En febrero de 2021 publiqué mi primera nota en Seúl. Se llamaba La trampa de las tarifas, y en la bajada decía: “El congelamiento de la electricidad y el gas promete una crisis con condimentos conocidos. Peor servicio, falta de inversión, altos costos para el Estado y, al final del camino, el ajuste tan temido”.
Poco más de un año después, la promesa de una crisis se volvió realidad. Envuelto en las disputas entre el ministro Guzmán y los “federicos” (Bernal y Basualdo, a cargo del Enargas y de la subsecretaría de Energía Eléctrica), el Gobierno nacional agravó en 2021 las distorsiones del sistema de precios de la energía al mantener congelados los precios mayoristas del gas y la electricidad para los usuarios residenciales, mientras la inflación anual trepaba al 51%. Esta vez, la estrategia electoral oficialista no funcionó: aunque pisaron las tarifas y el dólar, no pudieron evitar una rotunda derrota electoral.
Para peor, luego de un 2020 con precios internacionales inusualmente bajos, la salida global de la pandemia empujó a las cotizaciones de la energía al alza, profundizando las brechas entre los valores decrecientes pagados por la demanda hogareña, y costos crecientes de abastecimiento. En el gas natural, el precio medio de importación de GNL (gas natural licuado) aumentó en solo un año de 2,96 a 8,33 dólares el millón de BTU. En el sistema eléctrico, los costos en dólares de los combustibles usados en la generación (gas, gasoil, fueloil) crecieron un 78% en un año, llevando en 2021 el costo total medio eléctrico a 76 dólares por MWh, un 29% por encima del costo de 2020.
En gas natural, solo el 30% del costo del gas que abastece a los hogares está contenido en la factura que pagan los usuarios. El resto lo pone el Estado, es decir, todos nosotros.
Con tarifas erosionadas por la inflación y la devaluación, el porcentaje de cobertura –es decir, la proporción del costo de la energía eléctrica pagada por los usuarios– cayó nuevamente: de 65% en 2019 a 34% en 2021. En gas natural, solo alrededor del 30% del costo del gas que abastece a los hogares está contenido en la factura que pagan los usuarios. El resto lo pone el Estado, es decir, todos nosotros. Incluso quienes no tienen acceso a las redes de gas natural subsidiado.
Como señalábamos hace un año, los costos fiscales del retraso tarifario fueron muy altos. Los subsidios se dispararon, superando los 10.000 millones de dólares en 2021. Los montos fijados en la Ley de Presupuesto de 2021, la “columna vertebral del programa económico” según decía el ministro Guzmán, fueron ampliamente desbordados: en términos del PIB, crecieron de 1,6% fijado al inicio del año, a 2,4% en la ejecución presupuestaria final. Un Estado en déficit, sin crédito y con la emisión monetaria como último recurso de financiamiento debió afrontar como consecuencia de la irresponsable política tarifaria un aumento del gasto en subsidios a la energía de 0,8 puntos del PIB en solo un año.
El ajuste tan temido
En el inicio de 2022, mientras una ola de calor ponía en stress al sistema de transporte y distribución de electricidad en todo el país, el Gobierno empezó a dar los primeros pasos para salir de la trampa del congelamiento tarifario, siempre en un contexto de fuertes internas entre el Ministerio de Economía y los funcionarios kirchneristas del sector, que impusieron públicamente un tope del 20% al incremento de las facturas al público de gas y electricidad. Se celebraron las audiencias públicas correspondientes y se aprobaron incrementos para los distintos segmentos de la cadena de valor, respetando el tope anunciado.
Desde el punto de vista fiscal, sin embargo, en una economía con un 50% de inflación anual, los aumentos resultaban claramente insuficientes para reducir los subsidios, más aún con un mercado internacional de hidrocarburos que ya mostraba signos de precios en ascenso. Sectores del Gobierno hicieron trascender además un improvisado plan de “segmentación” de usuarios para cobrar tarifas más caras a hogares de ciertas manzanas de la Ciudad de Buenos Aires identificadas como “pudientes”, pero nada de eso pudo llevarse a la práctica.
