ELOÍSA BALLIVIAN

Un título que le queda grande

'Argentina, 1985' es una buena película, pero deja afuera demasiadas cosas de lo que pasaba en el país en ese momento.

“Vi a un viejo con el pelo teñido gritando en un balcón. Era Perón”. Una afirmación cierta, pero no fue lo que ocurrió. Un acontecimiento histórico tiene un sentido que trasciende los hechos. Para aquellos que escucharon a Perón en la Plaza de Mayo decir que llevaba en sus oídos la más maravillosa música, que para él era la palabra del pueblo, la afirmación en cuestión puede parecer, con toda razón, ofensiva. 

Hay momentos de intensa movilización política en los cuales las personas se sienten genuinas partícipes de una gesta colectiva. Esos momentos están cargados de ideales, emociones y esperanzas. La reconstrucción de esos momentos, aislados de su contexto y sentido histórico, termina faltando a la verdad. Esto es lo que sucede con la película Argentina, 1985. La Argentina de 1985 fue mucho más que la histórica acusación del juicio a las juntas militares. 

Fue la Argentina que restableció la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que firmó el tratado de paz con Chile, que elaboró el informe de la Conadep y que lideró los procesos de transición a la democracia en América Latina. El juicio a las juntas militares, en esa primavera democrática, no se limitó a la gesta de los dos fiscales que muestra la película.

Una película, como toda obra de ficción, aunque se base en hechos reales, recorta la realidad. Dar cuenta de todo lo sucedido en dos horas es imposible. Los autores tomaron la decisión de centrar el relato en las figuras de Strassera y Moreno Ocampo, apoyados en las memorables actuaciones de Darín y Lanzani. Sin embargo, la ausencia del contexto histórico en el que se desarrolló el juicio a las juntas militares empobrece el relato. Las omisiones y sesgos de la película dejan un sabor amargo, porque distorsionan la comprensión histórica de los acontecimientos. 

La película omite el protagonismo fundamental de Alfonsín para la realización del juicio, que fue uno de los ejes de su campaña y de su triunfo electoral.

La película omite el protagonismo fundamental de Alfonsín para la realización del juicio, que fue uno de los ejes de su campaña y de su triunfo electoral, ignora el informe de la Conadep, imprescindible para el juicio, y omite la defensa de la mayoría del peronismo de esa época de la Ley de Autoamnistía que habían sancionado los militares para intentar salvar sus responsabilidades. 

La película resulta sesgada cuando muestra un pasaje de un discurso del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, al presentar el informe de la Conadep, que se explica por la existencia de un riesgo de un alzamiento militar; distorsiona la realidad cuando los fiscales dicen que están solos intentando señalar que no contaban con apoyo político; y es injusta cuando hace referencia a las leyes de impunidad, omitiendo los indultos de Menem y la circunstancia de que la obediencia debida estaba prevista en el Código de Justicia Militar desde al menos los años ’50. 

En la Argentina de 1985 se estrenó La Historia Oficial, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. La película se centra en uno de los hechos más atroces de la dictadura militar: la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. A diferencia de lo que sucede en Argentina, 1985, donde la historia desaparece y el relato de la película se centra en la acusación y las figuras de los fiscales, en La Historia Oficial el relato de la apropiación de una hija por el matrimonio de Norma Aleandro y Héctor Alteiro se construye para dar cuenta de la tragedia vivida. Una película limita la comprensión histórica de los acontecimientos y la otra la amplía. Una usa un relato dramático para dar cuenta de la historia. La otra soslaya la historia y se limita a dar cuenta del drama de los fiscales.  

Argentina, 1985 es una buena y emotiva película con un título que le queda grande. 

 

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Gabriel Bouzat

Abogado (UBA). Master en Derecho (Yale). Profesor de Derecho Constitucional (UBA). Ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ex asesor jurídico en derechos humanos de Presidencia de la Nación (1984). Socio fundador de BRYA Abogados.

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