Ninguna serie me hizo reír tanto como Father Ted . En las tres temporadas emitidas entre 1995 y 1998, la sitcom ponía en escena a tres sacerdotes católicos conviviendo en una isla irlandesa imaginaria. A través del pragmático padre Ted Crilly, el ingenuo y levemente retardado padre Dougal McGuire y el padre Jack Hackett, un viejo alcohólico irascible, la tira ofrecía al público británico de Channel 4 una desopilante crítica social de la Iglesia católica y las pequeñas comunidades con un humor absurdo.
La insolencia anticlerial y el tono políticamente incorrecto, típico de fines de los ’90, no fue cuestionado abiertamente por la Iglesia, que prefirió ignorar la serie; sólo un puñado de sacerdotes deploró una falta de respeto. Father Ted se convertiría en una tira de culto en Irlanda y Reino Unido, ganando varios premios BAFTA, y suele hoy encabezar las listas de series preferidas en esa parte del mundo.
Ahora, Father Ted vuelve a los diarios, pero no por la perspectiva de una remake o reboot , sino porque uno de los creadores de la serie, el irlandés Graham Linehan, fue arrestado el 1ro de septiembre al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow desde Arizona. La razón que movilizó a los cinco policías armados que lo detuvieron: tres posteos en X, en particular un tuit que decía: “Si un varón trans está en un espacio solo para mujeres, está cometiendo un acto violento. Haz una escena, llama a la policía y, si todo falla, golpéalo en las bolas”.
La policía justificó el arresto en el marco de la legislación vigente contra la incitación a la violencia. Linehan estuvo detenido 16 horas, hasta que un pico de presión lo condujo al hospital. Quedó libre bajo fianza y con la prohibición de volver a escribir en X.
El asunto dio lugar a una controversia sobre el estado de la libertad de expresión en el Reino Unido, amplificada por los posteos de Elon Musk y la escritora británica JK Rowling.
El comisionado de la policía metropolitana de Londres, Sir Mark Rowley, dijo entender el malestar por la dureza de la medida, pensada para casos serios de amenazas. “Pero cuando se trata de casos menos graves, en los que existe ambigüedad en cuanto a la intención y el daño, los sucesivos gobiernos han dejado a la policía entre la espada y la pared, sin otra opción que registrar estos incidentes como delitos cuando se denuncian”.
“No creo que debamos vigilar los debates tóxicos sobre la guerra cultural, y los agentes se encuentran actualmente en una posición imposible”, comentó.
“Una mayor claridad y sentido común nos permitirían limitar los recursos que dedicamos a abordar las declaraciones en línea a aquellos casos que suponen una amenaza real en el mundo real. Si se acuerda, podríamos estar listos para probar nuevos enfoques rápidamente, en cuestión de semanas”.
El guionista irlandés es defendido por la Free Speech Union, que logró levantar la prohibición de tuitear y demandará a la policía. Toby Young, director de la ONG, cuenta que han recibido una cantidad récord de pedidos de información de estadounidenses, preocupados, legítimamente, por si pueden ser detenidos al aterrizar en Londres por posteos en redes sociales. En cualquier caso, Linehan acaba de anunciar que está de regreso en Estados Unidos, donde pedirá asilo político.
Un doble estándar
La utilización de la legislación contemplada en la Public Order Act no sólo ha sido cuestionada recientemente tras la detención del creador de Father Ted y The It Crowd . Otros casos más serios son objeto de debate sobre la incitación al odio y la cárcel por posteos en redes sociales. El más resonante no tiene que ver con la comedia, sino con una tragedia, ocurrida el 29 de julio de 2024 en Southport. Ese día, un joven de 17 años de origen ruandés llamado Axel Rudakubana irrumpió en un centro infantil que ensayaba una coreografía y apuñaló a niñas, matando a tres chicas de entre 6 y 9 años e hiriendo a una decena de menores. En el domicilio del atacante encontraron un manual con propaganda de Al Qaeda y ricina, un arma bacteriológica prohibida.
La matanza dio lugar a fuertes protestas, en momentos en que Reino Unido se muestra incapaz de lidiar con las consecuencias de los cambios demográficos ligados a la inmigración y los hechos de violencia, sobre todo con apuñalamientos en lugares públicos. En este contexto, horas después del ataque, Lucy Connolly, una mujer de 41 años, publicó un tuit: “Deportación masiva ya. Prendan fuego a todos los putos hoteles llenos de esos bastardos… Si eso me convierte en racista, que así sea”. Connolly fue detenida y, el 17 de octubre de 2024, sentenciada a 31 meses de prisión, de los cuales cumplió 10. Al mismo tiempo, otros dos británicos, Jordan Parlour (20 meses de cárcel) y Tyler James Kay, también fueron condenados a prisión por mensajes similares contra los costosos hoteles que acogen a solicitantes de asilo con dinero público.
