A mediados de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Alquileres. No hacía falta ser premio Nobel en Economía para darse cuenta de que esa ley, lejos de beneficiar a los inquilinos, los iba a terminar perjudicando. En el terreno de la macroeconomía hay muchas cosas debatibles, pero en la micro tenemos certezas y este era, literalmente, un problema de manual. Por eso, cuando en mi primera reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática del Congreso escuché decir que íbamos a regular la inteligencia artificial, me corrió un frío por la espalda. Creer que esa misma Cámara de Diputados, que falló a la hora de regular lo obvio, puede definir el marco regulatorio para el desarrollo de la IA de los próximos 30 años debería preocuparnos.
Nuestro congreso no es el único interesado en la regulación de la IA. La inteligencia artificial está de moda y, particularmente el año pasado, surgió un creciente ímpetu regulatorio. La Unión Europea estaba finalizando los detalles del Artificial Intelligence Act, mientras que Estados Unidos, conocido por su reticencia a regular, lanzó una orden ejecutiva presidencial estableciendo estándares de seguridad y protección en el desarrollo de la IA. China también presentó su Global AI Governance Initiative, y el G7 publicó el Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems. En resumen, había una clara demanda de acción en este ámbito.
Este interés político e impulso regulatorio se explica por varias razones. Por un lado, la preocupación pública. ChatGPT y el hecho de que la gente estuviera experimentando con estos nuevos modelos de lenguaje en sus celulares hicieron tangible una realidad que sabíamos que llegaría, aunque sin certeza de cuándo. Además, con elecciones previstas para 2024 en la mitad del planeta, estaba el riesgo de que un uso inapropiado de esta tecnología pudiera interferir en los resultados. A esto se suma la competencia regulatoria entre Estados Unidos, China y la UE por establecer estándares globales y su influencia internacional, e incluso el interés de las propias empresas tecnológicas, que requieren certidumbre sobre las reglas del juego para evitar que un vacío regulatorio total pueda ser llenado de la peor manera. En definitiva: hay voluntad, hay demanda y, seguramente, muchas buenas intenciones.
Cuesta ponerse de acuerdo en la definición de IA, ni hablar en cómo regularla. Es una tecnología nueva, con alcances desconocidos y que podría impactar en distintos ámbitos.
Pero, ¿se sabe qué hay que hacer? La respuesta es no. No lo sabemos nosotros y tampoco lo sabe el mundo. Cuesta ponerse de acuerdo en la definición de IA, ni que hablar en cómo regularla. Se trata de una tecnología nueva y cambiante, con alcances desconocidos y que podría impactar en distintos ámbitos que van desde el comercio a la salud, la ciberseguridad, la industria del espectáculo, el ambiente y el transporte. Enfatizo el podría, porque algunos hasta cuestionan la magnitud del impacto que los líderes empresariales, interesados en que se crea que va ser revolucionario, dicen que va a tener. Nos enfrentamos entonces a una disyuntiva. Regular ampliamente y demasiado pronto puede inhibir el desarrollo y la innovación. No hacerlo podría tener efectos no deseados para la sociedad, la economía y los consumidores. El gran desafío es encontrar la manera de canalizar la ansiedad y las preocupaciones genuinas que giran en torno a la IA, sin comprometer los beneficios que pueden derivarse de ella y sin aislarnos del resto del mundo en materia de gobernanza digital.
Tomar la iniciativa
Necesitamos orden y ese orden debería venir desde el Poder Ejecutivo. Lo creo por dos razones. La primera es porque limitar esta discusión al Congreso supone necesariamente que el producto final sea una ley y no sabemos si este es el caso. Y la segunda razón es que el Poder Ejecutivo tiene más recursos para plantear un debate profundo con especialistas, con el sector privado, la sociedad civil, los legisladores, los gobernadores, etc. Me animo a decir que es imposible que desde el despacho de un diputado pueda salir la regulación de algo tan complejo. A la UE le tomó más de dos años el proceso de consulta e iteración. Sin embargo, uno entra a la página del Congreso y se encuentra con proyectos que pretenden regular integralmente la IA. Dicen que el mundo es de los que se atreven, pero en este caso debería primar la prudencia y la humildad.
Me animo a decir que es imposible que desde el despacho de un diputado pueda salir la regulación de algo tan complejo. A la UE le tomó más de dos años el proceso.
Redactar un proyecto desde una oficina del anexo A cuando en el mundo no hay consenso sobre qué riesgos específicos regular o cómo hacer cumplir las reglas es, de mínimo, osado. ¿Las regulaciones deben enfocarse en los modelos de IA en sí mismos o en sus aplicaciones? ¿Hay que obligar o hay que sugerir? ¿Los proveedores y desarrolladores tienen que tener las mismas responsabilidades, y por lo tanto las mismas obligaciones? ¿Se necesitan regulaciones generales o sectoriales que aprovechen los marcos regulatorios existentes? Las mismas tecnologías de visión por IA que permiten identificar tumores, también pueden clasificar imágenes y generar discriminaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Volvemos al principio: no lo sabemos y la gran mayoría de estas preguntas se tornan dilemas éticos al intentar responderlas. Es imposible que nos encontremos ante las respuestas si aún siquiera nos permitimos el inicio del debate.
