El programa de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tiene más problemas que los Pérez García (millennials: googlear). La situación actual se parece a ese corto de Los tres chiflados en el que Moe quiere arreglar un caño y, cuando cree que está solucionado, le sale el agua por el otro lado y empapa a Larry y Curly. En estos días nuestros tres chiflados serían Alberto Fernández, Martín Guzmán y Miguel Pesce, que tras cada problema que buscan arreglar, se encuentran con otro.
Menos de dos meses después de la aprobación final del acuerdo, las tres variables principales a las que se comprometió el Gobierno (cuánto déficit, cuánta emisión, cuántas reservas) ya tienen problemas serios y al menos dos de ellas (la de déficit y la de reservas) parecen de cumplimiento improbable. Las otras variables son indicativas, lo que en la práctica quiere decir algo así como “vos cumplí estas tres y lo otro que sea lo que sea”.
Empecemos por la primera de las importantes, la del déficit. A esta altura ya es un cliché decir que, para cumplir el objetivo fiscal (2,5% del PBI para este año), al Gobierno le conviene generar más inflación. Dado que jubilaciones y programas sociales ajustan en función de la inflación pasada, una aceleración de la inflación le permite al Tesoro recaudar con la inflación de hoy y gastar con la de hace tres meses: clink-caja.
El Gobierno genera inflación para cerrar su meta fiscal y, cuando se aviva de que es socialmente imposible, entonces aumenta el gasto y vuelve al punto de partida.
¡No se hable más entonces! Que suba la inflación para emprolijar las cuentas del Estado. Aparece, sin embargo, el primer problema. Hay casi 40% de pobres a quienes la inflación les pega mucho más fuerte que a los ricos. La situación social no aguanta y entonces hay que meter bonos extraordinarios, como el anunciado hace poco, por 250.000 millones de pesos para trabajadores informales, monotributistas, jubilados y otros, lo que representa un gasto extra del 0,3% del PBI. ¿Será el único del año o vendrá otro en el tercer trimestre? La preocupación por lo social es genuina y no está necesariamente mal, pero es inconsistente con el objetivo fiscal.
Es decir, el Gobierno genera inflación para cerrar su meta fiscal y, cuando se aviva de que es socialmente imposible, entonces aumenta el gasto y vuelve al punto de partida. Referencia circular, diría el Excel.
La cuestión fiscal tiene dos problemas más. Uno habría pensado que cuando se firmó el programa, a fines de marzo, la meta del primer trimestre se iba a cumplir de taquito: faltaban sólo nueve días. Resultó que hubo que apelar a un criterio contable que es legal pero no tiene ni pies ni cabeza en materia económica para cerrar las cuentas. Según descubrió el economista Francisco Ballester, el año pasado el Gobierno contabilizó como ingreso algo que no era un ingreso de base caja. El criterio de base caja es básico e implica contar cuántos porotos entran y cuántos salen de la caja del Estado. Así se presentan las cuentas fiscales en Argentina desde hace décadas. Para hacer una larga historia más corta, cuando el Gobierno vende un bono al mercado por 150 pesos que vale 150 pesos pero que algún día valió 100, se anota 50 pesos de ingresos como si fueran intereses ganados en un plazo fijo, cuando en realidad no ha ganado nada. Increíble que el FMI permita algo así. Hasta febrero era poca plata. Pero en marzo fueron unos 96.000 millones de pesos. Si no los contabilizaban, pifiaban la meta por mucha diferencia. Si empiezan así, no te cuento lo que podrían llegar a hacer para cerrar la meta anual.
En una frase: ni Mandrake consigue 2,5 puntos de déficit primario en 2022.
El problema estructural es que pese a que en el primer trimestre de 2022 los ingresos por impuestos anduvieron bien (58% mejores que en 2021, con una inflación promedio de 52,7%), los gastos aumentaron un 71%. Por eso tuvo que aparecer la contabilidad creativa. Lo peor es que, por esta vez, el FMI lo va a tener que dejar pasar. Una especie de “efecto Borromeo” en Calabromas (millennials: ya saben).
