Esta semana me junté con un alto cargo de una startup tecnológica argentina que acaba de recibir inversión internacional para hablar sobre cómo podemos ayudar a impulsar el ecosistema de economía del conocimiento. Por pura deformación profesional —nos debe pasar a más de uno de los que leemos Seúl— le pregunté cómo veía lo que pasaba con la causa Vialidad. “No vi mucho, la verdad”, fue su respuesta como para sacarse de encima el tema y seguir nuestra conversación por otro lado.
Me interpeló su respuesta y me quedé pensando. Desde luego que el tema es importantísimo y fundamental en la historia reciente de la democracia argentina. Y también es cierto que no todos los temas tienen por qué interesarle a todo el mundo. Pero eso también me llevó a pensar que hay muchas ramificaciones y elementos que hacen a la causa Vialidad de las que no estamos hablando. Y quizás (lo planteo más en modo de pregunta que de afirmación) nos estamos perdiendo conversaciones enriquecedoras y que también necesitamos.
La causa Vialidad copó el escenario mediático en la última semana y detonó una serie de eventos políticos que, como una bola de nieve, están acelerando la crisis política del Frente de Todos. Pero hay algo que sorprendentemente está fuera de esa agenda: lo que pasa con las compras y licitaciones del Estado argentino. Para algunos puede parecer un tema menor, o de segunda instancia, pero es crucial para realizar los cambios que queremos para nuestro país. ¿Qué tiene que ver blockchain con todo esto? Ahí vamos.
Hay algo que sorprendentemente está fuera de la agenda: lo que pasa con las compras y licitaciones del Estado argentino.
A grandes rasgos, de acuerdo con el dictamen que elevaron los fiscales Pollicita y Mahiques y que llevaron en el juicio oral los fiscales Luciani y Mola existen pruebas de que se asignaron discrecionalmente obras viales en Santa Cruz por 8.000 millones de pesos (46.000 millones a valor de 2016) a las empresas del grupo Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
Un par de cosas sobre esto: en primer lugar —algo obvio pero que no lo es tanto— es que todo ese dinero, que parece una cifra más, es plata que llega a los amigos del poder en lugar de a quienes de verdad la necesitan y, en consecuencia, contribuye sin escalas al porcentaje de pobreza que tiene nuestro país. En segundo lugar, a raíz de este tipo de causas, la obra pública (y, en general, las compras y contrataciones del Estado) es percibida por la sociedad como algo oscuro, poco transparente y necesariamente corrupto. ¿Nos sorprende entonces que ocho de cada diez argentinos no confíen en los políticos? Más aún: ¿podemos hacer los cambios que son necesarios para transformar la Argentina sin la confianza de la sociedad?
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El escritor británico Simon Sinek tiene un best-seller que tituló Start with why, en el que busca explicar que en el mundo de los negocios muchas empresas piensan en el producto o la visión, y no tanto en el por qué hacen lo que hacen. En la política pasa algo similar. La faz agonal de la política (llegar) es importante. Como miembro de un espacio político partidario con vocación de poder, sería una obviedad decir que quiero ganar las elecciones del año que viene. Dicho esto, creo que tenemos que poner el “para qué” por delante. Y definitivamente dentro de ese conjunto de causas está la de recuperar la confianza de los argentinos en las instituciones públicas. No podemos transformar nada sin esa confianza, y mucho menos pretender que esos cambios sean duraderos. Lo aprendimos en los últimos años.
Ahora bien, una de las múltiples formas para recuperar esta confianza tiene que ver con transparentar el Estado. No sólo para hacerlo más cercano al ciudadano, sino también para lograr un verdadero Nunca Más de la corrupción. Y la tecnología puede ayudarnos mucho en ese proceso. De esto tampoco se habla mucho.
