Dark La Plata

El domingo pasado cerraron las listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y mucho se analizó en estos días sobre quiénes serán los candidatos. Leímos y escuchamos sobre las negociaciones entre las distintas facciones del peronismo para llegar a un acuerdo (con demora) y sobre el aparente ninguneo de Karina Milei y Sebastián Pareja a las Fuerzas del Cielo nucleadas alrededor de Santiago Caputo. Menos se habló de cómo es esa Legislatura bonaerense a la que irán a trabajar los candidatos elegidos a partir del 10 de diciembre. O, mejor dicho, los que sean elegidos y decidan asumir, porque da la impresión de que varios de los candidatos anotados son “testimoniales”, un nombre no lo suficientemente negativo para designar a quienes compiten por cargos que desde el principio saben que no asumirán.

La Legislatura bonaerense maneja un presupuesto enorme y poco controlado. Esto ha permitido durante décadas prácticas políticas como las del caso Chocolate Rigau, empleados falsos cuyos sueldos se repartían punteros políticos. Todo esto, aunque aparece y desaparece de la conversación pública, es más o menos sabido. Sobre lo que quiero llamar hoy la atención es que la Legislatura bonaerense, además de ser poco transparente en su administración, también es opaca en su funcionamiento parlamentario (sobre todo, en su forma de votar) y cada vez más restrictiva acerca de la información pública sobre sí misma y sobre sus diputados y senadores.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a la hora de votar, los legisladores no pulsan un botón ni enuncian su voto. Se manejan con la votación por signos: los que están por la afirmativa levantan la mano, se oye un “aprobado” y se pasa a otro tema. El resultado es una votación anónima, de la que no quedan registros. Leyes, presupuestos y pliegos de jueces quedan aprobados así, por un grupo indefinido, sin nombres propios. A 60 kilómetros del Obelisco se vota “como en el siglo XIX”, dice el newsletter platense Votación nominal, dedicado a la Legislatura, que describe el ritual así: “Es una acción cansina, desganada. Es curioso, pero en ese momento bajan la mirada. El secretario administrativo ni siquiera cuenta esas manos alzadas”. No hace falta, porque todo llega pactado desde los pasillos. Lo que pasa en el recinto es apenas un trámite, “sin nada espontáneo”.

Mejor arcaico que pegado

El problema no es que en la Legislatura falten tecnología o electricidad (aunque la luz, como el fin de semana pasado, pueda desaparecer si resulta oportuno). Tampoco que los legisladores no tengan voz o les haya sido reprimida por las autoridades. Se usa por reglamento este sistema, y todos lo disfrutan, porque tiene grandes beneficios. Es cómodo y disimula el voto, en el momento y para siempre: los nombres no van a la versión taquigráfica ni al diario de sesiones. Mejor parecer arcaico que figurar nombrado, podría ser una máxima en la manzana de 7 entre 51 y 53. Colaborar con algo dudoso es más fácil si uno no queda pegado.

Tampoco es que el procedimiento nominal (que individualiza y registra) no exista. Existe, pero para usarlo hay que plantear una moción especial y, además, conseguir apoyos: diez votos en Senadores y un quinto de los presentes en Diputados, según sus reglamentos. Es al revés que en el Congreso Nacional, donde el criterio por defecto es nominal (electrónico o a viva voz, como en la reciente sesión por las jubilaciones, por el tablero roto) y hay excepciones para obviarlo.

Sólo si el voto público garpa, un sector podría elegir exponerse en el recinto platense con la antipática moción. Esto se vio hace algunas semanas, a la hora de votar el proyecto para resucitar las reelecciones sin límite de los diputados y senadores. Esa noche, sectores anti-casta de la Legislatura lograron gestionar con éxito la votación nominal. Por eso se hizo público quiénes colaboraron para la media sanción de esa impopular iniciativa del peronismo, quiénes la rechazaron o se abstuvieron y quién faltó. Cosas normales en Buenos Aires que en La Plata se viven casi como un escrache. 

Cosas normales en Buenos Aires que en La Plata se viven casi como un escrache.

