Hace unas semanas se hizo viral la imagen de la secretaria de Comercio, Paula Español, midiendo estantes en un supermercado del conurbano. En su tuit original se veía a la funcionaria, rodeada de su equipo, verificando que se cumpliera la Ley de Góndolas, sancionada el año pasado y reglamentada hace unos meses. Metro en mano, Español chequeaba personalmente que las latas de tomate perita ocuparan el lugar que, según la ley, les correspondía. O que hubiera suficiente variedad de latas de ensalada primavera.
En las redes sociales (o, al menos, en mis redes sociales) la imagen fue objeto de burlas y memes, pero en el Congreso la historia había sido distinta: la ley se aprobó con 182 votos afirmativos en Diputados (y ninguno en contra) y 56 votos afirmativos (y ninguno en contra) en el Senado. En un país donde nos quejamos permanentemente de la falta de consensos para lograr reformas necesarias, hay que reconocer que las malas políticas tienen la capacidad de unirnos. Góndolas no es el único ejemplo: desde el cambio de Gobierno, al menos cuatro leyes aprobadas por consensos amplios (Góndolas, Alquileres, Ganancias y, esta semana, “zonas frías”) muestran que es más fácil ponerse de acuerdo para hacer las cosas mal que para hacerlas bien.
La Ley de Góndolas genera más problemas que soluciones. Su objetivo central es ampliar la oferta de productos de marcas pequeñas y evitar prácticas anticompetitivas. Sin detenernos a discutir los objetivos, evaluemos su herramienta principal, la regulación del espacio en góndola. La ley establece un máximo de 30% del espacio de venta para una categoría de producto por proveedor y que haya al menos cinco proveedores distintos. Les garantiza un 25% del espacio por categoría a las micro y pequeñas empresas y un mínimo de 5% a cooperativas, mutuales y empresas de la agricultura familiar y economía popular. Por último, faculta a la Secretaría de Comercio Interior a fijar un porcentaje máximo de espacio de venta para los productos importados.
Cortar el pasto en la ruta 11
Lo primero que debería generar luces de alerta es el cumplimiento de esta ley. Parafraseando a Dionisio Scarpín, el intendente de Avellaneda (Santa Fe): el Estado, que no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿será capaz de hacer cumplir que en cada comercio del país, que en cada góndola de aceites, se respeten los espacios asignados? ¿Cuáles serán las sanciones si no se cumple? Imaginate si te toca un inspector de la escuela de Mora Godoy, que el otro día se entusiasmó con cerrar miles de supermercados. Diseñamos una ley prácticamente imposible de hacer cumplir y le damos al gobierno de turno una herramienta que puede usar discrecionalmente para simular que castiga a sus villanos favoritos: los empresarios en general, o alguno en particular que lo irrite especialmente. En un país en el que se destruyen puestos de trabajo, no parece una gran idea darles más razones a las empresas para que cancelen sus planes de crecimiento o cierren sus operaciones.
Supongamos que la ley se cumple a la perfección y sin arbitrariedades: ¿qué efectos no deseados podrían aparecer? Cumplir con estas disposiciones es costoso. No debería sorprendernos que ese costo se traslade a los precios. Cambiar la estructura de proveedores, conseguir pymes locales que cumplan con los estándares de calidad y puedan abastecer en tiempo y forma a los comercios, cubrir potenciales quiebres de stock de primeras marcas, limitar la competencia restringiendo la oferta de importados, son algunos de los posibles efectos no deseados. ¿Realmente es prioritario en este momento introducir estas modificaciones? ¿No había otras formas de visibilizar los productos de las pequeñas empresas? Se podría haber avanzado en un Código de Buenas Prácticas sin necesidad de esta ley. Además, para evitar las prácticas comerciales abusivas ya existe la Ley de Defensa de la Competencia, aprobada en 2018 y que está en línea con las mejores prácticas internacionales y brinda las herramientas para resolver estos potenciales problemas.
La Ley de Alquileres es otro éxito del consenso que sirve para ilustrar cómo la política puede ponerse de acuerdo para hacer cosas que no sirven o hacen daño.
La Ley de Alquileres es otro éxito del consenso que sirve para ilustrar cómo la política puede ponerse de acuerdo para hacer cosas que no sirven o hacen daño. Aprobada a fines de 2019 en Diputados con 191 votos a favor y ninguno en contra (une veintena de opositores se abstuvieron) y sancionada 41-0 por el Senado en 2020 (aunque sin la presencia del bloque de Juntos por el Cambio en el recinto), la ley entró en vigencia este año y ya está teniendo efectos opuestos a sus objetivos. Federico González Rouco lo explicó muy bien en Seúl: el exceso de regulación de los contratos de alquileres fue una medida que, lejos de beneficiar a los inquilinos, los terminó perjudicando. Para cubrirse de todos los costos asociados a esta nueva ley, los locadores aumentaron los precios iniciales de los contratos muy por encima de la inflación. Los inquilinos tienen ahora menos opciones y más caras.
