Las coimas en el Senado no existieron. Es ampliamente probable que la gran mayoría de los argentinos siga creyendo que sí, a pesar de la extensa investigación judicial y del juicio oral y público. En él, quedó demostrado que ninguno de los pretendidos hechos sucedieron. Doce años después, un tribunal oral dictó la absolución del expresidente Fernando de la Rúa y de un grupo de funcionarios.
La infamia de los sobornos en el Senado comenzó con la “mentira” sobre la famosa tarjeta de débito con la que el entonces ministro de Trabajo habría supuestamente comprado algunos votos peronistas (no todos). La falaz versión fue proferida por el ascendente Hugo Moyano, entonces disidente aunque desesperado por ser el jefe del establishment sindical y de sus resortes.
A pesar del boicot y de las protestas lideradas por Moyano y otros, la media sanción de la ley de reforma laboral había sido modificada y votada por dos tercios de los 59 senadores presentes, entre ellos los peronistas Antonio Cafiero y Eduardo Menem. El gobierno de la Alianza había logrado un consenso histórico. De no ser por el inicio de la conspiración, la Argentina habría contado muy probablemente con un marco laboral moderno antes del final de 2001.
La mentira capital de Moyano fue rumor y se transformó en casi un hecho en boca del senador Cafiero, quien la transmitió a periodistas como fuente creíble. Nunca la mentira y los rumores salieron de las “versiones”, incluso cuando inventaron un “anónimo”. Éste no era nada más que un papel “oficializado” por el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, quien dio lectura al apócrifo en el Senado. Tiempo después, usaría la mentira como parte del relato para justificar su renuncia y abdicar de la responsabilidad política por él asumida y conferida por la mayoría del electorado.
El humo puesto en boca de actores políticos “respetados”, reproducido por periodistas profesionales y medios serios adquiere otro matiz: sonaba verdadero aunque no lo fuera.
El humo puesto en boca de actores políticos “respetados”, reproducido por periodistas profesionales y medios serios adquiere otro matiz: sonaba verdadero aunque no lo fuera. Siempre listos, emergieron los denunciantes oficiosos que fotocopiaron el anónimo con forma de denuncia penal. Eso que debía ser rechazado sin discusión, fue aceptado en algún tribunal más oficioso que los denunciantes. Este era el escenario buscado por los que, conjurados o no, habían decidido voltear a un gobierno civil y electo democráticamente. A cada uno de los beneficiados, la mentira original le vino como anillo al dedo. Así, se fueron encadenando acciones y consecuencias nefastas para la República diezmada.
El presidente De la Rúa ordenó investigaciones internas y se sometió a la investigación judicial. Su gobierno colaboró ampliamente con el Poder Judicial. En las decenas de declaraciones de imputados y testigos ninguno pudo dar fe de un solo hecho. Todas las declaraciones se circunscribían a “fulano me dijo que mengano le dijo”. Se puede mentir desde la banca o en un estudio de televisión, pero difícil que el chancho vuele ante un juez bajo el juramento a decir la verdad. Ninguna pericia comprobó los alegados faltantes de dineros públicos y sus traslados, los invocados enriquecimientos irregulares o las supuestas reuniones.
Sin embargo, la mayoría de los argentinos eligió creer en una sarta de mentiras que parecían verdad pero no lo eran. Creímos que el gobierno que nos había prometido rectitud, integridad y transparencia efectivamente había comprado los votos de los senadores a cambio de una ley. Aceptamos que Moyano era creíble. Que Cafiero era bueno porque había estado al lado de Alfonsín en el balcón durante la asonada de Semana Santa. Y que las suspicacias y el retiro del apoyo político de parte del partido del Presidente era una señal de que algo había sucedido.
Tanta indignación sólo produjo una nueva victoria del rancio conservadurismo corporativo que hace décadas impide la modernización económica de la Argentina.
Con gusto, deglutimos la infamia y la repetimos ad infinitum. Nos convencimos de que todos eran lo mismo y que sería mejor que se fueran todos. Sin embargo, tanta indignación sólo produjo una nueva victoria del rancio conservadurismo corporativo que hace décadas impide la modernización económica de la Argentina.
A De la Rúa ya lo habían volteado. Los conjurados lograron lo que querían: uno fue presidente a pesar de que la ciudadanía no lo había votado, los otros se beneficiaron con una devaluación que conllevó una pesificación asimétrica que les permitió licuar las deudas en dólares, los de más allá se hicieron del control de la central sindical y los que ni imaginaban que la suerte estaría de su lado se hicieron doce años del poder y de miles de millones en contratos públicos y retornos a través de sus amigos neocapitalistas. Todos mantuvieron y agrandaron sus privilegios hasta el día de hoy y, probablemente, el de mañana. Muchos de los propios dejaron de nombrar a De la Rúa, como si fuera una maldición, y lo condenaron el ostracismo político muy a sabiendas de que todo era una gran infamia.
El arrepentido mal terminado
Cuando la causa judicial languidecía y se dictaban faltas de mérito periódicamente, apareció Mario Pontaquarto. En 2003, Daniel Bravo reunió al exsecretario parlamentario del Senado con Aníbal Ibarra y luego con Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete de Néstor Kirchner y hoy Presidente de la Nación. Dos años después, los mismos actores inventarían la “cuenta bancaria en el exterior sin declarar” de Enrique Olivera para manchar su reputación y dañar sus chances electorales.
