El Gobierno argentino y sus justificadores públicos actúan como si no existiese internet. Mienten sobre cosas que se pueden desacreditar con sólo googlear unos minutos, presentan escenarios catastróficos que se revelan insignificantes y titulan las noticias con el único interés de generar angustia y parálisis en la sociedad.
Es difícil mantener hoy estas ficciones por demasiado tiempo. Todos vimos las imágenes de Wimbledon, de la Eurocopa, de espectáculos musicales, ciudades y teatros en los que, sin barbijos y al aire libre, millones de personas disfrutaban de algo bastante parecido a la normalidad. De ningún modo se trata de minimizar la pandemia: ningún gobierno en el mundo civilizado lo hace. Pero sus políticas públicas y sus administraciones intentan marcar cierta previsibilidad y racionalidad basada en datos científicos para que el mundo retome un camino de libertad y dinamismo que perdió por la pandemia.
Según el sitio Time to Herd –un simulador que mide cuándo se alcanzaría la inmunidad de rebaño en cada país teniendo en cuenta el ritmo de vacunación–, faltan 106 días para que esto suceda en Argentina. Está claro que no se trata de una certeza absoluta y que muchas variables pueden meterse en el medio para alterar ese plazo, pero es un número que, comparado con otros países, no suena tan mal.
Lo que resta saber, y tenemos muchas razones para ser desconfiados, es cuánto interés real tiene el gobierno argentino en que esa normalidad regrese.
Lo que resta saber, y tenemos muchas razones para ser desconfiados, es cuánto interés real tiene el gobierno argentino en que esa normalidad regrese. Ni el Presidente ni sus ministros parecen tener en agenda nada parecido ni explicitan planificación alguna que vaya en esa dirección. Es difícil encontrar en la prensa y en las redes sociales manifestaciones de funcionarios importantes que giren en torno a la idea del retorno a la normalidad.
Dos razones se combinan para explicar este estado de cosas: por un lado, las tentaciones autocráticas y, por el otro, su demostrada impericia y torpeza de gestión. Ambas constituyen un vínculo perfecto. Al kirchnerismo le interesa dirigir la sociedad, objetivo para el cual la pandemia, las restricciones y el aumento del poder decisional del Estado resultan de gran ayuda. Al mismo tiempo, esto le permite camuflar en la excepcionalidad su comprobada falta de planificación y de ideas para encarar los problemas estructurales de la Argentina.
El control total
Las tentaciones autocráticas del gobierno son evidentes. Desde un primer momento estuvo claro que la situación pandémica iba a reforzar las tendencias estatalistas y que la excepcionalidad iba a ser utilizada por algunos regímenes para llevar adelante políticas que en otras circunstancias hubieran resultado espinosas de justificar. Más allá de las diferencias evidentes con gobiernos como los de Putin, Orbán o Kaczynski, el Gobierno argentino sometió a su población a la cuarentena más larga del mundo (sin poder mostrar que por eso el número de muertos por el Covid haya sido menor), las policías provinciales persiguieron y asesinaron a más de 90 personas y la violación de los derechos humanos con la excusa del confinamiento expuso su rostro más perverso. En otras dimensiones, la voluntad de dirigir la sociedad se explicitó mediante el control de casi la totalidad de las variables económicas y los precios, y en el juego cruzado de cepos que, contra toda evidencia, el Gobierno insiste en implementar. En medio de estas medidas, la inflación sigue subiendo, la moneda se deprecia todo los días y los hogares argentinos son cada vez más pobres.
La voluntad de dirigir la sociedad se explicitó mediante el control de casi la totalidad de las variables económicas.
Dos restricciones más, de otras características, se suman a esta vocación de control por parte del Gobierno. Una de ellas es la de las clases y las escuelas. Si bien la presión de la sociedad civil expuso la enorme torpeza de los distintos gobiernos en mantener cerradas las escuelas, en muchos lugares del país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, una enorme cantidad de chicos aún no tienen clases presenciales y, en casi todo el sistema público, esta presencialidad es sólo parcial. El otro cepo oprobioso es el de los varados. Ciudadanos argentinos que inconstitucionalmente son impedidos de regresar al país por un gobierno que establece límites insólitos, sin ningún sustento epidemiológico, al mismo tiempo que hace excepciones con sus propios funcionarios y exfuncionarios.
Todas estas instancias de control son defendidas por las autoridades políticas. El ministro de Educación Nicolás Trotta denunció la irresponsabilidad de los que pedían la presencialidad cada vez que pudo y hasta donde pudo y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero no recibió a los representantes de las líneas aéreas que fueron impedidas de operar, y negó sistemáticamente la gravedad del asunto.