Voces críticas apuntaron a la desproporción en las condenas, que imponían meses de cárcel por un tuit mientras se mostraban mucho más clementes en sus penas para sancionar actos de violencia física o de amenaza, cuando vienen de la izquierda. El caso de Connolly, una mujer con estrés postraumático tras perder a su hijo en 2011 en un accidente, suele contrastarse con el de Ricky Jones, concejal laborista, absuelto tras gritar en una manifestación de protesta de activistas de extrema derecha por la matanza de Southport. “Son unos fascistas nazis repugnantes.Tenemos que cortarles el cuello a todos y deshacernos de ellos”, dijo, pasando un dedo por su garganta. La justicia se mostró más indulgente con el izquierdista: lo absolvió, al estimar que actuó en un contexto de tensión. Esta doble vara es lo que se ha dado en llamar el two-tier policing, cuando la ley actúa con un doble estándar ideológico.
¿La gravedad de una amenaza depende de cómo vota el que amenaza? ¿Del color de su piel u orientación sexual? ¿Depende de la consideración que se tiene por el amenazado? ¿Quién decide cuándo se trata de la libertad de expresión legítima de un indignado o de un “discurso de odio” que debe conducir a la cárcel? En la Gran Bretaña de George Orwell, una policía del pensamiento está marcando los nuevos territorios de lo decible con criterios opacos y sesgados. La nación que supo ser campeona del “free speech” ha creado categorías de individuos para aplicar la ley, en función de si los considera pertenecientes al “privilegio blanco” o a los “sectores más vulnerables”. Mientras en Estados Unidos el trumpismo puso al wokismo en retirada, en el Reino Unido está gobernando y sigue infiltrado en todas las instituciones.
“Islamofobia”
En este contexto, el Gobierno laborista ha creado este año un grupo para trabajar en una definición de “islamofobia”. El resultado, que debe sortear todo tipo de ambigüedades de este término popularizado por los ayatolás y que es objeto de presiones de grupos de interés, puede tener un gran impacto en la libertad de expresión. La definición adoptada por el Gobierno será una guía para las políticas en los servicios públicos, la administración y las universidades. Esto podría criminalizar la crítica religiosa, rehabilitando el derecho de blasfemia para una sola religión. El profesor Adam Tickell, vicerrector de la Universidad de Birmingham, advirtió en declaraciones a The Telegraph: “Aunque existan directrices no reglamentarias, estas estarán supeditadas a nuestras responsabilidades legales en materia de libertad de expresión. La ley es clara, al igual que nuestro código de conducta, en cuanto a que nadie tiene derecho a no sentirse ofendido”. Para el exparlamentario laborista Khalid Mahmood esto podría llevar a que cualquier persona que acusara a un imán de conducta sexual impropia —como en casos de pandillas de grooming — fuera etiquetada como racista”.
Keir Starmer puede rechazar las críticas del vicepresidente estadounidense JD Vance sobre el retroceso de la libertad de expresión y los ataques, en el mismo sentido, de Elon Musk. Pero hay un fuerte movimiento de descontento ante lo que consideran un Gobierno autoritario y liberticida, que en nombre de la protección de las minorías criminaliza las críticas, al tiempo que culpabiliza a los autóctonos.
Es elocuente el caso de la niña de 12 años Courtney Wright, quien asistió al Culture Celebration Day en Bilton School (Rugby, Warwickshire) el 11 de julio usando un vestido con la bandera británica, inspirado en el icónico vestido de la Spice Girl Geri Halliwell. Wright pretendía responder a la invitación de la escuela a vestirse según su cultura o herencia familiar. Ella eligió representar a la británica. Tenía preparado un discurso sobre valores y tradiciones británicas: cortesía, humor, té, hablar del clima, deporte, fish and chips. Sin embargo, la escuela la excluyó del evento al considerar que no respondía a la consigna y no se le permitió leer el discurso. Fue enviada a la recepción a esperar a su padre, quien reveló en las redes sociales la injusticia vivida por su hija.
Esta sospecha de los establishments europeos ante sus propias banderas nacionales, vistas como signo de racismo, se ha vuelto moneda corriente en Europa. De ahí el auge del movimiento patriótico de Rise the Colours, de exhibir las banderas de Inglaterra y Reino Unido en momentos en que las alcaldías prefieren quitarlas. El movimiento fue seguido en Austria, Irlanda y en Francia entre otros países europeos.
No es de extrañar en este contexto que el populista de derecha Nigel Farage y su partido Reform UK lidere las encuestas de popularidad, muy por delante de laboristas y conservadores, haciendo de la libertad de expresión y el pabellón nacional… su bandera.
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