Minutos después de decidir sobre ese proyecto, el cuerpo volvió al voto por signos para resolver el resto de los asuntos previstos. Aprobaron la declaración provincial de un festival de la cerveza, poco importante, pero también prestaron acuerdo a 93 pliegos judiciales enviados por el gobernador Axel Kicillof para cubrir las vacantes que vienen empastando el trabajo de la justicia ordinaria. Si algún día emergiera de ese lote un “caso Makintach”, cualquier senador podría jurar que, justo para ese pliego, no acompañó. Salvo que haya puesto en marcha un tedioso trámite individual posterior –que existe– para agregar en el expediente que no levantó la mano. 

Una solución de toda la vida para estos casos ha sido la presencia de periodistas y fotógrafos, que observan y anotan los nombres y el sentido de cada voto. Pero hace un tiempo la vicegobernadora Verónica Magario cerró el palco de prensa del Senado y mudó a los periodistas acreditados fuera del recinto, a otra sala del edificio, donde hay un televisor. “La medida apunta a mejorar el orden general del trabajo legislativo y garantizar que la cobertura periodística se desarrolle sin afectar el desarrollo de las sesiones”, argumentó un comunicado oficial.

Magario dice también que hay “un streaming”, lo que es cierto, pero esa transmisión oficial, con planos cerrados y paneos parciales, no sirve para registrar votaciones que hay que reconstruir como si fueran una escena del crimen. Además, varios medios platenses reportaron que en la nueva sala a donde fueron desplazados ni siquiera funciona bien la conexión a Internet.

Jueces a oscuras

Esta opacidad a la hora de votar es especialmente polémica en el caso de los pliegos judiciales. Porque el reglamento del Senado no impide votarlos “por signos” pero sí exige publicidad total de ese momento: cuando se trate en el recinto “la prestación de acuerdo para la designación de magistrados”, dice el reglamento, “sesionará exclusivamente con carácter público, de conformidad con en el artículo 175 de la Constitución”. 

Cuesta pensar que candidaturas como las de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, rechazadas este año, pudieran haber sido votadas sin los apellidos rojos o verdes en el tablero electrónico o sin cronistas presentes. Pero en La Plata es así. En otra sesión reciente se aprobaron 131 pliegos más; en 2024 habían sido 181. Es decir que en poco más de un año el Senado bonaerense designó más de 400 magistrados (jueces, fiscales, defensores) sin que ningún senador tenga que hacerse cargo de haber participado. Son tantas designaciones, de hecho, que la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por donde pasan los expedientes antes de ir a votación, no habría tenido más de tres o cinco minutos para entrevistar a cada aspirante si uno hace el cálculo mirando los horarios de las reuniones publicados y la cantidad de trámites pendientes. El Senado bonaerense último filtro para garantizar la “solvencia moral, la idoneidad, el respeto por las instituciones y los derechos humanos” y otros requisitos constitucionales exigibles a los magistrados está obligado por ley a analizar cada pliego en profundidad y a entrevistar a los candidatos en persona, pero en los hechos no hace ninguna de las dos cosas. 

Entre otros, en estos meses tuvieron luz verde ascensos de jueces penales de La Matanza, Mercedes y Tigre apadrinados por Fernando Espinoza, Eduardo Wado de Pedro y Sergio Massa. Esas palancas pesan más que las notas de los exámenes y el orden de mérito calibrado en el Consejo de la Magistratura. También ascendió a la cámara penal de San Isidro Diego Efraín Martínez, un juez denunciado por Elisa Carrió y que en ese mismo Senado testificó a favor del ex fiscal Claudio Scapolán en el jury que lo destituyó acusado de encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaba a narcos. “¿Cómo escondés un elefante?”, pregunta un experto consultado ante la lluvia de pliegos enviados a la Legislatura por el gobernador Kicillof. “Naturalmente, entre otros 100 elefantes”, responde.

Así, en secreto, de espaldas a la sociedad, se está armando el Poder Judicial bonaerense de los próximos 20 años.