La revista TXT –cercana al gobierno de Kirchner y propiedad de Hugo Sigman– pagó por y publicó la primera entrevista a Pontaquarto, el arrepentido mal ensamblado en los oscuros sótanos del poder. La “causa de las coimas” tomaría un nuevo impulso porque Kirchner y sus inescrupulosos socios necesitaban levantar el estandarte de su nula lucha contra la corrupción. Y, de nuevo, muchos creyeron en la nueva infamia.
Ya no eran Moyano, Cafiero o un anónimo. Un “arrepentido” falaz sería más creíble para azuzar las usinas de la mentira. Pontaquarto se volvió el entrevistado de moda. Al no haber regulación, el falso arrepentido podía mentir sin consecuencias penales. Entonces, Pontaquarto fue el vehículo simpático de la difamación. La cantidad de minutos en radio y televisión o de palabras en diarios y revistas dedicadas al sujeto fueron infinitamente superiores a las dedicadas a la palabra del expresidente De la Rúa o de su defensa legal.
A pesar del asedio, las infamias y las traiciones, De la Rúa celebró la aparición de Pontaquarto. Sabía que era un arrepentido trucho mal ensamblado.
A pesar del asedio, las infamias y las traiciones, De la Rúa celebró la aparición de Pontaquarto. Sabía que era un arrepentido trucho mal ensamblado y que la verdad estaría más cerca cuando se alcanzara el momento del juicio oral y público. “Fue como un alumbramiento. Al avanzar en el análisis, las sombras se volvían claridad”, escribió De la Rúa en su libro Operación política. La causa del senado, publicado en 2006. Sin Pontaquarto, la infamia y la mentira hubieran prevalecido para siempre en un estado de suspenso y sospecha.
Siete años antes de su absolución, estaba convencido de que probaría su inocencia y seguro de que el juicio lo liberaría de toda responsabilidad. Pero sobre todo, sabía que la ley estaría de su lado y triunfaría la verdad. De la Rúa jamás dejó de creer en el estado de Derecho. A pesar de que el proceso judicial estuvo viciado de presiones, mal desempeño e irregularidades para perjudicarlo, se dedicó a trabajar en su defensa legal con un excelso equipo de abogados, registrar y documentar cada foja del expediente y de las versiones periodísticas. Además de un republicano practicante, fue ante todo un excelente profesor de derecho procesal penal.
En el juicio, quedaron expuestas las contradicciones y las mentiras de Pontaquarto. Nada de lo que había declarado con tanta convicción en los medios pudo ser probado en el juicio, porque ninguno de los hechos sucedió. También quedaron desnudos los capítulos de un desempeño judicial de dudosa independencia y las interferencias oscuras de la política y el sottogoverno en los tribunales y sectores del periodismo.
Diez años después, luego de un juicio oral y público de casi dos años, con 300 testimonios en decenas de audiencias y una gran cantidad de peritajes, el expresidente Fernando de la Rúa y otros fueron absueltos. Los hechos imputados sencillamente nunca ocurrieron: no hubo coimas, no hubo bolsos, no hubo faltantes de dinero público ni enriquecimientos irregulares que explicaran la compra del voto de algunos senadores. Si las acusaciones falsas hubieran ocurrido después de la sanción de la ley del arrepentido de 2016, Pontaquarto estaría condenado y preso. Al menos hoy, existen garantías para limitar la aparición de aventureros fabuladores de infamias y mentiras.
Cosa juzgada
No recuerdo que se le hayan pedido disculpas públicas a De la Rúa. Había logrado lo que todo republicano busca: la verdad en el estado de Derecho había quedado consagrada en un largo proceso judicial. La mentira de Moyano y lo que vino después había sido desacreditada con pruebas.
En el segundo semestre de 2016 sonó mi celular. Era De la Rúa. Me invitó a su casa a tomar un café. El encuentro, que iba a durar una hora, se extendió por más de tres. Siempre profesor, me contó con detalles lo que había vivido y me dio su libro. Si de algo había servido su experiencia, debía ser para transmitirla y evitar que se repitiera. El estado de Derecho y la independencia judicial son los pilares del funcionamiento de nuestra república, que se basa en la verdad y su búsqueda permanente. La ley y la independencia judicial deben ser el contrato básico de nuestra convivencia pacífica y de nuestra confianza pública.
Con cierta regularidad recibía sus llamados, porque le preocupaban algunas acciones contra el gobierno de Cambiemos. Supongo que habrá visto cómo los mismos actores recurrían al mismo método cuando volaron toneladas de piedras sobre el Congreso en 2017, por ejemplo.
Nada es casualidad, lamentablemente.
El expresidente constitucional vivió un calvario político y judicial, pero nunca abandonó la esperanza en la República.
En su libro, De la Rúa detalla una serie de hechos, testimonios y pericias del expediente judicial junto a una serie de entrevistas y artículos periodísticos. Es una memoria maravillosa que expone a muchos de los que hoy siguen eligiendo las infamias, las campañas de desinformación y los procesos judiciales eternos como modus operandi.
El expresidente constitucional vivió un calvario político y judicial, pero nunca abandonó la esperanza en la República. La hizo funcionar, sin privilegio alguno, para alumbrar la verdad en el juicio. En el Senado no hubo coimas. Moyano mintió. Pontaquarto fue un instrumento político envenenado de Kirchner y su jefe de gabinete, Alberto Fernández. La media sanción de la ley de reforma laboral, con apoyo del Partido Justicialista, en 2001 no fue comprada. Es cosa juzgada. Gracias por su servicio, Presidente.
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