El resultado era absolutamente previsible, está en todos los manuales de economía básica. Entiendo que los argentinos tengamos una relación complicada con la economía y creamos que sus principios básicos no aplican a nosotros. Entiendo que la historia de nuestro país da lugar a confusiones. Pero todas las certezas que nos cuesta encontrar en la macro están ahí, en la microeconomía. Y aún así, elegimos equivocarnos. Más aún: a veces consensuamos el error. Restringimos la oferta de departamentos, suben los precios. Limitamos la exportación de carne: se produce menos, suben los precios. Ponemos precios máximos, hay desabastecimiento. Sobrerregulamos el espacio en góndola: van a faltar productos, van a sobrar otros, en el medio encarecimos los procesos de distribución y abastecimiento. Suben los precios.
Con la reforma, la ley cambia impuestos buenos por impuestos malos para beneficiar al 10% más rico de la población.
Otro ejemplo reciente son las modificaciones aprobadas a la Ley del Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas. Nuevamente, casi todos unidos para avalar que menos personas paguen un impuesto progresivo y que lo que deja de recaudar el Estado se financie aumentando lo que pagan de ganancias las empresas. Isidro Guardarucci fue claro, también en Seúl: la ley cambia impuestos buenos por impuestos malos para beneficiar al 10% más rico de la población. Sin desconocer que los argentinos pagamos muchos impuestos y que no se corresponden con la calidad de bienes y servicios públicos que recibimos; y sin desconocer que la clase media está asfixiada y necesita un alivio, ¿tenía sentido esta reforma? Una transferencia de suma fija que compensara a ese sector de la población habría sido mucho menos distorsiva y también habría cumplido con el objetivo de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Pero de esta otra manera, por unas semanas, la cara del presidente de la Cámara de Diputados estuvo en todos los diarios como el héroe que baja Ganancias y la oposición se ve obligada a colaborar para no ser la mamá mala que pone límites. Y así seguimos alimentando un sistema de incentivos totalmente nocivos.
Insistimos en políticas equivocadas porque es el camino más fácil para muchos políticos. “La gente está cansada, a la gente no le alcanza”, dicen. “Necesitamos un gesto para los inquilinos, necesitamos un gesto para la clase media, necesitamos un gesto para las PYMES…”, insisten. “¡Ya sé, hagamos una ley!”, concluyen. Son gestos que terminan saliendo carísimos, pero que en el corto plazo algunos políticos creen que son efectivos. Digo creen porque dudo de que la gente –que no sabe quién está a cargo de la cartera de educación bonaerense en medio de la tragedia educativa más grande de la historia– se acuerde de quién fue el diputado que alzó la mano para votar la Ley de Góndolas. Pero “hay que mostrar iniciativa”, no importa si en el medio rompemos la reforma tributaria, no importa si rompemos el mercado inmobiliario, no importa si convalidamos un discurso demagogo y populista. Entiendo que hay que hacer política, que hay que ganar elecciones, que hay que negociar en el Congreso. Pero no puede ser a cualquier costo.
Las 5-SE
Si tan de moda están los consensos, pongámonos de acuerdo en un simple método para evaluar las ideas de nuestros legisladores para solucionar problemas: llamémoslas “las 5-SE“.
1) ¿SE hace en otro lado? ¿Hay otro lugar del mundo donde se haga esto que estamos proponiendo? ¿Cómo les fue?
2) ¿SE hizo acá antes? ¿Cómo nos fue?
3) ¿SE pueden anticipar efectos no deseados de la reforma? ¿Cuáles?
4) ¿SE podría alcanzar el objetivo deseado con medidas alternativas con menos efectos colaterales? ¿Que no comprometan el equilibrio fiscal, por ejemplo?
5) Si la propuesta no sobreviven este test, entonces SE archiva.
Cuando tenés a una Secretaria de Estado calculando ao vivo la participación en góndola de un producto, ya es tarde. Cuando los propietarios prefieren vender a alquilar, el daño está hecho. No podemos permitirnos más malos consensos.
Se habla mucho de la identidad de Juntos por el Cambio. Palomas, halcones, Coalición Cívica, PRO, radicales halcones, radicales palomas, peronistas por adentro, peronistas por afuera. Creo que la etiqueta que nos tendría que unir hoy es la del sentido común, la de la sensatez. Somos los que no hacemos pavadas. Somos los que vamos a tomar decisiones en base a evidencia, somos los que queremos resolver los problemas de la Argentina, no emparcharlos. Somos los que nos vacunamos en Miami o en Argentina (¡¿a quién le importa?!), pero somos los que no nos salteamos la fila y aseguramos que “vacuna que entra, vacuna que se aplica”. Somos los que priorizamos abrir las escuelas, aunque pueda ir en contra de la estrategia electoral. Somos los que consensuamos los cambios que necesita la gente para vivir mejor y planear su futuro, los cambios que necesita el país para volver a crecer y a generar oportunidades de desarrollo, no los que acordamos para que la política esté cómoda.
Con la economía paralizada, la pobreza en niveles récord y en el peor momento de la segunda ola de la pandemia, más que nunca tenemos que ser los de la gestión, no los de los gestos. Pero cerremos con un dato positivo: esta semana se aprobó en diputados una ley horrible de subsidios energéticos para “zonas frías”. La buena noticia es que empiezan a aparecer los votos negativos: 190 afirmativos, 16 negativos y 43 abstenciones. Yo ahí elijo ver un oasis de sensatez. Que se multipliquen los valientes.
