DUELO A GARROTAZOS (FRANCISCO DE GOYA)
Domingo

Formosa y el Nunca Más

Este miércoles el oficialismo recordará el 24 de marzo de 1976 sin mencionar a Gildo Insfrán. Los derechos humanos del pasado versus los derechos humanos del presente.

¿Por qué este 24 de marzo es diferente a otros 24 de marzo? Los 24 de marzo son los días en los que, como sociedad, unimos nuestras voces para decir Nunca Más. Nunca Más al autoritarismo. Nunca Más a la violación sistemática de derechos humanos y al Estado metiéndose con el cuerpo de las personas. Nunca más a mujeres embarazadas que son secuestradas, obligadas a cesáreas arbitrarias y separadas ilegalmente de sus hijos recién nacidos. Nunca Más a la clandestinidad, Nunca Más a un Estado encerrando a personas violando sus derechos y sus libertades.

Este 24 de marzo repetiremos Nunca Más pero lo haremos con la imagen de Formosa en nuestras retinas. Este año, Nunca Más pasó a ser una consigna nacional que, a nivel provincial, se muestra como un grito vacío.

“A nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos”, dijo hace algunas semanas Santiago Cafiero, casi copiando las declaraciones de Jorge Rafael Videla en los ’70. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no estuvieron de acuerdo con el jefe de gabinete. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y Amnistía Internacional señalaron su preocupación por la violación de derechos humanos en Formosa.

una campaña antiargentina

Cuando TN, del Grupo Clarín, comenzó a mostrar a las mujeres escondidas en el monte, paralizadas por el miedo a que les roben a sus bebés, se denunció una campaña mediática. Se habló de periodistas que obligaron a las mujeres a hacer falsas acusaciones. Es decir, se montó una operación para negar la realidad, para ocultar lo que está ocurriendo, de la misma forma que hicieron los militares durante la dictadura de 1976.

Nuestro país, lastimado profundamente por la existencia de una grieta que nos divide en dos y que, prácticamente, anula la posibilidad de conversación y entendimiento entre quienes están de un lado y del otro, supo tener un gran acuerdo común –tal vez el único sostenido– a lo largo de décadas: la condena al autoritarismo y a la violación de derechos humanos.

Está claro que lo que sucede en Formosa no es una novedad. Lamentablemente en muchas provincias argentinas hubo y hay restricciones a las libertades individuales, limitaciones a la libertad de prensa y de expresión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Formosa no es la primera provincia que ocupa la tapa de los diarios nacionales por estas cosas. Pero lo particular, lo diferente, lo extraordinario de la coyuntura actual es que, en todas las otras ocasiones en las que esto ocurrió, la presión había sido lo suficientemente fuerte como para que el gobierno nacional terminara soltándole la mano al caudillo de turno. En cambio, con el gobierno de Alberto Fernández y el de Gildo Insfrán ocurre todo lo contrario.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, chocaba puñitos y se mostraba con ojos sonrientes junto a Insfrán.

Hace unos meses, el presidente definió al gobernador formoseño como uno de los mejores políticos y seres humanos. Lo elevó al lugar de modelo a seguir. Ni siquiera con la aparición de pruebas sobre su autoritarismo decidió mostrarse más distante. Esta actitud no cambió con el tiempo. En los últimos días Insfrán visitó la Casa Rosada y fue recibido por el presidente. La semana anterior, al conmemorarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, mientras en televisión se mostraban las denuncias de mujeres formoseñas escondidas en el monte ante el miedo de que les sustraigan a sus bebés, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, chocaba puñitos y se mostraba con ojos sonrientes junto a Insfrán.

¿Por qué el gobierno nacional decide defender a Insfrán? Si bien no es posible responder esa pregunta sin caer en el terreno de las especulaciones, lo que sí podemos asegurar es que el oficialismo practica condenas selectivas frente al autoritarismo y la violación de derechos humanos. Lo condenará este miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo, cuando se refiera a la dictadura militar de 1976 pero, al mismo tiempo, apoya y defiende actitudes similares cuando las llevan adelante los amigos políticos.

Esta actitud, de condena a las violaciones de los derechos humanos del pasado acompañado de una actitud contemplativa frente a las violaciones de los derechos humanos del presente, vuelve a este feriado del 24 de marzo un día particular.