La ayuda de la prensa y de los intelectuales
La voluntad de control necesita también de elementos simbólicos. Estos lo refuerzan y legitiman, le dan potencia discursiva, lo vuelven una narrativa política posible de ser desplegada sobre la ciudadanía. Hay dos actores importantes en esta construcción del control: el periodismo y los intelectuales. Ambos operan en forma diferente pero colaborativa. Desde la prensa intenta imponerse el miedo y la angustia procurando convertir a la libertad en una amenaza.
Uno de los temas preferidos es el de las cepas. Todo el tiempo, desde medios oficiales –Télam, por ejemplo– se está hablando de la enorme peligrosidad de las nuevas cepas y de su altísima capacidad de contagio. Poco importa si los datos duros indican que la ocupación de camas de terapia intensiva cayó en una semana casi un 50 %; se insiste en la peligrosidad y en la necesidad de cuidado. El enemigo elegido, desde el inicio, es siempre el mismo. El que viajó, el que se fue del país y vuelve en su perversidad para contagiarnos a todos los que hemos estado cuidados gracias al Gobierno. El que viajó es el rico, el cheto, el réprobo y el inconsciente, aunque haya viajado para hacerse un tratamiento médico y vuelva vacunado. La inefable diputada oficialista Cecilia Moreau creyó necesario explicitar ese odio en un tweet: “Mientras Macri descansa en Europa, Cambiemos hace fuerza para que la cepa delta entre a la Argentina. Para ellos vale todo, incluso poner en riesgo la salud de los argentinos y argentinas”.
Desde la prensa intenta imponerse el miedo y la angustia procurando convertir a la libertad en una amenaza.
El otro costado de legitimación de la estrategia del control es un poco más sofisticado y es llevado adelante por los intelectuales amplificadores del Gobierno. Más allá de la palabra de epidemiólogos de aquí y del extranjero que sostienen la acción gubernamental, los pensadores dedicados a las disciplinas sociales cumplen también su papel. En un documento titulado El futuro después del Covid-19, la iniciativa gubernamental Argentina Futura elaboró un libro digital con la opinión de distintos intelectuales y académicos alrededor de las consecuencias posibles de la pandemia y su impacto sobre el futuro de la nación. Un recorrido por el libro revela algunas cuestiones interesantes. En todo el texto –y no es que me haya fanatizado por las métricas– la palabra “democracia” aparece 16 veces, neoliberalismo 40 y Estado 324. La tesis general de la publicación resulta clara y es demostrativa del funcionamiento del campo intelectual, o al menos de su mayoría. La crisis que resulte de la pandemia (por decoro se establece claramente que esto es impredecible) se resuelve con más Estado, con más intervención y con más controles. En el diagnóstico, el peso de los problemas recae en el neoliberalismo y, previsiblemente, en el gobierno anterior. Lo dice Paula Canelo, proponiendo repensar el Estado desde otra mirada: “Los argentinos y argentinas lo experimentamos con claridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Estado fue ‘manejado como una empresa’, con los resultados a la vista” (p. 22). Un “Ah, pero Macri!” que terminó siendo premonitorio.
Otro motivo por el cual creo que al Gobierno argentino no le interesa pensar en las formas de vuelta a la normalidad es que no tienen idea de qué hacer con los gravísimos problemas que tiene la Argentina. Todas las soluciones que propone fallaron en todos lados –incluido aquí–, por lo que es improbable que tengan éxito en esta oportunidad. Ningún funcionario importante del Gobierno ni tampoco Alberto Fernández ha expresado una idea clara sobre los temas importantes. Más allá de menciones generales sobre el estado del capitalismo, la ciudadanía desconoce qué quiere hacer el Gobierno con los distintos cepos, con la pobreza, con las cuestiones ambientales o con cualquier otro tema relevante. Todo el discurso oficial está dedicado a sostener las mil variantes de la pesada herencia. Al Presidente, que viene de admitir que no está muy al tanto de lo que sucede en Cuba, no se le puede pedir que sepa qué hacer con la economía. El ministro Guzmán está de gira por el mundo tratando de ver que pasa y un día se enamora de la solución portuguesa y al otro de la posibilidad de negociar con el FMI, basado en la nueva agenda verde de Kristalina Georgieva. El ideario del Gobierno está gastado: no tiene ninguna reforma concreta que proponer para mitigar los problemas que se autoinflingió bajo la falsa dicotomía entre salud y economía. La gestión de la pandemia está entre las peores del mundo y la caída de todos los indicadores socioeconómicos es alarmante. Estamos ante un gobierno fatigado, sin recambio en su elenco y sin ideas, un gobierno que no logra saldar su disputa interna original y al que le queda más de la mitad de su mandato por cumplir.
Frente a la perpetuación de la excepcionalidad y a la posibilidad de poner en duda el ejercicio de la normalidad y la libertad, la sociedad civil y la oposición necesitan estar con la guardia alta.
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