarios residenciales y, aunque la comunicación dejó varias dudas al respecto, se entiende que el subsidio se aplicará hasta un consumo mensual de 400 kilowatts por mes. Tampoco están claros los tiempos de implementación, si la pérdida del subsidio sobre esa porción incremental del consumo será gradual como en el otro grupo y si se harán nuevas audiencias públicas. Todo eso quedó en una nebulosa. Es más, ni siquiera se aportaron datos concretos como, por ejemplo, un mapa del consumo promedio de gas y electricidad para justificar la elección de ese límite y cuantificaciones de lo que eso implicaba para los usuarios de distintas zonas del país y el ahorro fiscal estimado para 2022 y 2023. Todo eso lo estamos haciendo los privados, intuyendo a medida que trascienden detalles. Pero, por lo pronto, como el impacto en 2022 parece insuficiente para lo que se anunció, se supone que habrá que hacer más esfuerzos.
Para cerrar esta cuestión: el frente fiscal no queda claro para 2022. Ni mucho menos. Tampoco se trazó un sendero para más adelante, porque eso solo no alcanza para eliminar el déficit primario. Con bajar los subsidios energéticos a la mitad contra el PIB, como creen algunos, no alcanza para llegar al equilibrio primario real. Y no se dieron precisiones de cómo sigue la historia hacia adelante.
La cuestión monetaria
En el frente monetario hubo una novedad que se presentó como algo ambicioso en lo discursivo, pero que con un mínimo de análisis no lo parece tanto. Es más, ni siquiera fue una novedad. Se anunció que no se utilizarán más Adelantos Transitorios (AT) para que el Banco Central financie al Tesoro. Utilidades del BCRA ya no hay, porque las que había ya las usaron en exceso. Y la verdad es que, si miramos los límites del artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA y del acuerdo con el FMI, aun dejando de lado la magia contable que hicieron con la última venta de DEG del acuerdo con el FMI del Tesoro al BCRA, no había mucho más para girar por ese lado.
En concreto, el stock de AT está en 0,85% del PIB cuando el acuerdo con el FMI marca límite en 1%. El límite máximo de la carta orgánica estuvo en julio en poco menos de 3 billones de pesos y el stock cerró en 2,8 billones. Léase, nos volvieron a vender como decisión contundente algo que ya era una imposición de la realidad. Eso tampoco es nuevo. Guzmán lo hizo varias veces. Además, hay muchas otras formas en las que el BCRA puede financiar directa o indirectamente al Tesoro sin violar su carta orgánica ni el acuerdo con el FMI. Todas ellas, monetariamente expansivas. Guzmán ya las usó todas.
Están las operaciones en el mercado secundario con bonos, por las que el BCRA ya emitió en los últimos siete meses más de 1,2 billones de pesos (1,6% PIB), y más del doble de financiamiento neto que el BCRA y el Tesoro reconocen vía AT (630.000 millones de pesos, el real es de 952.000 millones). Está también la colocación de deuda contra liquidez bancaria encajada o esterilizada, por la que en siete meses consiguieron no menos de 450.000 millones; y finalmente hay más DEG del tramo de financiamiento neto del acuerdo que el Tesoro puede vender por pesos al BCRA, y hay que ver cómo se estructuran las operaciones para sumar reservas internacionales (si las divisas las consigue el Tesoro se las puede vender a cambio de pesos al BCRA).
Que no haya más Adelantos Transitorios no implica que no haya más expansión monetaria como resultado del financiamiento del rojo fiscal.
Para cerrar este apartado: que no haya más AT no implica que no haya más expansión monetaria como resultado del financiamiento del rojo fiscal. Es más, el pasado reciente demuestra que todas las otras fuentes fueron mucho más importantes que los AT.
Luego, por el lado del frente financiero, no se explicó cómo se va a financiar ese 1,5% de rojo primario remanente del segundo semestre sin recurrir a fuentes monetariamente expansivas. El anuncio fuerte en este aspecto fue que se conseguirían destrabar préstamos de organismos multilaterales que ya estaban en la programación financiera de fuentes y necesidades del año, algo más adicional en el margen y el llamado a canjear títulos que vencen en los próximos meses con un supuesto preacuerdo por 60% del total. Esto último equivale a financiar vencimientos de capital, no cuenta como financiamiento neto. Pero, sorpresa, la posición de los organismos públicos más todo lo que compró el BCRA en los últimos meses en el mercado secundario se estima en ese porcentaje.
Además, el desarme de la deuda en pesos ya se produjo y el BCRA ya salió al rescate. Los que quedaron son los que no se pueden ir, porque están regulados. Bancos, compañías de seguros y fondos comunes de inversión, entre otros. Que otra vez, no sorpresivamente, son a quienes llamaron a las reuniones al respecto. Quiere decir entonces que nos volvieron a vender como una medida algo que ya era un hecho consumado. La única forma que tiene el BCRA para renovar lo que compró en el mercado secundario sin violar su carta orgánica y el acuerdo con el FMI es mediante un canje, algo que —una vez más— ya venían haciendo Guzmán y Batakis. Y de lo otro, más dudas que certezas.
La cuestión cambiaria
Por último, el frente cambiario se complica más y más incluso habiendo endurecido el cepo en los últimos meses. Sólo en la semana del desembarco de Massa el BCRA vendió unos 700 millones de dólares con reservas netas que, sin contabilizar depósitos del Gobierno en moneda extranjera, están bien por debajo de los 2.000 millones. Y esto es así porque el Tesoro le vendió más de 2.683 millones de dólares al Banco Central al cierre de mayo, fondos que provinieron del tramo de financiamiento neto del acuerdo con el FMI. De lo contrario, no habrían dejado de ser negativas.
En ese frente los anuncios apuntaron a distintas operaciones, muchas de las cuales ya venían trascendiendo, y regímenes especiales y acuerdos para lograr que los sectores exportadores vendan y liquiden más rápido. Nada más, escasas precisiones al respecto.
En resumidas cuentas, tuvimos entonces una única novedad económica concreta y fuerte. El resto fueron reempaquetados de cosas que ya todos sabíamos que iban a pasar o intentos de señales. El anuncio más relevante, que tuvo que ver con los subsidios energéticos, no fue claro ni parece ser suficiente para alcanzar la meta fiscal 2022. Menos aún para llegar eventualmente al equilibrio fiscal primario.
Lo que presentó el ministro Massa no se trata en modo alguno de un plan de estabilización.
Por todo lo dicho antes la conclusión inevitable es que lo que presentó el ministro Massa no se trata en modo alguno de un plan de estabilización. Es apenas un intento de contener dinámicas nominales que estaban divergiendo con medidas que son principalmente señales, las cuales a su vez se ensamblan con un gesto político que indica una intervención de la gestión económica por la parte de la coalición de gobierno que el mercado percibe como más racional.
¿Señales de qué? De que si bien no cambió el enfoque y no hay con qué desarmar el frankenstein actual de política económica que supieron conseguir, hay una mayor racionalidad que se irá incorporando en el margen de la gestión para tratar de administrar ese monstruo. ¿Para qué? Para llegar mejor posicionados electoralmente a 2023, porque en el Gobierno se dieron cuenta de que el “plan aguantar” no era viable. En definitiva, se trata ni más ni menos que de intentar que el ajuste abrupto y por las malas de los desequilibrios macro no se gatille antes del cambio de gobierno, tratando de anclar expectativas con algunas mínimas correcciones. Por eso creo que el nombre más adecuado sería “Plan Llegar”. Y lo de “plan”, al menos por ahora, queda claro que es un exceso discursivo.
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