El 24 de marzo, 15 años feriado

Nuestra historia nos permite recordar que no siempre el 24 de marzo fue feriado. Al retorno de la democracia no fue una fecha sobre la que se construyera ninguna simbología específica. De hecho, la primera vez que un 24 de marzo ocupó el espacio público fue en 1985, cuando, a pocos días de comenzar el Juicio a las Juntas, las Madres de Plaza de Mayo convocaron a marchar. Año tras año esta movilización se fue haciendo más fuerte. De a poco, cada vez más personas se animaron a repudiar el golpe militar y, con el paso del tiempo, la marcha fue ampliando sus condenas: a la dictadura militar pero también a la corrupción, a los casos de deterioro institucional, a los pactos con el FMI y, muchas veces, reclamos que respondían de forma más directa a la coyuntura. En los 2000, la marcha se comenzó a convertir en un acto partidario. Lo que durante mucho tiempo había sido un encuentro plural en el espacio público se convirtió en uno más de los actos oficiales del kirchnerismo. Durante esos años, Néstor Kirchner bajó el cuadro de la ESMA y convirtió al 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia desde 2002), en feriado nacional inamovible.

Unos años antes, en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, el 24 de marzo dejó de ser una conmemoración exclusivamente de la sociedad civil y, mediante un decreto presidencial, se estableció que aquel día todos los establecimientos educativos debían dedicarlo “al análisis crítico del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y a recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal”. Este decreto, según su justificación, se inscribía en la necesidad de “preservar la pacificación de la sociedad argentina, conservar la memoria y generar en las nuevas generaciones el interés en conocer nuestra historia reciente, a efectos de contribuir a salvaguardar nuestra democracia para todos los tiempos”. Esta motivación primera, de “preservar la pacificación de la sociedad argentina” fue en línea con otras medidas tomadas por Menem, quien apostó a dejar atrás aquel pasado que duele y concentrarse en construir futuro.

En esa intención también se cifró un proyecto inconcluso, como el que propuso Menem de derribar la ESMA y construir allí un monumento por la unión nacional.

Los años finales de la década del ’80, la Argentina sufrió cuatro levantamientos carapintadas, que amenazaron con convertirse en golpes de Estado. El primero de ellos fue durante el gobierno de Alfonsín, durante las pascuas, y el último se produjo ya pasado un año del primer gobierno de Menem. Entre el primer y el último levantamiento, los presidentes tomaron diferentes medidas que buscaron pacificar a la sociedad argentina, desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta los indultos. En todos los casos, más allá de las presiones concretas, la intención fue cerrar un capítulo doloroso de la historia argentina y centrarse en los desafíos que mostraba el presente y el futuro. En esa intención también se cifró un proyecto inconcluso, como el que propuso Menem de derribar la ESMA y construir allí un monumento por la unión nacional.

El kirchnerismo abandonó este espíritu. Lo que hizo fue reemplazar la voluntad de reconciliación por la deificación de la memoria. Al consagrar de forma oficial el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia” postuló una postura imposible frente al problema de las violaciones de los derechos humanos. Quienes se han dedicado al estudio de las transiciones democráticas y han comparado las formas en los que los países han decidido resolver sus pasados trágicos han planteado que es imposible perseguir, al mismo tiempo, la verdad y la justicia. Claudia Hilb mostró esto claramente al pensar conjuntamente el caso sudafricano y el argentino: mientras que aquí se persiguió el objetivo de conseguir justicia y se llevó a cabo el Juicio a las Juntas y luego la reapertura de juicios durante el kirchnerismo, este camino impidió conocer determinadas verdades, como las cuestiones relativas a la organización interna de la represión o datos más concretos sobre el destino de los desaparecidos. El caso sudafricano, en cambio, a partir del otorgamiento del perdón a los diferentes grupos involucrados en la violencia del pasado, permitió el conocimiento de los hechos –de la verdad– de forma mucho más exhaustiva. Ambos modelos son diferentes y no se trata de evaluar si uno es mejor que el otro. Lo que se intenta aquí es señalar que son objetivos contradictorios entre sí y eso es lo que oficializó el gobierno de Néstor Kirchner y luego mantuvo Cristina Kirchner, al decidir en el 2006 –en el 30 aniversario del golpe de Estado– incorporar la fecha al calendario de feriados nacionales.

Hace 15 años que los 24 de marzo son feriados. Hace aún mucho más que son días de conmemoración. Pero este año, por primera vez, el recordatorio de la peor época de autoritarismo de la Argentina estará acompañado por noticias sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen en la actualidad. Asistiremos a un espectáculo absurdo al ver al gobierno recordar y condenar las violaciones de los derechos humanos del pasado al tiempo que elige defender y acompañar a quien las comete en el presente.

 

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Sabrina Ajmechet

Licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia. Profesora de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires.

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