Cada vez con mayor frecuencia aparecen notas y comentarios en medios de distintas líneas editoriales que alertan por la falta de médicos de ciertas especialidades. También, por la dificultad para conseguir turnos para atención o estudios médicos dentro de plazos razonables. Y a los propios afiliados a obras sociales o empresas prepagas les llama la atención este estado de cosas por motivos al parecer muy razonables: “Pago cada vez más de cuota”, “aporto todos los meses y apenas la uso”, y similares.
Lo cierto es que, cuando se ven los números del sistema de obras sociales y también los de las empresas de medicina prepaga, todas tienen en los últimos cinco años ingresos totales que se actualizaron por debajo de la inflación. Esta situación, que les genera una clara pérdida de ingresos, se ha visto además agravada por una disminución en el número de afiliados.
Sobre la primera de estas situaciones podemos recordar las quejas de la vicepresidenta de la Nación por Twitter, en octubre de 2022: dijo que su gobierno les había otorgado a las empresas de salud aumentos de cuotas que, si se incluía en la cuenta el que se preveía para diciembre de aquel año, terminarían acumulando un porcentaje mayor al de la inflación. El detalle que estaba pasando por alto era que desde la llegada del gobierno en 2019 hasta agosto de 2022 las cuotas de la medicina prepaga habían aumentado un 174% contra un IPC del 221%.
Desde que asumió el gobierno en 2019 hasta agosto de 2022 las cuotas de la medicina prepaga habían aumentado un 174% contra un IPC del 221%.
Por el lado de la pérdida de afiliados, la situación se explica en parte por el estancamiento del empleo privado registrado y, en otros casos, por caída del ingreso real: las cuotas de ciertos planes o coberturas ya no pueden ser pagadas por una parte los asegurados. Hay algo que es importante conocer: la paritaria del gremio de la Sanidad está atada a que las prepagas y las obras sociales puedan actualizar los montos de las cuotas. Recordemos que todas las obras sociales también tienen planes con cuotas de pago voluntario, por lo que en definitiva sin aumento de cuotas no hay paritaria. Las cámaras empresariales de las distintas instituciones (clínicas, sanatorios, etc.) dan su acuerdo para cerrar la paritaria en el Ministerio de Trabajo cuando ven que desde la oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud se habilita el aumento de las cuotas.
Que las paritarias y las cuotas estén emparejadas es una suerte de acuerdo de caballeros que beneficia a todos. Porque tanto los empresarios privados como los sindicalistas tienen empleados del gremio de sanidad. Además saben que los prestadores de salud les reclamarán aumentos de aranceles, ya que el ítem que más pesa en sus costos son los sueldos (técnicos, administrativos, profesionales de la salud, etc.) que tendrán aumentos programados.
Pero resulta que en este 2023 se introdujo la singular novedad de que, de acuerdo a los sus niveles de ingresos, un gran grupo de afiliados podría acceder al beneficio de tener actualizaciones de sus cuotas bastante menores a la inflación. El mecanismo pasó a ser el siguiente: la misma superintendencia comenzó a estimar un Índice de Costos de Salud (ICC) y dictaminó que las obras sociales y prepagas sólo pueden otorgarles a los prestadores de salud una actualización de sus aranceles del 90% de este índice elaborado por funcionarios. Un ejemplo: de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, el ICC aplicable al mes de abril de 2023 fue del 2,36%, y éste fue el porcentaje de aumento autorizado a las prepagas en ese mes. Al mismo tiempo, determinó que el “traslado a prestadores” sería del 2,124%, y ése fue el incremento que recibieron los que realizaron prestaciones médicas en ese mismo mes de abril. De esta manera la actualización de los aranceles fue perdiendo la carrera contra el índice de precios al consumidor.
Dueños de la pelota
Podría argumentarse que, a pesar de este techo a la actualización de las cuotas, las prepagas y obras sociales (llamadas “las financiadoras” por los prestadores) deben tener márgenes en sus ganancias para dar mejores aumentos de aranceles. Pero el problema es que los prestadores médicos (profesionales e instituciones de salud) no son formadores de precios, y esto se debe a que dependen mucho de que las financiadoras les deriven pacientes. Pero las financiadoras, después de negociar con la superintendencia, se dan vuelta y les dicen a los prestadores médicos: “No puedo aumentarte los aranceles más que lo que dice la súper”. He aquí entonces el motivo detrás del atraso acumulado en estos años. La cancha está inclinada: siempre el aumento de aranceles que las prepagas y obras sociales otorgan es menor que el que consiguieron para sus cuotas. Que a su vez, recordemos, está por debajo de la inflación del sector.
