Se escribió mucho en estos días sobre la (digámoslo así) intensa interna del Frente de Todos y su impacto en la estabilidad del Gobierno. El argumento es algo así como “las peleas al interior de la coalición gobernante son la causa de la crisis casi terminal de la administración de Alberto Fernández”.
Ambas cosas por separado —la interna y la crisis– son ciertas y evidentes. Hay una división feroz en el peronismo gobernante y el Gobierno está frente a una crisis gigante. Lamentablemente, amigos, no es la primera vez que a partir de 1983 vemos una interna peronista fagocitante, ni tampoco un gobierno que se coloca al borde del abismo. Lo novedoso es que —por primera vez desde el retorno de la democracia, hace casi 40 años— este escenario se manifiesta con el peronismo en el gobierno. Vamos a decirlo de otra manera: es la primera vez que los peronistas se tienen que hacer cargo del quilombo.
Esto nos devuelve al primer párrafo. Es indiscutible que hay interna y que hay crisis. Lo que es discutible es la relación causal entre una cosa y la otra. Es obvio que el salvajismo que vemos entre ellos no puede terminar bien y también es obvio que el gobierno tiene enormes dificultades para encontrar el camino. Y las tiene desde hace tiempo.
Están en crisis y tienen una gran interna, pero no están en crisis debido a su interna.
Pero me permito postular que la interna no es causa de la crisis. Están en crisis y tienen una gran interna, pero no están en crisis debido a su interna. Si el gobierno mostrara índices de inflación de un dígito anual, diez puntos de crecimiento sostenido, una fuerte inversión y al BCRA lleno de reservas, nadie se le atrevería a Alberto Fernández. Ni siquiera Cristina y, mucho menos, su hijo.
Pero no es así. Luego de casi dos tercios del mandato esta administración tiene, objetivamente, poco para mostrar. Con los mejores términos de intercambio desde 1950 (es decir, la diferencia entre lo que cobramos por lo que vendemos y lo que pagamos por lo que compramos) tenemos una inflación alta y fuera de control, gravísima escasez de divisas y pobreza creciente, para citar tres ejemplos evidentes. Y, antes de eso, un manejo errático de la pandemia, que nos condujo a una cuarentena durísima y llena de abusos de autoridad, con enormes costos económicos y sociales y con resultados diferenciales —en términos de impacto— bastante escasos, por no decir nulos. Cuando aparecieron las vacunas, Argentina entró tarde y mal: malas decisiones, mal ejecutadas, cero planes de contingencia. Podríamos seguir con el cierre de escuelas y diversos etcéteras más. Y todo con un liderazgo que, escándalo de vacunas y fiesta de Olivos mediante, fue derrochando la credibilidad y el necesario respeto que tiene que trasmitir la investidura presidencial.
Tiburona al acecho
En un sistema presidencialista, el principal recurso que tiene el presidente es su credibilidad. Si la pierde, los tiburones van a oler su sangre y se le irán encima. O la tiburona, en este caso.
En fin. El punto es —entonces— que la causa de la crisis del Gobierno no es la interna. La causa de la crisis y de la interna es la impericia de esta gestión para resolver problemas. No hay crisis porque hay interna, hay crisis y hay interna porque hay una mala administración.
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Ahora bien: ¿se trata entonces simplemente de un problema de impericia, un gobierno de malos resultados que pone en riesgo la supervivencia electoral de la coalición peronista y entonces todos lo quieren matar? Algo de eso hay. Pero propongo ir un poco más al fondo de la cuestión. No se trata de “che, hermano, este pibe es malísimo, qué mal que eligió Cristina”. Esa simplificación, tan difundida en estos días por los partidarios de la vicepresidenta esconde algo —me parece— más profundo. Los problemas que aquejan al Gobierno y al país son el producto de una concepción de la gestión del Estado y de la política. Concepción presente desde el día uno de este gobierno y no adjudicable únicamente a la persona del Presidente, aunque su particular estilo agravó las cosas.
El Frente de Todos llegó al gobierno a hacer lo mismo que hizo siempre: no pagar costos de corto plazo, usar los recursos públicos de manera distributiva y con sesgo hacia la visibilidad. Todos los recursos se destinan a beneficios de corto plazo, todos los costos se patean para el largo plazo. Algunos llaman a esta forma de entender la gestión “populismo económico”. Pero como a otros no les gusta ese concepto y no me quiero pelear con nadie, pónganle el nombre que quieran.
El problema es que cuando gobernás igual durante 15 años, el largo plazo finalmente llega. Y el más claro ejemplo de esto es lo que hicieron con la energía. O lo que no hicieron. En 2015, la gestión de Mauricio Macri (especialmente durante el período en que Juan José Aranguren fue ministro de Energía), habiendo heredado un déficit energético equivalente a 3 puntos del PBI, revirtió la situación. En 2019, ese problema prácticamente no existía. Insistamos con esto: en 2019, el problema del déficit generado por la energía iba camino a la desaparición. Bastaba con no hacer cagadas. Y la pandemia (de la que tanto se quejan) no empeoró el problema sino que lo mejoró porque cayó el consumo de energía.
Los viajeros de 2022 son los runners de 2020. Siempre la culpa la tiene otro. Y si el otro es la clase media, mejor.
Pero esta administración, con bombos y platillos y a tambor batiente, salió a denostar “por neoliberal” ese enorme esfuerzo realizado, prometió felicidad eterna y volvió a congelar las tarifas de electricidad y de gas. Y acá estamos. Volvimos a 2015. Durante el primer semestre de este año los subsidios a la energía suman 675.000 millones de pesos (o 5.500 millones de dólares), lo que proyectado a todo el año equivale a 2,5% del PBI. Sin embargo, para los dirigentes oficialistas lo que entra en colisión con la generación de empleo son las familias que pretenden alquilarse diez días un Airbnb en Florianópolis. Los viajeros de 2022 son los runners de 2020. Siempre la culpa la tiene otro. Y si el otro es la clase media, mejor.
No se trata de que no resolvieron un problema. Es más grave. Volvieron a inventar un problema donde no lo había. Y de esto no es responsable sólo el Presidente, sino funcionarios que responden a los tres jefes de la coalición.
Se les terminó la plata. No hay más. Nadie nos presta en dólares y nadie nos presta en pesos. Aumentaron la deuda en 54.000 millones de dólares, incluso aumentaron la deuda con el FMI, al que le pidieron 4.500 millones más. Miran a los costados y no tienen de dónde agarrarse. No hay AFJP que estatizar, no hay Venezuela que les preste, no hay más. Y miran para adelante y quedan 17 meses. No hay un futuro “ajustador neoliberal” a quien tirarle la culpa dentro de cinco años.
A este Gobierno se le aparecen dos escenarios: o ajustan ellos el gasto público o lo va a hacer el mercado de manera desordenada y dolorosa. No pueden escapar de un hecho insoslayable: el futuro ya llegó.
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