Con ese contexto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional forzó compromisos de nuevos ajustes tarifarios para los próximos meses. En el Memorando de Entendimiento con el organismo se anunciaron objetivos para 2022 que lucen muy difíciles de alcanzar: mantener el valor real de la tarifa media y reducir los subsidios. También se incluyeron herramientas –ajustes por el Coeficiente de Variación Salarial, segmentación, gestión de la Tarifa Social– cuya efectiva implementación depende de normas, decisiones y audiencias públicas de futuro incierto.
En el Memorando de Entendimiento con el organismo se anunciaron objetivos para 2022 que lucen muy difíciles de alcanzar: mantener el valor real de la tarifa media y reducir los subsidios.
¿Cómo hará el Gobierno para “segmentar” al 10% más rico de los usuarios? ¿Les quitará todos los subsidios en forma inmediata, aplicando aumentos de más del 200% en las tarifas? ¿Habrá aumentos de la Tarifa Social en todo el país para los hogares mas humildes? ¿Cómo y cuándo se implementarán los aumentos adicionales para el resto de los usuarios?
Son todas preguntas que todavía no tienen respuesta, y que nos remiten a interrogantes políticos aun más difíciles de contestar: ¿serán los funcionarios kirchneristas del área energética los encargados de llevar adelante la ambiciosa –aunque insuficiente– agenda de aumentos tarifarios comprometida por el Gobierno en el acuerdo con el Fondo? ¿Tendremos una inevitable crisis política en el área de Energía que forzará un recambio de funcionarios? ¿Lograrán los federicos imponerse una vez más sobre Guzmán, diluyendo y postergando los compromisos asumidos? ¿Cómo reaccionará el Fondo ante eventuales incumplimientos?
Entretanto, como telón de fondo de estas disputas políticas de resolución incierta, Argentina enfrentará el próximo invierno en condiciones de abastecimiento energético sumamente frágiles. La oferta local estará afectada por condiciones adversas para la generación eléctrica hidráulica; por una disponibilidad de gas natural limitada no solamente por la capacidad productiva sino también por las restricciones en la capacidad de transporte desde Vaca Muerta a los centros de consumo; y con volúmenes de gasoil y fueloil acotados por la capacidad de las refinerías. La necesidad de importar combustibles para completar la insuficiente oferta local nos obliga a lidiar con un mercado internacional de hidrocarburos shockeado por la invasión rusa en Ucrania y sus derivaciones a escala mundial. En gas natural, la reducción de los despachos desde Bolivia por ducto deja como única opción al mercado del Gas Natural Licuado (GNL), que en el marco del conflicto bélico se muestra con escasa disponibilidad y precios que cuatriplican a los del año anterior. El mercado del petróleo y sus derivados muestra también cotizaciones que duplican a los de un año atrás, sin señales de que vayan a retroceder.
La crisis provocada por la invasión rusa es un shock que no se podía anticipar, pero el retraso tarifario y la fragilidad del sistema son responsabilidad del Gobierno.
La crisis provocada por la invasión rusa es un shock que no se podía anticipar, pero el retraso tarifario y la fragilidad del sistema con que deberemos enfrentarla son responsabilidad del Gobierno. No había que ir muy lejos en el tiempo para ver las consecuencias negativas del congelamiento tarifario sobre el sector energético y las cuentas fiscales. Y lo complejo que resulta revertirlo.
La experiencia del primer ciclo kirchnerista con las tarifas estaba a la vista, pero Alberto Fernández reincidió. En solo dos años desanduvo el difícil camino de recomposición tarifaria que con enorme esfuerzo y costo político se había recorrido en la gestión de Cambiemos. Voluntariamente se metió –y con él nos metimos todos– en una nueva trampa de las tarifas. En esta segunda temporada, sin embargo, los márgenes para mantener el congelamiento se acortaron. A poco menos de dos años de finalizar su mandato, en acuerdo con el FMI y en un contexto de abastecimiento frágil, Alberto Fernández se enfrenta al desafío de corregir las distorsiones en los precios de la energía que él mismo generó, frente a la resistencia activa de quienes lo llevaron a la presidencia.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