La segunda cuestión extra que aparece en lo fiscal es que se armó un esquema de suba de tarifas en base a la inflación surrealista planteada en el programa del FMI (43% de promedio, 48% punta a punta: no se rían). Entonces, si se suben las tarifas en junio en promedio 50%, pero la inflación es 65-70%, no sólo no hay ahorros fiscales: los subsidios van a crecer. Y además, está la guerra en Ucrania y el gas más caro, que se paga entre 30 y 40 dólares por millón de BTU lo que el año pasado eran 8 washingtons. Si hay que ponerle un poco de pimienta, UPCN, el principal gremio del sector público, acaba de firmar aumentos de 64%, de manera que la licuación de los salarios públicos quedará para otra oportunidad. Y la dinámica de las jubilaciones también es compleja. En una frase: ni Mandrake consigue 2,5 puntos de déficit primario en 2022.
Segundo objetivo: emisión
Entonces, la pregunta es: con este déficit, ¿podrá el Tesoro cumplir su meta de 1% de emisión monetaria? Más raro fue aquel verano que no paró de nevar, decía Joaquín Sabina. Por un lado, el déficit será mayor, y por otro, el mercado local de bonos parece estar encontrando límites. Luego de tener entre enero y marzo financiamiento neto positivo (un eufemismo para no decir “creció la deuda”), en abril el Tesoro tuvo financiamiento neto negativo: es decir, el mercado cobró más de lo que puso. Y está claro que el mercado ya no quiere financiar largo, más allá de las elecciones de 2023. Vamos a ver cómo evoluciona esta ecuación y en buena parte dependerá de cuánto se anima el Banco Central a subir las tasas de interés.
Del lado positivo hay que decir que el Tesoro tiene un as en la manga. El año pasado tomó mucho financiamiento y se estima que, neto de parafernalias contables, los organismos del sector público tienen un 0,8% del PBI encanutado de 2021. Eso podría hacer que cumplan esa meta.
La tercera meta, la de acumulación de 5.800 millones de dólares en reservas del Banco Central, parecía una papa. Cuando se firmó el programa, el FMI devolvió unos 4.300 millones de dólares cash. Es decir que sólo había que juntar del mercado otros 1.500 millones, más los 1.761 millones que se habían perdido entre enero y febrero. En total: 3.261 millones de dólares a conseguir entre mayo y diciembre. En teoría, el superávit comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) alcanza para pagar el déficit de servicios, intereses y otras yerbas y, además, comprar las reservas necesarias para el Banco Central. En la práctica, la cosa está peleada. El que terminó ayer fue uno de los peores abriles en términos de compras de reservas. A pesar de estar en plena temporada de cosecha y con un cepo cada vez más duro para las importaciones, el Banco Central sólo compró 160 millones de dólares.
Una alternativa sería devaluar más rápido, algo que el FMI le debería haber pedido al Gobierno, pero arrugó.
Una alternativa sería devaluar más rápido, algo que el FMI le debería haber pedido al Gobierno, pero arrugó. Firmó un compromiso de no fortalecer el peso. Lo que pasó fue que, si bien el ritmo de devaluación diaria creció, el compromiso de no apreciar el tipo de cambio por ahora no se cumple, ya que la inflación sigue yendo mucho más rápido que la devaluación. Este atraso cambiario sin entrada de capitales ni venta de reservas viene por el lado de un cepo cada vez más duro. Ahora, según las nuevas normas, sólo se puede importar 5% más que el año pasado, pero los precios de las importaciones están 20% arriba. Es decir, ¡se puede importar menos!
Con este cepo exacerbado la economía no puede crecer. Por suerte para el Gobierno el arrastre de 2021 y la buena dinámica de los servicios harán su magia para que Alberto muestre que la economía habrá crecido entre un 3,5% y 4% en 2022. Pero en esencia el rebote post-cuarentena se quedará sin nafta, porque no hay dólares para importar y producir. Las automotrices le mandaron una carta de queja al Banco Central, lo que debe ser una especie de vergüenza para un Gobierno que se las da de industrialista. Quizás, producto de las quejas, en algún momento cambian el mix y meten algo más de devaluación y algo menos de cepo. Y eso durará hasta que Cristina, Massa u otro político se queje por la devaluación y se vuelva a apretar el cepo, así en un loop infinito. En este escenario, es probable que ni siquiera sea necesario mandar al VAR la meta de acumulación de reservas. No se cumple y chau. Qué le hará una mancha más al tigre.