En el último año, todos los días dediqué al menos un rato de mi agenda a reunirme con algún emprendedor, técnico, divulgador o especialista en tecnologías emergentes para entender mejor este ecosistema que me apasiona y confirmar la idea de que nuestro país tiene una gran oportunidad si apuesta por la economía del conocimiento. Una de las cosas que fui dilucidando en estos encuentros es que la tecnología usada al servicio de las causas nobles como la transparencia, la inclusión y el desarrollo, tiene un enorme potencial. Y que los espacios políticos que no lo entiendan están condenados al ostracismo.
Compras públicas
Hace unos meses presenté en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley de Compras y Contrataciones Públicas basado en la tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que todas las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad deberán correr en una red de blockchain con el fin de mejorar la transparencia, integridad, eficiencia, imparcialidad y el control sobre los procesos de selección de oferentes.
Este proyecto viene en línea a lo que hicimos cuando fuimos gobierno. A veces parece ya muy lejano pero no es menor remarcar que cuando Cambiemos asumió en diciembre de 2015, las licitaciones se seguían haciendo en papel y con sobres que se abrían sin ningún tipo de transparencia, lo que daba margen para una discrecionalidad atroz. Y remarco que esto fue en 2015, no en 1950. Para ese momento Facebook ya tenía 12 años de existencia, se comercializaba el iPhone 6 y Elon Musk ya había hecho aterrizar propulsivamente al Falcon 9, pero en el Estado argentino las licitaciones se hacían en papel. Por eso, una de nuestras primeras medidas fue implementar el sistema Comprar Digital (www.comprar.gob.ar), que era abierto y donde la información estaba disponible para cualquier ciudadano.
Blockchain es una herramienta que busca profundizar esto y llevarlo un nivel más allá. Cuando hablamos de blockchain nos referimos a una tecnología emergente que se compone de una cadena de bloques que va almacenando información encriptada. Y que, por lo tanto, es inmodificable, inhackeable y transparente. Casi a prueba de corrupción. Y digo “casi”, porque habría que ser muy ingenuo para pensar que sólo con una herramienta tecnológica vamos a terminar con un mecanismo de corrupción. Mi punto es que esta herramienta hace mucho más difícil la corrupción en el proceso de compras y contrataciones, y permite mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Algo que se ha comprobado en distintos casos de uso en el mundo, desde Colombia hasta Estonia pasando por Perú.
“Tenemos 40% de pobres y vos hablando de blockchain”. Sí. Obvio.
“Tenemos 40% de pobres y vos hablando de blockchain”. Sí. Obvio. Porque sería cínico pensar que no hay una relación entre corrupción y pobreza. Más transparencia es sinónimo de menos pobreza. Según Naciones Unidas, entre el 10% y el 30% de los contratos públicos a nivel global se pierden en mecanismos de corrupción. Esto implica en América Latina alrededor de un 4% del PBI, y en Argentina un 7% del PBI. Estamos hablando de 35.000 millones de dólares. Un número que casi alcanza la “deuda impagable” de la que tanto se llenan la boca algunos dirigentes oficialistas que postean con el hashtag #FuerzaCristina.
Hay una crisis social, hay una crisis política y estamos entrando (si ya no entramos) en un período de campaña electoral. Existe una especie de mantra dentro de los pasillos legislativos y del análisis político que dice algo así como que en los años electorales la toma de decisiones de política pública se reduce considerablemente. Y esto es parte de lo que tenemos que cambiar en Argentina. De una cultura política que le resta importancia a la gestión, la transparencia y la eficiencia. Sabiendo, desde luego, que esto no es lo único que importa.
“Lo urgente no puede tapar lo importante”, ya suena a cliché. Pero lo cierto es que como servidores públicos estamos obligados a pensar en el futuro. Por eso presenté este proyecto, con la intención de que supere las fronteras de la Ciudad Autónoma y se replique en distintos distritos a nivel nacional. Por una Argentina transparente y con tecnología, pero principalmente, por una Argentina que mire hacia el futuro.
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