¿Somos nosotros que nos empezamos a repetir o será que cada semana tenemos un nuevo escandalete instalado por Las Fuerzas del Cielo para que la intensidad tuitera y los radioescuchas de indignación fácil se lleven todas las marcas lo más lejos posible de sus puertas? Se parece más bien a lo segundo, seguramente, y es comprensible: mientras hacemos fuerza para que la inflación llegue a un dígito, entre el ajuste (necesario) y la recesión (inevitable), no son muchas las buenas noticias que el Gobierno tiene para dar.
A veces es el propio presidente el que comunica sus decisiones en alguna entrevista para radio o televisión y dispara los debates; con frecuencia son posteos en sus redes sociales (más los infinitos likes y reposteos); otras tantas los anuncios llegan por la más formal cuenta de la oficina de comunicación del presidente. Todo sea por el dominio de la agenda pública y la centralidad en los medios (¿les suena?), y para eso también está el bueno del vocero Manuel Adorni, el tuitero de las infinitas secuelas luego de cada “fin”. Él, justamente, fue el encargado del anuncio bombástico de la semana (no, la crisis diplomática con Colombia no, a quién le importa): el Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner.
En fin, que eso de “cambiarle” no es tan así: así como hay una laaaarga lista de reformas que el Poder Ejecutivo tiene a tiro de decreto simple (registros automotores, ejem), hay otra lista de cosas que no puede hacer simplemente porque decreto no mata ley. Y el CCK (como Télam y tantas otras reparticiones públicas) fue creado por una (“por una ley de Pichetto”, como precisó por ahí una pícara kirchnerista anónima), por lo que cualquier tipo de cambio relevante –su nombre, sin ir más lejos– debe hacerse por medio de otra ley. Y para eso se necesita al Congreso. No vamos a profundizar en cuestiones jurídicas, pero descartamos que a esta altura un CCK bien valga un DNU, y es probable que el toma y daca parlamentario esté más enfocado en la Ley Bases y ese tipo de negociaciones que necesitan un Gran Acuerdo Nacional: el juez Lijo en la Corte, sin ir más lejos.
En todo caso, por más que este cambio quede a la espera de alguna definición más concreta, en los sitios de noticias se llegó a especular bastante con las opciones para el nuevo nombre del susodicho Centro: próceres liberales como Sarmiento, Roca, de la Plaza o Menem (mentira), un simple “Correo Central”, una vuelta al original “del Bicentenario”. Al parecer, la decisión estaría en manos de la hermana Karina, la integrante de la mesa minúscula de la mesa muy chica de la mesa chica del riñón del presidente. La misma secretaria que, dicen en los quirófanos, deja trascender sus intenciones de postularse como diputada en 2025 y que tampoco descarta ir por más: incluso por el sillón de su hermano. Ah, sí, las delicias de la alternancia familiar (¿les suena?).
En 2020, durante la pandemia, nos entretuvimos con el documental de Netflix sobre el crimen de María Marta: Carmel ¿quién mató a María Marta? Encerrados en nuestras casas discutíamos por WhatsApp y redes sociales sobre el fiscal Diego Molina Pico y sus pantalones bordó, el viudo Carlos Carrascosa fumando, el careo entre «Pichi» Taylor e Inés Ongay, el histrionismo peculiar de Horacio García Belsunce y la bizarrez de la bloguera que creía en la inocencia de la familia.
Pero al documental le faltó un capítulo que terminó el miércoles con la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo, el sospechoso menos pensado. O, en realidad, el más obvio pero el más aburrido: no hubo una trama financiera ligada al narcotráfico, ni un triángulo amoroso, ni un complot familiar, ni ninguna de las teorías disparatadas que se barajaron estos 22 años y cinco meses. Fue un simple robo y el culpable era un vecino del country que ya había sido acusado de robar otras casas. Un ejemplo paradigmático de navaja de Ockham.
Lo que para nosotros fue un culebrón, para la familia fue un martirio, más habiendo sido inocentes, como se confirmó ahora. Recordemos que Carrascosa estuvo preso seis años y de la familia se dijeron todo tipo de cosas aberrantes. Todavía hoy es probable que si uno pispea las redes sociales vea muchos que siguen creyendo la versión de que la familia tuvo algo que ver. Las teorías conspirativas son seductoras. Pasó lo mismo con la muerte de Carlos Menem Jr. o el asesinato de JFK.