Por eso no es de extrañar que, si los aranceles que pagan obras sociales y prepagas están cuidados, escasee la oferta de prestadores. Hace tiempo ya que hay médicos poniendo cupos a los turnos de consultorio y de quirófano para los pacientes con cobertura. No es que no tengan lugar hasta octubre: no quieren vender a cualquier precio el turno para dentro de 15 días. Y en el caso de los profesionales a sueldo de clínicas y otras instituciones, sus salarios también están afectados por este atraso arancelario. Es entendible que ellos busquen estrategias para atender menos pacientes o reduzcan sus horarios de atención buscando otras fuentes de ingreso dentro del sistema (roles directivos, de auditoría, etc.).
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Además de la pérdida de ingresos por la falta de afiliados, el otro margen también se mueve: los costos de las prestaciones de salud suben más que la inflación. Es fundamental tener en cuenta el concepto de que los servicios de salud y la prestación médica en sí misma son inflacionarios por naturaleza. Esto no es exclusivo de Argentina, sino que ocurre a nivel mundial. Las causas de este fenómeno se encuentran en la esencia misma del sistema: el desarrollo de los servicios de salud y de las prestaciones médicas están en constante evolución para satisfacer una demanda por mejores resultados por parte de pacientes y profesionales. Los avances se reflejan en un mayor conocimiento de las enfermedades, en nuevos procedimientos de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las patologías. Esto conlleva el desarrollo de nuevas tecnologías que se aplican en cada uno de estos aspectos, lo que lleva a un aumento en los costos.
La demanda constante por parte de usuarios, tanto pacientes como médicos, de una mayor eficacia en los resultados, de mejores experiencias en las terapias y de menores márgenes de error en los diagnósticos y resoluciones hacen que los aumentos en los costos sean soslayados: nadie quiere quedar al margen de los avances tecnológicos. Si a ello le sumamos el beneficio adicional de tiempos más cortos para los tratamientos de las enfermedades, la mala noticia es que incluso en una Argentina sin inflación o con índices razonables de un dígito anual, todos los afiliados al sistema de salud deberían resignar una porción cada vez mayor de sus ingresos para solventar sus coberturas.
Por el mayor costo de la tecnología, todos los afiliados al sistema de salud deberían resignar una porción cada vez mayor de sus ingresos para solventar sus coberturas.
Es por ello que hoy, en un contexto de suba de los costos de salud, que es algo intrínseco al sistema, pero donde los ingresos están lejos de ir a la par de la inflación, es inevitable que esto tenga repercusión en la oferta y la calidad de los servicios. Por ejemplo, según el análisis de una cámara del sector, en términos per cápita, el ingreso de las obras sociales (excluye a las prepagas) ha perdido terreno frente a la inflación de 2018 a 2022 siendo la variación de los ingresos de un 420% versus un 516% del IPC entre esos años.
Este desfasaje se manifiesta en salarios bajos para el personal, honorarios reducidos para los profesionales y, en consecuencia, una disminución en la calidad de los servicios (menos inversión, menos personal, menos horarios). En una reducción en la oferta con largos tiempos de espera para la atención, el diagnóstico y los tratamientos. Así como en la implementación de barreras arancelarias fuera de las regulaciones (cobrar al paciente un plus por consultas, estudios y cirugías). Todo lo cual, dadas las actuales condiciones del poder adquisitivo de la población, coloca a los pacientes en una situación que los excluye de acceder a ciertos prestadores.
También las obras sociales y prepagas intensifican sus estrategias para que sus afiliados usen menos el sistema: límites en la cantidad de consultas y estudios por mes, demoras en las autorizaciones, coseguros y copagos. Y también una reducción de la cartilla de prestadores, ya que, según las gerencias, ésta suele ser una de las medidas más efectivas para bajar los consumos de los asegurados.
Cuál es la cura
Podría empezar afirmando que “es más complejo”. En el sistema de salud argentino existen tres grandes subsistemas: el de la seguridad social (obras sociales), el público (la salud pública) y el privado (profesionales, clínicas y prepagas). Y cada uno de ellos tiene una alta fragmentación y heterogeneidad en cuanto a la cobertura, financiamiento y gasto. Pero para ser breves y no irnos del: una indicación sería que es fundamental que los precios regulados hoy por el Estado no sigan acentuando este enorme atraso arancelario. Desde luego que revertir la caída del ingreso real y la del empleo registrado son cambios que traerán una mejora al sistema. Pero creo que todos sabemos de su alta dificultad.
Y en realidad la mención de lo complejo del sistema es porque no hay una bala de plata. Son muchos los problemas a resolver en cada subsistema como las estructuras a cambiar para tener un servicio de salud más eficiente y eficaz que además alcance a la mayoría de la población. Y quizás, en un esquema óptimo, tampoco se encuentre un turno cercano con un especialista. Pero eso será motivo de futuras notas que desarrollen personas más preparadas.
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