LEO ACHILLI
6 Meses Milei

¿La vemos?

A pesar de algunos logros indudables, todavía es prematuro afirmar que se impuso un cambio cultural sobre la economía.

Tres aspectos positivos sobre estos seis meses del Gobierno: evitó la hiperinflación, acumuló reservas internacionales y mantuvo un apoyo social contundente a pesar del ajuste. Tres aspectos negativos: una profunda recesión con aumento de la pobreza (posiblemente sincerando la realidad oculta del modelo económico anterior), una apreciación cambiaria incipiente y problemas de gestión (la curva de aprendizaje era esperable; la parálisis de algunas áreas, no).

Cada cual ponderará para determinar “la nota” de estos seis meses pero, para mí, el gran interrogante es si realmente la vemos. ¿Se está dando el cambio cultural que Argentina necesita para dejar atrás décadas de deterioro económico y social?

Juzgar a un gobierno a seis meses de su asunción es prematuro, especialmente con la herencia del trinomio Fernández-Kirchner-Massa. Pero, como dije, cada vez tengo más incertidumbre sobre si realmente la vemos. Lógicamente, no se van a revertir 20 (¿50?) años en seis meses y sí, la sociedad votó por un cambio profundo. El interrogante es si el cambio votado está enfocado en los resultados o si realmente comprendimos el proceso que hay que atravesar para alcanzar esos nuevos resultados. En los últimos meses, diversas señales a favor y en contra me generaron mayor o menor esperanza:

  • Diciembre: la devaluación del 118% y la consecuente inflación no mellan la popularidad del Gobierno (sincerar la herencia sirvió en términos de expectativas).
  • Enero: paro general a un mes y medio de la asunción del nuevo gobierno (la caída del salario real no se le reclamaba al gobierno anterior, que no experimentó ningún paro general).
  • Febrero: en un chat de amigas en el que jamás hablamos de política o economía recibo un mensaje sorpresivo: “¡Buen sábado!”, acompañado de la noticia que anunciaba el superávit financiero de enero. Casi lloro de la emoción.
  • Marzo: los gobernadores reclaman un mayor envío de fondos nacionales. En un país con un déficit primario nacional del 2,7% del PIB en 2023, que las provincias que terminaron el año con un superávit primario consolidado del 0,1% del PIB reclamen fondos es, al menos, contraintuitivo.
  • Abril: el Gobierno da marcha atrás con la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga, estableciendo un mecanismo de ajuste de precios. “Los liberales más raros del mundo”, defienden en redes que el Estado regule precios. Aún considerando que el aumento afecta duramente a una clase media ya golpeada, la marcha, contramarcha y festejo dejan un mal precedente.
  • Mayo: la Justicia porteña suspende el aumento del subte (ya se revirtió, pero que parte del Poder Judicial no comprenda la restricción presupuestaria es un problema grave).

Lo más importante: ¿el Gobierno la ve? Si bien la responsabilidad es colectiva (sindicatos, empresarios, gobernadores, Congreso, Poder Judicial), el Gobierno es el actor principal de este sistema del que forma parte, aunque haga contorsiones para parecer que está afuera. No puede ampararse en el (panic) show para los fanáticos, no en un país con 50% de pobreza; ya no puede sólo culpar a otros. Y aunque está clara su convicción en el equilibrio fiscal y ha mostrado pragmatismo frente al abismo, ha cedido también a “la casta” por la peor vía (postular a Ariel Lijo a la Corte Suprema, votar en contra del impuesto al tabaco).

Además, en busca del éxito a corto plazo, empiezan a aparecer señales de alarma, como la represión de la inflación debido a la demora en la normalización de los precios de la energía o la creación de enemigos ante cada discrepancia mínima con la palabra oficial.

Las formas son importantes y las del Gobierno, lejos de persuadir, consensuar e impulsar las reformas necesarias, pueden ser contraproducentes. Además, hasta el momento las reformas han sido insuficientes (esto, claro, no es solo responsabilidad del Gobierno nacional). Aunque lo principal y urgente, el eje fiscal, se ha abordado con firmeza y ha mostrado resultados, aún faltan más señales de un verdadero cambio en la “arquitectura económica argentina”, necesario para incentivar inversiones y permitir que la economía real despliegue su eterno potencial.

Las formas son importantes y las del Gobierno, lejos de persuadir, consensuar e impulsar las reformas necesarias, pueden ser contraproducentes.

Para citar algunos ejemplos: la AFIP no mostró avances de simplificación tributaria (ya que con este nivel de gasto público heredado aún no se pueden bajar impuestos, al menos que sea más simple pagarlos); no hubo un cambio de régimen monetario profundo (coquetean con la dolarización o la competencia de monedas, sumando incertidumbre); la dependencia del cepo sigue siendo alta; la legislación laboral tendría cambios importantes de confirmarse la Ley Bases, pero quedó lejos de un marco propicio para la generación de empleo.

El riesgo de postergar las reformas es que la paciencia social comience a agotarse, que los logros económicos tarden en llegar y que los logros no económicos (mayor seguridad, poder circular sin piquetes, menos burocracia y esas cosas de país normal que merecen los argentinos) no se alcancen debido a una gestión que parece presa del diagnóstico de campaña (“el Estado no sirve para nada”). Existe el riesgo de que se “quemen banderas” imprescindibles, como el déficit fiscal cero, por abusar del personaje.

Ojalá empecemos realmente a “verla”, a comprender que todos debemos dejar de tirar del mismo mantel roto. Ojalá que el Gobierno no caiga en el típico error de la gestión pública: priorizar el corto plazo sobre las reformas de largo. Ojalá veamos el inicio de un país sin inflación, donde la pobreza deje de afectar al 50% de la población y donde el trabajo y la educación vuelvan a ser el eje del ascenso social, algo que parece haberse perdido debido al falso progresismo que planteó el kirchnerismo.

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Milagros Gismondi

Economista, Mg en Políticas Públicas (UTDT), MSc Evaluación de Impacto (UEA-UK). Ex jefa de gabinete de Ministerio de Hacienda de PBA (2017-19) y Nación (2019).

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