Y si bien es cierto que las teorías conspirativas son más divertidas para hacer una película, una serie, una novela o simplemente para desgranar en las charlas, la realidad suele ser más prosaica y aburrida. Quedó demostrado este miércoles gracias al Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Transcurrió el 24M y se desempolvaron las discusiones sobre qué es la memoria. El Gobierno, poco diplomático, publicó desde la cuenta de Casa Rosada un documental en el que el «Tata» Yofre relata la otra cara de los acontecimientos. En el filme también aparecen el ex-guerrillero Luis Labraña y María Fernanda Viola, hija y hermana de asesinados por guerrilleros del ERP. Relatos impactantes y verídicos de testigos a quienes también es importante darles voz.
Si esta producción audiovisual hubiese sido publicada por la cuenta oficial de La Libertad Avanza, lo habríamos considerado un gesto menos incorrecto. El problema es usar los canales de comunicación de gobierno para hacer militancia ideológica. Hay quienes creen que la única manera de curar el trauma de la fatigosa guerra cultural que dio el kirchnerismo es con la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. No estamos de acuerdo en que los recursos públicos estén para esas gestiones, predisponiendo que el gobierno subsiguiente quiera instalar un nuevo relato y sigamos peleando por los ’70 in aeternum. En algún momento hay que parar, aceptar que nunca vamos a estar de acuerdo y seguir.
Reivindicamos la lucha por la memoria completa, consideramos necesario que también se conmemore a las víctimas de los guerrilleros y creemos que es verdad que las organizaciones de derechos humanos han deslegitimado la causa con un revisionismo tendencioso y provechoso. Ahora, para decir todo esto no hace falta negar el terrorismo de Estado.
El miércoles el INDEC publicó los datos de pobreza del segundo semestre de 2023. Alberto Fernández dejó un 41,7% de pobres, de los cuales un 11,9% son indigentes. Pero ese es el promedio del semestre. La pobreza del último trimestre llegó al 44,7%, según publicó Hernán Lacunza en X. Recordemos que Alberto había recibido de Mauricio Macri un 35,5% de pobres y un 8% de indigentes.
No se le puede echar la culpa a la pandemia, al menos no a la del covid. La pandemia fue Sergio Massa, porque cuando asumió, a principios del segundo semestre de 2022, la pobreza no estaba tanto más alta que a principios de 2020: era “apenas” del 36,5%. Fue casi toda de Sergio. En sus 500 días al frente de la cartera de Economía metió a unas 420.000 personas en la pobreza: 840 por día. El candidato de toda la academia, la comunidad artística y científica, los sindicatos y la mar en coche. En fin.
Otra cosa que salta a la vista con la publicación del informe de pobreza del INDEC es algo que ya habíamos adelantado en Seúl el mes pasado: que los informes de la UCA son un chamuyo fenomenal. El de enero de este año dio 57,4%. Le pifiaron por 12,7. Es cierto que midió la pobreza de enero y el del INDEC llega hasta diciembre. Es lógico pensar que con la inflación del 20,6% de enero la pobreza habrá subido algo, pero no 12,7 puntos.
Igual no se trata de negar la realidad, tampoco. La pobreza debe estar subiendo, es inevitable cuando hay un ajuste, y el ajuste a su vez era inevitable también. El tema es cuanto. El Día D es el 26 de septiembre: ahí el INDEC dará a conocer el informe sobre la incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año. Falta una vida. Para ese momento puede pasar cualquier cosa: o estamos sin inflación ni recesión, o el dólar está en un millón de pesos y nos invadió Uruguay, y todas las posibilidades en el medio. Sabemos que estás ansioso, pero no hace falta especular: con leer todos los lunes el newsletter de Andrés Borenstein alcanza para calmar los nervios.
A riesgo de parecer obsesionados, nos resulta importante recordar que todas estas disquisiciones son posibles gracias a que hay números con los que hacerlas. ¿Con cuánta pobreza recibió el gobierno de Macri de Cristina en 2015? Eso no lo sabemos porque habían dejado de medirla. El índice reconstruido más cercano es el del segundo trimestre de 2016: fue de 32,2%. ¿Cortará la racha Milei una vez que estabilice la macro, si la estabiliza? Esa es la madre de todas las batallas.
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