Con tantos interrogantes abiertos, me inclino a pensar que lo más conveniente sería optar por esquemas flexibles en lugar de corsets regulatorios. En el abanico de regulaciones que hay hoy en el mundo, el modelo de la UE con la AI Act sería de las opciones más rígidas. Es probable que más de uno se vea tentado de “copiar y pegar” y lo presente para adoptar acá. Sería apresurado hacerlo sin antes ver cómo empieza a funcionar allá. Además, tampoco está claro que esta regulación vaya a tener el denominado Efecto Bruselas que tuvieron otras normativas impulsadas por el bloque, según el cual el resto del mundo endurece sus reglas para adecuarlas a las más estrictas de la UE. Por eso sirve ver otros ejemplos. Los modelos adoptados por Estados Unidos, el Reino Unido (por ahora) y Japón son menos taxativos y, hasta tanto tengamos más certezas, podrían ser una mejor opción para empezar a dar el debate en nuestro país.
¿Cuál es el plan?
En Estados Unidos, ChatGPT despertó el interés del legislativo: de 2017 hasta hoy, de los 298 proyectos presentados vinculados a la IA, más del 60% se presentó después de su lanzamiento en noviembre de 2022. Sin embargo, el Congreso aún no aprobó ninguna legislación integral sobre IA. La gobernanza de la IA la lidera por ahora la Casa Blanca. A mediados de 2023, la administración de Biden introdujo un conjunto de compromisos voluntarios sobre la IA, que, aunque no son legalmente vinculantes, fueron adoptados por la mayoría de los desarrolladores. A estos compromisos se le agregan la orden ejecutiva de noviembre de 2023 sobre IA segura y fiable y un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto que establece pautas vinculantes sobre gobernanza de IA, innovación y mitigación de riesgos para las agencias federales. Hay distintas variantes, no nos apresuremos.
Algo que también podría ser útil para nuestro país es explorar los acuerdos exclusivamente digitales que se están firmando. En particular creo que el Acuerdo de Asociación de la Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) entre Singapur, Chile y Nueva Zelanda, al que se acaba de sumar Corea del Sur, puede ser interesante. A diferencia de los acuerdos comerciales tradicionales, que se centran en el acceso al mercado y a veces incluyen capítulos sobre comercio digital, los acuerdos de economía digital como el DEPA promueven reformas en las normativas nacionales y fomentan la colaboración internacional en temas como la seguridad en línea, la inteligencia artificial, las identidades digitales, la ciberseguridad, la protección del consumidor y la inclusión digital.
Además, entendiendo que estos temas están en constante evolución, el enfoque actual del acuerdo es establecer una plataforma de colaboración en lugar de una legislación vinculante. Considerar este tipo de iniciativas y eventualmente ver la manera de sumarnos puede ser una forma de no quedarnos afuera de estas discusiones e influir en los procesos de gobernanza internacional.
Hoy desde el Gobierno están planteando la posibilidad de que nuestro país se convierta en un polo de IA. Un primer paso es lograr que la tecnología deje de ser prohibitiva.
Hoy desde el Gobierno están planteando la posibilidad de que nuestro país se convierta en un polo de IA. Me gusta que pensemos en grande y que miremos para adelante. Pero en ese camino hay mucho por hacer. Un primer paso no menor, para evitar generar disonancia cognitiva en quien lo escucha, es lograr que la tecnología en nuestro país deje de ser prohibitiva para la mayoría de los argentinos. Por ejemplo, bajando aranceles a computadoras y celulares, algo que puede hacerse hoy mismo. El segundo paso es que nos cuenten cuál es el plan para lograrlo. Asumiendo que las inversiones vienen, surgen varios interrogantes: ¿qué están pensando para generar la infraestructura necesaria?, ¿qué entornos regulatorios imaginan?, ¿cuáles son los requerimientos en materia de capital humano para abastecer a un polo de IA? Son algunos de los que se me vienen a la cabeza. No tomar la iniciativa no es la estrategia correcta. El espacio vacío lo ocupa otro.
Hoy en el Congreso Nacional hay varias propuestas que buscan regular la IA. El actual es un congreso hiperfragmentado, donde todo puede pasar. No me sorprendería si dentro de poco se logra convocar a una sesión para debatir estos temas. Puedo hasta imaginar la dinámica: seguramente haya un proyecto malísimo, entonces aparecerá un proyecto de “consenso” menos malo y dirán que hay que votarlo para evitar que el terrible vea la luz. No nos podemos dar el lujo de seguir legislando mal. El Poder Ejecutivo debe iniciar y organizar una discusión profunda e informada para que no tengamos que lamentarnos nuevamente como con la Ley de Alquileres.
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