Así, en secreto, de espaldas a la sociedad, se está armando el Poder Judicial bonaerense de los próximos 20 años. Además, dejando en el camino banderas que hasta hace poco parecían importantes. Por ejemplo, acaban de quedar integradas sin ninguna mujer las cámaras penales de San Isidro, La Matanza, Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. 

Al voto anónimo y las sesiones sin periodistas se suma un encanto extra de estas sillas a las que muchos se quieren “atornillar”, como dijo Malena Galmarini, y es que permiten mantener en las sombras la evolución patrimonial. La cámara baja provincial ya no publica las declaraciones juradas de sus diputados, a pesar de la obligación que marca una ley provincial (y que sí se cumple con bastante rigor para sujetos obligados del Poder Ejecutivo, policías y penitenciarios). Exhibir la evolución de su patrimonio queda a voluntad de cada diputado.

Tampoco están online las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios legislativos, como eran Claudio y Facundo Albini, los jefes del recaudador massista Julio Rigau, Chocolate, el hombre de los cajeros. Las pocas que había desaparecieron durante la presidencia en Diputados del peronista Federico Otermin, ahora intendente de Lomas de Zamora. No quedó ni el botón “Transparencia” en el menú de la web. 

Todos estos beneficios se combinan con el acceso a muchos recursos que no hace falta rendir: subsidios, becas, contratos. Cuantas más comisiones integran los representantes de las secciones electorales, más “módulos” pueden pedir, sin tener que demostrar productividad parlamentaria en esos temas. Abundan los contratados que no tienen por qué ir a fichar a las diagonales ni cobrar el total de su contrato.

Nada de esto, sin embargo, es información pública. Aún así, si algún caso llega a ver la luz, también se activa un paracaídas institucional. Ante el caso Chocolate, por ejemplo, aquel descuido del Frente Renovador que le corrió la cortina a toda la Legislatura en plena campaña electoral de 2023, los bloques hicieron silencio y Diputados presentó un informe institucional –soñado para los abogados de la banda delictiva– donde asegura que los titulares de las tarjetas de débito usadas por el puntero massista sí trabajaban. La investigación judicial había comprobado que, por el contrario, no iban a trabajar y donaban todo el sueldo.

En medio de esa historia se informó oficialmente que en la oficinita de la Secretaría Administrativa de Diputados figuraban como empleadas ¡402 personas!

Rigau irá a juicio por presunta asociación ilícita con los Albini –gente que le exigía hasta el último centavo y lo trataba casi como un esclavo, dicen testigos–, pero sin los ñoquis. Un fallo del juez Federico Atencio, contrario a la hipótesis de la fiscal Betina Lacki, los sobreseyó de ese delito y serán juzgados por fraude a la administración pública (con un informe de su “empleador”, Diputados, que los respalda). Algunos ya se jubilaron del trabajo de prestanombre que habían iniciado ¡en 2002! y todos los otros cobran en silencio de la Legislatura, no importa si trabajan en una cueva financiera de Tigre, en una mutual de La Plata o en una oficina de Europa.

En medio de esa historia se informó oficialmente que en la oficinita de la Secretaría Administrativa de Diputados figuraban como empleadas ¡402 personas! (incluidas familiares, barrabravas y conocidos reclutadores de ñoquis). Y se vio en la tele que también había “Chocolates del Pro” por los cajeros, con tarjetas del Senado. Están identificados, pero aún no fueron procesados por el fiscal Juan Menucci.

“Nadie sabe muy bien qué es, salvo el lugar donde trabajaba Chocolate”, escribió hace poco Carlos Pagni sobre el parlamento bonaerense. Opaca, donde cada outsider se convierte rápido en casta porque los beneficios son demasiado tentadores, la Legislatura les cuesta a los bonaerenses unos 100 millones de pesos por mes por cada diputado o senador, según estimó Clarín. Desde el otro lado del mostrador, sin embargo, es baratísima: el costo político, una de las pocas cosas que le podría doler a un legislador, no existe en esta legislatura de anónimos, donde lo único público parecen ser las visitas guiadas de las escuelas.