¿Y la inflación?
El 12 de mayo sabremos la inflación de abril y va a ser alta, aunque más baja que en marzo. A su vez, la de mayo probablemente sea más baja que la de abril, pero va a ser alta de nuevo. Está mal pero no tan mal, uno podría decir emulando Guido Kaczka. No ha lugar. El problema es que la economía ya entró en una dinámica donde la inflación tiene vida propia.
A regañadientes, el Banco Central tuvo que subir tasas y acelerar el ritmo de devaluación. Todos los precios (lo que los economistas llamamos la nominalidad) hoy están corriendo al 60% anual. O más. Los sindicatos están con el cuchillo entre los dientes negociando paritarias más altas y con cláusulas de ajuste más frecuentes. Esto implica que la inflación se retroalimenta y va generando una inercia que obviamente no se detiene con los controles de precios de Feletti ni con alguna otra escaramuza microeconómica.
En este marco la inflación va a cerrar el año en 65% o 66% en los escenarios buenos y en más de 70% en los otros. Esto, a su vez, implica que nadie va a financiar al Tesoro con bonos que no ajusten por inflación. Por ende, toda la supuesta política nacional y popular de endeudarse en pesos terminará en lágrimas, porque es deuda que no se licúa. El corolario es que quienes les pidan prestado a sus hermanos se encontrarán con que ellos también querrán ajuste por inflación. O, si no, en dólares crocantes y chau picho. Hermano, pero no boludo.
Además, recuerden que cuanto más sube la inflación más insuficiente es el nuevo esquema tarifario que el Gobierno lleva a la audiencia pública y, por lo tanto, más elevado es el déficit. Y, como los jubilados seguirán perdiendo, crecerá la probabilidad de un nuevo bono extraordinario. Arreglar un problema para generar otro, que a su vez empeora el problema inicial. Guzmán como Moe, el plomero desesperado.
¿Un ballotage con el FMI?
El programa hace agua. Marcelo Araujo podría decir “partido liquidado”, pero vale la pena preguntarse si Alberto puede meter un segundo programa, como hizo Mauricio Macri. Recordemos que a los pocos meses de anunciar el primer programa con el FMI, en 2018, hubo que multiplicar la apuesta con un segundo programa, meses más tarde, que no sólo le dio muchos más dólares al Gobierno sino que le hizo arriar unas cuantas banderas. Quizás la más dolorosa, para Cambiemos, fue la suba de retenciones.
Dos razones hacen esa chance muy improbable. La primera y más importante es que el FMI no va a poner más plata. La zanahoria principal simplemente no está. La segunda es que lo que se necesita es un plan de estabilización y la puesta en marcha de esos planes requiere dos cosas que este Gobierno no quiere ni puede ofrecer. En primer lugar, una nivelación de precios relativos. Dicho en castellano: ajustar las tarifas y el dólar. En segundo lugar, se necesita una dosis de credibilidad mayor, que un Gobierno fracturado como el actual no podría conseguir casi en ningún escenario.
Si llegó hasta acá el lector debería estar buscando un antidepresivo, pero lo cierto es que, dentro de todo, no es para tanto. En los escenarios que manejamos la mayoría de los economistas está claro que no se ven rutas al paraíso, pero tampoco se ve un cataclismo. Una hiperinflación parece improbable, al menos mientras la política no traiga sorpresas (aún más) desagradables, y tampoco parece probable una gran recesión. Lo que sí parece probable para los próximos 12 meses es más estancamiento y mediocridad. Después entramos en período electoral y eso siempre tiene algo de barajar y dar de nuevo, al menos en términos de expectativas. Habrá que abrocharse los cinturones.
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